Un juez determina que Chito Valle debe devolver $us 99.149

Noticia publicada el 22 de Septiembre de 2009 en La Prensa


El Juez Cuarto Coactivo Fiscal emitió la sentencia, según la Contraloría, que determina que el ex prefecto de La Paz Luis Alberto “Chito” Valle debe pagar 99.149 dólares como resarcimiento en el caso “Chitoalcoba”.

Además están implicados los ex funcionarios Mario Rivera y Armando Quezada.

El contralor general interino, Gabriel Herbas, recordó a ANF que el fallo fue emitido luego de ocho años de proceso.

El caso se refiere a la compra irregular de muebles para el Palacio Prefectural. La auditoría develó que mediante un contrato entre la Prefectura de La Paz y la empresa Occidental Bolivia S.R.L. se adquirieron muebles por un total de 99.149 dólares.

Sin embargo, la provisión no tenía sustento documental ni justificación para la decisión de compra bajo la modalidad de excepción, además que esa adquisición no estuvo consignada en el Plan Operativo Anual (POA) ni tenía un presupuesto asignado.

La autoridad reconoció que será difícil ejecutar el cobro, pues una de las deficiencias en el proceso judicial fue no haber inscrito los bienes de los implicados, que al momento están prófugos. “El proceso se originó en una auditoría a la gestión 1998 en la Prefectura. Es una apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado”.

El fallo establece que tanto “Chito” Valle; Rivera, ex director de la Unidad de Licitaciones y Contratos, y Quezada, ex Jefe de Sección de Licitaciones y Contratos, deberán pagar cinco días después de su notificación.

El MAS aísla a Cirio Quispe y le llueven demandas por corrupto

El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Cirio Quispe afrontará al menos cuatro procesos por el presunto cobro de 8.000 dólares a cuatro campesinos, a quienes prometió tramitar licencias para comercializar hoja de coca en Santa Cruz.

Octavio Mollicheca Mamani, Luis Gualberto Condori Quispe, Reina Mollicheca Mamani y Gloria Michua Mamani denunciaron que el parlamentario, suplente de la diputada Elizabeth Salguero, les exigió el pago de 16.000 dólares para extenderles las cuatro licencias.

Ellos poseen cocales en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de La Asunta, provincia Sud Yungas, La Paz.

La diputada Salguero abrió ayer un proceso penal en contra de su suplente por los delitos de estafa, corrupción, cohecho y uso indebido de influencias contra los campesinos.

La legisladora derivó el caso al Ministerio de Transparencia y a la Dirección Nacional del MAS, que abrirán causas contra Quispe.

Alfredo Arnez, abogado patrocinante de los cocaleros supuestamente estafados, presentó el jueves una querella por concusión, uso indebido de influencias y estafa contra Quispe.

El presidente de la bancada oficialista en Diputados, César Navarro, reiteró ayer que el MAS no se opondrá al procesamiento del sindicado.

La coca en Santa Cruz

El 1 de agosto, La Prensa publicó que la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) envió al norte cruceño integrado y Santa Cruz de la Sierra 13,4 toneladas de este cultivo, aproximadamente la cuarta parte de la cantidad vendida cada día.

En el curso de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) destruyó cinco megafábricas de cocaína en San Juan de Lomerío, Curuchi, Porongo, El Triguillo y El Pajaral, en Santa Cruz.

El Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral emitió la Resolución 248/08 que prohíbe extender nuevas autorizaciones para la venta al detalle del producto.

Pese a ello, los cuatro cocaleros se prestaron 8.000 dólares del Banco Unión y la Fundación Diakonía para entregarlo a Cirio Quispe, quien firmó recibos en los que se lee claramente “por concepto de trámite de licencia de comercialización de hoja de coca (...) Una vez entregado (sic) la licencia, debe ser cancelado el saldo”, en tanto que en otro dice: “Y el saldo se completará una vez entregados (sic) las licencias”.

El jurista Arnez declaró ayer que hace una semana aproximadamente “estas personas, que son muy pobres y humildes, pese a lo que pagan intereses y el préstamo bancario, encontraron a Cirio Quispe en la plaza Murillo, donde les dijo que mientras otras autoridades no le devuelvan las sumas que les dio con la finalidad de lograr las licencias”, no les devolvería su dinero.

