jueves, 5 de julio de 2018
miércoles, 4 de julio de 2018
Bienes públicos para uso particular Formalizan denuncia contra Fiscal General
El asambleísta departamental de Chuquisaca Eusebio Cordero y el abogado Luis Ayllón formalizaron ayer, martes, una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la fiesta de cumpleaños del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, realizada en el salón de audiencias de esa institución.
Los denunciantes consideran que hubo uso indebido de bienes del Estado para la fiesta de Guerrero, cuyas imágenes circulan por las redes sociales, por lo que pidieron al Ministerio Público que identifique al autor o autores del hecho para que sean sancionados.
“Los funcionarios que han organizado (el festejo para el Fiscal General) ingresando bebidas alcohólicas a un salón oficial, donde se hacen las audiencias, las conferencias de prensa, no pueden quedar impunes, debe sancionarse y sentenciar más allá del cargo que están ejerciendo”, afirmó el abogado Ayllón, en declaraciones públicas efectuadas en Sucre.
El abogado y el asambleísta Eusebio Cordero plantearon la denuncia penal, presentando como prueba imágenes del evento particular, realizado en el edifico de la Fiscalía General del Estado, las cuales circulan en las redes sociales, por lo que exigen al Ministerio Público realice la investigación de manera imparcial.
NO MERECE COMENTARIO
En criterio del fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, este tema no merece mayor comentario. Sin embargo, aseguró que en oficinas del “Ministerio Público no se han organizado ni se van a organizar borracheras, farras, ni mucho menos fiestas”.
No obstante, Ayllón aseguró que la fiesta de cumpleaños del fiscal Guerrero no sería el único de estas características realizado en oficinas públicas. “Queremos adelantar que no es el único caso que se hubiera dado de este tipo de hechos irregulares. Se va a hacer conocer en su oportunidad otros casos, que obviamente tendrá que explicar el Fiscal Guerrero, esta vez sobre supuestos actos de corrupción.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Por otra parte, en recientes declaraciones, la diputada por Chuquisaca (UD) Lourdes Millares informó que remitió una carta al Ministerio de Justicia para que investigue y sancione el uso indebido de bienes del Estado, luego de que se hiciera público un video que muestra el festejo en el salón de la Fiscalía General.
Se ha tomado la decisión de que este tema pase a conocimiento del Ministerio de Justicia, para que se constituya en accionante”, afirmó Millares, tras señalar que sus colegas Gonzalo Barrientos, Cinthia Sequeiros, Milenka Nina, Luis Alberto Vaca, Kary Mariscal y Oscar Urquizo remitieron otra nota a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se tramite un informe escrito al Fiscal General sobre las denuncias de uso de instalaciones estatales donde celebró su cumpleaños.
La diputada aseguró que si el Ministerio de Justicia no toma acciones sancionatorias en contra de los responsables del mal uso de las instalaciones de la Fiscalía, se confirmará “de cara al país”, la protección de estos hechos.
FISCAL DEL MAS
Sólo un día antes de que se revele el video, la bancada de Unidad Demócrata (UD) calificó al Fiscal Guerrero como “el peor Fiscal General que ha tenido Bolivia en los últimos tiempos y su evidente apego al MAS”.
A su vez, el diputado Wilson Santamaría calificó a Guerreo como el peor fiscal de las últimas décadas. “Yo creo que es el peor fiscal general de los últimos 25 años, por los innumerables casos de corrupción de los fiscales, por la excesiva intromisión política del Ejecutivo y por la actitud permisiva de Ramiro Guerrero respecto a los fiscales denunciados por corrupción”, declaró. (EL DIARIO- Agencias)
Los denunciantes consideran que hubo uso indebido de bienes del Estado para la fiesta de Guerrero, cuyas imágenes circulan por las redes sociales, por lo que pidieron al Ministerio Público que identifique al autor o autores del hecho para que sean sancionados.
“Los funcionarios que han organizado (el festejo para el Fiscal General) ingresando bebidas alcohólicas a un salón oficial, donde se hacen las audiencias, las conferencias de prensa, no pueden quedar impunes, debe sancionarse y sentenciar más allá del cargo que están ejerciendo”, afirmó el abogado Ayllón, en declaraciones públicas efectuadas en Sucre.
El abogado y el asambleísta Eusebio Cordero plantearon la denuncia penal, presentando como prueba imágenes del evento particular, realizado en el edifico de la Fiscalía General del Estado, las cuales circulan en las redes sociales, por lo que exigen al Ministerio Público realice la investigación de manera imparcial.
NO MERECE COMENTARIO
En criterio del fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, este tema no merece mayor comentario. Sin embargo, aseguró que en oficinas del “Ministerio Público no se han organizado ni se van a organizar borracheras, farras, ni mucho menos fiestas”.
