Noticia publicada el 16 de Junio de 2011 en Opinion
El presidente del Tribunal Disciplinario, coronel Edgar Enríquez, anunció que en los próximos días serán suspendidos y juzgados ocho efectivos de la institución del orden con la nueva Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana por presunta corrupción.
Según el reporte de la radio Pio XII de la Red Erbol, en el marco del plan “Punto Final”, el Comando Departamental de la Policía identificó a los primeros ocho efectivos policiales que cometieron actos de corrupción, que serán sometidos a la nueva norma como una muestra clara de que se quiere eliminar los hechos irregulares o faltas graves al interior de la institución.
“Inmediatamente se presenten los vocales titulares y suplentes, vamos a dar inicio nosotros a estos procesos que son bastante cortos, no más de 32 días y va salir las sentencias correspondientes”, sostuvo Enríquez.
Señaló que una vez que se proceda con el auto inicial de procesamiento, los ocho uniformados serán suspendidos de sus funciones, mientras continúan desempeñando sus tareas.
Puntualizó que al margen de estos ocho uniformados, se conoce que el Departamento de Control Interno cochabambino tiene registrado otros 15 casos similares.
viernes, 17 de junio de 2011
Denuncian a Nardi Suxo por corrupción
Noticia publicada el 16 de Junio de 2011 en La RAzon
Los diputados Jéssica Echeverría y Felipe Dorado presentaron ayer, ante el Ministerio Público, una denuncia en contra de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, por el delito de corrupción pública y, dentro de éste, por uso indebido de influencias, además de enriquecimiento ilícito.
“Dentro de la denuncia se cita a su hermano Jorge Suxo Iturri y algunos procesos que ha habido en contra de ambos”, dijo Dorado, quien aclaró que le llegó documentación que muestra que la ministra Suxo intervino en los casos de su hermano.
“Hemos empezado a investigar, a fiscalizar, como lo manda el artículo 151 de la CPE, y hemos visto que esta funcionaria pública hizo algunos documentos o cartas” para interceder por su familiar, agregó.
La ministra Suxo señaló que tiene la conciencia tranquila y esperará la notificación de la Fiscalía. “Yo no voy a rehuir jamás a una investigación”, dijo y retó a los denunciantes a presentar pruebas.
Estos hechos ya fueron denunciados ante el Ministerio de Justicia por parte de un funcionario de la Caja Petrolera, Ricardo Quezada, el 7 de noviembre del 2008, según los diputados opositores.
“Quezada es de la Caja Petrolera y argumenta que hay uso indebido de influencias, beneficio a razón del cargo, también indica de que hay daño económico al Estado”, dijo Dorado, y precisó que por aportes no pagados a la seguridad social —a la Caja Petrolera, por Consultores de Seguros SA, cuyo titular es Jorge Suxo— el monto asciende a 614. 095 bolivianos.
El proceso por este caso fue radicado en el Juzgado 3° de Trabajo y quedó en nada por presiones de la Ministra de Transparencia, de acuerdo con los denunciantes.
Los diputados Jéssica Echeverría y Felipe Dorado presentaron ayer, ante el Ministerio Público, una denuncia en contra de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, por el delito de corrupción pública y, dentro de éste, por uso indebido de influencias, además de enriquecimiento ilícito.
“Dentro de la denuncia se cita a su hermano Jorge Suxo Iturri y algunos procesos que ha habido en contra de ambos”, dijo Dorado, quien aclaró que le llegó documentación que muestra que la ministra Suxo intervino en los casos de su hermano.
“Hemos empezado a investigar, a fiscalizar, como lo manda el artículo 151 de la CPE, y hemos visto que esta funcionaria pública hizo algunos documentos o cartas” para interceder por su familiar, agregó.
La ministra Suxo señaló que tiene la conciencia tranquila y esperará la notificación de la Fiscalía. “Yo no voy a rehuir jamás a una investigación”, dijo y retó a los denunciantes a presentar pruebas.
Estos hechos ya fueron denunciados ante el Ministerio de Justicia por parte de un funcionario de la Caja Petrolera, Ricardo Quezada, el 7 de noviembre del 2008, según los diputados opositores.