La diputada Salguero, una de las involucradas por Quispe en este caso, informó ayer a La Prensa que se querelló contra su suplente “para que pueda aclarar los supuestos cargos, en los que también ha implicado al viceministro de la Coca, Gerónimo Meneses, a mí y al director general de la Coca e Industrialización, Luis Cutipa”.

Quispe, quien no pudo ser encontrado ayer por la tarde, presentó notas de descargo ante el Comité de Constitución y Ministerio Público de la Cámara Baja y a Transparencia.

Salguero dijo que “ya es tarde, porque ha dejado pasar el tiempo y esta denuncia es pública. No ha actuado en su momento. Pudo haber iniciado una acción en su momento contra las personas que sindican”.

Quispe es representante de los cocaleros asentados en Chicaloma, Sud Yungas, pero dirigentes de Adepcoca aún no recibieron copia de la denuncia.

Arnez se mostró sorprendido por la reacción de las autoridades parlamentarias a partir del momento en que la denuncia tomó carácter público, pues desde fines del mes pasado solicitó la intervención de Edmundo Novillo, presidente de la Cámara Baja, y Jorge Silva, secretario del Comité del Ministerio Público y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, sin haber recibido una respuesta.

El vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, sostuvo que la Dirección Nacional del partido dijo que el caso será procesado sin consideración ni contemplaciones. Quispe se hace pasible a la expulsión.

La Dirección masista promete severidad

Leonilda Zurita, presidenta de la Comisión de Ética del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Sergio

Loayza, vicepresidente del partido en función de Gobierno, coincidieron ayer en que los organismos de conducción masista no recibieron las denuncias que pesan contra el diputado suplente Cirio Quispe.

Zurita dijo que “no tengo conocimiento de este caso, y tampoco nadie me informó de lo que está sucediendo con el diputado suplente. No puedo adelantar criterios, pero lo cierto es que no se aceptarán más hechos de corrupción en el MAS”.

Loayza apuntó que aún “no tenemos información fidedigna de este caso, no hemos recibido aún los documentos del tema del que me habla”.

El dirigente político explicó que, de acuerdo con la normativa interna, corresponderá al Tribunal de Honor investigar los hechos con base en los documentos que presenten las partes en conflicto, labor que “puede durar días o semanas, dependiendo de las pruebas que se tengan. Si hay pruebas y son contundentes, el proceso puede concluir en una semana, aunque para ello el tribunal valorará los documentos y escuchará la versión del acusado”.

Loayza se responsabilizó por la firmeza con la que actuará el organismo rector de la disciplina interna y que el procesado se arriesga a ser expulsado con ignominia del MAS.

“No tenemos por qué tapar los hechos de corrupción, los corruptos deben estar fuera del partido. En estos casos somos implacables”.

Durante el actual periodo de gobierno, el caso emblemático de corrupción fue protagonizado por el destituido presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y su aún esposa, la diputada suplente Jiovana Cristina Navia Doria Medina.

El primero fue expulsado con ignominia del MAS y la segunda perdió su curul parlamentario.

Adepcoca no conoce el caso

Ángel Miranda, vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de La Paz, afirmó que la organización desconoce el caso de Cirio Quispe, diputado plurinominal del Movimiento Al Socialismo (MAS), acusado de estafar a cuatro cocaleros de La Asunta.

Por ese motivo, Miranda no quiso adelantar criterio alguno sobre la querella que presentaron en contra del diputado masista, por recibir una supuesta coima de 8.000 dólares, tanto el abogado de los presuntos estafados como la parlamentaria masista Elizabeth Salguero.

“La verdad es que no tenemos conocimiento alguno sobre este tema. No puedo dar a conocer mi criterio sin contar con los antecedentes de esta situación”.

Sobre la concesión de licencias de comercialización de hoja de coca, el dirigente explicó que los documentos no pueden ser gestionados por segundas o terceras personas, pues el trámite es personal y debe hacerse ante autoridades competentes locales y nacionales.

