El Fondo Indígena, ahora en liquidación, desembolsó 111 millones de bolivianos para talleres de socialización que se realizaron el 21 y 22 de enero de 2015, cuando el presidente Evo Morales fue posesionado en el sitio arqueológico de Tiwanaku y en la Asamblea Legislativa.
Según un reporte del SIGMA (Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa) dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, el 19 de enero de 2015 a las 11:47 el Fondo Indígena desembolsó 61 mil bolivianos a favor de R. H. Reyes Flores, aunque el monto total autorizado fue de 72 mil bolivianos, pero fueron retenidos 11 mil bolivianos.
En la parte inferior del documento al que tuvo acceso este matutino se indica: "Resumen de operación: Autorización de pago N° 19/ 02500104101/ Fondos en avance en favor Sr. R. Reyes para la realización de taller de socialización de leyes y normativas para desarrollo productivo - CSUTCB, 21 y 22 de enero”.
El mismo día -según reporte SIGMA- a las 12:13 la entidad indígena realizó un desembolso de 50 mil bolivianos a nombre de R. Alanoca. El monto total autorizado por el Fondo Indígena fue de 59.172 mil bolivianos. En este caso fueron retenidos 9.172 bolivianos.
Al final del documento se señala: "Resumen de operación: Autorización de pago N° 20/ Libreta 02500104101/ Fondos en Avance a favor de R. Alanoca para realización de taller de socialización de normativas y leyes de desarrollo productivo, en fecha 21 y 22 de enero”.
El 21 de enero de 2015, Morales, en una ceremonia ritual que se realizó en Tiwanaku, fue investido por tercera vez como Presidente de Bolivia. Al día siguiente, el 22 de enero, juró a su tercer mandato en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En ambos actos participaron cientos de indígenas, campesinos del país y de otras nacionalidades, además de autoridades.
Eduardo León, abogado del diputado Rafael Quispe, afirmó que los reportes de SIGMA demuestran que el Fondo Indígena erogó recursos económicos para el acto de posesión del presidente Morales, como denunció anteriormente el exdirector ejecutivo, Marco Antonio Aramayo.
"Esta es una prueba de cómo los dirigentes afines al MAS utilizaron recursos para actividades ajenas a la entidad indígena. Además, los talleres se realizan los días en que Evo es posesionado, cuando todos los indígenas participaron en la posesión”, afirmó León. Aclaró que las personas que recibieron los recursos, en sus cuentas, no eran funcionarios de la entidad indígena.
Los primeros días de diciembre pasado, Aramayo (que está detenido preventivamente) reveló que, a exigencia de Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Juanita Ancieta, ejecutiva nacional de las Bartolinas, en enero de 2015 entregó 300 mil bolivianos para posesión del presidente Morales que se realizó en Tiwanaku.
"Machaca fue a la oficina del Fondo con Juanita Ancieta llevando la solicitud de los recursos que hicieron figurar como talleres de capacitación y ellos gestionaron estos recursos ante el Ministerio de Economía, (entonces) esos recursos salieron inmediatamente y (al final) fueron usados en la posesión del señor Presidente”, explicó.
La denuncia fue desmentida por los dirigentes aludidos.
martes, 5 de enero de 2016
Caso Rózsa Se reinicia el juicio con declaración de otro testigo
El juicio oral del denominado caso Rózsa se reinició ayer por la tarde con la declaración del testigo Jaime Vaca Pinto, exfuncionario de Cotas.
Las preguntas realizadas hacia el testigo por la comisión de fiscales se centraron en aspectos meramente técnicos, situación que fue criticada por la defensa de los procesados.
El Ministerio Público fue observado por los abogados defensores, quienes en más de una oportunidad objetaron las preguntas por considerarlas reiterativas. Hoy a las 9:30 de la mañana está fijado el reinicio de la audiencia del juicio oral en el Palacio de Justicia.
