El excandidato a la alcaldía de la ciudad de El Alto por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Édgar Patana, negó haber fugado del país, tras una denuncia que realizó una de las demandantes que le sigue un proceso por presunta extorsión.
"No tengo porque fugar de la ciudad del país, afrontaré los procesos que me siguen. Estoy en la ciudad de El Alto, realizando mis actividades normales y no sé de dónde salió esa versión sobre mi fuga", señaló el excandidato en entrevista con EL DEBER y anunció una conferencia de prensa para la tarde.
Son tres las denuncias que pesan contra el político, una de la empresa constructora Terra Forte, que denunció al exalcalde de haber solicitado dinero para que sea beneficiada con la adjudicación de una obra de 11 millones de bolivianos; la empresa Centro de Estudios Americana, informó que Patana pidió 30.000 dólares para que sea beneficiado en otra licitación.
Además, la exejecutiva de la Fejuve, Luisa Mamani, denunció a Édgar Patana porque en su calidad de dirigente de la Central Obrera Regional alteña se benefició de recursos del TCP-ALBA, con los que adquirió un stock de 20 máquinas de costura.
Mientras que el abogado Eduardo León, que representa a las dos empresas, advirtió la posibilidad de fuga y solicitó al Ministerio Público emitir una orden de aprehensión, debido al cuantioso daño económico generado.
jueves, 23 de abril de 2015
Marcelo Soza Álvarez, fiscal que investigó el caso terrorismo I “Hubo rumores de que las armas eran de otro operativo”
Marcelo Soza, exfiscal que investigó el caso Rózsa, habló con Página Siete desde Brasil, donde se encuentra refugiado desde hace más de un año, sobre las armas que presentó como prueba para sustentar su acusación de que en Bolivia operó un grupo de separatistas.
Informó que durante la investigación conoció por rumores de que las armas fueron confiscadas en un operativo y que estaban en custodia de las Fuerzas Armadas.
Como fiscal del caso terrorismo, ¿cuántas armas se incautó y de qué calibre eran?
Debo indicar que fue bastante armamento, mas no recuerdo con exactitud el número. Sin embargo, lo que me llamó la atención, es que había bastante munición de distintos calibres; esos proyectiles eran de calibre mayor que no correspondían al armamento encontrado. Además de que había munición del Ejército con sello de Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional).
Usted dice que no lo dejaron investigar. ¿Quién o quiénes no lo dejaron investigar, sobre todo en lo que se refiere a las armas?
Lo dije en mi carta al Conare: el proceso de terrorismo estaba fuertemente controlado por el Gobierno desde el Ministerio de Gobierno, que reportaba todo a Raúl García Linera a través de Clavijo, Carlos Núñez del Prado y los respectivos ministros. Como manifesté, nunca se me brindaron la información de qué personas ingresaron al operativo del hotel Las Américas, quién lo dirigía, porque no me convocaron ese día (16 de abril). Tampoco entregaron información de quienes ingresaron inicialmente al stand de COTAS, ya que se precisaba conocer cómo encontraron ese escenario. Pese a mis requerimientos escritos, nunca se me informó de este extremo; por el contrario, el general Escobar, en total colusión con el Gobierno, me denunció porque yo ya me constituía en un hombre peligroso, y empezaron las amenazas, razón por la cual decido renunciar, pero me niegan esta petición.
Durante la investigación, ¿usted advirtió que alguna de las armas eran de propiedad de las Fuerzas Armadas?
Como dije, yo no conozco de armas, pero por las fotos las municiones sí son del Ejército y en cuanto a las armas no sé, pero había rumores de que esas armas eran de otro operativo y que estaban en custodia del Ejército.
¿Quién o quiénes custodiaban las armas incautadas durante la investigación y a qué manos pasaron luego de que presentó la imputación formal?
En un principio, las armas estaban bajo custodia de la Comisión Nacional de Investigación, es decir, los policías que trabajaban conmigo en el caso, se encargaron de la custodia de todos los elementos probatorios. Cuando presenté la acusación en 2010 pasó a manos del Tribunal de Justicia.
Usted indicó que las pruebas que tenía en su poder fueron entregadas a otras instancias, ¿en qué consisten estas pruebas?