“Sólo la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización o el Viceministerio de Coca puede autorizar el inicio de trámite de una licencia. No lo puede hacer un dirigente, un parlamentario o una autoridad”.

Denuncia

Ante la presión de los acreedores, el diputado se comprometió a devolver el dinero.

En fechas 5, 6 y 22 de julio debió devolver 500 y 1.250 dólares, pero no cumplió el acuerdo.

Estos compromisos de pago fueron firmados por el parlamentario oficialista.


Noticia publicada el 19 de Sptiembre de 2009 en La Prensa

Fiscal Jorge Gutiérrez afronta 23 denuncias por corrupción

Noticia publicada el 15 de Septiembre de 2009 en La Prensa

Sobre el fiscal de La Paz Jorge Gutiérrez pesan 23 denuncias por hechos de corrupción, presiones y venta de cargos en el ejercicio de sus funciones, informó ayer el coordinador del Ministerio Público paceño, Fernando Ganam.

Aunque Gutiérrez no ha dejado por completo el ejercicio de sus competencias, Ganam informó que a las 16 denuncias formuladas por los fiscales de La Paz, desde el momento en que asumió sus funciones, se sumaron otras siete presentadas por personas particulares.

La Fiscalía General del Estado intervino el jueves 10 el Ministerio Público paceño debido a las denuncias de irregularidades cometidas por Jorge Gutiérrez, aunque no lo suspendió de sus funciones.

“Desde el viernes hasta hoy (ayer) se han presentado no sólo fiscales, sino ciudadanos comunes con denuncias en contra de esta autoridad”.

El coordinador designado el jueves 10 por el fiscal general del Estado, Mario Uribe, no quiso dar a conocer la naturaleza de las demandas ni quiénes las plantearon a su consideración.

Se limitó a asegurar que todos los casos serán procesados con el fin de que, de ser necesario, sean parte de una acusación.

Ganam dijo no haber mantenido contacto con Gutiérrez y esperaba que la Fiscalía General lo convoque a declarar a Sucre, como hizo con Carlos Fiorilo, uno de los denunciantes.

El fiscal de materia Félix Peralta afirmó que sobre Gutiérrez pesan acusaciones de uso indebido de influencias, coacción, resoluciones contrarias a la ley y otros actos ilícitos.

“Éstas y otras denuncias fueron la base para imputar a esta autoridad. Posteriormente se presentó la acusación a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, los demandantes fueron removidos de sus cargos por influencia de Gutiérrez”.

Peralta mencionó a los fiscales Vidal Chaya y Rime Choquehuanca, de quien aseguró que pese a haberse informado oficialmente de que presentó su renuncia, denunció que fue destituido de sus funciones.

El fiscal Peralta denunció que durante los recientes días recibió varias amenazas a través de su teléfono celular e incluso su automóvil fue ensuciado con pintura.

Ganam informó que no sufrió represalias por su designación y que lo único que hace es cumplir las determinaciones de sus superiores.

Entretanto, la comisión que investiga la desaparición forzada de personas durante la dictadura de Luis García Meza estudia la posibilidad de convocar a Gutiérrez para que preste declaraciones, pues fue sindicado de haber formado parte de los organismos represivos de 1980.

Los activistas Aldo Michel y Freddy Loza denunciaron a Gutiérrez como paramilitar.

Intervención

El fiscal general Mario Uribe decidió el jueves 10 intervenir el Ministerio Público paceño.

Es la segunda medida de esa naturaleza adoptada por la Fiscalía contra Jorge Gutiérrez.

Pedro Gareca ordenó en 2006 la primera intervención a la gestión de Jorge Gutiérrez.