Las preguntas realizadas hacia el testigo por la comisión de fiscales se centraron en aspectos meramente técnicos, situación que fue criticada por la defensa de los procesados.
El Ministerio Público fue observado por los abogados defensores, quienes en más de una oportunidad objetaron las preguntas por considerarlas reiterativas. Hoy a las 9:30 de la mañana está fijado el reinicio de la audiencia del juicio oral en el Palacio de Justicia.
lunes, 4 de enero de 2016
El terrorismo II se mantiene paralizado
A finales de 2014, la Fiscalía presentó ante la jueza cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Margoth Pérez, la acusación formal para llevar a juicio a 14 personas sindicadas de ser las financiadoras de la supuesta célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa.
Los sindicados en aquel momento fueron Fernando Paz Serrano, Zvonko Matkovic Fleig, , Luis Osvaldo Núñez Rivera, Blanca Ruth Lozada, Jeimmy Delboy Callaú, Adolfo Gandarilla Claure, Gladis Argirakis Blacut, Carlos Alberto Guillén Moreno, Hernán Zankiz Salvatierra, Pedro Antonio Yovhío Ferreira, Fernando Hevia Correa, Juan Alberto Kudelka Zalles, Mario Antonio Herrera Sánchez y Juan Carlos Velarde Roca. Estos tres últimos son parte del juicio en el caso denominado terrorismo I.
Ni el Ministerio Público ni los sindicados saben del avance de este proceso, que no llegó a radicar en ningún tribunal de sentencia para iniciar el juicio. El fiscal Sergio Céspedes dijo que la información que se maneja es que uno de los jueces se excusó, por lo que el caso ahora está en un limbo jurídico.
La exgobernadora Ruth Lozada, acusada en este caso, tampoco sabe nada del tema, pero considera que es un proceso sin fundamentos
Los sindicados en aquel momento fueron Fernando Paz Serrano, Zvonko Matkovic Fleig, , Luis Osvaldo Núñez Rivera, Blanca Ruth Lozada, Jeimmy Delboy Callaú, Adolfo Gandarilla Claure, Gladis Argirakis Blacut, Carlos Alberto Guillén Moreno, Hernán Zankiz Salvatierra, Pedro Antonio Yovhío Ferreira, Fernando Hevia Correa, Juan Alberto Kudelka Zalles, Mario Antonio Herrera Sánchez y Juan Carlos Velarde Roca. Estos tres últimos son parte del juicio en el caso denominado terrorismo I.
Ni el Ministerio Público ni los sindicados saben del avance de este proceso, que no llegó a radicar en ningún tribunal de sentencia para iniciar el juicio. El fiscal Sergio Céspedes dijo que la información que se maneja es que uno de los jueces se excusó, por lo que el caso ahora está en un limbo jurídico.
La exgobernadora Ruth Lozada, acusada en este caso, tampoco sabe nada del tema, pero considera que es un proceso sin fundamentos
Hay poco optimismo en procesados del caso Rózsa
Si bien los 16 procesados del caso Rózsa aún mantienen las esperanzas de ser considerados inocentes de los delitos de alzamiento armado y terrorismo, la sensación de que el fallo final será de culpabilidad crece cada vez más entre ellos por la forma en que se lleva adelante este juicio, que es uno de los más largos, pues se viene prolongando desde hace más de tres años. Muchos de ellos están resignados, aunque admiten que darán pelea hasta el final.
La gestión que acaba los dejó con cinco implicados que decidieron recuperar su libertad inculpándose y aceptando haber sido parte de un intento de alzamiento armado contra la gestión gubernamental de Evo Morales, pese a que siempre indicaron que todo el caso fue armado.
El golpe de los testimonios de Juan Kudelka, Mario Tadic, Elöd Tóásó, Ignacio Villa Vargas y Zoilo Salces, que decidieron declararse culpables en procedimientos abreviados, permitió reafirmar la acusación del Ministerio Público, que en varias oportunidades hizo aguas frente a las declaraciones de autoridades que siguieron de cerca el caso y afirmaron que todo lo que sustenta el juicio es un montaje político.
