El coronel Germán Cardona afirmó a radio Erbol que Juan Ramón Quintana, Gabriela Montaño y Raúl García Linera estuvieron entre las personas que recogieron armas en custodia del Ejército, que después se implantaron como pruebas en el caso Rózsa.
Cardona, quien ha pedido refugio en España tras sus revelaciones, relató a dicha emisora que la noche del 9 de abril de 2009 recibió una llamada del sargento encargado del arsenal de la Octava División del Ejército, quien le informó que Quintana, la entonces Delegada Presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, y el hermano del vicepresidente se estaban llevando las armas.
"Se desconocía que Cardona haya estado presente en el momento de la entrega del armamento", comentó Zvonko Matkovic Fleig, padre de uno de los acusados. Aseveró que como respaldo, el militar elaboró un documento y pidió aclaración al Ejército, porque como asesor jurídico ponía su firma en la recepción de armas teniendo en cuenta de que la Octava era depositaria de las armas incautadas a delincuentes. "Entran a la Octava, Gabriela Montaño, en calidad de Delegada Presidencial y el actual ministro de la Presidencia y les dicen que les entreguen el armamento y como eran pruebas de otros juicios lo traen al fiscal (Jaime) Soliz", apuntó Matkovic al referirse a la denuncia de Cardona.
Sostiene que ingresan y sacan el arsenal Raúl García Linera disfrazado como chofer y un ministro o viceministro.
Solicitan contrastar las armas. El general Gary Prado Salmón, dijo que se debe contrastar la lista de las armas en custodia de la Octava División con las que fueron presentadas por el exfiscal Marcelo Soza como pruebas en el caso Rózsa. Mencionó que el armamento tienen un número de serie fácil de identificar, por lo tanto saltará a la vista si es verdad la denuncia del Cnl. Cardona.
Comité exige una investigación. Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Róger Montenegro, plantea que Cardona remita el informe al Ministerio Público, en el que hace conocer que las armas fueron extraídas de la Octava División. Por ello, exige que el Ejército extienda los antecedentes del caso a la Fiscalía, con el objeto de investigar y se dé con los culpables, que demuestra que el caso Rózsa fue armado en contra de la dirigencia cruceña.
Montenegro dijo que el Comité se convertirá "en vigilante permanente para que se esclarezcan los hechos denunciados".
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