Funcionarios prefecturales no pudieron presentar descargos ante ministra Suxo

Noticia publicada el 25 de Agosto de 2009 en La Patria

Las acusaciones vertidas por la ministra de Transparencia y Anticorrupción, Nardi Suxo, sobre supuestos hechos de corrupción en la licitación del proyecto de Puerto Seco, no nos permitieron dar una contraparte ni hacer los descargos correspondientes, manifestó en conferencia de prensa, la directora del Departamento Administrativo Financiero (DAF) de la Prefectura del Departamento, Patricia Jaldín.
Comentó que ahora el proceso se encuentra en la Fiscalía de Distrito, instancia en la que podrán presentar todos los documentos que se requieran para su descargo.
“Quiero ratificar que todo ciudadano de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tiene derecho a la réplica, ya que corremos con la presunción de licitud hasta que no se demuestre lo contrario, en ese sentido no podemos permitir que se afecte la moral y la integridad de las personas”, aseveró.

PROYECTO
Jaldín explicó que el proyecto del Puerto Seco fue inscrito en su etapa de preinversión el año 2006, para su posterior licitación a cargo del ex encargado de proyecto Víctor Hugo Moreno, quien solicitó para la socialización de fondos en avance, los mismos que son empleados para una pronta atención y que no puedan esperar un proceso.
“En agosto y septiembre, Moreno solicitó el desembolso de estos fondos, pero por reglamento nosotros conocemos que esto debe descargarse en un tiempo determinado, de acuerdo a los procedimientos vigentes, sin embargo el exfuncionario no realizó los descargos correspondientes y en reuniones se le ha hecho recuerdo de estas omisiones, y en algún caso aceptó estas faltas y al final llegó a complementar la información”, afirmó.
Dijo además que el 15 de diciembre del 2006 se remitió una nota a Moreno, en la que se le hizo conocer todas las observaciones a los descargos correspondientes.
“Esas cartas fueron de conocimiento del despacho prefectural, de la Dirección de Auditoría y de Desarrollo Productivo para que se tomen los conocimientos y acciones que correspondan, felizmente estamos en una auditoría del 2006 y del 2007, con la Contraloría para que determinen si verdaderamente esos recursos en algún momento fueron malversados”, expresó. Señaló que Moreno aceptó todas las responsabilidades que se generaron producto de algunos malos manejos y ratificó en su nota que no hubo dolo ni malversación.
“Este hecho nos llama la atención, pues en sus acusaciones la ministra Suxo da a entender que el prefecto y sus secretarios hubiésemos manejado estos recursos, estos documentos están en archivos, los mismos que fueron de conocimiento de la comisión que vino de La Paz y del Ministerio de Transparencia y que nos requerirán mediante lo que es la Fiscalía”, manifestó.