“El juicio está muy digitado. Lastimosamente no ha llegado la justicia a nuestro proceso. El Poder Judicial está siendo manipulado por el Gobierno”, aseguró Alcides Mendoza, uno de los cuatro enjuiciados que se defiende desde el penal de Palmasola.
Él está preso desde hace más de seis años y en 2016 cumplirá su séptimo año con detención preventiva, el mismo tiempo que se cumplirá en abril desde que las fuerzas policiales realizaron un operativo en el hotel Las Américas, acabando con la vida de Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
Para Mendoza, ex dirigente vecinal, las 10 personas que la Fiscalía presentó como testigos de cargo en 2015, son parte de una estrategia para distraer la atención, porque, en su criterio, las declaraciones que brindaron no aportaron nada nuevo.
Sin embargo, rescata los testimonios donde se cuenta cómo policías y personeros del Gobierno ingresaron al hotel Las Américas, entre ellos el ex agente gubernamental Luis Clavijo, que estuvo hospedado en el hotel donde murió Rózsa y que se fue sin pagar antes de la redada policial.
Gelafio Santiesteban, preso en Palmasola, tampoco ve con esperanza el futuro. Asegura que seguirá dando batalla en 2016, pese a haberse vencido todos los plazos procesales para su procesamiento y aunque los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz le negaron la cesación a la detención preventiva con argumentos que él considera poco consistentes, como tener que probar que es padre de una niña con documentos idóneos siendo que los mismos juzgadores le dieron permiso para que salga del penal para su cumpleaños.
El final del juicio
El fiscal Sergio Céspedes, que acompañó al exfiscal Marcelo Soza en las primeras diligencias judiciales, destacó los avances en cuanto a la presentación de testigos y dijo que, pese a los inconvenientes registrados durante las audiencias, el juicio está teniendo un buen avance.
“Hay voluntad de los testigos para asistir a las audiencias y decir su verdad; sin embargo, no se puede hacer nada cuando ellos vienen y se generan dilaciones maliciosas para alargar esta etapa”, expresó el representante del Ministerio Público, que, junto con sus colegas Marco Antonio Rodríguez, Iván Ortiz y Óscar Vega, está al frente del proceso.
Consultado sobre una fecha para el final del juicio, Céspedes dijo no tener una respuesta concreta y solo se limitó a señalar que hay avances en el juicio.
El general en servicio pasivo Gary Prado Salmón, uno de los 16 procesados que asisten periódicamente al juicio, cree que al final de 2016 tampoco se tendrá respuesta para esta interrogante. “Creo que seguiremos haciéndonos la misma pregunta, ¿cuándo terminará esto?, porque realmente es una chacota”.
Prado cree que la Fiscalía trata de alargar el caso para cansarlos, pero asegura que “no lo conseguirá”.
Miradas políticas
Juan Carlos Guedes, que está preso hace más de seis años, hace un análisis más político de lo que sucede en su juicio. Él cree que todas las miradas están puestas en la decisión que asumirá la gente en el referéndum del 21 de febrero. “Si gana el Sí, nos atacarán con fuerza en el proceso.
Si gana el No, bajará un poco la intensidad de esas acciones”, indicó el ex dirigente unionista, acusado de ser uno de los proveedores de armas al supuesto grupo armado liderado por Rózsa.
El análisis de Santiesteban es similar y añade que si la apuesta gubernamental no recibe el apoyo de la gente, los operadores de justicia empezarán a tener mayor cuidado por la legalidad de sus acciones. “Si gana el Sí, probablemente se endurezcan las cosas, pero esto no puede empeorar más de lo que ya está”, apuntó.
