Noticia publicada el 29 de Noviembre en Cambio
La Dirección de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea) investiga diez presuntos casos de corrupción que causaron una pérdida económica al erario municipal.
René Quispe, director de Transparencia del Gamea, precisó que de estos casos, identificados entre enero y noviembre de este año, cinco se encuentran en investigación en la Fiscalía de Distrito de El Alto y las otras en un proceso de evaluación para luego formalizar la denuncia.
Quispe, en entrevista con radio Atipiri, indicó, sin dar nombres, que en estos presuntos actos están involucrados algunos presidentes de juntas vecinales, funcionarios ediles, ex funcionarios, ex presidentes de juntas vecinales y ex sub alcaldes.
Los presuntos cargos que aparecen son delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, falsificación de sellos y otros tipos penales sancionados por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Sin embargo, aún no se sancionó a ninguno de los denunciados por estos hechos.
“En algunos casos ya está para realizarse la imputación formal y en otros casos estamos todavía en proceso de investigación, estamos recolectando las declaraciones testificales y acumulación de informes para dar solución al hecho”, indicó Quispe.
Los casos siguen los plazos legales y la Dirección de Transparencia aguarda que en los siguientes meses la Fiscalía se pronuncie al respecto.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Transparencia del Gamea, estos diez presuntos actos de corrupción provocaron daños económicos por más de 200 mil bolivianos e incluso más de 500 mil bolivianos.
martes, 29 de noviembre de 2011
LUCHA anticorrupción recupera más de 90 millones de dólares
Noticia publicada el 29 de Noviembre de 2011 en Cambio
“Bolivia pasó de ser un país del oscurantismo a país de transparencia, y varios Estados, como Ecuador, Perú, Paraguay, están buscando replicar el trabajo como mecanismo de garantizar la transparencia”, dijo Suxo.
50 sentencias condenatorias se emitieron en la lucha contra la corrupción, entre las cuales hay de 10 a 12 casos de masistas.
SUCRE
Cambio
El trabajo de lucha contra la corrupción en el país posibilitó la recuperación de más de 90 millones de dólares de los recursos del Estado boliviano, informó ayer la ministra de Transparencia, Nardi Suxo.
La autoridad estatal brindó esta información durante el lanzamiento del Diplomado en Lucha Contra la Corrupción, que se realiza en coordinación con el Ministerio Público y la Universidad Andina Simón Bolívar.
“Hemos logrado, cumpliendo el mandato del presidente Evo Morales de cero tolerancia a la corrupción, la recuperación de más de 90 millones de dólares que ya están en el Tesoro General del Estado”, explicó.
En criterio de Suxo, se trata de avances muy significativos en la lucha contra la corrupción, si se toma en cuenta que esta tarea no es nada sencilla porque “la corrupción no deja huellas”.
La titular de la cartera de Transparencia informó además que se logaron casi 50 sentencias condenatorias por hechos de corrupción, de las cuales entre 10 a 12 corresponden a alcaldes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Cuando hablan de que estamos haciendo persecución política, viendo estos resultados significa que estamos haciendo persecución política a los nuestros, y si es así, bienvenida la persecución”, mencionó Suxo.
La Ministra anticorrupción anunció también que para la primera semana de diciembre aguarda la sentencia en el caso que involucra al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, juicio que demoró mucho tiempo.
La recuperación de recursos del Estado y las sentencias condenatorias alcanzadas, agregó Suxo, son una muestra clara de la política firme del Gobierno del presidente Evo Morales en la lucha contra la corrupción.
“Para nosotros, son avances significativos, puede que para otros que todavía no entienden la magnitud de la lucha contra la corrupción sea poco”, agregó.
Asimismo, sostuvo que otros países que cuentan con alta tecnología no han llegado ni al 2 por ciento de lo alcanzado en Bolivia.
Academia regional
El Estado Plurinacional de Bolivia está disputando la sede regional de la Academia Internacional de Lucha Contra la Corrupción.
La ministra Suxo manifestó que Chile, Perú y Colombia quieren la sede de la entidad, pero Bolivia saca ventaja porque ya cuenta con un Ministerio en este ramo, y además ya logró sentencias condenatorias.
El Gobierno boliviano, en materia de lucha contra la corrupción, recibió felicitaciones de organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.
DATOS
• El mandato del presidente Evo Morales Ayma es cero tolerancia a la corrupción en el país.
• El trabajo es complicado porque la corrupción no deja huellas ni facturas, afirmó la ministra Nardi Suxo.
• El seguimiento a las declaraciones juradas se realiza desde el Ministerio de Transparencia Institucional.
• Un diplomado para fiscales en materia de Lucha Contra la Corrupción fue iniciado ayer en la ciudad de Sucre.
“Bolivia pasó de ser un país del oscurantismo a país de transparencia, y varios Estados, como Ecuador, Perú, Paraguay, están buscando replicar el trabajo como mecanismo de garantizar la transparencia”, dijo Suxo.
50 sentencias condenatorias se emitieron en la lucha contra la corrupción, entre las cuales hay de 10 a 12 casos de masistas.
SUCRE
Cambio
El trabajo de lucha contra la corrupción en el país posibilitó la recuperación de más de 90 millones de dólares de los recursos del Estado boliviano, informó ayer la ministra de Transparencia, Nardi Suxo.
La autoridad estatal brindó esta información durante el lanzamiento del Diplomado en Lucha Contra la Corrupción, que se realiza en coordinación con el Ministerio Público y la Universidad Andina Simón Bolívar.