Prefecto Aguilar se declara víctima de campaña para evitar posible reelección

Noticia publicada el 25 de Agosto de 2009 en LA Patria

El prefecto del departamento, Alberto Aguilar Calle se declaró víctima de una campaña política en su contra, tanto de la oposición como al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), que intentan involucrarlo en supuestos hechos de corrupción tras conocerse la denuncia de la ministra Anticorrupción Nardi Suxo, por mal uso de recursos estatales uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta anti-económica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Aguilar mencionó que el tema está siendo utilizado de manera política, pues se vive un ambiente electoral, ya que en abril del 2010 se realizarán las elecciones prefecturales.
“Hay que lamentar que muchas veces se utiliza esta coyuntura política para desprestigiar a las personas o ante una posible reelección, la oposición es muy hábil en acudir a esta serie de difamaciones y de desprestigiar la imagen de la Prefectura, se está manejando la imagen de toda la institución y del mismo gobierno nacional, incluso puede ser interés del mismo partido político, ya que puede haber gente al interior del partido (Movimiento al Socialismo), que no simpatiza con mi persona y puede ser que la ministra se haya visto presionada para hacer ese tipo de acusaciones”, declaró.
En conferencia de prensa ofrecida ayer el prefecto Aguilar tildó de injustas las acusaciones hechas por la ministra Nardi Suxo, en las que inculpa a Aguilar y a otros funcionarios por supuesta malversación de fondos.
El prefecto indicó que él en ningún momento manejó los recursos del proyecto Puerto Seco y considera que las declaraciones de autoridades así como las publicaciones periodísticas están dañando su imagen.
“Me parece injusta e irresponsable la declaración de una ministra, sobretodo sabiendo que el prefecto y sus secretarios no tuvieron la oportunidad de haber descargado todas las investigaciones hechas por los técnicos del ministerio, pues hubiésemos tenido la oportunidad de entregar los comprobantes y los recibos de todo el manejo que se habría hecho, sobretodo cuando se asevera que el daño es de 91.000 bolivianos”, explicó.
Manifestó que las declaraciones hechas por Suxo a varios medios nacionales están infundadas y carecen de asesoramiento de gente competente en la materia.
“En su debido momento es cierto que para la Fexpocruz, se dispuso de fondos en avance que fueron entregados a Víctor Hugo Moreno, ex funcionario de la Prefectura, para hacer una actividad de promoción del Puerto Seco en Santa Cruz y dispusimos una mesa de negocios con las principales instituciones que venían del exterior y se confió a Moreno la administración de esos recursos de fondos de avance que otorgó la Prefectura”, detalló.
Recalcó que en ningún momento esos recursos pasaron por manos de la Prefectura ni del Secretaría de Ejecución Financiera, ni de la Secretaría General, ni por la comisión jurídica, cuyos representantes, Alberto Aguilar, Patricia Jaldín, Tomás López y Fidel Gutiérrez, respectivamente, están implicados en las acusaciones de Suxo.
“Ese tipo de declaraciones no tienen ningún valor de peso, pues seguramente no le informaron a cabalidad acerca del proceso administrativo de esos recursos, cabe aclarar que en su debido tiempo la responsable de la Dirección Administrativa Financiera, Patricia Jaldín, envió una carta al exdirector departamental de desarrollo productivo, Carlos Ari de la Cruz, y al ex encargado del proyecto Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno, a quien se le observó la documentación, que no estaba contemplada de acuerdo a las normas internas establecidas en la Prefectura, motivo por el que fue despedido”, afirmó.
Agregó que la declaración de la ministra engloba dos temas diferentes, como ser el tema de la contratación de la empresa Prointec, que se adjudicó el proyecto a diseño final y la observación de que no se contaba con una asignación presupuestaria para llevar adelante el proceso de la licitación del proyecto a diseño final, temas que son totalmente independientes.

DEMANDAS
Asimismo Aguilar indicó que con la comisión jurídica se llevarán acabo las debidas medidas legales, para realizar una demanda por calumnia, hacia la ministra Suxo, pues están en su derecho de defender su honorabilidad e insistió que no se trata de un tema de corrupción.
“Si bien hay errores en lo que significa el manejo de los 91.000 bolivianos por parte de Víctor Hugo Moreno al no cumplirse los procedimientos, eso lo determinará la auditoría interna, para establecer cuál es la sanción y cargos administrativos, por lo que para despejar las dudas es competencia de la Fiscalía de Distrito analizar ese tema y determinar cuál será el proceso”, manifestó.

Prefecto asegura que ministra Suxo lo denunció por un “mal entendido”

Noticia publicada el 22 de Agosto de 2009 en La PAtria

El prefecto del departamento, Alberto Luis Aguilar Calle, sostuvo que la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, lo denunció por “un mal entendido” y asegura que no se dio mal uso a ningún dinero público en el caso del proceso de contratación del estudio a diseño final del Proyecto Oruro Puerto Seco, entre tanto que la autoridad gubernamental refirió uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En la denuncia presentada por la cartera ministerial, según información difundida por la agencia gubernamental ABI, aparecen involucrados la secretaria departamental Administrativa, Patricia Jaldín Jallasa, el secretario general Tomás López, el secretario del Departamento Jurídico, Fidel Gutiérrez y el funcionario Víctor Hugo Moreno.
La autoridad de gobierno mencionó que la denuncia fue presentada en mérito a que se recibieron quejas y se procesó información obtenida de la propia Prefectura, habiéndose llegado a la conclusión de que se cometió uso indebido de influencias.
En las supuestas irregularidades durante la contratación del estudio a diseño final del Proyecto Oruro Puerto Seco, se habría beneficiado a la empresa Prointec SA con la suscripción de un contrato por 10.379.899 bolivianos, sin considerar que a la fecha de la firma, la Prefectura de Oruro no contaba siquiera con el 20% del monto contractual que obligó a un modificación presupuestaria.
La modificación presupuestaria provocó un recorte de recursos de programas de agricultura, investigación de asuntos económicos, comerciales, laborales y transporte aéreo, porque el proceso de contratación fue iniciado sin contar con la certificación presupuestaria.

