El Gobierno sospecha de la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, y del ex viceministro del sector, Javier Viscarra, por supuestos hechos de corrupción y negligencia en el caso del arbitraje iniciado por Euro Telecom International NV (ETI) a consecuencia de la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
El actual ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Evo Morales, denunció ayer ante la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, sobre las presuntas irregularidades cometidas por las ex autoridades, destituidas el 24 de diciembre del año pasado.
Menacho explicó que Rocabado firmó dos acuerdos con la italiana ETI (el 16 y el 20 de octubre del año 2009), incumpliendo las normas nacionales y sin el consentimiento del Consejo Nacional de Defensa del Estado, mediante los cuales estableció un nuevo tribunal de arbitraje “ad hoc”, distinto al del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en condiciones desfavorables para el Estado boliviano.
“El principal daño que se ha causado es la renuncia de derechos inherentes a la defensa del Estado boliviano (...). En los acuerdos, la ex ministra renunció al derecho de objetar la competencia del Centro (de arbitraje), renunció al derecho a objetar la designación de los árbitros, renunció al derecho de plantear otras objeciones a la jurisdicción del Centro. Se acordaron plazos que también son lesivos, toda vez que nosotros como Estado necesitamos contar con plazos prudenciales para poder hacer todo el análisis, toda la defensa y ahora se tiene que bajo estos acuerdos —por ejemplo—, en el peor de los casos estaríamos con un laudo para fines de enero del próximo año o diciembre de este año”, lamentó el ministro.
El 1 de mayo del 2008, el Gobierno nacionalizó Entel. Antes (octubre del 2007), la accionista mayoritaria ETI había apelado al CIADI, luego de que el Estado recuperó el 49% de las acciones que pertenecían a los bolivianos.
El consorcio pide una indemnización de $us 350 millones. Sin embargo, Bolivia ya se retiró de ese tribunal en mayo del 2007.
El 14 de octubre, Rocabado informó que ETI recurrió a un nuevo arbitraje ante un comité “ad hoc” de Naciones Unidas, y calificó al hecho de favorable para el país, porque se trataba del reconocimiento de la empresa italiana sobre la falta de competencia del CIADI, ya que Bolivia se había retirado de ese tribunal.
El 16 y el 20 de ese mismo mes, la ex ministra firmó los acuerdos para permitir que el arbitraje se vaya a otra instancia. El 3 de noviembre, La Razón informó que el CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por la italiana ETI contra el Estado boliviano a solicitud de la firma extranjera.
La orden de tomar nota de la terminación del procedimiento fue emitida por el tribunal de arbitraje el 21 de octubre del 2009, en base a la Regla 44 del Convenio CIADI.
“Si una de las partes solicita que se ponga término al procedimiento, el Tribunal (...) fijará mediante resolución el plazo dentro del cual la otra parte podrá oponerse a la terminación. Si no se formula objeción alguna por escrito dentro del plazo fijado, se presumirá que la otra parte ha consentido la terminación”, establece la mencionada regla.
Gobierno objeta los acuerdos
El ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, objetó los acuerdos —en supuesto desmedro a los intereses del Estado— firmados por la ex ministra del área Cecilia Rocabado, debido a que ella actuó fuera de sus competencias.
“Nosotros no aceptamos, no han sido autorizados estos acuerdos que han sido suscritos por la ministra Rocabado”, sostuvo la autoridad.
Explicó que la ministra actuó en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y de las normas vigentes de defensa del Estado, además de pasar por alto la aprobación del Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado.
“La ex ministra no contaba con los respectivos plenos poderes para comprometer la fe del Estado en un nuevo arbitraje internacional. El 2 de octubre del año 2009 se le autoriza a la ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, asumir defensa (en el caso Entel) exclusivamente dentro del arbitraje iniciado dentro del CIADI, donde no tiene la capacidad de iniciar un nuevo arbitraje fuera de esta esfera”, aclaró Menacho.
Hechos
Revisión • La ministra Nardi Suxo dijo que se procesará la documentación entregada por el ministro Pablo Menacho para tener resultados la próxima semana. Los delitos podrían ser “contratos lesivos al Estado” e “incumplimiento de deberes”.
Solución • Ante el hecho, el Ministro de Defensa Legal del Estado adelantó que se planteó al Consejo de Defensa una estrategia para ver cuáles son las líneas de acción que se seguirán en ese tema. Aclaró que esta información es reservada.
