Marcelo Soza, exfiscal que investigó el caso Rózsa, habló con Página Siete desde Brasil, donde se encuentra refugiado desde hace más de un año, sobre las armas que presentó como prueba para sustentar su acusación de que en Bolivia operó un grupo de separatistas.
Informó que durante la investigación conoció por rumores de que las armas fueron confiscadas en un operativo y que estaban en custodia de las Fuerzas Armadas.
Como fiscal del caso terrorismo, ¿cuántas armas se incautó y de qué calibre eran?
Debo indicar que fue bastante armamento, mas no recuerdo con exactitud el número. Sin embargo, lo que me llamó la atención, es que había bastante munición de distintos calibres; esos proyectiles eran de calibre mayor que no correspondían al armamento encontrado. Además de que había munición del Ejército con sello de Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional).
Usted dice que no lo dejaron investigar. ¿Quién o quiénes no lo dejaron investigar, sobre todo en lo que se refiere a las armas?
Lo dije en mi carta al Conare: el proceso de terrorismo estaba fuertemente controlado por el Gobierno desde el Ministerio de Gobierno, que reportaba todo a Raúl García Linera a través de Clavijo, Carlos Núñez del Prado y los respectivos ministros. Como manifesté, nunca se me brindaron la información de qué personas ingresaron al operativo del hotel Las Américas, quién lo dirigía, porque no me convocaron ese día (16 de abril). Tampoco entregaron información de quienes ingresaron inicialmente al stand de COTAS, ya que se precisaba conocer cómo encontraron ese escenario. Pese a mis requerimientos escritos, nunca se me informó de este extremo; por el contrario, el general Escobar, en total colusión con el Gobierno, me denunció porque yo ya me constituía en un hombre peligroso, y empezaron las amenazas, razón por la cual decido renunciar, pero me niegan esta petición.
Durante la investigación, ¿usted advirtió que alguna de las armas eran de propiedad de las Fuerzas Armadas?
Como dije, yo no conozco de armas, pero por las fotos las municiones sí son del Ejército y en cuanto a las armas no sé, pero había rumores de que esas armas eran de otro operativo y que estaban en custodia del Ejército.
¿Quién o quiénes custodiaban las armas incautadas durante la investigación y a qué manos pasaron luego de que presentó la imputación formal?
En un principio, las armas estaban bajo custodia de la Comisión Nacional de Investigación, es decir, los policías que trabajaban conmigo en el caso, se encargaron de la custodia de todos los elementos probatorios. Cuando presenté la acusación en 2010 pasó a manos del Tribunal de Justicia.
Usted indicó que las pruebas que tenía en su poder fueron entregadas a otras instancias, ¿en qué consisten estas pruebas?
Me referí a las pruebas que tengo contra el Gobierno sobre el operativo y el asesinato en el hotel Las Américas y otros aspectos.
Denunció que lo amenazaron de muerte. ¿Cómo fue y de quién sospecha?
Las denuncias eran obviamente anónimas. Me decían que no indague mucho, que eso me iba a perjudicar y otros aspectos que manifesté en las denuncias que hice oportunamente.
De todo lo que digo tengo elementos de prueba. Sin embargo, sé que tanto el Gobierno como la oposición van a querer obtener ventaja de todo lo que digo y quieren lavarse la cara unos con otros. Lo que puedo decir es que sí hubo un intento de división territorial donde estaban involucrados varios ciudadanos cruceños, así como también hubo injerencia del Gobierno e implantación de algunos elementos de prueba. Por eso nunca me convocaron a los operativos, yo no hubiese permitido que se mate a esa gente.
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