Noticia publicada el 25 de Mayo en La Prensa
Los abogados de la Dirección Jurídica de YPFB denunciaron la desaparición de documentos confidenciales de la empresa, “especialmente” los referidos a los contratos de operación suscritos entre el Estado y las compañías petroleras. Por esto, solicitaron que la Fiscalía de Distrito investigue el caso.
Cuatro abogados de ese despacho hicieron conocer esa irregularidad al director legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Alejandro Aspiazu, en una carta que enviaron el 15 de mayo y a la que tuvo acceso La Prensa.
“Lamentablemente (...) dentro de la Dirección Legal General vienen desapareciendo documentos oficiales de los archivos, como ser informes legales, cartas, comunicaciones internas y otros, en especial documentación relacionada a los contratos de operación (...) por lo que solicitamos a su autoridad, se formule la denuncia oficial ante el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones...”
Ayer, durante todo el día, este diario trató de comunicarse con el presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, para consultarle al respecto, pero hasta el cierre de edición no atendió el requerimiento periodístico.
Indagaciones
Esa denuncia surge en momentos en que la Fiscalía solicitó información a la empresa para esclarecer la negociación y firma de los contratos petroleros, en especial la redacción del Anexo D, relativo a los gastos contables, de los campos San Alberto, San Antonio y Río Hondo.
Alaín De Canedo, uno de los fiscales asignados a ese caso, dijo que por una cuestión de reserva no podía precisar el tipo de papeles que solicitó, pero admitió que cuando el proceso salió a la luz pública la empresa se cerró y no quiso dar datos.
A ese óbice se sumó ayer la paralización de la investigación. Esto debido a la recusación presentada por Manuel Morales Dávila, padre del ex presidente de YPFB Manuel Morales Olivera, a quien Podemos acusa de haber incurrido en irregularidades en la emisión de los anexos D.
El investigador dijo que el recurso no tiene asidero legal porque el Ministerio Público no convocó a declarar a Morales Olivera ni inició oficialmente una pesquisa en su contra.
De Canedo no precisó el tipo de datos que solicitaron a la petrolera estatal, pero admitió que desde que el proceso salió a la luz pública las fuentes se cerraron. A la fecha, la Fiscalía citó a una treintena de funcionarios de la estatal y a miembros de las petroleras Petrobras, Repsol YPF y Total, que operan en los campos de los contratos observados.
Dentro del proceso de investigación, el Ministerio Público convocó al equipo técnico que colaboró con Morales Olivera, los denominados “rugrats”. Esto porque ellos, según fuentes del ramo, participaron en la redacción de los documentos en reuniones que sostuvieron en el piso ocho del edificio de YPFB.
En su momento, el ex asesor legal de la empresa Roberto Botero denunció que en esa oficina retuvieron los contratos varias semanas por órdenes del entonces presidente ejecutivo.
Cuando iniciaron las declaraciones informativas en la Fiscalía, a fines de marzo, los “rugrats” se acogieron al derecho de silencio. Dos semanas después se presentaron voluntariamente. Según De Canedo, todos coincidieron en que no tuvieron nada que ver en la redacción de los contratos y no precisaron quién los elaboró. Sin embargo, uno de ellos, César Santagadea, dijo que un miembro de la empresa Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle Asoc., que había asesorado a Gonzalo Sánchez de Lozada, explicó los documentos.
De Canedo aseguró que parte del equipo de los “rugrats” continúa trabajando en YPFB, el resto se fue con Morales Olivera hace poco más de un mes.
El Directorio pide informe sobre pago de Bs 72 millones
El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solicitó ayer un informe al presidente ejecutivo de la empresa, Guillermo Aruquipa, para que responda por los 72 millones de dólares que erogó la compañía por “negligencia” en sus funcionarios.
Según fuentes del sector, el máximo ente de decisión se reunirá esta semana con el objetivo de establecer responsabilidades.
La Prensa denunció ayer que YPFB había pagado en efectivo 72 millones de dólares a las refinerías por el diésel oil que importa, debido a que la estatal petrolera no emitió a tiempo las notas de crédito fiscal (Nocre) con las que cubre ese gasto.
Bolivia produce el 70 por ciento del diésel oil que consume el mercado. El resto lo importa. Como el costo del combustible en el mercado nacional está congelado, Yacimientos paga (subsidia) la diferencia con el precio internacional al internar el carburante.
Para no utilizar recursos propios, el Estado debe emitir las Nocre (papeles) para que la empresa refinadora pueda descargarse el valor ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Este diario insistió para hablar con el Presidente de YPFB, pero en su oficina de prensa informaron que durante todo el día no habían logrado consultarle al respecto y que no iba a hablar.