“Quezada es de la Caja Petrolera y argumenta que hay uso indebido de influencias, beneficio a razón del cargo, también indica de que hay daño económico al Estado”, dijo Dorado, y precisó que por aportes no pagados a la seguridad social —a la Caja Petrolera, por Consultores de Seguros SA, cuyo titular es Jorge Suxo— el monto asciende a 614. 095 bolivianos.
El proceso por este caso fue radicado en el Juzgado 3° de Trabajo y quedó en nada por presiones de la Ministra de Transparencia, de acuerdo con los denunciantes.
lunes, 13 de junio de 2011
"Los bolivianos llegaremos a ser los campeones de la corrupción"
Debido a las irregularidades con las que se promulgan, de la noche a la mañana, leyes como la de saneamiento de vehículos indocumentados o el Decreto Supremo 0890/2011, que afecta, especialmente al sector transportista nacional, el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Chóferes "San Cristóbal", Rigoberto Mamani, sostuvo que "los bolivianos llegaremos a ser los campeones de la corrupción".
"Lamento mucho que los bolivianos hemos sido los subcampeones, ahora creo que vamos a llegar a ser los campeones de la corrupción. La imagen del país, hace mucho ya se fue deteriorando y ahora es peor con esta norma de regularización de vehículos indocumentados. Como lo reportaron cadenas internacionales se conoce que cualquier vehículo robado en otros países aparece en Bolivia, de los reportados se puede encontrar solución, pero los que no son reportados, serán nacionalizados", aseveró Mamani.
Con esta afirmación, el dirigente transportista aseguró que la imagen del país, en la actualidad, está por los suelos y que habría otros intereses, por los que se promulgó la ley de "nacionalización de chutos", sin la participación en la elaboración de la normativa, del sector transportista.
"Hay que ser hidalgos, pero ahora estamos muy indignados, los transportistas en su momento como todos los sectores, le dimos el voto para tener el poder absoluto al presidente Evo Morales, pero ahora estamos muy preocupados por las noticias internacionales por esta nueva disposición legal que todavía tienen el cinismo de decir que nos vamos a beneficiar, pero no es así", añadió Mamani.
DECRETO SUPREMO
Respecto a la promulgación del Decreto Supremo 0890/2011 que establece parámetros para determinar un régimen tarifario y un mecanismo de regulación del Servicio Público de Transporte Automotor Intermunicipal y Urbano de Pasajeros, así como otros aspectos, el dirigente transportista aseguró que esta normativa legal también afectará de gran manera a su sector, porque sería una segunda "relocalización".
"Con la promulgación del Decreto 0890, que dice que vehículos antiguos, dentro de seis o siete años, tienen que estar fuera de circulación, eso es grave, porque nos estarían relocalizando de una u otra manera", agregó Mamani.
PARO
Esta declaración la hizo el dirigente de los transportistas, cuando ratificó el paro sectorial con bloqueos de las diferentes calles, avenidas y carreteras, a nivel nacional a partir de las cero horas.
Esta determinación, también fue respaldada por la Cámara Departamental de Transporte Oruro, mediante un voto resolutivo.
"El rechazo total y rotundo a la Ley Nº 133 y al D.S. 0890, las cuales son firmes amenazas a todo el sector del transporte nacional e internacional de carga por carretera, por tanto la sala plena de nuestros empresarios afiliados a nuestro ente, resuelve un paro de actividades de 24 horas el día lunes 13 (hoy), los infractores sufrirán multas económicas drásticas", detalla el documento.
"Lamento mucho que los bolivianos hemos sido los subcampeones, ahora creo que vamos a llegar a ser los campeones de la corrupción. La imagen del país, hace mucho ya se fue deteriorando y ahora es peor con esta norma de regularización de vehículos indocumentados. Como lo reportaron cadenas internacionales se conoce que cualquier vehículo robado en otros países aparece en Bolivia, de los reportados se puede encontrar solución, pero los que no son reportados, serán nacionalizados", aseveró Mamani.
Con esta afirmación, el dirigente transportista aseguró que la imagen del país, en la actualidad, está por los suelos y que habría otros intereses, por los que se promulgó la ley de "nacionalización de chutos", sin la participación en la elaboración de la normativa, del sector transportista.