No obstante, Ayllón aseguró que la fiesta de cumpleaños del fiscal Guerrero no sería el único de estas características realizado en oficinas públicas. “Queremos adelantar que no es el único caso que se hubiera dado de este tipo de hechos irregulares. Se va a hacer conocer en su oportunidad otros casos, que obviamente tendrá que explicar el Fiscal Guerrero, esta vez sobre supuestos actos de corrupción.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Por otra parte, en recientes declaraciones, la diputada por Chuquisaca (UD) Lourdes Millares informó que remitió una carta al Ministerio de Justicia para que investigue y sancione el uso indebido de bienes del Estado, luego de que se hiciera público un video que muestra el festejo en el salón de la Fiscalía General.
Se ha tomado la decisión de que este tema pase a conocimiento del Ministerio de Justicia, para que se constituya en accionante”, afirmó Millares, tras señalar que sus colegas Gonzalo Barrientos, Cinthia Sequeiros, Milenka Nina, Luis Alberto Vaca, Kary Mariscal y Oscar Urquizo remitieron otra nota a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se tramite un informe escrito al Fiscal General sobre las denuncias de uso de instalaciones estatales donde celebró su cumpleaños.
La diputada aseguró que si el Ministerio de Justicia no toma acciones sancionatorias en contra de los responsables del mal uso de las instalaciones de la Fiscalía, se confirmará “de cara al país”, la protección de estos hechos.
FISCAL DEL MAS
Sólo un día antes de que se revele el video, la bancada de Unidad Demócrata (UD) calificó al Fiscal Guerrero como “el peor Fiscal General que ha tenido Bolivia en los últimos tiempos y su evidente apego al MAS”.
A su vez, el diputado Wilson Santamaría calificó a Guerreo como el peor fiscal de las últimas décadas. “Yo creo que es el peor fiscal general de los últimos 25 años, por los innumerables casos de corrupción de los fiscales, por la excesiva intromisión política del Ejecutivo y por la actitud permisiva de Ramiro Guerrero respecto a los fiscales denunciados por corrupción”, declaró. (EL DIARIO- Agencias)
Jueza aprehendida por supuestos documentos falsos
El Juzgado de Sentencia Cuarto en lo Penal fue intervenido ayer por la División Anticorrupción de la Fuerza Anticrimen de La Paz, luego de que el abogado Humberto Borges presentara una denuncia donde afirma que admitió documentación falsificada, en el juicio por una propiedad ubicada en pleno centro paceño.
El juzgado fue intervenido cerca de las 11.00 horas, luego de que se dio inicio a la segunda audiencia del juicio de orden privado, donde figura como denunciante Gastón Cárdenas y como denunciadas tres personas de la tercera edad, Juan Zelaya, Guadalupe Rodríguez y Elsa Lazarte, quienes como inquilinos (anticrético) ocupan el inmueble Nº 1541, ubicado en la avenida Illimani esquina calle Bueno, que es una propiedad en litigio.
Borges observó que sus clientes fueron denunciadas por la supuesta comisión de los delitos de “coacción y amenazas”, en tanto que la jueza habría abierto el juicio incluyendo una tercera tipificación, “daño calificado”.
El proceso, según la explicación de Borges, fue iniciado por la familia Cárdenas con el fin de desalojar a los tres ancianos, presentado documentos falsos para justificar su derecho propietario, hecho que fue denunciado con memoriales a la jueza Patricia Mendoza, quien no habría atendido la demanda, desconociendo una pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en 2012, la que generó la denuncia en la Policía.
JUEZA Y SECRETARIA
El jefe de la División Anticorrupción, mayor Luis Fernando Guarachi, confirmó que en el operativo se condujo a oficinas de la Policía a la jueza Patricia Mendoza y a la secretaria Andrea Telleria, en calidad de arrestadas, imputadas por los delitos de uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes, quienes deben presentar ahora sus descargos.
“Estamos iniciado un juicio, la valoración de la prueba la hago en el transcurso del trámite, no puedo adelantar criterio alguo sobre la prueba que se me está presentando; existe una etapa probatoria en el juicio oral, de acuerdo a norma, donde se va proceder a la valoración de la prueba, es en esa etapa donde yo me voy a pronunciar como juez. Antes no puedo señalar que una prueba es falsa sin haber ingresado en la etapa judicial”, aseguró la jueza Mendoza en breve contacto con la prensa, antes de ser conducida a las celdas de la Fuerza Anticrimen.
DOCUMENTO FALSO
Borges rechazó la versión de la jueza Mendoza y aseveró que para que no se someta a un juicio injusto e innecesario a tres ancianos, se presentó una apelación incidental la cual fue desatendida por la magistrada.
El abogado aseguró que la familia Cárdenas “hace uso de documentos falsos, reconocimientos de firmas y rúbricas y un anticipo de legítimas fechada en el año 1900, cuando la madre del imputado (Gastón Cárdenas) no había nacido, ya que ella nació en 1922, creo con eso uno tiene claro todo”, señaló el abogado.
A su vez, Cárdenas rechazó las denuncias, y señaló que existió un error administrativo y que la propiedad le fue otorgada a su madre en 1957, además que los documentos fueron sometidos a un anterior proceso, pero el mismo fue extinguido sin resultados.