El proceso, que este año cumple siete años, se reiniciará el 4 de enero con cuatro personas presas, 12 con libertad provisional, cinco sentenciados y 18 sindicados que fugaron del país
La gestión que acaba los dejó con cinco implicados que decidieron recuperar su libertad inculpándose y aceptando haber sido parte de un intento de alzamiento armado contra la gestión gubernamental de Evo Morales, pese a que siempre indicaron que todo el caso fue armado.
El golpe de los testimonios de Juan Kudelka, Mario Tadic, Elöd Tóásó, Ignacio Villa Vargas y Zoilo Salces, que decidieron declararse culpables en procedimientos abreviados, permitió reafirmar la acusación del Ministerio Público, que en varias oportunidades hizo aguas frente a las declaraciones de autoridades que siguieron de cerca el caso y afirmaron que todo lo que sustenta el juicio es un montaje político.
“El juicio está muy digitado. Lastimosamente no ha llegado la justicia a nuestro proceso. El Poder Judicial está siendo manipulado por el Gobierno”, aseguró Alcides Mendoza, uno de los cuatro enjuiciados que se defiende desde el penal de Palmasola.
Él está preso desde hace más de seis años y en 2016 cumplirá su séptimo año con detención preventiva, el mismo tiempo que se cumplirá en abril desde que las fuerzas policiales realizaron un operativo en el hotel Las Américas, acabando con la vida de Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
Para Mendoza, ex dirigente vecinal, las 10 personas que la Fiscalía presentó como testigos de cargo en 2015, son parte de una estrategia para distraer la atención, porque, en su criterio, las declaraciones que brindaron no aportaron nada nuevo.
Sin embargo, rescata los testimonios donde se cuenta cómo policías y personeros del Gobierno ingresaron al hotel Las Américas, entre ellos el ex agente gubernamental Luis Clavijo, que estuvo hospedado en el hotel donde murió Rózsa y que se fue sin pagar antes de la redada policial.
Gelafio Santiesteban, preso en Palmasola, tampoco ve con esperanza el futuro. Asegura que seguirá dando batalla en 2016, pese a haberse vencido todos los plazos procesales para su procesamiento y aunque los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz le negaron la cesación a la detención preventiva con argumentos que él considera poco consistentes, como tener que probar que es padre de una niña con documentos idóneos siendo que los mismos juzgadores le dieron permiso para que salga del penal para su cumpleaños.
El final del juicio
El fiscal Sergio Céspedes, que acompañó al exfiscal Marcelo Soza en las primeras diligencias judiciales, destacó los avances en cuanto a la presentación de testigos y dijo que, pese a los inconvenientes registrados durante las audiencias, el juicio está teniendo un buen avance.
“Hay voluntad de los testigos para asistir a las audiencias y decir su verdad; sin embargo, no se puede hacer nada cuando ellos vienen y se generan dilaciones maliciosas para alargar esta etapa”, expresó el representante del Ministerio Público, que, junto con sus colegas Marco Antonio Rodríguez, Iván Ortiz y Óscar Vega, está al frente del proceso.
Consultado sobre una fecha para el final del juicio, Céspedes dijo no tener una respuesta concreta y solo se limitó a señalar que hay avances en el juicio.
El general en servicio pasivo Gary Prado Salmón, uno de los 16 procesados que asisten periódicamente al juicio, cree que al final de 2016 tampoco se tendrá respuesta para esta interrogante. “Creo que seguiremos haciéndonos la misma pregunta, ¿cuándo terminará esto?, porque realmente es una chacota”.
Prado cree que la Fiscalía trata de alargar el caso para cansarlos, pero asegura que “no lo conseguirá”.
Miradas políticas
Juan Carlos Guedes, que está preso hace más de seis años, hace un análisis más político de lo que sucede en su juicio. Él cree que todas las miradas están puestas en la decisión que asumirá la gente en el referéndum del 21 de febrero. “Si gana el Sí, nos atacarán con fuerza en el proceso.