"Hay que ser hidalgos, pero ahora estamos muy indignados, los transportistas en su momento como todos los sectores, le dimos el voto para tener el poder absoluto al presidente Evo Morales, pero ahora estamos muy preocupados por las noticias internacionales por esta nueva disposición legal que todavía tienen el cinismo de decir que nos vamos a beneficiar, pero no es así", añadió Mamani.
DECRETO SUPREMO
Respecto a la promulgación del Decreto Supremo 0890/2011 que establece parámetros para determinar un régimen tarifario y un mecanismo de regulación del Servicio Público de Transporte Automotor Intermunicipal y Urbano de Pasajeros, así como otros aspectos, el dirigente transportista aseguró que esta normativa legal también afectará de gran manera a su sector, porque sería una segunda "relocalización".
"Con la promulgación del Decreto 0890, que dice que vehículos antiguos, dentro de seis o siete años, tienen que estar fuera de circulación, eso es grave, porque nos estarían relocalizando de una u otra manera", agregó Mamani.
PARO
Esta declaración la hizo el dirigente de los transportistas, cuando ratificó el paro sectorial con bloqueos de las diferentes calles, avenidas y carreteras, a nivel nacional a partir de las cero horas.
Esta determinación, también fue respaldada por la Cámara Departamental de Transporte Oruro, mediante un voto resolutivo.
"El rechazo total y rotundo a la Ley Nº 133 y al D.S. 0890, las cuales son firmes amenazas a todo el sector del transporte nacional e internacional de carga por carretera, por tanto la sala plena de nuestros empresarios afiliados a nuestro ente, resuelve un paro de actividades de 24 horas el día lunes 13 (hoy), los infractores sufrirán multas económicas drásticas", detalla el documento.
viernes, 3 de junio de 2011
Ex Ministro de Trabajo acusado de corrupción y acoso sexual
Noticia publicada el 3 de Junio de 2011 en El Diario
Ante denuncias vertidas por supuestos casos de corrupción y acoso sexual por una ex funcionaria del Ministerio de Trabajo, en contra de Félix Rojas, autoridad saliente de esta instancia, en la víspera fue posesionado como nuevo titular Daniel Santalla. El ex diputado y dirigente sindical aseguró que convocará al diálogo a la Central Obrera Boliviana (COB) para desarrollar los preacuerdos logrados en abril.
La diputada Elizabeth Reyes (UN) lamentó que siendo el Ministerio de Trabajo una instancia tan importante para el país, “esté manejada por amigos del Presidente”. De igual manera denunció que a pesar del planteamiento de la norma de dar un día al año a las mujeres para que puedan acceder al control del papanicolau y mamografía no está en vigencia hasta el día de hoy por la “negligencia” de Rojas que nunca firmó la resolución correspondiente.
INVESTIGAR ACOSO
En cuanto a las acusaciones por supuesto acoso sexual contra Rojas, la diputada anunció que las medidas no deben pasar solamente por suspender definitivamente a la autoridad, sino que se debe realizar una investigación exhaustiva para lograr la verificación de las denuncias.
“Se debe investigar si hubo o no acoso sexual, extorsión y corrupción en Félix Rojas y los funcionarios, y no permitir que estas autoridades se vayan con los bolsillos llenos de la cartera del Estado sin recibir la pena correspondiente. De otra manera se comprobaría que hay ciertas autoridades que son favoritas del presidente por pertenecer al Movimiento Al Socialismo”, mencionó Reyes.
ROJAS SE DEFIENDE
El ahora ex ministro de Trabajo, Félix Rojas, aseguró que presentó su renuncia después de conocer las denuncias en su contra y negó ser un acosador y menos estar implicado en temas de corrupción. Llamó a sus detractores “masistas renegados” porque fueron varios personeros que tras ser retirados de esta cartera de Estado asumieron medidas contra su persona.
“Algunas personas que trabajaron en el Ministerio de Trabajo, después de la posesión de la nueva autoridad afirmaron que mi renuncia se debió a un acto de acoso. Qué cosa más falsa; porque de haber sido así, hubieran sido otras las instancias donde podían denunciarme”.