“Se pretende despojarme de un bien inmueble que viene de mis abuelos, de la que tengo toda la documentación, ese bien patrimonial ha despertado el interés de personas inescrupulosas, que viven gratis”, afirmó Cárdenas.
Por su lado, Zelaya, Rodríguez y Lazarte se declararon víctimas de la familia Cárdenas, a la que le atribuyen haber falsificado documentos y causado deterioros en la casa, declarada patrimonial para obligarlos al desalojo sin reconocer las deudas que tienen con ellos por el anticrético, además que en años pasado les abrieron procesos con falsas denuncias, incluso por robo de garrafas.
Las tres personas señalan como propietarias del inmueble a las familias Sánchez y Jiménez, y aseguraron que la familia Cárdenas no logró intimidarlos por lo que le iniciaron el juicio.
El juzgado fue intervenido cerca de las 11.00 horas, luego de que se dio inicio a la segunda audiencia del juicio de orden privado, donde figura como denunciante Gastón Cárdenas y como denunciadas tres personas de la tercera edad, Juan Zelaya, Guadalupe Rodríguez y Elsa Lazarte, quienes como inquilinos (anticrético) ocupan el inmueble Nº 1541, ubicado en la avenida Illimani esquina calle Bueno, que es una propiedad en litigio.
Borges observó que sus clientes fueron denunciadas por la supuesta comisión de los delitos de “coacción y amenazas”, en tanto que la jueza habría abierto el juicio incluyendo una tercera tipificación, “daño calificado”.
El proceso, según la explicación de Borges, fue iniciado por la familia Cárdenas con el fin de desalojar a los tres ancianos, presentado documentos falsos para justificar su derecho propietario, hecho que fue denunciado con memoriales a la jueza Patricia Mendoza, quien no habría atendido la demanda, desconociendo una pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en 2012, la que generó la denuncia en la Policía.
JUEZA Y SECRETARIA
El jefe de la División Anticorrupción, mayor Luis Fernando Guarachi, confirmó que en el operativo se condujo a oficinas de la Policía a la jueza Patricia Mendoza y a la secretaria Andrea Telleria, en calidad de arrestadas, imputadas por los delitos de uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes, quienes deben presentar ahora sus descargos.
“Estamos iniciado un juicio, la valoración de la prueba la hago en el transcurso del trámite, no puedo adelantar criterio alguo sobre la prueba que se me está presentando; existe una etapa probatoria en el juicio oral, de acuerdo a norma, donde se va proceder a la valoración de la prueba, es en esa etapa donde yo me voy a pronunciar como juez. Antes no puedo señalar que una prueba es falsa sin haber ingresado en la etapa judicial”, aseguró la jueza Mendoza en breve contacto con la prensa, antes de ser conducida a las celdas de la Fuerza Anticrimen.
DOCUMENTO FALSO
Borges rechazó la versión de la jueza Mendoza y aseveró que para que no se someta a un juicio injusto e innecesario a tres ancianos, se presentó una apelación incidental la cual fue desatendida por la magistrada.
El abogado aseguró que la familia Cárdenas “hace uso de documentos falsos, reconocimientos de firmas y rúbricas y un anticipo de legítimas fechada en el año 1900, cuando la madre del imputado (Gastón Cárdenas) no había nacido, ya que ella nació en 1922, creo con eso uno tiene claro todo”, señaló el abogado.
A su vez, Cárdenas rechazó las denuncias, y señaló que existió un error administrativo y que la propiedad le fue otorgada a su madre en 1957, además que los documentos fueron sometidos a un anterior proceso, pero el mismo fue extinguido sin resultados.
“Se pretende despojarme de un bien inmueble que viene de mis abuelos, de la que tengo toda la documentación, ese bien patrimonial ha despertado el interés de personas inescrupulosas, que viven gratis”, afirmó Cárdenas.
Por su lado, Zelaya, Rodríguez y Lazarte se declararon víctimas de la familia Cárdenas, a la que le atribuyen haber falsificado documentos y causado deterioros en la casa, declarada patrimonial para obligarlos al desalojo sin reconocer las deudas que tienen con ellos por el anticrético, además que en años pasado les abrieron procesos con falsas denuncias, incluso por robo de garrafas.
Las tres personas señalan como propietarias del inmueble a las familias Sánchez y Jiménez, y aseguraron que la familia Cárdenas no logró intimidarlos por lo que le iniciaron el juicio.
Nueva orden de aprehensión contra Eduardo León
La juez tercero anticorrupción, Claudia Castro, volvió a declarar rebelde y emitió una orden de aprehensión en contra del abogado Eduardo León, denunciado por violencia intrafamiliar y agredir físicamente a su esposa, cuya defensa interpuso acciones de libertad contra la misma juez.
