Si bien los 16 procesados del caso Rózsa aún mantienen las esperanzas de ser considerados inocentes de los delitos de alzamiento armado y terrorismo, la sensación de que el fallo final será de culpabilidad crece cada vez más entre ellos por la forma en que se lleva adelante este juicio, que es uno de los más largos, pues se viene prolongando desde hace más de tres años. Muchos de ellos están resignados, aunque admiten que darán pelea hasta el final.
La gestión que acaba los dejó con cinco implicados que decidieron recuperar su libertad inculpándose y aceptando haber sido parte de un intento de alzamiento armado contra la gestión gubernamental de Evo Morales, pese a que siempre indicaron que todo el caso fue armado.
El golpe de los testimonios de Juan Kudelka, Mario Tadic, Elöd Tóásó, Ignacio Villa Vargas y Zoilo Salces, que decidieron declararse culpables en procedimientos abreviados, permitió reafirmar la acusación del Ministerio Público, que en varias oportunidades hizo aguas frente a las declaraciones de autoridades que siguieron de cerca el caso y afirmaron que todo lo que sustenta el juicio es un montaje político.
“El juicio está muy digitado. Lastimosamente no ha llegado la justicia a nuestro proceso. El Poder Judicial está siendo manipulado por el Gobierno”, aseguró Alcides Mendoza, uno de los cuatro enjuiciados que se defiende desde el penal de Palmasola.
Él está preso desde hace más de seis años y en 2016 cumplirá su séptimo año con detención preventiva, el mismo tiempo que se cumplirá en abril desde que las fuerzas policiales realizaron un operativo en el hotel Las Américas, acabando con la vida de Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
Para Mendoza, ex dirigente vecinal, las 10 personas que la Fiscalía presentó como testigos de cargo en 2015, son parte de una estrategia para distraer la atención, porque, en su criterio, las declaraciones que brindaron no aportaron nada nuevo.
Sin embargo, rescata los testimonios donde se cuenta cómo policías y personeros del Gobierno ingresaron al hotel Las Américas, entre ellos el ex agente gubernamental Luis Clavijo, que estuvo hospedado en el hotel donde murió Rózsa y que se fue sin pagar antes de la redada policial.
Gelafio Santiesteban, preso en Palmasola, tampoco ve con esperanza el futuro. Asegura que seguirá dando batalla en 2016, pese a haberse vencido todos los plazos procesales para su procesamiento y aunque los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz le negaron la cesación a la detención preventiva con argumentos que él considera poco consistentes, como tener que probar que es padre de una niña con documentos idóneos siendo que los mismos juzgadores le dieron permiso para que salga del penal para su cumpleaños.
El final del juicio
El fiscal Sergio Céspedes, que acompañó al exfiscal Marcelo Soza en las primeras diligencias judiciales, destacó los avances en cuanto a la presentación de testigos y dijo que, pese a los inconvenientes registrados durante las audiencias, el juicio está teniendo un buen avance.
“Hay voluntad de los testigos para asistir a las audiencias y decir su verdad; sin embargo, no se puede hacer nada cuando ellos vienen y se generan dilaciones maliciosas para alargar esta etapa”, expresó el representante del Ministerio Público, que, junto con sus colegas Marco Antonio Rodríguez, Iván Ortiz y Óscar Vega, está al frente del proceso.
Consultado sobre una fecha para el final del juicio, Céspedes dijo no tener una respuesta concreta y solo se limitó a señalar que hay avances en el juicio.
El general en servicio pasivo Gary Prado Salmón, uno de los 16 procesados que asisten periódicamente al juicio, cree que al final de 2016 tampoco se tendrá respuesta para esta interrogante. “Creo que seguiremos haciéndonos la misma pregunta, ¿cuándo terminará esto?, porque realmente es una chacota”.
Prado cree que la Fiscalía trata de alargar el caso para cansarlos, pero asegura que “no lo conseguirá”.
Miradas políticas
Juan Carlos Guedes, que está preso hace más de seis años, hace un análisis más político de lo que sucede en su juicio. Él cree que todas las miradas están puestas en la decisión que asumirá la gente en el referéndum del 21 de febrero. “Si gana el Sí, nos atacarán con fuerza en el proceso.
Si gana el No, bajará un poco la intensidad de esas acciones”, indicó el ex dirigente unionista, acusado de ser uno de los proveedores de armas al supuesto grupo armado liderado por Rózsa.
El análisis de Santiesteban es similar y añade que si la apuesta gubernamental no recibe el apoyo de la gente, los operadores de justicia empezarán a tener mayor cuidado por la legalidad de sus acciones. “Si gana el Sí, probablemente se endurezcan las cosas, pero esto no puede empeorar más de lo que ya está”, apuntó.
El proceso, que este año cumple siete años, se reiniciará el 4 de enero con cuatro personas presas, 12 con libertad provisional, cinco sentenciados y 18 sindicados que fugaron del país
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