Negó las acusaciones de acoso a una ex funcionaria y pidió que las instancias correspondientes comprueben si familiares o parientes suyos están registrados en planillas del Ministerio de Trabajo, como indica una segunda denuncia en su contra sobre supuesta corrupción.
FUNCIONARIA DESPEDIDA POR DENUNCIAR A ROJAS
Giovanna Mantilla, quien cumplía sus funciones como Directora de Transparencia del Ministerio de Trabajo, fue suspendida de la mencionada cartera de Estado. A raíz de toda la documentación presentada por la funcionaria y sus allegados, el Ejecutivo decidió aceptar la renuncia del Ministro de Trabajo.
Las denuncias presentadas por Mantilla en contra de Rojas y otros funcionarios constan de cobros irregulares, malos manejos económicos, nepotismo, ya que familiares de la ex autoridad disponían y “manipulaban” vehículos y equipos de computación y acoso sexual a funcionarias.
OFICIALISMO GARANTIZA PROCESO A ROJAS
Según Marianela Paco, diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Gobierno a través de las instancias correspondientes garantiza la investigación correspondiente al ex Ministro de Trabajo, y que el cambio de autoridad en esta cartera del Estado es el primer paso para lograr este objetivo.
Por otro lado, Daniel Santalla, nueva autoridad encargada de este Ministerio, aseguró en la víspera luego de su acto de posesión en Palacio de Gobierno, realizar la investigación exhaustiva del caso de Félix Rojas y los funcionarios implicados en las acusaciones de supuestos hechos de acoso sexual, corrupción y extorsión.
Además, aseguró que trabajará con los sectores involucrados en el nuevo Código Laboral. “ Trabajaremos en una nueva Ley de Trabajo, me gustaría que todos participen, incluidos los empresarios. Vamos a conocer en qué estado se encuentra el despacho y cumplir los objetivos que están trazados en este proceso de cambio”.
Ex funcionaria acusó a Rojas de extorsión y acoso sexual
Noticia publicada el 3 de Junio de 2011 en Pagina Siete
La ex directora de Transparencia del Ministerio de Trabajo Giovana Mantilla afirmó ayer a Erbol que el ex ministro de esa cartera de Estado, Félix Rojas, tiene denuncias en su contra por acoso sexual y extorsión, lo que motivó para que el propio presidente Evo Morales instruya su destitución.
“Hemos estado procesando varias denuncias de las cooperativas mineras, donde también estaría involucrado, al igual que de acoso al personal femenino, porque quienes no la aceptaban eran amenazadas con perder sus fuentes de trabajo”, dijo.
Según Mantilla, uno de los familiares de Rojas estaba a cargo de la designación de personal, a pesar de que éste no tenía un ítem en esa cartera de Estado.
Asimismo, denunció que el ex ministro Félix Rojas y sus allegados supuestamente cobraban sumas de dinero de manera irregular y acosaban a las mujeres en esa repartición del Estado.
“Soy licenciada en administración de empresas y he sido jefe de Transparencia del Ministerio de Trabajo, he denunciado estos actos, por eso también me han depuesto de mi cargo. Las mujeres en especial han sido terriblemente acosadas, había sido delito ser mujer para ese señor teniendo hijas. Él no ha sabido respetar a una mujer. No voy a permitir esas cosas, así nos haga persecución o nos amenace, igualito vamos a luchar contra la corrupción y contra este tipo de casos”, dijo la ex funcionaria.
“Hubo malos manejos, lo ha mencionado el Presidente, hubo cobros irregulares y es de todo el personal que trabajó”, sostuvo.
La parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rebeca Delgado afirmó que “lo que corresponde en este caso es que sea la ministra de Transparencia quien asuma una investigación y en el caso de que se detecten delitos que investigue la Fiscalía”. “Se tiene que investigar, no se puede violar los derechos”, dijo la diputada Emiliana Aiza.
La ex directora de Transparencia del Ministerio de Trabajo Giovana Mantilla afirmó ayer a Erbol que el ex ministro de esa cartera de Estado, Félix Rojas, tiene denuncias en su contra por acoso sexual y extorsión, lo que motivó para que el propio presidente Evo Morales instruya su destitución.