Si gana el No, bajará un poco la intensidad de esas acciones”, indicó el ex dirigente unionista, acusado de ser uno de los proveedores de armas al supuesto grupo armado liderado por Rózsa.
El análisis de Santiesteban es similar y añade que si la apuesta gubernamental no recibe el apoyo de la gente, los operadores de justicia empezarán a tener mayor cuidado por la legalidad de sus acciones. “Si gana el Sí, probablemente se endurezcan las cosas, pero esto no puede empeorar más de lo que ya está”, apuntó.
El proceso, que este año cumple siete años, se reiniciará el 4 de enero con cuatro personas presas, 12 con libertad provisional, cinco sentenciados y 18 sindicados que fugaron del país
Jueza declara procedente solicitud de acción de libertad presentado por Melva Hurtado
La jueza primera de Instrucción Cautelar Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer del Distrito Judicial de La Paz, Cinthia Delgadillo, declaró el pasado 31 de diciembre procedente la acción de libertad que presentada por la defensa de Melva Hurtado, dirigenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), afín al MAS. Está vinculada en el supuesto caso de corrupción del exFondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).
El informe corresponde al abogado de Hurtado, Ernesto Melgarejo, quien señaló a Erbol que ahora se espera la audiencia de cesación de la detención preventiva de la dirigente, quien se encuentra en la cárcel de Mujeres de Miraflores de la ciudad de La Paz.
"Una acción de libertad fue procedente, interpusimos una acción de libertad la cual fue procedente en toda su amplitud (…). Lo que estamos esperando es la audiencia de cesación a la detención preventiva de mi cliente”, indicó Melgarejo.
Hurtado, aliada al gobierno del presidente Evo Morales, fue detenida por los delitos de incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Se la responsabilizó por 13 proyectos observados del Fondo para los que se desembolsó 20.942.021.55 de bolivianos.
Una intervención del gobierno develó en 2015 un posible daño económico al Estado de Bs102 millones por 713 proyectos productivos inconclusos y 30 proyectos "fantasmas”, para los que el exFondioc entregó Bs14 millones. Mientras la Contraloría General del Estado (CGE) hizo conocer ese mismo año el desfalco de Bs71 millones por 153 proyectos observados.
Como Hurtado quedaron detenidos la pasada gestión la exministra de Justicia y Desarrollo Rural del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), Julia Ramos, el exdirigente disidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori, entre otros.
El informe corresponde al abogado de Hurtado, Ernesto Melgarejo, quien señaló a Erbol que ahora se espera la audiencia de cesación de la detención preventiva de la dirigente, quien se encuentra en la cárcel de Mujeres de Miraflores de la ciudad de La Paz.
"Una acción de libertad fue procedente, interpusimos una acción de libertad la cual fue procedente en toda su amplitud (…). Lo que estamos esperando es la audiencia de cesación a la detención preventiva de mi cliente”, indicó Melgarejo.
Hurtado, aliada al gobierno del presidente Evo Morales, fue detenida por los delitos de incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Se la responsabilizó por 13 proyectos observados del Fondo para los que se desembolsó 20.942.021.55 de bolivianos.
Una intervención del gobierno develó en 2015 un posible daño económico al Estado de Bs102 millones por 713 proyectos productivos inconclusos y 30 proyectos "fantasmas”, para los que el exFondioc entregó Bs14 millones. Mientras la Contraloría General del Estado (CGE) hizo conocer ese mismo año el desfalco de Bs71 millones por 153 proyectos observados.
Como Hurtado quedaron detenidos la pasada gestión la exministra de Justicia y Desarrollo Rural del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), Julia Ramos, el exdirigente disidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori, entre otros.
viernes, 1 de enero de 2016
En el Fondioc operaban técnicos internos y externos
Dos exdirectores ejecutivos del Fondo Indígena apuntan a técnicos "internos” y "externos” de esa institución por el supuesto cobro del 10% de cada proyecto y piden que se transparenten los descargos presentados por los responsables de los proyectos.