Me referí a las pruebas que tengo contra el Gobierno sobre el operativo y el asesinato en el hotel Las Américas y otros aspectos.
Denunció que lo amenazaron de muerte. ¿Cómo fue y de quién sospecha?
Las denuncias eran obviamente anónimas. Me decían que no indague mucho, que eso me iba a perjudicar y otros aspectos que manifesté en las denuncias que hice oportunamente.
De todo lo que digo tengo elementos de prueba. Sin embargo, sé que tanto el Gobierno como la oposición van a querer obtener ventaja de todo lo que digo y quieren lavarse la cara unos con otros. Lo que puedo decir es que sí hubo un intento de división territorial donde estaban involucrados varios ciudadanos cruceños, así como también hubo injerencia del Gobierno e implantación de algunos elementos de prueba. Por eso nunca me convocaron a los operativos, yo no hubiese permitido que se mate a esa gente.
Informó que durante la investigación conoció por rumores de que las armas fueron confiscadas en un operativo y que estaban en custodia de las Fuerzas Armadas.
Como fiscal del caso terrorismo, ¿cuántas armas se incautó y de qué calibre eran?
Debo indicar que fue bastante armamento, mas no recuerdo con exactitud el número. Sin embargo, lo que me llamó la atención, es que había bastante munición de distintos calibres; esos proyectiles eran de calibre mayor que no correspondían al armamento encontrado. Además de que había munición del Ejército con sello de Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional).
Usted dice que no lo dejaron investigar. ¿Quién o quiénes no lo dejaron investigar, sobre todo en lo que se refiere a las armas?
Lo dije en mi carta al Conare: el proceso de terrorismo estaba fuertemente controlado por el Gobierno desde el Ministerio de Gobierno, que reportaba todo a Raúl García Linera a través de Clavijo, Carlos Núñez del Prado y los respectivos ministros. Como manifesté, nunca se me brindaron la información de qué personas ingresaron al operativo del hotel Las Américas, quién lo dirigía, porque no me convocaron ese día (16 de abril). Tampoco entregaron información de quienes ingresaron inicialmente al stand de COTAS, ya que se precisaba conocer cómo encontraron ese escenario. Pese a mis requerimientos escritos, nunca se me informó de este extremo; por el contrario, el general Escobar, en total colusión con el Gobierno, me denunció porque yo ya me constituía en un hombre peligroso, y empezaron las amenazas, razón por la cual decido renunciar, pero me niegan esta petición.
Durante la investigación, ¿usted advirtió que alguna de las armas eran de propiedad de las Fuerzas Armadas?
Como dije, yo no conozco de armas, pero por las fotos las municiones sí son del Ejército y en cuanto a las armas no sé, pero había rumores de que esas armas eran de otro operativo y que estaban en custodia del Ejército.
¿Quién o quiénes custodiaban las armas incautadas durante la investigación y a qué manos pasaron luego de que presentó la imputación formal?
En un principio, las armas estaban bajo custodia de la Comisión Nacional de Investigación, es decir, los policías que trabajaban conmigo en el caso, se encargaron de la custodia de todos los elementos probatorios. Cuando presenté la acusación en 2010 pasó a manos del Tribunal de Justicia.
Usted indicó que las pruebas que tenía en su poder fueron entregadas a otras instancias, ¿en qué consisten estas pruebas?
Me referí a las pruebas que tengo contra el Gobierno sobre el operativo y el asesinato en el hotel Las Américas y otros aspectos.
Denunció que lo amenazaron de muerte. ¿Cómo fue y de quién sospecha?
Las denuncias eran obviamente anónimas. Me decían que no indague mucho, que eso me iba a perjudicar y otros aspectos que manifesté en las denuncias que hice oportunamente.
De todo lo que digo tengo elementos de prueba. Sin embargo, sé que tanto el Gobierno como la oposición van a querer obtener ventaja de todo lo que digo y quieren lavarse la cara unos con otros. Lo que puedo decir es que sí hubo un intento de división territorial donde estaban involucrados varios ciudadanos cruceños, así como también hubo injerencia del Gobierno e implantación de algunos elementos de prueba. Por eso nunca me convocaron a los operativos, yo no hubiese permitido que se mate a esa gente.