“Hemos estado procesando varias denuncias de las cooperativas mineras, donde también estaría involucrado, al igual que de acoso al personal femenino, porque quienes no la aceptaban eran amenazadas con perder sus fuentes de trabajo”, dijo.
Según Mantilla, uno de los familiares de Rojas estaba a cargo de la designación de personal, a pesar de que éste no tenía un ítem en esa cartera de Estado.
Asimismo, denunció que el ex ministro Félix Rojas y sus allegados supuestamente cobraban sumas de dinero de manera irregular y acosaban a las mujeres en esa repartición del Estado.
“Soy licenciada en administración de empresas y he sido jefe de Transparencia del Ministerio de Trabajo, he denunciado estos actos, por eso también me han depuesto de mi cargo. Las mujeres en especial han sido terriblemente acosadas, había sido delito ser mujer para ese señor teniendo hijas. Él no ha sabido respetar a una mujer. No voy a permitir esas cosas, así nos haga persecución o nos amenace, igualito vamos a luchar contra la corrupción y contra este tipo de casos”, dijo la ex funcionaria.
“Hubo malos manejos, lo ha mencionado el Presidente, hubo cobros irregulares y es de todo el personal que trabajó”, sostuvo.
La parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rebeca Delgado afirmó que “lo que corresponde en este caso es que sea la ministra de Transparencia quien asuma una investigación y en el caso de que se detecten delitos que investigue la Fiscalía”. “Se tiene que investigar, no se puede violar los derechos”, dijo la diputada Emiliana Aiza.
martes, 31 de mayo de 2011
Municipios y juzgados tienen más denuncias de corrupción
Noticia publicada el 31 de Mayo de 2011 en Cambio
Los municipios y los operadores de justicia encabezan la lista de entidades más denunciadas por corrupción durante la gestión 2010, según un documento presentado ayer por el Ministerio de Transparencia en una audiencia pública inicial de rendición de cuentas.
El documento, que se denomina Memoria Institucional 2010 del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, fue dado a conocer a más de un centenar de asistentes.
Según el informe, en la pasada gestión se presentaron 2.341 denuncias de corrupción.
De esa cantidad, según la memoria institucional, el 49 por ciento corresponde a los municipios.
En segundo lugar se ubica el Órgano Judicial, con el 14% de las denuncias de corrupción.
Luego se ubican el Ministerio Público, las gobernaciones, la Policía Boliviana, la Caja Nacional de Salud, entre otras entidades denunciadas por distintas anomalías.
El Ministerio de Transparencia –señala el informe–, luego de análisis jurídico, remitió al Ministerio Público 61 casos (que corresponden al año 2010) para su valoración, proceso y sentencia.
MASISTAS INCLUIDOS
La directora general de Investigación de Actos de Corrupción, Jessica Saravia, señaló que entre 2006 y parte de 2011 se recibió un total de 7.769 denuncias de presuntos actos de corrupción.
En esos seis años y a raíz de las denuncias del Ministerio de Transparencia a las instancias jurisdiccionales, se consiguieron 30 sentencias por casos de corrupción, según el reporte público.
Los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado, uso indebido de influencias, cohecho pasivo son los que predominan en las sentencias. Entre los sentenciados figuran tres ex alcaldes y un ex concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) y un ex funcionario de Migración de Santa Cruz (del MAS) con penas de nueve meses y 12 años.
También fueron sentenciados con tres años de presidio el ex alcalde de Potosí René Joaquino y seis concejales de ese municipio.
RECUPERACIÓN DE BIENES
Saravia explicó a representantes de organizaciones sociales que entre 2007 y 2010 el Estado, a través del Ministerio de Transparencia, recuperó 94.339.719 dólares.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Por su parte, el viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, Carlos Camargo, destacó la rendición de cuentas implementada en 2006.
En ese marco, informó que en lo que va del año, el Ministerio de Transparencia ejecutó el 32% de los más de 15,1 millones de bolivianos de su presupuesto anual.