“Hemos logrado, cumpliendo el mandato del presidente Evo Morales de cero tolerancia a la corrupción, la recuperación de más de 90 millones de dólares que ya están en el Tesoro General del Estado”, explicó.
En criterio de Suxo, se trata de avances muy significativos en la lucha contra la corrupción, si se toma en cuenta que esta tarea no es nada sencilla porque “la corrupción no deja huellas”.
La titular de la cartera de Transparencia informó además que se logaron casi 50 sentencias condenatorias por hechos de corrupción, de las cuales entre 10 a 12 corresponden a alcaldes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Cuando hablan de que estamos haciendo persecución política, viendo estos resultados significa que estamos haciendo persecución política a los nuestros, y si es así, bienvenida la persecución”, mencionó Suxo.
La Ministra anticorrupción anunció también que para la primera semana de diciembre aguarda la sentencia en el caso que involucra al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, juicio que demoró mucho tiempo.
La recuperación de recursos del Estado y las sentencias condenatorias alcanzadas, agregó Suxo, son una muestra clara de la política firme del Gobierno del presidente Evo Morales en la lucha contra la corrupción.
“Para nosotros, son avances significativos, puede que para otros que todavía no entienden la magnitud de la lucha contra la corrupción sea poco”, agregó.
Asimismo, sostuvo que otros países que cuentan con alta tecnología no han llegado ni al 2 por ciento de lo alcanzado en Bolivia.
Academia regional
El Estado Plurinacional de Bolivia está disputando la sede regional de la Academia Internacional de Lucha Contra la Corrupción.
La ministra Suxo manifestó que Chile, Perú y Colombia quieren la sede de la entidad, pero Bolivia saca ventaja porque ya cuenta con un Ministerio en este ramo, y además ya logró sentencias condenatorias.
El Gobierno boliviano, en materia de lucha contra la corrupción, recibió felicitaciones de organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.
DATOS
• El mandato del presidente Evo Morales Ayma es cero tolerancia a la corrupción en el país.
• El trabajo es complicado porque la corrupción no deja huellas ni facturas, afirmó la ministra Nardi Suxo.
• El seguimiento a las declaraciones juradas se realiza desde el Ministerio de Transparencia Institucional.
• Un diplomado para fiscales en materia de Lucha Contra la Corrupción fue iniciado ayer en la ciudad de Sucre.
lunes, 29 de agosto de 2011
La lucha anticorrupción se quedó en el discurso
Noticia publicada el 29 de Agosto de 2011 en Los tiempos
“El discurso contra la corrupción que fue bandera electoral y política del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) está quedando en el mero discurso. La población siente que en su vida cotidiana eso no está funcionado, no hay una efectiva lucha contra la corrupción”, dijo la socióloga y analista política Marité Zegada al ser consultada sobre los resultados de la encuesta que ayer publicó Los Tiempos.
Uno de los resultados de la encuesta, elaborada por Instituto de Investigaciones de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es que solamente el 10 por ciento de los cochabambinos cree que se controló la corrupción.
Otra conclusión de la encuesta es que cuatro de cada 10 ciudadanos reconocen haber participado en algún momento en actos de corrupción.
Para fundamentar su interpretación, Zegada citó un Informe del Latinobarómetro con relación al tema de corrupción, donde se señala que la percepción sobre este tema en Bolivia va subiendo.
“En 2004 la percepción de que hay mucha corrupción en Bolivia era del 20 por ciento; en 2006 se sube al 49 por ciento y el punto más alto es el 2007 que sube a 52 por ciento”, dijo la analista.
“La gente ve que el Gobierno habla todos los días contra la corrupción, aprueba leyes contra la corrupción y en la práctica la corrupción permanece”, aseguró Zegada. Otros dato que es preocupante para la analista es la admisión del 40 por ciento de cochabambinos de participar directamente en actos de corrupción.
“Hay una especie de aquiescencia de la gente de ser parte de esta estructura de corrupción, como aceptando que es la única manera que el Estado puede funcionar. Eso es muy complejo, prácticas como la coima se han convertido en una forma de ser del ciudadano, una manera de relacionarse del Estado con la sociedad a través de este tipo de mecanismos que son muy nefastos”, concluyó la analista.
Funcionarios temen a la ley
El Asesor General de la Gobernación, Freddy San Millán, dijo ayer que habría que ver cómo se ha hecho la pregunta de la encuesta.
Aseguró que si bien respeta la opinión de la población, admite también que desde la Gobernación no se está realizando una eficiente labor informativa sobre los planes anticorrupción que han emprendido.
“En la época de Manfred Reyes Villa, por ejemplo, se hacía la licitación y se pagaba por adelantado, sólo con la finalidad de que aparezca en el POA una buena ejecución.
Ahora, con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz esas prácticas están penalizadas, pero antes solían hacerse con normalidad.
“Creo que hay esfuerzo del Gobierno departamental y de los funcionarios de adecuar sus conductas a la ley”, dijo San Millán.
“El discurso contra la corrupción que fue bandera electoral y política del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) está quedando en el mero discurso. La población siente que en su vida cotidiana eso no está funcionado, no hay una efectiva lucha contra la corrupción”, dijo la socióloga y analista política Marité Zegada al ser consultada sobre los resultados de la encuesta que ayer publicó Los Tiempos.
Uno de los resultados de la encuesta, elaborada por Instituto de Investigaciones de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es que solamente el 10 por ciento de los cochabambinos cree que se controló la corrupción.
Otra conclusión de la encuesta es que cuatro de cada 10 ciudadanos reconocen haber participado en algún momento en actos de corrupción.