Según afirmaciones de la juez Castro, el pasado jueves su autoridad volvió a emitir una orden de aprehensión contra Eduardo León a pedido de la comisión de fiscales conformada por Ebert Torrejón y Samuel Lima, dentro del proceso de violencia familiar que se sigue a León a denuncia de su expareja.
Por su lado, la abogada de León, Suleika Lanza, señaló que la resolución emitida por la juez Castro es ilegal y consideran que la autoridad debería recusarse, por lo que han planteado una nueva acción de libertad cuya fecha aún no se ha definido.
Lanza recordó que la juez Castro ha declarado de forma pública que la denunció por un supuesto consorcio y esto crea un conflicto de intereses, revelando una enemistad manifiesta hacia ella y su cliente por parte de la magistrada.
ACCIONES DE LIBERTAD
Asimismo, Castro informó que el sábado y domingo recientes se realizaron dos acciones de libertad interpuestas en su contra, una por la defensa de León y otra por el juez Daniel Huaynoca, por el otro caso de consorcio donde se suspendió a los miembros del Tribunal Tercero de Sentencia del cual forma parte Huaynoca, por supuesto consumo de bebidas alcohólicas.
Aseguró que ninguna de las acciones de libertad favoreció a León o Huaynoca y al contrario señala cuenta con las resoluciones de rechazo de las mismas.
A su turno, Lanza señaló que consideran ilegal la resolución emitida por la juez Castro el pasado jueves en contra de León, por lo que presentó otra acción de libertad que se tramitará en el Tribunal Tercero de Sentencia donde hace dos semanas se dio el caso de consorcio.
Según afirmaciones de la juez Castro, el pasado jueves su autoridad volvió a emitir una orden de aprehensión contra Eduardo León a pedido de la comisión de fiscales conformada por Ebert Torrejón y Samuel Lima, dentro del proceso de violencia familiar que se sigue a León a denuncia de su expareja.
Por su lado, la abogada de León, Suleika Lanza, señaló que la resolución emitida por la juez Castro es ilegal y consideran que la autoridad debería recusarse, por lo que han planteado una nueva acción de libertad cuya fecha aún no se ha definido.
Lanza recordó que la juez Castro ha declarado de forma pública que la denunció por un supuesto consorcio y esto crea un conflicto de intereses, revelando una enemistad manifiesta hacia ella y su cliente por parte de la magistrada.
ACCIONES DE LIBERTAD
Asimismo, Castro informó que el sábado y domingo recientes se realizaron dos acciones de libertad interpuestas en su contra, una por la defensa de León y otra por el juez Daniel Huaynoca, por el otro caso de consorcio donde se suspendió a los miembros del Tribunal Tercero de Sentencia del cual forma parte Huaynoca, por supuesto consumo de bebidas alcohólicas.
Aseguró que ninguna de las acciones de libertad favoreció a León o Huaynoca y al contrario señala cuenta con las resoluciones de rechazo de las mismas.
A su turno, Lanza señaló que consideran ilegal la resolución emitida por la juez Castro el pasado jueves en contra de León, por lo que presentó otra acción de libertad que se tramitará en el Tribunal Tercero de Sentencia donde hace dos semanas se dio el caso de consorcio.
MAS planteó proceso penal contra exsubprocuradora
El oficialismo planteó que el Ministerio Público inicie una investigación penal contra la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, quien fue procesada por la vía administrativa por revelar documentos del posible acuerdo entre el Estado boliviano y la empresa chilena Quiborax.
“No es creíble las declaraciones de la subprocuradora (Carmiña Llorenti), no se puede entender que esta documentación haya sido entregada a la contraparte, lo que corresponde es que el Ministerio Público inicie un proceso penal de oficio en contra de esta señora y se pueda adecuar tipos penales por las irregularidades que cometió”, planteó el diputado del MAS, Víctor Borda.
Sin embargo, la intención fue rechazada por la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares, quien señaló que la estrategia del partido oficialista es inculpar a los funcionarios de bajo rango y no se investigan a las máximas autoridades de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia, siendo las llamadas por ley a la defensa del Estado.
PROCESO
Carmiña Llorenti, durante una reunión de negociación con los representantes legales de Quiborax, en el 2016, prestó su computadora a Rodrigo Gil, uno de los representantes legales de la firma chilena para que enviara un documento, pero este aprovechó para reenviarse a su correo personal documentos de un posible acuerdo entre ambas partes.
La Procuraduría le inició un proceso administrativo disciplinario después de 14 meses del incidente, posteriormente destituida del cargo por filtrar esta información.
Borda indicó que es posible que la exfuncionaria haya recibido alguna dádiva y esto debe ser investigado por las autoridades competentes, además que eso explica por qué no se llegó a un acuerdo amistoso entre el Estado boliviano y la empresa chilena.
“En caso de comprobarse que haya recibido alguna dadiva son delitos de corrupción y de no comprobarse se puede investigar por el hecho de revelar documentación de interés nacional”, destacó el legislador.
Antes de ser posesionada en 2015 como subprocuradora, fue directora general ejecutiva en la Escuela de Abogados del Estado Evo Morales Ayma, dependiente de esa instancia.