Suxo pide no culpar a la Ley Marcelo
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, en la audiencia inicial de rendición de cuentas de ayer, pidió a los servidores públicos no escudarse en la ley anticorrupción Marcelo Quiroga para no ejecutar sus presupuestos.
“La ley deber ser tomada en cuenta como una oportunidad y jamás como un obstáculo. La ley sólo creó ocho artículos nuevos. Si ahora se cuestiona y perjudica la ejecución, la pregunta es: ¿antes no cumplían la ley?”, afirmó.
En ese contexto aseguró que ese argumento es infundado “porque si un director jurídico y administrativo sabe que está asesorando de manera adecuada, no tiene por qué temer”. En cuanto a las audiencias de rendición de cuentas, Suxo aseguró que ese mecanismo implementado desde 2006, cuando asumió el Gobierno el presidente Evo Morales, permite erradicar la “cultura del secreto” en la administración pública, lo cual antes daba lugar a la corrupción.
“Hoy tenemos que sentirnos orgullosos y felices de ser servidores o servidoras públicas, no como en el pasado que era una vergüenza, era sinónimo de corrupción, oscurantismo y mal ejercicio del poder”, afirmó con relación a los logros y avances en el proceso de transparencia en la gestión pública.
La ministra Suxo, por otro lado, criticó la negativa de los gobernadores de Santa Cruz y Beni de no dar paso a la creación de las unidades de transparencia. De todas maneras, anticipó que este año más de 300 entidades públicas –entre municipios, gobernaciones y otros– harán sus respectivas rendiciones de cuentas.
Los municipios y los operadores de justicia encabezan la lista de entidades más denunciadas por corrupción durante la gestión 2010, según un documento presentado ayer por el Ministerio de Transparencia en una audiencia pública inicial de rendición de cuentas.
El documento, que se denomina Memoria Institucional 2010 del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, fue dado a conocer a más de un centenar de asistentes.
Según el informe, en la pasada gestión se presentaron 2.341 denuncias de corrupción.
De esa cantidad, según la memoria institucional, el 49 por ciento corresponde a los municipios.
En segundo lugar se ubica el Órgano Judicial, con el 14% de las denuncias de corrupción.
Luego se ubican el Ministerio Público, las gobernaciones, la Policía Boliviana, la Caja Nacional de Salud, entre otras entidades denunciadas por distintas anomalías.
El Ministerio de Transparencia –señala el informe–, luego de análisis jurídico, remitió al Ministerio Público 61 casos (que corresponden al año 2010) para su valoración, proceso y sentencia.
MASISTAS INCLUIDOS
La directora general de Investigación de Actos de Corrupción, Jessica Saravia, señaló que entre 2006 y parte de 2011 se recibió un total de 7.769 denuncias de presuntos actos de corrupción.
En esos seis años y a raíz de las denuncias del Ministerio de Transparencia a las instancias jurisdiccionales, se consiguieron 30 sentencias por casos de corrupción, según el reporte público.
Los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado, uso indebido de influencias, cohecho pasivo son los que predominan en las sentencias. Entre los sentenciados figuran tres ex alcaldes y un ex concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) y un ex funcionario de Migración de Santa Cruz (del MAS) con penas de nueve meses y 12 años.
También fueron sentenciados con tres años de presidio el ex alcalde de Potosí René Joaquino y seis concejales de ese municipio.
RECUPERACIÓN DE BIENES
Saravia explicó a representantes de organizaciones sociales que entre 2007 y 2010 el Estado, a través del Ministerio de Transparencia, recuperó 94.339.719 dólares.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Por su parte, el viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, Carlos Camargo, destacó la rendición de cuentas implementada en 2006.
En ese marco, informó que en lo que va del año, el Ministerio de Transparencia ejecutó el 32% de los más de 15,1 millones de bolivianos de su presupuesto anual.
Suxo pide no culpar a la Ley Marcelo
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, en la audiencia inicial de rendición de cuentas de ayer, pidió a los servidores públicos no escudarse en la ley anticorrupción Marcelo Quiroga para no ejecutar sus presupuestos.
“La ley deber ser tomada en cuenta como una oportunidad y jamás como un obstáculo. La ley sólo creó ocho artículos nuevos. Si ahora se cuestiona y perjudica la ejecución, la pregunta es: ¿antes no cumplían la ley?”, afirmó.