Los técnicos "internos” tenían la tarea de acelerar el trámite administrativo de los proyectos de las organizaciones sociales que les designaron en los cargos, mientras los técnicos "externos” ejercían el rol de diseñar los proyectos y cobrar el "diezmo” (soborno) a los beneficiarios, esto en coordinación con algunos dirigentes miembros del directorio del Fondo Indígena, explicó el exdirector ejecutivo de la entidad indígena, Marco Antonio Aramayo, detenido preventivamente en el penal de San Pedro.
El pago del 10% a los técnicos garantizaba la elaboración de un proyecto, el aval de la organización social departamental y nacional, y la aprobación del proyecto en el directorio del Fondo Indígena, explicó Aramayo.
Según la denuncia, un técnico "externo” de apellido Villazante era el hombre de confianza del exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca. "Este técnico diseñó todos los proyectos de La Paz”, denunció.
Otro de los técnicos de confianza de Machaca fue B. Rengel, quien se encargó de elaborar los proyectos de Beni y Pando.
Damián Condori, el excandidato a la Gobernación de Chuquisaca y exdirigente campesino, ahora detenido en el penal de San Pedro, también habría designado a los técnicos Cardozo y Vargas. Mientras que su colega, Joel Guarachi, nombró a un funcionario de apellido Cabezas.
La ejecutiva nacional de las Bartolinas, Juanita Ancieta, designó a otra técnica llamada C. Cuapo en la dirección jurídica, a E. Gonzales en la unidad de activos y a E. Toromayo como director de proyectos del Fondioc.
Felipa Huanca, dirigente de las Bartolinas, tenía un técnico de confianza que era F. Alí, quien se encargaba de elaborar y cobrar el "diezmo” a beneficiarios de La Paz.
Elvira Parra, exdirectora ejecutiva del Fondioc, detenida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, dijo que para evitar que los comunarios pagaran "diezmos” aconsejó que tramitaran y ejecutaran sus proyectos sin la intervención de la Federación de Bartolinas de La Paz, pero esa recomendación "no le gustó a doña Felipa (Huanca)”.
Melva Hurtado, ejecutiva de la CIDOB afín al MAS y detenida en el centro de Miraflores, designó al biólogo P. Ágreda como jefe de la Unidad de Descargo. También avaló a R. Alanoca.
Ever Choquehuanca, de los interculturales, dio su aval a A. Crispín para el cargo de director técnico; se encargaba de la aprobación de proyectos. También designó a C. Marca.
Hilarión Mamani, jiliri apu mallku del Conamaq, designó a F. Chambi, quien al trabajar en el Fondioc se benefició con un proyecto de industrialización de la quinua en Oruro que él mismo ejecutó.
Ancieta admitió que designaron técnicos por decisión orgánica y confirmó que daban un aporte a las organizaciones por "cariño”.
Exigen a la Fiscalía que convoque a los técnicos
El exdirector ejecutivo del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, detenido preventivamente en San Pedro, mediante memorial pidió al Ministerio Público que convoque a los técnicos para que declaren e informen sobre sus designaciones.
"Deben declarar e informar sobre por qué en su haber hay decenas de proyectos; además, sobre cuáles eran las acciones encomendadas por cada dirigente que dio su aval para que ingresaran a trabajar al Fondo Indígena, así como por qué en algunos casos hay decenas de consultorías para la elaboración de proyectos en cada comunidad representada por la organización que dio su aval para el ejercicio de sus labores”, señala parte del memorial que Aramayo presentó a la Fiscalía en diciembre pasado.
Su abogado, Héctor Castellón, explicó que la intención es que el Ministerio Público investigue primero a los técnicos y a los más de 4.400 firmantes de los convenios para la ejecución de proyectos financiados por la entidad indígena. "Así se llegará a la verdad (de este caso)”, señaló.
