El juzgado fue intervenido cerca de las 11.00 horas, luego de que se dio inicio a la segunda audiencia del juicio de orden privado, donde figura como denunciante Gastón Cárdenas y como denunciadas tres personas de la tercera edad, Juan Zelaya, Guadalupe Rodríguez y Elsa Lazarte, quienes como inquilinos (anticrético) ocupan el inmueble Nº 1541, ubicado en la avenida Illimani esquina calle Bueno, que es una propiedad en litigio.
Borges observó que sus clientes fueron denunciadas por la supuesta comisión de los delitos de “coacción y amenazas”, en tanto que la jueza habría abierto el juicio incluyendo una tercera tipificación, “daño calificado”.
El proceso, según la explicación de Borges, fue iniciado por la familia Cárdenas con el fin de desalojar a los tres ancianos, presentado documentos falsos para justificar su derecho propietario, hecho que fue denunciado con memoriales a la jueza Patricia Mendoza, quien no habría atendido la demanda, desconociendo una pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en 2012, la que generó la denuncia en la Policía.
JUEZA Y SECRETARIA
El jefe de la División Anticorrupción, mayor Luis Fernando Guarachi, confirmó que en el operativo se condujo a oficinas de la Policía a la jueza Patricia Mendoza y a la secretaria Andrea Telleria, en calidad de arrestadas, imputadas por los delitos de uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes, quienes deben presentar ahora sus descargos.
“Estamos iniciado un juicio, la valoración de la prueba la hago en el transcurso del trámite, no puedo adelantar criterio alguo sobre la prueba que se me está presentando; existe una etapa probatoria en el juicio oral, de acuerdo a norma, donde se va proceder a la valoración de la prueba, es en esa etapa donde yo me voy a pronunciar como juez. Antes no puedo señalar que una prueba es falsa sin haber ingresado en la etapa judicial”, aseguró la jueza Mendoza en breve contacto con la prensa, antes de ser conducida a las celdas de la Fuerza Anticrimen.
DOCUMENTO FALSO
Borges rechazó la versión de la jueza Mendoza y aseveró que para que no se someta a un juicio injusto e innecesario a tres ancianos, se presentó una apelación incidental la cual fue desatendida por la magistrada.
El abogado aseguró que la familia Cárdenas “hace uso de documentos falsos, reconocimientos de firmas y rúbricas y un anticipo de legítimas fechada en el año 1900, cuando la madre del imputado (Gastón Cárdenas) no había nacido, ya que ella nació en 1922, creo con eso uno tiene claro todo”, señaló el abogado.
A su vez, Cárdenas rechazó las denuncias, y señaló que existió un error administrativo y que la propiedad le fue otorgada a su madre en 1957, además que los documentos fueron sometidos a un anterior proceso, pero el mismo fue extinguido sin resultados.
“Se pretende despojarme de un bien inmueble que viene de mis abuelos, de la que tengo toda la documentación, ese bien patrimonial ha despertado el interés de personas inescrupulosas, que viven gratis”, afirmó Cárdenas.
Por su lado, Zelaya, Rodríguez y Lazarte se declararon víctimas de la familia Cárdenas, a la que le atribuyen haber falsificado documentos y causado deterioros en la casa, declarada patrimonial para obligarlos al desalojo sin reconocer las deudas que tienen con ellos por el anticrético, además que en años pasado les abrieron procesos con falsas denuncias, incluso por robo de garrafas.
Las tres personas señalan como propietarias del inmueble a las familias Sánchez y Jiménez, y aseguraron que la familia Cárdenas no logró intimidarlos por lo que le iniciaron el juicio.
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