Para fundamentar su interpretación, Zegada citó un Informe del Latinobarómetro con relación al tema de corrupción, donde se señala que la percepción sobre este tema en Bolivia va subiendo.
“En 2004 la percepción de que hay mucha corrupción en Bolivia era del 20 por ciento; en 2006 se sube al 49 por ciento y el punto más alto es el 2007 que sube a 52 por ciento”, dijo la analista.
“La gente ve que el Gobierno habla todos los días contra la corrupción, aprueba leyes contra la corrupción y en la práctica la corrupción permanece”, aseguró Zegada. Otros dato que es preocupante para la analista es la admisión del 40 por ciento de cochabambinos de participar directamente en actos de corrupción.
“Hay una especie de aquiescencia de la gente de ser parte de esta estructura de corrupción, como aceptando que es la única manera que el Estado puede funcionar. Eso es muy complejo, prácticas como la coima se han convertido en una forma de ser del ciudadano, una manera de relacionarse del Estado con la sociedad a través de este tipo de mecanismos que son muy nefastos”, concluyó la analista.
Funcionarios temen a la ley
El Asesor General de la Gobernación, Freddy San Millán, dijo ayer que habría que ver cómo se ha hecho la pregunta de la encuesta.
Aseguró que si bien respeta la opinión de la población, admite también que desde la Gobernación no se está realizando una eficiente labor informativa sobre los planes anticorrupción que han emprendido.
“En la época de Manfred Reyes Villa, por ejemplo, se hacía la licitación y se pagaba por adelantado, sólo con la finalidad de que aparezca en el POA una buena ejecución.
Ahora, con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz esas prácticas están penalizadas, pero antes solían hacerse con normalidad.
“Creo que hay esfuerzo del Gobierno departamental y de los funcionarios de adecuar sus conductas a la ley”, dijo San Millán.
Desde 2006 se recibieron 1.140 denuncias de corrupción en la justicia
Noticia publicada el 28 de Agosto de 2011 en Cambio
Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
La elección de autoridades judiciales mediante el voto, el 16 de octubre, contribuirá a mejorar el Órgano Judicial “en la medida en que los magistrados electos tengan un compromiso de cumplimiento con la ley”.
“Los que están promoviendo (el voto nulo) son personas que tiene que rendir cuentas con el Estado...”.
“Logramos hasta ahora más de 41 sentencias; hemos recuperado recursos para el Estado (por) $us 94 millones”.
Melina Valencia - Cambio
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, destaca las elecciones judiciales del 16 de octubre como una oportunidad de la población boliviana que contribuirá a mejorar la justicia en el país, lejos de influencias de partidos políticos.
Suxo da ejemplos de la complicada tarea que significa dar curso a las denuncias contra operadores de justicia —a veces acusados por delitos por prevaricato e incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones— debido a que algunos jueces, fiscales, se ayudan entre sí.
También existen casos de jueces que favorecen a personas que tiene cuentas con el Estado, según contó en la siguiente entrevista concedida a Cambio.
—¿Cuántas denuncias de corrupción en la justicia registra el Ministerio de Transparencia?
—Tenemos 662 denuncias que involucran a personeros del órgano jurisdiccional, 15 de las cuales están en el Ministerio Público. Hay 478 denuncias cerradas. En total se recibieron 1.140 denuncias desde 2006 a la fecha.
Tenemos todavía 662 en procesamiento en el Ministerio, la mayoría de los hechos por los cuales se procesa es por incumplimiento de deberes y prevaricato, también por obstrucción a la justicia. Ahora, la información que nosotros requerimos para llevar adelante estos procesos nos las tiene que brindar el propio órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura; ahí encontramos una traba muy seria.
Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura hemos presentado (denuncias) incluso de manera pública a autoridades del órgano judicial y hemos recibido el compromiso del Consejo de que van a procesar y que agilizarán los procesos para sancionar, pero esos casos se quedaron allá. Ésa es una gran dificultad.
Las denuncias que hacemos ante el Ministerio Público después pasan al órgano jurisdiccional, allí es donde nosotros encontramos el favorecimiento que realizan algunos jueces en favor de gente que tiene (que) rendir cuentas con el Estado. De allí que nosotros presentamos denuncias contra estas personas.
—¿Contra quienes son las 15 denuncias que están en el Ministerio Público?
—Las denuncias son contra los Ministros del Órgano Judicial, los casos están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque es allí donde tiene que llevarse adelante la investigación y proceso. Siete (de las 15) denuncias contra vocales, por ejemplo, son dos en Sucre, (contra la vocal de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca) Elena Lowental y el vocal (Oswaldo) Fong, que permitieron que ‘Chito’ Valle (Luis Alberto Valle) pueda gozar de libertad y después se fuera al Perú. Después lo pudimos traer, pero eso causó un daño económico al Estado y retardación de justicia. Lo curioso es que estos dos vocales, que tienen mucho poder dentro del distrito judicial de Chuquisaca, lograron incluso que se observe la imputación formal que ya tenían y con esta (acción) están pidiendo al Consejo de la Magistratura su reincorporación.
También tenemos denuncias contra vocales de Oruro, Cochabamba y de La Paz. En total son siete vocales y cinco denuncias contra jueces por diferentes temas que tienen que ver con hechos de corrupción.
Aquí llamamos la atención de que pese a la denuncia y todo ello lo único que se ha (logrado), en el caso de un juez que ahora sigue ejerciendo en el departamento de La Paz, es que se de una suspensión de un año, pero con goce de haberes. Ya pasó un año y retornó el juez, ha ganado de no trabajar; a nosotros nos llama la atención.