Los técnicos "internos” tenían la tarea de acelerar el trámite administrativo de los proyectos de las organizaciones sociales que les designaron en los cargos, mientras los técnicos "externos” ejercían el rol de diseñar los proyectos y cobrar el "diezmo” (soborno) a los beneficiarios, esto en coordinación con algunos dirigentes miembros del directorio del Fondo Indígena, explicó el exdirector ejecutivo de la entidad indígena, Marco Antonio Aramayo, detenido preventivamente en el penal de San Pedro.
El pago del 10% a los técnicos garantizaba la elaboración de un proyecto, el aval de la organización social departamental y nacional, y la aprobación del proyecto en el directorio del Fondo Indígena, explicó Aramayo.
Según la denuncia, un técnico "externo” de apellido Villazante era el hombre de confianza del exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca. "Este técnico diseñó todos los proyectos de La Paz”, denunció.
Otro de los técnicos de confianza de Machaca fue B. Rengel, quien se encargó de elaborar los proyectos de Beni y Pando.
Damián Condori, el excandidato a la Gobernación de Chuquisaca y exdirigente campesino, ahora detenido en el penal de San Pedro, también habría designado a los técnicos Cardozo y Vargas. Mientras que su colega, Joel Guarachi, nombró a un funcionario de apellido Cabezas.
La ejecutiva nacional de las Bartolinas, Juanita Ancieta, designó a otra técnica llamada C. Cuapo en la dirección jurídica, a E. Gonzales en la unidad de activos y a E. Toromayo como director de proyectos del Fondioc.
Felipa Huanca, dirigente de las Bartolinas, tenía un técnico de confianza que era F. Alí, quien se encargaba de elaborar y cobrar el "diezmo” a beneficiarios de La Paz.
Elvira Parra, exdirectora ejecutiva del Fondioc, detenida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, dijo que para evitar que los comunarios pagaran "diezmos” aconsejó que tramitaran y ejecutaran sus proyectos sin la intervención de la Federación de Bartolinas de La Paz, pero esa recomendación "no le gustó a doña Felipa (Huanca)”.
Melva Hurtado, ejecutiva de la CIDOB afín al MAS y detenida en el centro de Miraflores, designó al biólogo P. Ágreda como jefe de la Unidad de Descargo. También avaló a R. Alanoca.
Ever Choquehuanca, de los interculturales, dio su aval a A. Crispín para el cargo de director técnico; se encargaba de la aprobación de proyectos. También designó a C. Marca.
Hilarión Mamani, jiliri apu mallku del Conamaq, designó a F. Chambi, quien al trabajar en el Fondioc se benefició con un proyecto de industrialización de la quinua en Oruro que él mismo ejecutó.
Ancieta admitió que designaron técnicos por decisión orgánica y confirmó que daban un aporte a las organizaciones por "cariño”.
Exigen a la Fiscalía que convoque a los técnicos
El exdirector ejecutivo del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, detenido preventivamente en San Pedro, mediante memorial pidió al Ministerio Público que convoque a los técnicos para que declaren e informen sobre sus designaciones.
"Deben declarar e informar sobre por qué en su haber hay decenas de proyectos; además, sobre cuáles eran las acciones encomendadas por cada dirigente que dio su aval para que ingresaran a trabajar al Fondo Indígena, así como por qué en algunos casos hay decenas de consultorías para la elaboración de proyectos en cada comunidad representada por la organización que dio su aval para el ejercicio de sus labores”, señala parte del memorial que Aramayo presentó a la Fiscalía en diciembre pasado.
Su abogado, Héctor Castellón, explicó que la intención es que el Ministerio Público investigue primero a los técnicos y a los más de 4.400 firmantes de los convenios para la ejecución de proyectos financiados por la entidad indígena. "Así se llegará a la verdad (de este caso)”, señaló.