Torrico dice que municiones salieron de un cuartel
Después de que el coronel suspendido Germán Cardona reveló que las armas usadas como pruebas en el caso Rózsa fueron sacadas de la Octava División del Ejército, el exdiputado Gustavo Torrico afirmó que en realidad las municiones de ese hecho salieron de un regimiento.
Sin embargo, Torrico –que formó parte de la comisión de Diputados que investigó el caso Rózsa– aseguró que toda la munición encontrada en el stand de Cotas fue entregada o vendida al grupo "terrorista” por un teniente de las Fuerzas Armadas.
"Se supo que la munición era de Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional), luego se supo que salió de un regimiento, (por eso) había un teniente involucrado porque él dijo que había vendido”, recordó el ahora asambleísta departamental electo de La Paz.
Aunque Torrico no recordó el nombre del teniente que supuestamente vendió la munición de Cofadena, señaló que ese militar ya estaba involucrado en el proceso de investigación del caso Rózsa.
"Yo ahora no recuerdo (su nombre) pero cuando se entrega se ve que había un teniente, un militar en Santa Cruz, las municiones habían salido de ahí, era de Cofadena”, insistió.
Asimismo, conminó al coronel Cardona a entregar a los medios de comunicación un informe detallado sobre el número de serie, calibre, la fabricación y otros datos de las armas que él dice que salieron de la Octava División.
En cambio, el comandante general del Ejército, José Luis Begazo, a tiempo de expresar su indignación sobre la versión de Cardona, no quiso referirse en detalle al tema específico de las armas usadas en el caso Rózsa.
"Yo no voy a abundar en el tema terrorismo, en el tema narcotráfico o en cualquier otra elucubración, opinión ajena; en este caso no voy a entrar en detalles de lo que habla el coronel Cardona, no corresponde al Comando General del Ejército”, aseveró.
El general únicamente puso en claro que la institución militar cumple rigurosamente los procedimientos establecidos para el control de armamento, ingreso y salida de armas, en base a una cadena de responsabilidades.
Consultado sobre el teniente que habría vendido las municiones de Cofadena, el general Begazo sólo se limitó a responder que "en este momento no tengo un dato preciso de identificación de ese personal”.
Sin embargo, Torrico –que formó parte de la comisión de Diputados que investigó el caso Rózsa– aseguró que toda la munición encontrada en el stand de Cotas fue entregada o vendida al grupo "terrorista” por un teniente de las Fuerzas Armadas.
"Se supo que la munición era de Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional), luego se supo que salió de un regimiento, (por eso) había un teniente involucrado porque él dijo que había vendido”, recordó el ahora asambleísta departamental electo de La Paz.
Aunque Torrico no recordó el nombre del teniente que supuestamente vendió la munición de Cofadena, señaló que ese militar ya estaba involucrado en el proceso de investigación del caso Rózsa.
"Yo ahora no recuerdo (su nombre) pero cuando se entrega se ve que había un teniente, un militar en Santa Cruz, las municiones habían salido de ahí, era de Cofadena”, insistió.
Asimismo, conminó al coronel Cardona a entregar a los medios de comunicación un informe detallado sobre el número de serie, calibre, la fabricación y otros datos de las armas que él dice que salieron de la Octava División.
En cambio, el comandante general del Ejército, José Luis Begazo, a tiempo de expresar su indignación sobre la versión de Cardona, no quiso referirse en detalle al tema específico de las armas usadas en el caso Rózsa.
"Yo no voy a abundar en el tema terrorismo, en el tema narcotráfico o en cualquier otra elucubración, opinión ajena; en este caso no voy a entrar en detalles de lo que habla el coronel Cardona, no corresponde al Comando General del Ejército”, aseveró.
El general únicamente puso en claro que la institución militar cumple rigurosamente los procedimientos establecidos para el control de armamento, ingreso y salida de armas, en base a una cadena de responsabilidades.
Consultado sobre el teniente que habría vendido las municiones de Cofadena, el general Begazo sólo se limitó a responder que "en este momento no tengo un dato preciso de identificación de ese personal”.