—¿En qué estado se encuentran las denuncias en el Ministerio Público?
—Nueve están en etapa preliminar, tres en etapa preparatoria y tres con acusación formal. Esperemos que muy pronto se puedan constituir los tribunales de juicio para que estas autoridades jurisdiccionales puedan ser procesadas como corresponde.
Ahora lo que sí se debe decir es que cuando se trata de denuncias de magistrados, de vocales o jueces, la tarea se hace mucho más complicada porque ellos están muy bien relacionados con jueces y con fiscales.
Incluso tuvimos un par de casos que fueron a pedir a la encargada de plataforma de denuncias que los casos que nosotros hemos presentado como denuncias lleguen a fiscales conocidos de ellos. Es un gran problema, y más cuando está en la etapa de juicio, es mucho más complicado. (Las autoridades judiciales) son colegas (entre sí); es muy complicado el procesamiento.
—¿Qué acusaciones tienen los denunciados de corrupción en la justicia?
—El mayor número por los cuales se han realizado las denuncias es por incumplimiento de deberes, prevaricato (delito que se le atribuye a un juez u otro funcionario público porque dicta una resolución arbitraria con el conocimiento de que es injusta), uso indebido de influencias, y también hay denuncias por favorecimiento de manera totalmente ilegal a que se libere a gente acusada que ha cometido un daño económico al Estado.
—¿(En ese marco) qué espera de las próximas Elecciones Judiciales?
—Nosotros como Ministerio somos los más esperanzados en la elección del 16 de Octubre, porque esperamos tener autoridades en el Consejo de la Magistratura, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Agroambiental, en el Tribunal Constitucional, que realmente sean autoridades totalmente independientes y que cumplan la ley y no le deban su cargo a ningún partido político, y ojalá tengamos un gran número de mujeres en estos cargos. Esta elección es clave e importante.
—¿Cómo contribuirán las elecciones judiciales para mejorar la justicia en el país?
—Yo creo que contribuirá en la medida en que los magistrados electos tengan un compromiso de cumplimiento con la ley, no los conozco, pero creo que están ante un gran reto, porque por primera vez habrá una elección (judicial) en el país.
Ellos (los candidatos al Órgano Judicial) tienen el gran reto de mostrar que este proceso de elección es la mejor manera de elegir a los magistrados de la justicia, confiamos en que esos profesionales sea gente comprometida con su trabajo, con la noble labor de administrar justicia, y cumplan un rol que está demandando la ciudadanía de una justicia oportuna, una justicia con transparencia, una justicia en la cual sólo valga la ley y no otras influencias.
—¿Qué opina de los que promueven el voto nulo?
—Los que están promoviendo el voto nulo tienen temor de los cambios que se darán en la justicia, porque si la prensa investiga podrá ver que todos los que se oponen a la elección judicial, los que están liderizando esta postura antidemocrática, son personas que tiene que rendir cuentas con el Estado, o los jefes de sus partidos de estos personajes que promueven el voto nulo tienen cuentas pendientes con el Estado.
Pues tienen temor porque son parte y resabios del cuoteo político que hubo antes, no todos, no se puede generalizar, pero es la gran mayoría.
Por ejemplo, una denuncia que teníamos por el caso Vergel, una urbanización en Cochabamba, el fiscal de ese distrito, en ese entonces el doctor Cartagena —que ya no está— me decía: “Usted tiene la razón, todas las pruebas están claras, pero yo le debo mi cargo a Manfred Reyes Villa”. Y lo mismo nos pasaba en Beni con los fiscales.
Yo creo que el temor que tienen ahora es que la gente ya no se calla, la gente denuncia sabiendo que va a tener una respuesta, no es una denuncia que va ser archivada, negociada o encajonada, la gente denuncia porque sabe que va a tener una respuesta no sólo del Ministerio de Transparencia, también de los fiscales anticorrupción y de algunos jueces que van a actuar con lo que manda la ley.
—¿Cuáles son los problemas (más frecuentes) de la gente, como usuaria de la administración de la justicia?
—Toda la ciudadanía se queja de la justicia, cualquiera de nosotros que tiene que hacer un trámite por una autorización de viaje para un niño tiene que ir al juzgado, para hacer una declaratoria de herederos tiene que ir al juzgado, para pedir asistencia familiar tiene que ir al juzgado, para pedir inscripción de su partida de nacimiento o por cualquier razón tiene que ir al juzgado, y esa gente es la más perjudicada.
Normalmente hablamos de los casos en materia penal, de los juicios de la gente que está en la cárcel, pero la gran mayoría de los que son usuarios de la administración de la justicia es gente que tiene procesos voluntarios (por) pedir su declaratoria de herederos, pedir la rectificación de su apellido, o pedir simplemente una autorización de viaje para su hijo.
Este tipo de situaciones son las que marcan todos los días ante la gente, sin mencionar de los procesos laborales, que normalmente siempre se apelan y se recurre hasta el Tribunal Supremo (de Justicia), y pueden pasar años sin que el trabajador pueda recibir sus beneficios sociales.
—¿La corrupción en la justicia es sólo de las personas que la administran?
—Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber que no pueden resolver sus problemas ofreciendo coimas, 10, 20 bolivianos, a veces mucho más, porque eso lleva a poner precios. Yo recuerdo, hace años una fiscal que tenía un tarifario de las coimas que recibí. Las fiscales, por ejemplo, que asistían a los procesos de adopción cobraban 500 dólares para estar presentes en una audiencia donde no pronunciaban palabra, la ley exigía que esté el representante del Ministerio Público. La fiscal decía: “perfecto, voy, pero son 500 dólares”. Entonces la gente desesperada por su trámite de adopción pagaba y había incluso tarifarios.
La corrupción no sólo está en los abogados, no se olvide que el órgano jurisdiccional trabaja con apoyo de médicos, con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el apoyo de peritos y de los investigadores de la Policía Nacional, es un tema que poco a poco debe cambiar. Nosotros como Ministerio ya empezamos todo el trabajo desde las escuelas, ya está en el nuevo currículo educativo el tema de valores y la ética que esperemos vayan sembrando la semillita.
—¿Cuál es la responsabilidad que le toca a la población para contribuir a cambiar la justicia?
—Es la gente que tiene que cambiar y empezar a exigir sus derechos, dejar en claro que la administración de justicia es gratuita.
Nosotros, como Ministerio, hemos visto que un tema muy importante es el hecho de informar, por ejemplo, si una persona hará un trámite corriente ante un juzgado tiene que exponerse los requisitos y cuánto va a costar, si es que tienen un costo; el tiempo que va a tardar, todos los requisitos estén a la vista. Realizamos esta experiencia con Identificación y Tránsito, los comandantes de ese momento (2006) estaban felices, hicimos unos banners (letreros) gigantes pero sólo estuvieron dos días y después de los días los sacaron porque no les convenía.
—¿Qué avances hay en la lucha contra la corrupción?
—Hemos avanzado de manera muy importante (...) hasta 2006 no había sentencias por hechos de corrupción, pero a partir de ese año, cuando nosotros empezamos a trabajar, logramos hasta ahora más de 41 sentencias; hemos recuperado recursos para el Estado boliviano por 94 millones de dólares.
La gran mayoría son ex alcaldes, luego sentencias para ex personeros, incluso de la Caja Nacional de Salud, para gente de la Policía Nacional. (...) (Hay) mucha resistencia al trabajo que nosotros hacemos de parte de fiscales y de jueces, pese a eso hemos logrado tener un número importante de sentencias.
Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
La elección de autoridades judiciales mediante el voto, el 16 de octubre, contribuirá a mejorar el Órgano Judicial “en la medida en que los magistrados electos tengan un compromiso de cumplimiento con la ley”.
“Los que están promoviendo (el voto nulo) son personas que tiene que rendir cuentas con el Estado...”.
“Logramos hasta ahora más de 41 sentencias; hemos recuperado recursos para el Estado (por) $us 94 millones”.
Melina Valencia - Cambio
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, destaca las elecciones judiciales del 16 de octubre como una oportunidad de la población boliviana que contribuirá a mejorar la justicia en el país, lejos de influencias de partidos políticos.
Suxo da ejemplos de la complicada tarea que significa dar curso a las denuncias contra operadores de justicia —a veces acusados por delitos por prevaricato e incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones— debido a que algunos jueces, fiscales, se ayudan entre sí.
También existen casos de jueces que favorecen a personas que tiene cuentas con el Estado, según contó en la siguiente entrevista concedida a Cambio.
—¿Cuántas denuncias de corrupción en la justicia registra el Ministerio de Transparencia?
—Tenemos 662 denuncias que involucran a personeros del órgano jurisdiccional, 15 de las cuales están en el Ministerio Público. Hay 478 denuncias cerradas. En total se recibieron 1.140 denuncias desde 2006 a la fecha.
Tenemos todavía 662 en procesamiento en el Ministerio, la mayoría de los hechos por los cuales se procesa es por incumplimiento de deberes y prevaricato, también por obstrucción a la justicia. Ahora, la información que nosotros requerimos para llevar adelante estos procesos nos las tiene que brindar el propio órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura; ahí encontramos una traba muy seria.
Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura hemos presentado (denuncias) incluso de manera pública a autoridades del órgano judicial y hemos recibido el compromiso del Consejo de que van a procesar y que agilizarán los procesos para sancionar, pero esos casos se quedaron allá. Ésa es una gran dificultad.
Las denuncias que hacemos ante el Ministerio Público después pasan al órgano jurisdiccional, allí es donde nosotros encontramos el favorecimiento que realizan algunos jueces en favor de gente que tiene (que) rendir cuentas con el Estado. De allí que nosotros presentamos denuncias contra estas personas.
—¿Contra quienes son las 15 denuncias que están en el Ministerio Público?
—Las denuncias son contra los Ministros del Órgano Judicial, los casos están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque es allí donde tiene que llevarse adelante la investigación y proceso. Siete (de las 15) denuncias contra vocales, por ejemplo, son dos en Sucre, (contra la vocal de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca) Elena Lowental y el vocal (Oswaldo) Fong, que permitieron que ‘Chito’ Valle (Luis Alberto Valle) pueda gozar de libertad y después se fuera al Perú. Después lo pudimos traer, pero eso causó un daño económico al Estado y retardación de justicia. Lo curioso es que estos dos vocales, que tienen mucho poder dentro del distrito judicial de Chuquisaca, lograron incluso que se observe la imputación formal que ya tenían y con esta (acción) están pidiendo al Consejo de la Magistratura su reincorporación.
También tenemos denuncias contra vocales de Oruro, Cochabamba y de La Paz. En total son siete vocales y cinco denuncias contra jueces por diferentes temas que tienen que ver con hechos de corrupción.