Transparencia de la Alcaldía concluyó 20 de 48 investigaciones
La Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), desde que la nueva administración edil se hizo cargo en junio pasado, ha llevado adelante 48 procesos de investigación, de los cuales 20 ya han sido concluidos y remitidos al ejecutivo, para que en algunos casos sean elevados como denuncia ante el Ministerio Público, por haberse hallado indicios de presuntos delitos civiles y penales.
El jefe de la Unidad de Transparencia, Jorge Vargas, aseguró que desde que asumieron esta dependencia edil, se ha trabajado responsablemente para combatir los hechos de corrupción y transparentar la gestión municipal.
"En un balance general, creemos que se ha tenido una muy buena gestión en este tema. Se ha sentado un buen precedente y consideramos que los funcionarios deben tener en cuenta, que los actos de corrupción van a ser sancionados e investigados; y fundamentalmente queremos introducir una cultura de transparencia en la gestión edil", señaló.
Vargas informó que a la fecha, de los 48 casos investigados durante estos siete meses, 20 ya han sido concluidos y cuentan con un informe final; el mismo que ha sido remitido al Ejecutivo Municipal, para que disponga las acciones correspondientes, que en algunos casos, es la derivación a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, para plantear una denuncia formal ante el Ministerio Público.
"Entre los casos más relevantes que hemos concluido, podemos mencionar el de los retenes móviles que han sido comprados de manera irregular; el pago ilegal de 1,3 millones de bolivianos a clínicas privadas para la atención de los heridos de la caída de la pasarela en el carnaval del 2014; la obra ´fantasma´ de un recapado que nunca se ejecutó en inmediaciones de la Ranchería; la compra de piedra bolón de manera irregular para proyectos de asfaltado; entre otros que sabemos ya han sido denunciados en la Fiscalía", mencionó Vargas.
Entre los procesos que aún continúan en investigación, están la construcción del monumento escultórico a la Virgen del Socavón; el asfaltado de las calles circundantes a la Terminal de Buses; el pavimentado de la avenida Al Valle, además del proyecto del asfalto en la Tomás Frías, entre otros.
"Seguiremos trabajando en estos casos de manera responsable. En algunos casos estamos aguardando los informes de laboratorio que se hicieron", agregó la autoridad.
El jefe de la Unidad de Transparencia, Jorge Vargas, aseguró que desde que asumieron esta dependencia edil, se ha trabajado responsablemente para combatir los hechos de corrupción y transparentar la gestión municipal.
"En un balance general, creemos que se ha tenido una muy buena gestión en este tema. Se ha sentado un buen precedente y consideramos que los funcionarios deben tener en cuenta, que los actos de corrupción van a ser sancionados e investigados; y fundamentalmente queremos introducir una cultura de transparencia en la gestión edil", señaló.
Vargas informó que a la fecha, de los 48 casos investigados durante estos siete meses, 20 ya han sido concluidos y cuentan con un informe final; el mismo que ha sido remitido al Ejecutivo Municipal, para que disponga las acciones correspondientes, que en algunos casos, es la derivación a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, para plantear una denuncia formal ante el Ministerio Público.
"Entre los casos más relevantes que hemos concluido, podemos mencionar el de los retenes móviles que han sido comprados de manera irregular; el pago ilegal de 1,3 millones de bolivianos a clínicas privadas para la atención de los heridos de la caída de la pasarela en el carnaval del 2014; la obra ´fantasma´ de un recapado que nunca se ejecutó en inmediaciones de la Ranchería; la compra de piedra bolón de manera irregular para proyectos de asfaltado; entre otros que sabemos ya han sido denunciados en la Fiscalía", mencionó Vargas.
Entre los procesos que aún continúan en investigación, están la construcción del monumento escultórico a la Virgen del Socavón; el asfaltado de las calles circundantes a la Terminal de Buses; el pavimentado de la avenida Al Valle, además del proyecto del asfalto en la Tomás Frías, entre otros.
"Seguiremos trabajando en estos casos de manera responsable. En algunos casos estamos aguardando los informes de laboratorio que se hicieron", agregó la autoridad.
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