Retiro de armas salpica al hermano del 'vice'
El coronel Germán Cardona afirmó a radio Erbol que Juan Ramón Quintana, Gabriela Montaño y Raúl García Linera estuvieron entre las personas que recogieron armas en custodia del Ejército, que después se implantaron como pruebas en el caso Rózsa.
Cardona, quien ha pedido refugio en España tras sus revelaciones, relató a dicha emisora que la noche del 9 de abril de 2009 recibió una llamada del sargento encargado del arsenal de la Octava División del Ejército, quien le informó que Quintana, la entonces Delegada Presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, y el hermano del vicepresidente se estaban llevando las armas.
"Se desconocía que Cardona haya estado presente en el momento de la entrega del armamento", comentó Zvonko Matkovic Fleig, padre de uno de los acusados. Aseveró que como respaldo, el militar elaboró un documento y pidió aclaración al Ejército, porque como asesor jurídico ponía su firma en la recepción de armas teniendo en cuenta de que la Octava era depositaria de las armas incautadas a delincuentes. "Entran a la Octava, Gabriela Montaño, en calidad de Delegada Presidencial y el actual ministro de la Presidencia y les dicen que les entreguen el armamento y como eran pruebas de otros juicios lo traen al fiscal (Jaime) Soliz", apuntó Matkovic al referirse a la denuncia de Cardona.
Sostiene que ingresan y sacan el arsenal Raúl García Linera disfrazado como chofer y un ministro o viceministro.
Solicitan contrastar las armas. El general Gary Prado Salmón, dijo que se debe contrastar la lista de las armas en custodia de la Octava División con las que fueron presentadas por el exfiscal Marcelo Soza como pruebas en el caso Rózsa. Mencionó que el armamento tienen un número de serie fácil de identificar, por lo tanto saltará a la vista si es verdad la denuncia del Cnl. Cardona.
Comité exige una investigación. Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Róger Montenegro, plantea que Cardona remita el informe al Ministerio Público, en el que hace conocer que las armas fueron extraídas de la Octava División. Por ello, exige que el Ejército extienda los antecedentes del caso a la Fiscalía, con el objeto de investigar y se dé con los culpables, que demuestra que el caso Rózsa fue armado en contra de la dirigencia cruceña.
Montenegro dijo que el Comité se convertirá "en vigilante permanente para que se esclarezcan los hechos denunciados".
Cardona, quien ha pedido refugio en España tras sus revelaciones, relató a dicha emisora que la noche del 9 de abril de 2009 recibió una llamada del sargento encargado del arsenal de la Octava División del Ejército, quien le informó que Quintana, la entonces Delegada Presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, y el hermano del vicepresidente se estaban llevando las armas.
"Se desconocía que Cardona haya estado presente en el momento de la entrega del armamento", comentó Zvonko Matkovic Fleig, padre de uno de los acusados. Aseveró que como respaldo, el militar elaboró un documento y pidió aclaración al Ejército, porque como asesor jurídico ponía su firma en la recepción de armas teniendo en cuenta de que la Octava era depositaria de las armas incautadas a delincuentes. "Entran a la Octava, Gabriela Montaño, en calidad de Delegada Presidencial y el actual ministro de la Presidencia y les dicen que les entreguen el armamento y como eran pruebas de otros juicios lo traen al fiscal (Jaime) Soliz", apuntó Matkovic al referirse a la denuncia de Cardona.
Sostiene que ingresan y sacan el arsenal Raúl García Linera disfrazado como chofer y un ministro o viceministro.
Solicitan contrastar las armas. El general Gary Prado Salmón, dijo que se debe contrastar la lista de las armas en custodia de la Octava División con las que fueron presentadas por el exfiscal Marcelo Soza como pruebas en el caso Rózsa. Mencionó que el armamento tienen un número de serie fácil de identificar, por lo tanto saltará a la vista si es verdad la denuncia del Cnl. Cardona.
Comité exige una investigación. Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Róger Montenegro, plantea que Cardona remita el informe al Ministerio Público, en el que hace conocer que las armas fueron extraídas de la Octava División. Por ello, exige que el Ejército extienda los antecedentes del caso a la Fiscalía, con el objeto de investigar y se dé con los culpables, que demuestra que el caso Rózsa fue armado en contra de la dirigencia cruceña.