En ese contexto aseguró que ese argumento es infundado “porque si un director jurídico y administrativo sabe que está asesorando de manera adecuada, no tiene por qué temer”. En cuanto a las audiencias de rendición de cuentas, Suxo aseguró que ese mecanismo implementado desde 2006, cuando asumió el Gobierno el presidente Evo Morales, permite erradicar la “cultura del secreto” en la administración pública, lo cual antes daba lugar a la corrupción.
“Hoy tenemos que sentirnos orgullosos y felices de ser servidores o servidoras públicas, no como en el pasado que era una vergüenza, era sinónimo de corrupción, oscurantismo y mal ejercicio del poder”, afirmó con relación a los logros y avances en el proceso de transparencia en la gestión pública.
La ministra Suxo, por otro lado, criticó la negativa de los gobernadores de Santa Cruz y Beni de no dar paso a la creación de las unidades de transparencia. De todas maneras, anticipó que este año más de 300 entidades públicas –entre municipios, gobernaciones y otros– harán sus respectivas rendiciones de cuentas.
sábado, 28 de mayo de 2011
‘Chito’ Valle, sentenciado a ocho años de cárcel
Noticia publicada el 28 de Mayo de 2011 en Cambio
El ex prefecto de La Paz Luis Alberto ‘Chito’ Valle fue sentenciado ayer a ocho años de privación de libertad por tres tipos de delitos que ocasionaron un daño, al departamento de La Paz, de $us 17 millones durante su gestión, entre los años 1997 y 1999.
La sentencia fue dictada por el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Julio Ortiz, a las 21.05 en el edificio del Poder Judicial y la condena será cumplida en instalaciones de la cárcel de San Roque en Sucre, Chuquisaca, según la agencia ABI.
NO A LA IMPUNIDAD
Ante el dictamen promulgado por la justicia, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, señaló a Cambio que pese a las dilaciones del caso y la chicana (artimañas para retrasar un proceso judicial), es evidente que la justicia por fin llegó.
“Son varios años que este proceso ha sido olvidado. Se ha logrado por fin una sentencia que, si bien no es la que esperábamos, va a evitar que se deje en la impunidad un hecho que ha lastimado la economía del departamento de La Paz”, dijo.
“Luego de mucha pelea y chicana (...) hoy (ayer) se ha dictado esta sentencia que para nosotros es muy importante, para dejar sobre todo un precedente, que no hay ningún caso de justicia que vaya a quedar en la impunidad, que tarde o temprano se tiene que dictar una sentencia a los corruptos”, aseveró Suxo.
‘Chito’ Valle es acusado por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias durante su gestión como prefecto de La Paz entre 1997 y 1999.
Por su parte, el Fiscal General, Mario Uribe, consideró justo el fallo porque el proceso se ha tramitado conforme a derecho y los tipos penales acusados.
“Después de haber batallado durante seis años, desde el inicio del proceso más de diez años, se consigue esta sentencia que consideramos justa en el entendido de que el Ministerio Público ha podido probar los hechos acusados, se han demostrado plenamente todos los delitos”, dijo el Fiscal, según un reporte de prensa del Ministerio Público.
Sobre la recuperación del monto económico, la Ministra Suxo explicó que tendrán que rematarse las propiedades de ‘Chito’ Valle para reponer el dinero a las arcas del Estado.
Valle fue aprehendido el 1 de septiembre de 2010 en Lima, Perú, y posteriormente deportado al país.
Antecedentes del ex prefecto de La Paz, Luis Alberto ‘Chito’ Valle
Luis Alberto ‘Chito’ Valle fue sentenciado ayer por el Tribunal Supremo de Justicia a cumplir ocho años de privación de libertad en la cárcel de San Roque, ubicada en Sucre.
Se le acusa por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias. El daño económico para el departamento de La Paz suma $us 17 millones.
Algunos de los casos se refieren a la deuda contraída por la transferencia Bamin, Prefectura Fademin por $us 7.177.964; la compra de muebles a La Cuisine por $us 210.049, el caso de la ‘Chito Chatarra’.