DECLARACIONES
Según informe oficial, se conoce que la exautoridad se presentará declarar hoy ante la Fiscalía General del Estado sobre el caso.
El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que hasta el momento comparecieron ante esta instancia al menos 9 personas, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, los exministros Gustavo Pedraza y Luis Fernando Fajalde. De estos seis fueron en calidad de testigos y tres como investigados.
Luis Fernando Fajalde y Carlos Mesa se abstuvieron a declarar, este último se remitió a los tres memoriales que presentó ante esa instancia, donde hace conocer su postura y pide la ampliación de la denuncia contra servidores públicos del gobierno de Evo Morales.
“No es creíble las declaraciones de la subprocuradora (Carmiña Llorenti), no se puede entender que esta documentación haya sido entregada a la contraparte, lo que corresponde es que el Ministerio Público inicie un proceso penal de oficio en contra de esta señora y se pueda adecuar tipos penales por las irregularidades que cometió”, planteó el diputado del MAS, Víctor Borda.
Sin embargo, la intención fue rechazada por la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares, quien señaló que la estrategia del partido oficialista es inculpar a los funcionarios de bajo rango y no se investigan a las máximas autoridades de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia, siendo las llamadas por ley a la defensa del Estado.
PROCESO
Carmiña Llorenti, durante una reunión de negociación con los representantes legales de Quiborax, en el 2016, prestó su computadora a Rodrigo Gil, uno de los representantes legales de la firma chilena para que enviara un documento, pero este aprovechó para reenviarse a su correo personal documentos de un posible acuerdo entre ambas partes.
La Procuraduría le inició un proceso administrativo disciplinario después de 14 meses del incidente, posteriormente destituida del cargo por filtrar esta información.
Borda indicó que es posible que la exfuncionaria haya recibido alguna dádiva y esto debe ser investigado por las autoridades competentes, además que eso explica por qué no se llegó a un acuerdo amistoso entre el Estado boliviano y la empresa chilena.
“En caso de comprobarse que haya recibido alguna dadiva son delitos de corrupción y de no comprobarse se puede investigar por el hecho de revelar documentación de interés nacional”, destacó el legislador.
Antes de ser posesionada en 2015 como subprocuradora, fue directora general ejecutiva en la Escuela de Abogados del Estado Evo Morales Ayma, dependiente de esa instancia.
DECLARACIONES
Según informe oficial, se conoce que la exautoridad se presentará declarar hoy ante la Fiscalía General del Estado sobre el caso.
El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que hasta el momento comparecieron ante esta instancia al menos 9 personas, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, los exministros Gustavo Pedraza y Luis Fernando Fajalde. De estos seis fueron en calidad de testigos y tres como investigados.
Luis Fernando Fajalde y Carlos Mesa se abstuvieron a declarar, este último se remitió a los tres memoriales que presentó ante esa instancia, donde hace conocer su postura y pide la ampliación de la denuncia contra servidores públicos del gobierno de Evo Morales.
MAS fijó línea con Procurador por Quiborax
A pocas horas de la interpelación a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, por el caso Quiborax, la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) se reunió con el procurador general del Estado, Pablo Menacho, para trazar lineamientos y responsabilizar del fallo del arbitraje internacional al expresidente, Carlos Mesa, denunció la oposición en el Legislativo.
El encuentro fue confirmado por parlamentarios del oficialismo.
“El Procurador nos ha informado sobre los errores procedimentales que se ha cometido por parte de un exdignatario de Estado (Carlos Mesa) a la hora de no dar respuesta a la empresa chilena que fue beneficiada por un fallo en un laudo internacional. Nos ha mostrado que se han cometido errores a la hora de realizar la reversión que no está en el marco de la ley”, afirmó el diputado del MAS, Sergio Choque, al ser consultado cuál el objetivo de la reunión con el Procurador General del Estado.
En un comunicado de la bancada nacional del MAS se hizo conocer que la asistencia de Menacho estaba programada para las 7.30 horas de ayer en instalaciones de la Vicepresidencia y se convocó a todos los jefes de bancada departamentales.
Al concluir la reunión el Procurador salió por la parte posterior de ese ambiente evitando tener contacto con los medios de comunicación.
En ese marco, el oficialismo también adelantó que los ministros que serán interpelados hoy no serán censurados en tanto que la oposición protestó por una abierta intromisión. Exigieron que se tomen en cuenta sus preguntas.
REUNIÓN
La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, indicó que la intencionalidad de esta reunión es para direccionar la decisión que vaya a tomar la bancada oficialista con relación a las interpelaciones.
“La presencia del Procurador establece una directriz política a los miembros de la bancada del MAS y el rodillo de los dos tercios van a permitir que el ministro Héctor Arce se lave las manos y de forma paralela le lave la cara al Presidente Evo Morales”, afirmó.