El actual ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Evo Morales, denunció ayer ante la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, sobre las presuntas irregularidades cometidas por las ex autoridades, destituidas el 24 de diciembre del año pasado.
Menacho explicó que Rocabado firmó dos acuerdos con la italiana ETI (el 16 y el 20 de octubre del año 2009), incumpliendo las normas nacionales y sin el consentimiento del Consejo Nacional de Defensa del Estado, mediante los cuales estableció un nuevo tribunal de arbitraje “ad hoc”, distinto al del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en condiciones desfavorables para el Estado boliviano.
“El principal daño que se ha causado es la renuncia de derechos inherentes a la defensa del Estado boliviano (...). En los acuerdos, la ex ministra renunció al derecho de objetar la competencia del Centro (de arbitraje), renunció al derecho a objetar la designación de los árbitros, renunció al derecho de plantear otras objeciones a la jurisdicción del Centro. Se acordaron plazos que también son lesivos, toda vez que nosotros como Estado necesitamos contar con plazos prudenciales para poder hacer todo el análisis, toda la defensa y ahora se tiene que bajo estos acuerdos —por ejemplo—, en el peor de los casos estaríamos con un laudo para fines de enero del próximo año o diciembre de este año”, lamentó el ministro.
El 1 de mayo del 2008, el Gobierno nacionalizó Entel. Antes (octubre del 2007), la accionista mayoritaria ETI había apelado al CIADI, luego de que el Estado recuperó el 49% de las acciones que pertenecían a los bolivianos.
El consorcio pide una indemnización de $us 350 millones. Sin embargo, Bolivia ya se retiró de ese tribunal en mayo del 2007.
El 14 de octubre, Rocabado informó que ETI recurrió a un nuevo arbitraje ante un comité “ad hoc” de Naciones Unidas, y calificó al hecho de favorable para el país, porque se trataba del reconocimiento de la empresa italiana sobre la falta de competencia del CIADI, ya que Bolivia se había retirado de ese tribunal.
El 16 y el 20 de ese mismo mes, la ex ministra firmó los acuerdos para permitir que el arbitraje se vaya a otra instancia. El 3 de noviembre, La Razón informó que el CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por la italiana ETI contra el Estado boliviano a solicitud de la firma extranjera.
La orden de tomar nota de la terminación del procedimiento fue emitida por el tribunal de arbitraje el 21 de octubre del 2009, en base a la Regla 44 del Convenio CIADI.
“Si una de las partes solicita que se ponga término al procedimiento, el Tribunal (...) fijará mediante resolución el plazo dentro del cual la otra parte podrá oponerse a la terminación. Si no se formula objeción alguna por escrito dentro del plazo fijado, se presumirá que la otra parte ha consentido la terminación”, establece la mencionada regla.
Gobierno objeta los acuerdos
El ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, objetó los acuerdos —en supuesto desmedro a los intereses del Estado— firmados por la ex ministra del área Cecilia Rocabado, debido a que ella actuó fuera de sus competencias.
“Nosotros no aceptamos, no han sido autorizados estos acuerdos que han sido suscritos por la ministra Rocabado”, sostuvo la autoridad.
Explicó que la ministra actuó en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y de las normas vigentes de defensa del Estado, además de pasar por alto la aprobación del Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado.
“La ex ministra no contaba con los respectivos plenos poderes para comprometer la fe del Estado en un nuevo arbitraje internacional. El 2 de octubre del año 2009 se le autoriza a la ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, asumir defensa (en el caso Entel) exclusivamente dentro del arbitraje iniciado dentro del CIADI, donde no tiene la capacidad de iniciar un nuevo arbitraje fuera de esta esfera”, aclaró Menacho.
Hechos
Revisión • La ministra Nardi Suxo dijo que se procesará la documentación entregada por el ministro Pablo Menacho para tener resultados la próxima semana. Los delitos podrían ser “contratos lesivos al Estado” e “incumplimiento de deberes”.
Solución • Ante el hecho, el Ministro de Defensa Legal del Estado adelantó que se planteó al Consejo de Defensa una estrategia para ver cuáles son las líneas de acción que se seguirán en ese tema. Aclaró que esta información es reservada.