Montenegro dijo que el Comité se convertirá "en vigilante permanente para que se esclarezcan los hechos denunciados".
Senador Ortiz muestra auditoría del 2013 Revelan desvío de Bs 300 millones del Fondioc
El senador Óscar Ortiz afirmó que el Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas (Fondioc) transfirió de manera irregular más de Bs 300 millones a cuentas particulares en la gestión 2013.
Para sustentar su afirmación, el político se basó en una auditoría al Fondioc e información presentada por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
Mostró el dictamen de la auditoría que realizó la consultora Málaga Cabrera y Asociados sobre las operaciones que hizo el Fondioc en la gestión 2013.
En 2014, dicho documento fue puesto a conocimiento del entonces director del Fondo, Marco Aramayo.
Cuentas particulares. Este dictamen señala que todos los desembolsos del 2013 fueron a cuentas particulares cuando el Reglamento del Fondioc manda a abrir cuentas mancomunadas a nombre del proyecto para manejar los recursos de esta entidad.
“Se evidenció que ningún proyecto, a los cuales se efectuó desembolsos en la gestión 2013, tiene la cuenta bancaria a nombre del mismo (proyecto). En este contexto, las cuentas se encuentran registradas a nombre de cada representante legal como persona natural. Al respecto, el Reglamento de Transferencias Público-Privadas para la ejecución de Proyectos (del Fondioc) establece literalmente en el capítulo II De la Transferencia de Recursos Públicos, Artículo 10, Numeral 2, Comisión de Administración inciso b) Aperturar y manejar la cuenta bancaria mancomunada a nombre del proyecto”, dice el informe de auditoría.
Remisión al Contralor y al Fiscal. Ortiz recordó que la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, informó al Senado que en la gestión 2013 el Fondo erogó más de Bs 300 millones.
“Nos parece una situación gravísima y en mi condición de senador estoy remitiendo esta documentación tanto al Contralor como al Fiscal General para que inmediatamente abran las investigaciones a todas las personas que recibieron recursos del Fondo Indígena y a los responsables de haber ejecutado estas transferencias, porque claramente rompen la normativa legal interna del Fondo como de las leyes”, agregó el legislador.
Para sustentar su afirmación, el político se basó en una auditoría al Fondioc e información presentada por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
Mostró el dictamen de la auditoría que realizó la consultora Málaga Cabrera y Asociados sobre las operaciones que hizo el Fondioc en la gestión 2013.
En 2014, dicho documento fue puesto a conocimiento del entonces director del Fondo, Marco Aramayo.
Cuentas particulares. Este dictamen señala que todos los desembolsos del 2013 fueron a cuentas particulares cuando el Reglamento del Fondioc manda a abrir cuentas mancomunadas a nombre del proyecto para manejar los recursos de esta entidad.
“Se evidenció que ningún proyecto, a los cuales se efectuó desembolsos en la gestión 2013, tiene la cuenta bancaria a nombre del mismo (proyecto). En este contexto, las cuentas se encuentran registradas a nombre de cada representante legal como persona natural. Al respecto, el Reglamento de Transferencias Público-Privadas para la ejecución de Proyectos (del Fondioc) establece literalmente en el capítulo II De la Transferencia de Recursos Públicos, Artículo 10, Numeral 2, Comisión de Administración inciso b) Aperturar y manejar la cuenta bancaria mancomunada a nombre del proyecto”, dice el informe de auditoría.
Remisión al Contralor y al Fiscal. Ortiz recordó que la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, informó al Senado que en la gestión 2013 el Fondo erogó más de Bs 300 millones.
“Nos parece una situación gravísima y en mi condición de senador estoy remitiendo esta documentación tanto al Contralor como al Fiscal General para que inmediatamente abran las investigaciones a todas las personas que recibieron recursos del Fondo Indígena y a los responsables de haber ejecutado estas transferencias, porque claramente rompen la normativa legal interna del Fondo como de las leyes”, agregó el legislador.