Por su parte, el diputado Víctor Borda (MAS) descartó que se haya llevado una reunión de coordinación con el Procurador y que se hayan definido lineamientos para la interpelación de hoy. Aseguró que era un encuentro para que les den mayor información en base a la documentación que se generó en el laudo arbitral ante la Ciadi.
En tanto, su colega, Betty Yañíquez, una de las interpelantes a ambas autoridades ministeriales señaló que la presencia de Menacho en la reunión de bancada fue para que brinde mayor información sobre el caso con la documentación pertinente, además se pidió información sobre la situación de Carmiña Llorenti, exsubprocuradora quien hubiera enviado documentación a la defensa legal de Quiborax.
INTERPELACIÓN CON APLAUSOS
Choque indicó que todos los titulares de las carteras de Estado que fueron interpelados durante los 12 años de gobierno de Evo Morales salen aplaudidos, y anticipó que hoy será de la misma forma, donde se declara una orden del día pura y simple.
Sin embargo, este criterio no fue compartido por la diputada oficialista Concepción Ortiz, quien señaló que la declaración, de voto de confianza a estas autoridades, son tomadas por la bancada nacional y de forma personal no pueden “ir contra la corriente”. Aunque señaló que esperarán el informe de ambas autoridades para tomar una decisión.
CONSTITUCIÓN
El artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), en su inciso 18, establece que la función del Legislativo es interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta, a los ministros de Estado y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La censura implicará la destitución del ministro sometido a ese proceso de fiscalización.
Por ejemplo, una de las más observadas, Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, fue una de las primeras autoridades sometidas a interpelación en 2015, por el caso de corrupción de Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc). Achacollo no fue censurada.
En 2016, fueron interpelados el canciller David Choquehuanca, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el ministro de Defensa Reimy Ferreira, el de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero. Todos recibieron respaldo y aplausos de los dos tercios del MAS.
RESERVA
El presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa, sugirió que este proceso de investigación sea tratado en reserva por tratarse de un tema que implica la seguridad del Estado.
Ante esto, Millares indicó que esta decisión sería una orden para el órgano judicial y declare en reserva las investigaciones, con la finalidad de evitar que se impliquen a autoridades de gobierno.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
Por último, Millares indicó el informe de los ministros durante la interpelación tendrán el objetivo político, que es descargar toda la responsabilidad contra el expresidente Carlos Mesa y en mandos intermedios, como en el caso de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti.
Lamentó que hasta el momento la Asamblea Legislativa no haya autorizado los juicios de responsabilidad contra el dignatario, que hasta la fecha ascienden a 9 procesos, entre ellos el caso de la Calancha-Chuquisaca (2009) y que no han merecido el tratamiento dentro de esa instancia.
El encuentro fue confirmado por parlamentarios del oficialismo.
“El Procurador nos ha informado sobre los errores procedimentales que se ha cometido por parte de un exdignatario de Estado (Carlos Mesa) a la hora de no dar respuesta a la empresa chilena que fue beneficiada por un fallo en un laudo internacional. Nos ha mostrado que se han cometido errores a la hora de realizar la reversión que no está en el marco de la ley”, afirmó el diputado del MAS, Sergio Choque, al ser consultado cuál el objetivo de la reunión con el Procurador General del Estado.
En un comunicado de la bancada nacional del MAS se hizo conocer que la asistencia de Menacho estaba programada para las 7.30 horas de ayer en instalaciones de la Vicepresidencia y se convocó a todos los jefes de bancada departamentales.
Al concluir la reunión el Procurador salió por la parte posterior de ese ambiente evitando tener contacto con los medios de comunicación.
En ese marco, el oficialismo también adelantó que los ministros que serán interpelados hoy no serán censurados en tanto que la oposición protestó por una abierta intromisión. Exigieron que se tomen en cuenta sus preguntas.
REUNIÓN
La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, indicó que la intencionalidad de esta reunión es para direccionar la decisión que vaya a tomar la bancada oficialista con relación a las interpelaciones.
“La presencia del Procurador establece una directriz política a los miembros de la bancada del MAS y el rodillo de los dos tercios van a permitir que el ministro Héctor Arce se lave las manos y de forma paralela le lave la cara al Presidente Evo Morales”, afirmó.
Por su parte, el diputado Víctor Borda (MAS) descartó que se haya llevado una reunión de coordinación con el Procurador y que se hayan definido lineamientos para la interpelación de hoy. Aseguró que era un encuentro para que les den mayor información en base a la documentación que se generó en el laudo arbitral ante la Ciadi.
En tanto, su colega, Betty Yañíquez, una de las interpelantes a ambas autoridades ministeriales señaló que la presencia de Menacho en la reunión de bancada fue para que brinde mayor información sobre el caso con la documentación pertinente, además se pidió información sobre la situación de Carmiña Llorenti, exsubprocuradora quien hubiera enviado documentación a la defensa legal de Quiborax.