PREFECTO
Sin embargo el prefecto Aguilar aseguró que el proceso fue totalmente transparente y está avalado por el Consejo Departamental.

“Lo único que nos cuestionan es que debería haberse presupuestado el total de la inversión para ese estudio a diseño final, pues sabemos que técnica o calificativamente, teníamos garantizado el anticipo de un 20 por ciento, y debemos ajustarnos para pagar las planillas, ya que el estudio finalizará a fin de año”, expresó.
Agregó que realizó la gestión para que la Corporación Andina de Fomento (CAF) pueda aportar un 50 por ciento.
Señaló además que los planes operativos de la Prefectura son dinámicos por lo que se necesitaba prever el pago anticipado del 20 por ciento del monto total de un millón y medio de dólares y, se debe fijar las planillas en las que se consideraron los recursos hasta su culminación para el próximo año.
“Todo ello se encuentra en manos de los técnicos de la CAF en Venezuela, ellos comprendieron que es un proyecto de un alcance a nivel de toda la región andina, pues está incorporado dentro del Plan Nacional de Desarrollo y agendado en lo que es el Zicosur, por lo que del 31 de septiembre al 1 de octubre tenemos una exposición acerca del tema Puerto Seco”, explicó.
Mencionó además que todo ello se despejará con un informe, pues quizás todo se debe a un mal entendido o a la falta de conocimiento de la ministra Suxo, respecto al proyecto Puerto Seco.
“Hemos cumplido con todo lo que debíamos hacer, sin embargo aún no tenemos la declaración de la ministra, pues seguramente la presentó a la instancia que corresponde, nos harán conocer de manera formal y nos tocará a nosotros presentar los descargos correspondientes”, afirmó.

Prefecto Alberto Aguilar acusado de supuestos actos de corrupción

Noticia publicada el 22 de agosto de 2009 en La Patria

El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que el Gobierno no encubrirá ni protegerá al prefecto Alberto Luís Aguilar, acusado de haber cometido varios actos ilegales por la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Por su parte, Aguilar dijo que enviará a La Paz la documentación que supuestamente demostrará su inocencia en el caso de presunta corrupción y daño económico de al menos 91.000 bolivianos.
Pero Suxo ya sentó la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La denuncia contra Aguilar llegó al despacho de Suxo con documentación escrita sobre la contratación irregular de la empresa Prointec S.A., a la que se adjudicó el proyecto a diseño final del Puerto Seco, por la suma de 10.379.899 bolivianos, sin considerar que la Prefectura no contaba ni con el 20 por ciento del monto contractual, se informó oficialmente.
Suxo también denunció irregularidades en la entrega de recursos en calidad de “Fondos de Avance en la gestión 2006, cargadas al proyecto Oruro-Puerto Seco, por las sumas de 99.500 y 91.000 bolivianos, recursos entregados aparentemente para socializar ese plan”.

prefecto Aguilar

Los descargos presentados “no cuentan con un mínimo de tres cotizaciones, no existen actas de conformidad de servicio, no cursan listas de participación en los supuestos eventos y otros”, según Suxo.
“Adicionalmente se observa el pago de 82.977 bolivianos a la Empresa Sukini Design, cuyo informe final apunta a la organización de la agenda de los medios y protocolo del Prefecto en la ciudad de Santa Cruz, cuyo contrato además fue regularizado en forma posterior a la prestación de servicios”, dijo.
Indicó que también se evidenció la suscripción de contratos de personal para el proyecto, con carácter retroactivo a favor de Marcela Uribe y Wálter Apaza, transgrediendo el artículo 6 de la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y las normas básicas de contrataciones estatales.
Además de Aguilar, están implicados la secretaria departamental administrativa, Patricia Jaldín; el responsable del proyecto Oruro Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno; el encargado del proceso de contratación, Tomás López, y el secretario del Departamento Jurídico, Fidel Gutiérrez.