Aquí llamamos la atención de que pese a la denuncia y todo ello lo único que se ha (logrado), en el caso de un juez que ahora sigue ejerciendo en el departamento de La Paz, es que se de una suspensión de un año, pero con goce de haberes. Ya pasó un año y retornó el juez, ha ganado de no trabajar; a nosotros nos llama la atención.
—¿En qué estado se encuentran las denuncias en el Ministerio Público?
—Nueve están en etapa preliminar, tres en etapa preparatoria y tres con acusación formal. Esperemos que muy pronto se puedan constituir los tribunales de juicio para que estas autoridades jurisdiccionales puedan ser procesadas como corresponde.
Ahora lo que sí se debe decir es que cuando se trata de denuncias de magistrados, de vocales o jueces, la tarea se hace mucho más complicada porque ellos están muy bien relacionados con jueces y con fiscales.
Incluso tuvimos un par de casos que fueron a pedir a la encargada de plataforma de denuncias que los casos que nosotros hemos presentado como denuncias lleguen a fiscales conocidos de ellos. Es un gran problema, y más cuando está en la etapa de juicio, es mucho más complicado. (Las autoridades judiciales) son colegas (entre sí); es muy complicado el procesamiento.
—¿Qué acusaciones tienen los denunciados de corrupción en la justicia?
—El mayor número por los cuales se han realizado las denuncias es por incumplimiento de deberes, prevaricato (delito que se le atribuye a un juez u otro funcionario público porque dicta una resolución arbitraria con el conocimiento de que es injusta), uso indebido de influencias, y también hay denuncias por favorecimiento de manera totalmente ilegal a que se libere a gente acusada que ha cometido un daño económico al Estado.
—¿(En ese marco) qué espera de las próximas Elecciones Judiciales?
—Nosotros como Ministerio somos los más esperanzados en la elección del 16 de Octubre, porque esperamos tener autoridades en el Consejo de la Magistratura, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Agroambiental, en el Tribunal Constitucional, que realmente sean autoridades totalmente independientes y que cumplan la ley y no le deban su cargo a ningún partido político, y ojalá tengamos un gran número de mujeres en estos cargos. Esta elección es clave e importante.
—¿Cómo contribuirán las elecciones judiciales para mejorar la justicia en el país?
—Yo creo que contribuirá en la medida en que los magistrados electos tengan un compromiso de cumplimiento con la ley, no los conozco, pero creo que están ante un gran reto, porque por primera vez habrá una elección (judicial) en el país.
Ellos (los candidatos al Órgano Judicial) tienen el gran reto de mostrar que este proceso de elección es la mejor manera de elegir a los magistrados de la justicia, confiamos en que esos profesionales sea gente comprometida con su trabajo, con la noble labor de administrar justicia, y cumplan un rol que está demandando la ciudadanía de una justicia oportuna, una justicia con transparencia, una justicia en la cual sólo valga la ley y no otras influencias.
—¿Qué opina de los que promueven el voto nulo?
—Los que están promoviendo el voto nulo tienen temor de los cambios que se darán en la justicia, porque si la prensa investiga podrá ver que todos los que se oponen a la elección judicial, los que están liderizando esta postura antidemocrática, son personas que tiene que rendir cuentas con el Estado, o los jefes de sus partidos de estos personajes que promueven el voto nulo tienen cuentas pendientes con el Estado.
Pues tienen temor porque son parte y resabios del cuoteo político que hubo antes, no todos, no se puede generalizar, pero es la gran mayoría.
Por ejemplo, una denuncia que teníamos por el caso Vergel, una urbanización en Cochabamba, el fiscal de ese distrito, en ese entonces el doctor Cartagena —que ya no está— me decía: “Usted tiene la razón, todas las pruebas están claras, pero yo le debo mi cargo a Manfred Reyes Villa”. Y lo mismo nos pasaba en Beni con los fiscales.
Yo creo que el temor que tienen ahora es que la gente ya no se calla, la gente denuncia sabiendo que va a tener una respuesta, no es una denuncia que va ser archivada, negociada o encajonada, la gente denuncia porque sabe que va a tener una respuesta no sólo del Ministerio de Transparencia, también de los fiscales anticorrupción y de algunos jueces que van a actuar con lo que manda la ley.
—¿Cuáles son los problemas (más frecuentes) de la gente, como usuaria de la administración de la justicia?
—Toda la ciudadanía se queja de la justicia, cualquiera de nosotros que tiene que hacer un trámite por una autorización de viaje para un niño tiene que ir al juzgado, para hacer una declaratoria de herederos tiene que ir al juzgado, para pedir asistencia familiar tiene que ir al juzgado, para pedir inscripción de su partida de nacimiento o por cualquier razón tiene que ir al juzgado, y esa gente es la más perjudicada.
Normalmente hablamos de los casos en materia penal, de los juicios de la gente que está en la cárcel, pero la gran mayoría de los que son usuarios de la administración de la justicia es gente que tiene procesos voluntarios (por) pedir su declaratoria de herederos, pedir la rectificación de su apellido, o pedir simplemente una autorización de viaje para su hijo.
Este tipo de situaciones son las que marcan todos los días ante la gente, sin mencionar de los procesos laborales, que normalmente siempre se apelan y se recurre hasta el Tribunal Supremo (de Justicia), y pueden pasar años sin que el trabajador pueda recibir sus beneficios sociales.
—¿La corrupción en la justicia es sólo de las personas que la administran?
—Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber que no pueden resolver sus problemas ofreciendo coimas, 10, 20 bolivianos, a veces mucho más, porque eso lleva a poner precios. Yo recuerdo, hace años una fiscal que tenía un tarifario de las coimas que recibí. Las fiscales, por ejemplo, que asistían a los procesos de adopción cobraban 500 dólares para estar presentes en una audiencia donde no pronunciaban palabra, la ley exigía que esté el representante del Ministerio Público. La fiscal decía: “perfecto, voy, pero son 500 dólares”. Entonces la gente desesperada por su trámite de adopción pagaba y había incluso tarifarios.
La corrupción no sólo está en los abogados, no se olvide que el órgano jurisdiccional trabaja con apoyo de médicos, con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el apoyo de peritos y de los investigadores de la Policía Nacional, es un tema que poco a poco debe cambiar. Nosotros como Ministerio ya empezamos todo el trabajo desde las escuelas, ya está en el nuevo currículo educativo el tema de valores y la ética que esperemos vayan sembrando la semillita.
—¿Cuál es la responsabilidad que le toca a la población para contribuir a cambiar la justicia?
—Es la gente que tiene que cambiar y empezar a exigir sus derechos, dejar en claro que la administración de justicia es gratuita.
Nosotros, como Ministerio, hemos visto que un tema muy importante es el hecho de informar, por ejemplo, si una persona hará un trámite corriente ante un juzgado tiene que exponerse los requisitos y cuánto va a costar, si es que tienen un costo; el tiempo que va a tardar, todos los requisitos estén a la vista. Realizamos esta experiencia con Identificación y Tránsito, los comandantes de ese momento (2006) estaban felices, hicimos unos banners (letreros) gigantes pero sólo estuvieron dos días y después de los días los sacaron porque no les convenía.
—¿Qué avances hay en la lucha contra la corrupción?
—Hemos avanzado de manera muy importante (...) hasta 2006 no había sentencias por hechos de corrupción, pero a partir de ese año, cuando nosotros empezamos a trabajar, logramos hasta ahora más de 41 sentencias; hemos recuperado recursos para el Estado boliviano por 94 millones de dólares.
La gran mayoría son ex alcaldes, luego sentencias para ex personeros, incluso de la Caja Nacional de Salud, para gente de la Policía Nacional. (...) (Hay) mucha resistencia al trabajo que nosotros hacemos de parte de fiscales y de jueces, pese a eso hemos logrado tener un número importante de sentencias.
lunes, 22 de agosto de 2011
Bolivia se postula para acoger centro evento de lucha anticorrupción
Noticia publicada el 22 de Agosto en Opinion
Bolivia se ha postulado para acoger un centro regional de la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA) y considera que La Paz cumple con todas las condiciones necesarias para ello, según declaró a Efe hoy en Viena Nardi Suxo, ministra boliviana de Transparencia.
La IACA, con sede en Laxenburg, una población cerca de la capital austríaca, se inauguró en 2010 por iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Su objetivo es formar a profesionales especializados en luchar contra la corrupción, difundir buenas prácticas y fomentar la investigación, la cooperación y la asistencia técnica en este campo.
"Bolivia tiene todas las condiciones para tener una instancia a nivel regional de la academia", dijo a Efe la ministra boliviana de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que asiste en Viena a una reunión de Naciones Unidas sobre la materia.
"Nosotros fuimos de los primeros que firmamos la constitución de la academia. Creemos que tenemos todas las condiciones para tener la sede regional ya que no hay otro ministerio en todo el mundo sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción", resaltó Suxo.
La responsable boliviana aseguró que en su país se han hecho grandes avances en ese campo, como la aprobación de una ley que recoge las recomendaciones internacionales y que ha posibilitado que haya 42 sentencias y el Estado recuperase 94 millones de dólares.
También destacó los programas de prevención que se aplican en la educación de los jóvenes para hacerles conscientes de una lacra que según la ONU supone una pérdida de entre 1 y 2 billones de dólares anuales en todo el mundo.
La ministra, que mañana regresará a La Paz, también destacó la necesidad de avanzar en la cooperación regional en América Latina.
"Esperamos que todos los países se sumen a una verdadera colaboración en la lucha contra la corrupción. Lamentablemente muchas de las personas denunciadas y procesadas por corrupción en Bolivia han buscado refugio en países vecinos y en países del norte", explicó.
"Cuando hablamos de una verdadera cooperación no podemos permitir que esas personas que tienen cuentas con un Estado busquen refugio en otros estados que tienen también la voluntad de luchar contra la corrupción", concluyó.
El pasado julio, Yuri Fedótov, director ejecutivo de la ONUDD, elogió en un comunicado "el rol de Bolivia a escala internacional en la lucha contra la corrupción".
El responsable de la ONU subrayó que "Bolivia es un ejemplo de un país que está realizando esfuerzos vigorosos para adaptar sus leyes e instituciones a los estándares de la Convención" de la ONU contra la corrupción.
Fedótov firmó en junio pasado un convenio con Panamá para establecer en ese país la academia regional anticorrupción para Centroamérica y el Caribe.EFE
Bolivia se ha postulado para acoger un centro regional de la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA) y considera que La Paz cumple con todas las condiciones necesarias para ello, según declaró a Efe hoy en Viena Nardi Suxo, ministra boliviana de Transparencia.
La IACA, con sede en Laxenburg, una población cerca de la capital austríaca, se inauguró en 2010 por iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Su objetivo es formar a profesionales especializados en luchar contra la corrupción, difundir buenas prácticas y fomentar la investigación, la cooperación y la asistencia técnica en este campo.