INTERPELACIÓN CON APLAUSOS
Choque indicó que todos los titulares de las carteras de Estado que fueron interpelados durante los 12 años de gobierno de Evo Morales salen aplaudidos, y anticipó que hoy será de la misma forma, donde se declara una orden del día pura y simple.
Sin embargo, este criterio no fue compartido por la diputada oficialista Concepción Ortiz, quien señaló que la declaración, de voto de confianza a estas autoridades, son tomadas por la bancada nacional y de forma personal no pueden “ir contra la corriente”. Aunque señaló que esperarán el informe de ambas autoridades para tomar una decisión.
CONSTITUCIÓN
El artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), en su inciso 18, establece que la función del Legislativo es interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta, a los ministros de Estado y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La censura implicará la destitución del ministro sometido a ese proceso de fiscalización.
Por ejemplo, una de las más observadas, Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, fue una de las primeras autoridades sometidas a interpelación en 2015, por el caso de corrupción de Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc). Achacollo no fue censurada.
En 2016, fueron interpelados el canciller David Choquehuanca, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el ministro de Defensa Reimy Ferreira, el de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero. Todos recibieron respaldo y aplausos de los dos tercios del MAS.
RESERVA
El presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa, sugirió que este proceso de investigación sea tratado en reserva por tratarse de un tema que implica la seguridad del Estado.
Ante esto, Millares indicó que esta decisión sería una orden para el órgano judicial y declare en reserva las investigaciones, con la finalidad de evitar que se impliquen a autoridades de gobierno.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
Por último, Millares indicó el informe de los ministros durante la interpelación tendrán el objetivo político, que es descargar toda la responsabilidad contra el expresidente Carlos Mesa y en mandos intermedios, como en el caso de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti.
Lamentó que hasta el momento la Asamblea Legislativa no haya autorizado los juicios de responsabilidad contra el dignatario, que hasta la fecha ascienden a 9 procesos, entre ellos el caso de la Calancha-Chuquisaca (2009) y que no han merecido el tratamiento dentro de esa instancia.
Comisión Odebrecht pregunta a Mesa sobre viajes a Brasil
La Comisión mixta que investiga en el Legislativo el caso Odebrecht informó ayer que envió las preguntas por escrito a los expresidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez para que informen pormenores sobre el proceso administrativo en la construcción del tramo Roboré – El Carmen y Arroyo Concepción y la relación del Estado con funcionarios brasileños vinculados al caso Lava Jato. Mesa es el más cuestionado.
“Se les está consultando a qué viajaban tanto a Perú, si conocían a Marcos de Moura Wanderley (director de Camargo-Correa), y a Jorge Simoes Barata (representante legal de Odebrecht), si alguna vez se reunieron con ellos y qué hablaron (…) y donde estuvo presente el expresidente Mesa”, informó Susana Rivero, presidenta de la instancia legislativa.
Rivero destacó solo las preguntas dirigidas a Carlos Mesa, expresidente, y dijo que las mismas derivan de los documentos revisados; por eso inciden en detalles, por ejemplo los protocolos, la nómina de la delegación que viajó a Brasil y la firma de acuerdos en la presencia del expresidente Ignacio Lula Da Silva.
“Es un cuestionario muy puntual, muy específico con base en la documentación que la Comisión ya ha revisado, también se le consulta el tipo de protocolos que firmó una delegación que viajó a Brasil el 18 de noviembre de 2003”, puntualizó Rivero.
Aclaró que las investigaciones que están en curso son por algunos indicios que se encontraron y que los mismos deben ser resueltos en el marco de lo que hace una Comisión de una Asamblea y no en escenarios jurisdiccionales.
“Aquí nadie va ir a conminarlos como se hace una investigación jurisdiccional, esta es una Comisión de Asamblea y está muy avanzada, seguramente entraremos a detalles de la investigación financiera que hace la Unidad de Investigaciones financieras”, remarcó Rivero.
Asimismo, invitó a las exautoridades y exfuncionarios, citados en una nómina publicada días atrás, para que aporten con datos en la averiguación sobre presuntos sobornos o cobros irregulares.
“Si ven conveniente, las exautoridades presentarse ante la Comisión, pueden hacerlo, estamos en una etapa de averiguaciones e indagaciones, nosotros no somos juzgado, somos una Comisión que tiene como objetivo averiguar si hubo sobornos o no y si hay indicios suficientes sobre los mismos”, manifestó Rivero.
BREVE CRONOLOGÍA
El 3 de abril, en sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa se conformó la Comisión Mixta de Investigación sobre los vínculos de autoridades bolivianas con los de la empresa brasileña Odebrecht.
En tanto, se desarrollaba las investigaciones, según declaraciones de la presidenta de la Comisión Mixta, se determinó el primer indicio, para ampliar la investigación a la delegación negociadora que envío, el gobierno de Carlos Mesa, a Brasil el 2004.
Este indicio habría comprometido el financiamiento de otros proyectos carreteros. También se habría detectado la existencia de personas en Bolivia que habrían sido sobornadas por la empresa Camargo Correa de Marcos Moura Wanderley. Habría montos fijos y pagos en determinados periodos identificando los nombres.