Es acusado también por la transferencia de vehículos de la Prefectura por un monto de $us 2.000.000; la ‘Chito Casa’, un inmueble en la calle Antonio Gallardo vendido de manera irregular por $us 100.000.
Se agrega la deuda contraída por la transferencia Ferreco por un monto de $us 8.265.000. En todos estos casos, el daño económico asciende a $us.17.753.013
También se produjeron 168 pruebas, que comprenden minutas de transferencias, informes de auditoría de la Contraloría, informes internos de la Prefectura, pericias sobre los vehículos, avalúos, memorándums, Resoluciones Prefecturales, fichas técnicas, entre otros.
El ex prefecto de La Paz Luis Alberto ‘Chito’ Valle fue sentenciado ayer a ocho años de privación de libertad por tres tipos de delitos que ocasionaron un daño, al departamento de La Paz, de $us 17 millones durante su gestión, entre los años 1997 y 1999.
La sentencia fue dictada por el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Julio Ortiz, a las 21.05 en el edificio del Poder Judicial y la condena será cumplida en instalaciones de la cárcel de San Roque en Sucre, Chuquisaca, según la agencia ABI.
NO A LA IMPUNIDAD
Ante el dictamen promulgado por la justicia, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, señaló a Cambio que pese a las dilaciones del caso y la chicana (artimañas para retrasar un proceso judicial), es evidente que la justicia por fin llegó.
“Son varios años que este proceso ha sido olvidado. Se ha logrado por fin una sentencia que, si bien no es la que esperábamos, va a evitar que se deje en la impunidad un hecho que ha lastimado la economía del departamento de La Paz”, dijo.
“Luego de mucha pelea y chicana (...) hoy (ayer) se ha dictado esta sentencia que para nosotros es muy importante, para dejar sobre todo un precedente, que no hay ningún caso de justicia que vaya a quedar en la impunidad, que tarde o temprano se tiene que dictar una sentencia a los corruptos”, aseveró Suxo.
‘Chito’ Valle es acusado por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias durante su gestión como prefecto de La Paz entre 1997 y 1999.
Por su parte, el Fiscal General, Mario Uribe, consideró justo el fallo porque el proceso se ha tramitado conforme a derecho y los tipos penales acusados.
“Después de haber batallado durante seis años, desde el inicio del proceso más de diez años, se consigue esta sentencia que consideramos justa en el entendido de que el Ministerio Público ha podido probar los hechos acusados, se han demostrado plenamente todos los delitos”, dijo el Fiscal, según un reporte de prensa del Ministerio Público.
Sobre la recuperación del monto económico, la Ministra Suxo explicó que tendrán que rematarse las propiedades de ‘Chito’ Valle para reponer el dinero a las arcas del Estado.
Valle fue aprehendido el 1 de septiembre de 2010 en Lima, Perú, y posteriormente deportado al país.
Antecedentes del ex prefecto de La Paz, Luis Alberto ‘Chito’ Valle
Luis Alberto ‘Chito’ Valle fue sentenciado ayer por el Tribunal Supremo de Justicia a cumplir ocho años de privación de libertad en la cárcel de San Roque, ubicada en Sucre.
Se le acusa por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias. El daño económico para el departamento de La Paz suma $us 17 millones.
Algunos de los casos se refieren a la deuda contraída por la transferencia Bamin, Prefectura Fademin por $us 7.177.964; la compra de muebles a La Cuisine por $us 210.049, el caso de la ‘Chito Chatarra’.
Es acusado también por la transferencia de vehículos de la Prefectura por un monto de $us 2.000.000; la ‘Chito Casa’, un inmueble en la calle Antonio Gallardo vendido de manera irregular por $us 100.000.
Se agrega la deuda contraída por la transferencia Ferreco por un monto de $us 8.265.000. En todos estos casos, el daño económico asciende a $us.17.753.013
También se produjeron 168 pruebas, que comprenden minutas de transferencias, informes de auditoría de la Contraloría, informes internos de la Prefectura, pericias sobre los vehículos, avalúos, memorándums, Resoluciones Prefecturales, fichas técnicas, entre otros.
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