Caso Terrorismo I Cardona involucra a autoridades en traslado de armas
El coronel Germán Cardona involucró a las autoridades de Gobierno que retiraron armas de los depósitos de la Octava División del Ejército de Santa Cruz, las que posteriormente habrían aparecido como parte de los indicios recolectados por representantes del Ministerio de Gobierno en el denominado caso Terrorismo I.
Entretanto, el comandante general del Ejército, general José Luis Begazo Ampuero, anunció que el coronel Cardona sería sometido a proceso en instancias del Tribunal de Justicia Militar por los delitos de: infidencia, deserción, usurpación de funciones, irreverencia a las órdenes militares, injurias, difamación, y calumnias en contra de autoridades militares y otros.
Cardona se encuentra en España donde gestiona refugio luego de dar a conocer incidencias en el caso Terrorismo I que causaron polémica en esferas gubernamentales y de oposición.
Al respecto, el general Begazo fue remitido a la letra “B” que establece una reducción de la actividad por seis meses lo que “tiene una consecuencia profesional”, además de que pesa sobre su persona una resolución de arresto por negarse a someter a sumario informativo instaurado por instancias del Tribunal de Personal del Comando del Ejército luego de constatar que se vulneró leyes, códigos y reglamentos que vulneran la moral y disciplina de la institución militar.
En entrevista con Erbol, dijo que la noche del 9 de abril de 2009 recibió una llamada del Sargento encargado del arsenal de la Octava División del Ejército, quien le informó que Quintana, la Delegada Presidencial en Santa Cruz (entonces Gabriela Montaño) y Raúl (se presume que sea Raúl García Linera), se estaban llevando las armas.
En esa ápoca Cardona era asesor jurídico de la Octava División y era encargado de solicitar al Ministerio Público que entregue armas de guerra incautadas a delincuentes, porque sólo las Fuerzas Armadas pueden tener un su poder este tipo de material bélico.
Recordó que entre el 5 y el 6 de marzo de 2009 lo llamaron, un suboficial y un sargento preguntándole si las armas podían disponerse para autoridades del gobierno. Él respondió que no.
Luego relató que en una oportunidad se reunió con Juan Ramón Quintana, junto con el comandante de la Octava División, éste último le habría pedido ayuda para "entregar las armas", situación que fue rechazada y motivó para que Quintana lo increpe y lo eche del lugar donde se encontraban y por ello lo calificó de “alzado, prepotente y atrevido”.
Finalmente hizo referencia a la extraña muerte del mayor Redy Olmos Rejas, quien era jefe del material bélico de la Octava División.
MARCELO SOZA
El exfiscal Marcelo Soza, que investigó el caso terrorismo, aseguró ayer que la información dada a conocer por el coronel Germán Cardona son verdaderos porque supuestamente la munición y armas encontradas en el operativo policial "que acabó con el grupo de Eduardo Rózsá" pertenecen al Ejército. Este hecho fue descalificado por autoridades de Gobierno.
"Al coronel Cardona nunca lo conocí, pero si él dice que hubo armas que sacaron del comando obviamente eso es un dato cierto porque ya existían rumores dentro de la misma Policía Boliviana de que ese armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de Cotas había salido precisamente de un otro operativo, que se hizo con anterioridad al caso terrorismo", dijo Soza a Erbol en contacto telefónico desde Brasil.
INDIGNACIÓN
El comandante General del Ejército, general Luis Begazo, a nombre de la institución castrense, expresó su “indignación” por las declaraciones del coronel Germán Cardona.
“El Comando General de Ejército manifiesta su indignación institucional por la actitud individual y personal de un miembro de la institución (Cardona) que no corresponde, no condice con un militar de honor que cumple las normas, los procedimientos, las leyes y los reglamentos”, dijo en rueda de prensa.
Anunció que remitirán al Tribunal Permanente de Justicia Militar antecedentes de procesos disciplinarios que enfrenta Cardona y que derivarían en delitos como: infidencia, deserción, usurpación de funciones, irreverencia a las órdenes militares, injurias, difamación, y calumnias en contra de autoridades militares y otras.
En cuanto a la custodia de armas el general Begazo, garantizó que en la Octava División están completas y negó la existencia de un informe “ultra secreto”, como denunció el coronel Cardona, antes de refugiarse en España.