En este capítulo de las investigaciones, del caso Camargo Correa, se mencionaron algunas iniciales que se identifica como uno de los sobornadores “G. G. - SNC”, esto determinó investigar a los dos exgerentes generales del ex Servicio Nacional de Caminos, José Nicolás Peredo Flores y Roberto Arauz, informaban en el comunicado de la Comisión Mixta de Investigaciones de la Cámara de Diputados.
CARLOS MESA
Anteriormente, el expresidente Carlos Mesa aclaró que los contratos con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción “no entraron en vigencia” durante su gestión por carencia de contraparte presupuestaria, sino en la de su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien adjudicó esa obra y el tramo Roboré-El Carmen a consorcios brasileños.
“Fue el Gobierno que nos sucedió el que adjudicó finalmente las obras y suscribió los contratos correspondientes (.) en mi gobierno se inició la adjudicación y la firma de contratos correspondientes para la ejecución de los tramos señalados, pero la imposibilidad de conseguir el financiamiento para la contraparte estatal impidió que estos entraran en vigencia”, escribió el exmandatario a través de su página web.
“Se les está consultando a qué viajaban tanto a Perú, si conocían a Marcos de Moura Wanderley (director de Camargo-Correa), y a Jorge Simoes Barata (representante legal de Odebrecht), si alguna vez se reunieron con ellos y qué hablaron (…) y donde estuvo presente el expresidente Mesa”, informó Susana Rivero, presidenta de la instancia legislativa.
Rivero destacó solo las preguntas dirigidas a Carlos Mesa, expresidente, y dijo que las mismas derivan de los documentos revisados; por eso inciden en detalles, por ejemplo los protocolos, la nómina de la delegación que viajó a Brasil y la firma de acuerdos en la presencia del expresidente Ignacio Lula Da Silva.
“Es un cuestionario muy puntual, muy específico con base en la documentación que la Comisión ya ha revisado, también se le consulta el tipo de protocolos que firmó una delegación que viajó a Brasil el 18 de noviembre de 2003”, puntualizó Rivero.
Aclaró que las investigaciones que están en curso son por algunos indicios que se encontraron y que los mismos deben ser resueltos en el marco de lo que hace una Comisión de una Asamblea y no en escenarios jurisdiccionales.
“Aquí nadie va ir a conminarlos como se hace una investigación jurisdiccional, esta es una Comisión de Asamblea y está muy avanzada, seguramente entraremos a detalles de la investigación financiera que hace la Unidad de Investigaciones financieras”, remarcó Rivero.
Asimismo, invitó a las exautoridades y exfuncionarios, citados en una nómina publicada días atrás, para que aporten con datos en la averiguación sobre presuntos sobornos o cobros irregulares.
“Si ven conveniente, las exautoridades presentarse ante la Comisión, pueden hacerlo, estamos en una etapa de averiguaciones e indagaciones, nosotros no somos juzgado, somos una Comisión que tiene como objetivo averiguar si hubo sobornos o no y si hay indicios suficientes sobre los mismos”, manifestó Rivero.
BREVE CRONOLOGÍA
El 3 de abril, en sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa se conformó la Comisión Mixta de Investigación sobre los vínculos de autoridades bolivianas con los de la empresa brasileña Odebrecht.
En tanto, se desarrollaba las investigaciones, según declaraciones de la presidenta de la Comisión Mixta, se determinó el primer indicio, para ampliar la investigación a la delegación negociadora que envío, el gobierno de Carlos Mesa, a Brasil el 2004.
Este indicio habría comprometido el financiamiento de otros proyectos carreteros. También se habría detectado la existencia de personas en Bolivia que habrían sido sobornadas por la empresa Camargo Correa de Marcos Moura Wanderley. Habría montos fijos y pagos en determinados periodos identificando los nombres.
En este capítulo de las investigaciones, del caso Camargo Correa, se mencionaron algunas iniciales que se identifica como uno de los sobornadores “G. G. - SNC”, esto determinó investigar a los dos exgerentes generales del ex Servicio Nacional de Caminos, José Nicolás Peredo Flores y Roberto Arauz, informaban en el comunicado de la Comisión Mixta de Investigaciones de la Cámara de Diputados.
CARLOS MESA
Anteriormente, el expresidente Carlos Mesa aclaró que los contratos con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción “no entraron en vigencia” durante su gestión por carencia de contraparte presupuestaria, sino en la de su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien adjudicó esa obra y el tramo Roboré-El Carmen a consorcios brasileños.
“Fue el Gobierno que nos sucedió el que adjudicó finalmente las obras y suscribió los contratos correspondientes (.) en mi gobierno se inició la adjudicación y la firma de contratos correspondientes para la ejecución de los tramos señalados, pero la imposibilidad de conseguir el financiamiento para la contraparte estatal impidió que estos entraran en vigencia”, escribió el exmandatario a través de su página web.
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