Los abogados de la Dirección Jurídica de YPFB denunciaron la desaparición de documentos confidenciales de la empresa, “especialmente” los referidos a los contratos de operación suscritos entre el Estado y las compañías petroleras. Por esto, solicitaron que la Fiscalía de Distrito investigue el caso.
Cuatro abogados de ese despacho hicieron conocer esa irregularidad al director legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Alejandro Aspiazu, en una carta que enviaron el 15 de mayo y a la que tuvo acceso La Prensa.
“Lamentablemente (...) dentro de la Dirección Legal General vienen desapareciendo documentos oficiales de los archivos, como ser informes legales, cartas, comunicaciones internas y otros, en especial documentación relacionada a los contratos de operación (...) por lo que solicitamos a su autoridad, se formule la denuncia oficial ante el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones...”
Ayer, durante todo el día, este diario trató de comunicarse con el presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, para consultarle al respecto, pero hasta el cierre de edición no atendió el requerimiento periodístico.
Indagaciones
Esa denuncia surge en momentos en que la Fiscalía solicitó información a la empresa para esclarecer la negociación y firma de los contratos petroleros, en especial la redacción del Anexo D, relativo a los gastos contables, de los campos San Alberto, San Antonio y Río Hondo.
Alaín De Canedo, uno de los fiscales asignados a ese caso, dijo que por una cuestión de reserva no podía precisar el tipo de papeles que solicitó, pero admitió que cuando el proceso salió a la luz pública la empresa se cerró y no quiso dar datos.
A ese óbice se sumó ayer la paralización de la investigación. Esto debido a la recusación presentada por Manuel Morales Dávila, padre del ex presidente de YPFB Manuel Morales Olivera, a quien Podemos acusa de haber incurrido en irregularidades en la emisión de los anexos D.
El investigador dijo que el recurso no tiene asidero legal porque el Ministerio Público no convocó a declarar a Morales Olivera ni inició oficialmente una pesquisa en su contra.
De Canedo no precisó el tipo de datos que solicitaron a la petrolera estatal, pero admitió que desde que el proceso salió a la luz pública las fuentes se cerraron. A la fecha, la Fiscalía citó a una treintena de funcionarios de la estatal y a miembros de las petroleras Petrobras, Repsol YPF y Total, que operan en los campos de los contratos observados.
Dentro del proceso de investigación, el Ministerio Público convocó al equipo técnico que colaboró con Morales Olivera, los denominados “rugrats”. Esto porque ellos, según fuentes del ramo, participaron en la redacción de los documentos en reuniones que sostuvieron en el piso ocho del edificio de YPFB.
En su momento, el ex asesor legal de la empresa Roberto Botero denunció que en esa oficina retuvieron los contratos varias semanas por órdenes del entonces presidente ejecutivo.
Cuando iniciaron las declaraciones informativas en la Fiscalía, a fines de marzo, los “rugrats” se acogieron al derecho de silencio. Dos semanas después se presentaron voluntariamente. Según De Canedo, todos coincidieron en que no tuvieron nada que ver en la redacción de los contratos y no precisaron quién los elaboró. Sin embargo, uno de ellos, César Santagadea, dijo que un miembro de la empresa Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle Asoc., que había asesorado a Gonzalo Sánchez de Lozada, explicó los documentos.
De Canedo aseguró que parte del equipo de los “rugrats” continúa trabajando en YPFB, el resto se fue con Morales Olivera hace poco más de un mes.
El Directorio pide informe sobre pago de Bs 72 millones
El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solicitó ayer un informe al presidente ejecutivo de la empresa, Guillermo Aruquipa, para que responda por los 72 millones de dólares que erogó la compañía por “negligencia” en sus funcionarios.
Según fuentes del sector, el máximo ente de decisión se reunirá esta semana con el objetivo de establecer responsabilidades.
La Prensa denunció ayer que YPFB había pagado en efectivo 72 millones de dólares a las refinerías por el diésel oil que importa, debido a que la estatal petrolera no emitió a tiempo las notas de crédito fiscal (Nocre) con las que cubre ese gasto.
Bolivia produce el 70 por ciento del diésel oil que consume el mercado. El resto lo importa. Como el costo del combustible en el mercado nacional está congelado, Yacimientos paga (subsidia) la diferencia con el precio internacional al internar el carburante.
Para no utilizar recursos propios, el Estado debe emitir las Nocre (papeles) para que la empresa refinadora pueda descargarse el valor ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Este diario insistió para hablar con el Presidente de YPFB, pero en su oficina de prensa informaron que durante todo el día no habían logrado consultarle al respecto y que no iba a hablar.
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