“Habiendo evidenciado actuaciones irregulares, fuera del marco de la norma militar, el Comando General de Ejército remitió al coronel Germán Cardona una nota de servicio, un cuestionario al que él auto clasifica como ‘ultra secreto´”, explicó a los periodistas.
Informó que en ese cuestionario de seis preguntas, Cardona debía explicar y fundamentar toda su actuación militar y extra militar.
Sobre el tema de las armas el exviceministro de Gobierno Gustavo Torrico, afirmó que la investigación realizada por la comisión parlamentaria consigna el detalle de cada una de ellas con sus códigos respectivos en el cuaderno de investigaciones y que en ese momento se sabía que las municiones eran de Cofadena que habían sido vendidas por un Teniente de Ejército.
Lo que habría que hacer es constatar la serie de las armas que se4cuestró el Ministerio Público en el estand de Cotas en Santa Cruz y las que tiene consignadas en resguardo en dependencias de la Octava División.
Entretanto, el comandante general del Ejército, general José Luis Begazo Ampuero, anunció que el coronel Cardona sería sometido a proceso en instancias del Tribunal de Justicia Militar por los delitos de: infidencia, deserción, usurpación de funciones, irreverencia a las órdenes militares, injurias, difamación, y calumnias en contra de autoridades militares y otros.
Cardona se encuentra en España donde gestiona refugio luego de dar a conocer incidencias en el caso Terrorismo I que causaron polémica en esferas gubernamentales y de oposición.
Al respecto, el general Begazo fue remitido a la letra “B” que establece una reducción de la actividad por seis meses lo que “tiene una consecuencia profesional”, además de que pesa sobre su persona una resolución de arresto por negarse a someter a sumario informativo instaurado por instancias del Tribunal de Personal del Comando del Ejército luego de constatar que se vulneró leyes, códigos y reglamentos que vulneran la moral y disciplina de la institución militar.
En entrevista con Erbol, dijo que la noche del 9 de abril de 2009 recibió una llamada del Sargento encargado del arsenal de la Octava División del Ejército, quien le informó que Quintana, la Delegada Presidencial en Santa Cruz (entonces Gabriela Montaño) y Raúl (se presume que sea Raúl García Linera), se estaban llevando las armas.
En esa ápoca Cardona era asesor jurídico de la Octava División y era encargado de solicitar al Ministerio Público que entregue armas de guerra incautadas a delincuentes, porque sólo las Fuerzas Armadas pueden tener un su poder este tipo de material bélico.
Recordó que entre el 5 y el 6 de marzo de 2009 lo llamaron, un suboficial y un sargento preguntándole si las armas podían disponerse para autoridades del gobierno. Él respondió que no.
Luego relató que en una oportunidad se reunió con Juan Ramón Quintana, junto con el comandante de la Octava División, éste último le habría pedido ayuda para "entregar las armas", situación que fue rechazada y motivó para que Quintana lo increpe y lo eche del lugar donde se encontraban y por ello lo calificó de “alzado, prepotente y atrevido”.
Finalmente hizo referencia a la extraña muerte del mayor Redy Olmos Rejas, quien era jefe del material bélico de la Octava División.
MARCELO SOZA
El exfiscal Marcelo Soza, que investigó el caso terrorismo, aseguró ayer que la información dada a conocer por el coronel Germán Cardona son verdaderos porque supuestamente la munición y armas encontradas en el operativo policial "que acabó con el grupo de Eduardo Rózsá" pertenecen al Ejército. Este hecho fue descalificado por autoridades de Gobierno.
"Al coronel Cardona nunca lo conocí, pero si él dice que hubo armas que sacaron del comando obviamente eso es un dato cierto porque ya existían rumores dentro de la misma Policía Boliviana de que ese armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de Cotas había salido precisamente de un otro operativo, que se hizo con anterioridad al caso terrorismo", dijo Soza a Erbol en contacto telefónico desde Brasil.
INDIGNACIÓN
El comandante General del Ejército, general Luis Begazo, a nombre de la institución castrense, expresó su “indignación” por las declaraciones del coronel Germán Cardona.