"Bolivia tiene todas las condiciones para tener una instancia a nivel regional de la academia", dijo a Efe la ministra boliviana de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que asiste en Viena a una reunión de Naciones Unidas sobre la materia.
"Nosotros fuimos de los primeros que firmamos la constitución de la academia. Creemos que tenemos todas las condiciones para tener la sede regional ya que no hay otro ministerio en todo el mundo sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción", resaltó Suxo.
La responsable boliviana aseguró que en su país se han hecho grandes avances en ese campo, como la aprobación de una ley que recoge las recomendaciones internacionales y que ha posibilitado que haya 42 sentencias y el Estado recuperase 94 millones de dólares.
También destacó los programas de prevención que se aplican en la educación de los jóvenes para hacerles conscientes de una lacra que según la ONU supone una pérdida de entre 1 y 2 billones de dólares anuales en todo el mundo.
La ministra, que mañana regresará a La Paz, también destacó la necesidad de avanzar en la cooperación regional en América Latina.
"Esperamos que todos los países se sumen a una verdadera colaboración en la lucha contra la corrupción. Lamentablemente muchas de las personas denunciadas y procesadas por corrupción en Bolivia han buscado refugio en países vecinos y en países del norte", explicó.
"Cuando hablamos de una verdadera cooperación no podemos permitir que esas personas que tienen cuentas con un Estado busquen refugio en otros estados que tienen también la voluntad de luchar contra la corrupción", concluyó.
El pasado julio, Yuri Fedótov, director ejecutivo de la ONUDD, elogió en un comunicado "el rol de Bolivia a escala internacional en la lucha contra la corrupción".
El responsable de la ONU subrayó que "Bolivia es un ejemplo de un país que está realizando esfuerzos vigorosos para adaptar sus leyes e instituciones a los estándares de la Convención" de la ONU contra la corrupción.
Fedótov firmó en junio pasado un convenio con Panamá para establecer en ese país la academia regional anticorrupción para Centroamérica y el Caribe.EFE
miércoles, 17 de agosto de 2011
Fiscalía desconoce permiso otorgado a Santos Ramírez para salir del penal
El fiscal Aldo Ortiz aseguró hoy que no fue notificado sobre el permiso otorgado al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, para salir el pasado fin de semana del penal de San Pedro, presuntamente a una visita médica.
Ortiz indicó que el Tribunal de Sentencia Primero autorizó la salida de Ramírez para un análisis de laboratorio en la calle Otero de la Vega, luego en la Ballivián y otro en la zona Achumani.
“Estas atenciones o circunstancias no fueron notificadas al Ministerio Público, además su solicitud es del día 10 (de agosto) y salió el 13, por tanto, estamos solicitando un informe al Recinto Penitenciario para determinar su recorrido y custodio, porque fue visto en sitios donde no fue autorizado”, dijo Ortiz.
Señaló que esta información servirá para corroborar la denuncia conocida por medios de comunicación, que refiere que Ramírez fue visto de paseo por el centro paceño sin custodia policial.
El memorial para que nos informen el Director del Penal de San Pedro y el custodio ya hemos presentado al Tribunal de Sentencia Primero”, apuntó.
El abogado defensor de Ramírez, José Luis Paredes, indicó que su cliente fue favorecido con la salida “legal” por la orden del juez donde radica el proceso en el que se lo acusa por el caso Catler-Uniservice y la conformación irregular de la empresa de servicios Sipsa.
martes, 16 de agosto de 2011
Gobierno admite que dio permiso a Santos Ramírez para salir de San Pedro
Noticia publicada el 16 de Agosto en LA Prensa
El gobierno admite que otorgó permiso a Santo Ramírez, ex presidente de la estatal petrolera recluido en San Pedro preventivamente para que pueda hacer vistas médicas. Régimen Penitenciario asegura que Santos Ramírez salió del penal con orden judicial y escolta de civil.
El director de Régimen Penitenciario, José Antonio Suerio, admitió que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos acusado de un “volteo” en el caso Catler Uniservice salió del penal con un escolta policial vestido de civil y una orden judicial.
“Efectivamente, Santos Ramírez, salió el día sábado alas las 7:30 de la mañana hasta las 17 horas, e hizo tres visitas medicas, con escolta vestido de civil y tenía su orden judicial”, afirmó Suerio
Sin embargo la autoridad de estado no aclaró de qué tipo de problemas de salud padece la ex autoridad de yacimientos. La denuncia a surgió a raíz a que este pasado sábado se observó Santos Ramírez, caminando por las céntricas arterias de la sede de gobierno.
El gobierno admite que otorgó permiso a Santo Ramírez, ex presidente de la estatal petrolera recluido en San Pedro preventivamente para que pueda hacer vistas médicas. Régimen Penitenciario asegura que Santos Ramírez salió del penal con orden judicial y escolta de civil.
El director de Régimen Penitenciario, José Antonio Suerio, admitió que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos acusado de un “volteo” en el caso Catler Uniservice salió del penal con un escolta policial vestido de civil y una orden judicial.
“Efectivamente, Santos Ramírez, salió el día sábado alas las 7:30 de la mañana hasta las 17 horas, e hizo tres visitas medicas, con escolta vestido de civil y tenía su orden judicial”, afirmó Suerio
Sin embargo la autoridad de estado no aclaró de qué tipo de problemas de salud padece la ex autoridad de yacimientos. La denuncia a surgió a raíz a que este pasado sábado se observó Santos Ramírez, caminando por las céntricas arterias de la sede de gobierno.
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