“El Comando General de Ejército manifiesta su indignación institucional por la actitud individual y personal de un miembro de la institución (Cardona) que no corresponde, no condice con un militar de honor que cumple las normas, los procedimientos, las leyes y los reglamentos”, dijo en rueda de prensa.
Anunció que remitirán al Tribunal Permanente de Justicia Militar antecedentes de procesos disciplinarios que enfrenta Cardona y que derivarían en delitos como: infidencia, deserción, usurpación de funciones, irreverencia a las órdenes militares, injurias, difamación, y calumnias en contra de autoridades militares y otras.
En cuanto a la custodia de armas el general Begazo, garantizó que en la Octava División están completas y negó la existencia de un informe “ultra secreto”, como denunció el coronel Cardona, antes de refugiarse en España.
“Habiendo evidenciado actuaciones irregulares, fuera del marco de la norma militar, el Comando General de Ejército remitió al coronel Germán Cardona una nota de servicio, un cuestionario al que él auto clasifica como ‘ultra secreto´”, explicó a los periodistas.
Informó que en ese cuestionario de seis preguntas, Cardona debía explicar y fundamentar toda su actuación militar y extra militar.
Sobre el tema de las armas el exviceministro de Gobierno Gustavo Torrico, afirmó que la investigación realizada por la comisión parlamentaria consigna el detalle de cada una de ellas con sus códigos respectivos en el cuaderno de investigaciones y que en ese momento se sabía que las municiones eran de Cofadena que habían sido vendidas por un Teniente de Ejército.
Lo que habría que hacer es constatar la serie de las armas que se4cuestró el Ministerio Público en el estand de Cotas en Santa Cruz y las que tiene consignadas en resguardo en dependencias de la Octava División.
Fondioc Auditoria revela que desembolsaron Bs 300 millones a cuentas personales
El jefe de la Bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Óscar Ortiz, informó ayer que todos los desembolsos efectuados por el Fondo Indígena el año 2013, que ascendieron a Bs 300 millones, según la auditoría de la Empresa Consultora Málaga & Asociados y proporcionada por la ministra Nemesia Achacollo en su informe oral al Senado, fueron depositadas en cuentas personales y no así en cuentas mancomunadas a nombre de cada proyecto, tal como establece el Reglamento de Transferencias Público-Privadas.
Ortiz dijo que esta es una prueba de que todos los recursos de un año entero, que ascendieron a Bs 300 millones desembolsados por el Fondo Indígena el 2013, se lo hizo a nombre de cuentas particulares.
“Esto nos parece una situación gravísima y la documentación de la auditoría de esta consultora será remitido al Contralor del Estado y al Fiscal General del Estado para que inmediatamente abran las investigaciones a todas las personas naturales que recibieron en sus cuentas personales recursos del Fondo Indígena, como también a todos los responsables de haber efectuado esa transferencia porque esto rompe toda la normativa interna legal del Fondo Indígena como de las leyes”, advirtió.
El parlamentario no se explica cómo la Contraloría del Estado no tomó en cuenta este tipo de situaciones y lo que es peor, dijo, que aún no ha llegado a revelar qué ha pasado el 2013 y solo se limitó a dar un informe del año 2012, verificando 154 proyectos por Bs 71 millones.
Ortiz dijo que esta es una prueba de que todos los recursos de un año entero, que ascendieron a Bs 300 millones desembolsados por el Fondo Indígena el 2013, se lo hizo a nombre de cuentas particulares.
“Esto nos parece una situación gravísima y la documentación de la auditoría de esta consultora será remitido al Contralor del Estado y al Fiscal General del Estado para que inmediatamente abran las investigaciones a todas las personas naturales que recibieron en sus cuentas personales recursos del Fondo Indígena, como también a todos los responsables de haber efectuado esa transferencia porque esto rompe toda la normativa interna legal del Fondo Indígena como de las leyes”, advirtió.
El parlamentario no se explica cómo la Contraloría del Estado no tomó en cuenta este tipo de situaciones y lo que es peor, dijo, que aún no ha llegado a revelar qué ha pasado el 2013 y solo se limitó a dar un informe del año 2012, verificando 154 proyectos por Bs 71 millones.
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