La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural halló indicios de responsabilidad penal y administrativa en contra del ex ministro Hugo Salvatierra y de cuatro ex funcionarios de la entidad por la distribución de tractores del Programa Crediticio de Mejoramiento del Agro.
Si en 10 días Salvatierra no presenta sus descargos, podría enfrentar un juicio de responsabilidades —pues se trata de un ex Ministro— por incumplimiento de funciones, firma de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La ex autoridad aseguró a El Deber que está dispuesto a asumir su defensa porque no cometió ningún delito y dijo sentirse un perseguido político. “Lamento que nunca se me haya convocado a explicar si había alguna irregularidad y que diputados de oposición hubiesen tenido esta documentación antes que yo”.
También pueden ser enjuiciados, pero por la vía ordinaria, Yeris Ivo Peric, quien fue responsable de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización del Ministerio; Javier Ernesto Muñoz Pereira, asesor, y los funcionarios Abel Peña Velasco y Darwin Quiroga Vargas.
El informe presentado ayer es el primero de 15 auditorías que se realizan a la gestión de esa ex autoridad, el cual se inició el 23 de enero de 2006 y culminó el 23 de enero de 2007.
Salvatierra fue el principal operador político del MAS en Santa Cruz. Postuló para ser Prefecto de ese departamento en las elecciones de diciembre de 2005. Tras su salida de la cartera de Desarrollo Rural fue designado Delegado Presidencial para la capital oriental, pero renunció. Pugnó por controlar la dirección del partido oficialista en ese departamento, mas perdió.
Según fuentes cercanas al Ejecutivo, las irregularidades sobre la entrega de tractores fueron conocidas dentro del Gobierno cuanto Salvatierra aún era ministro. Éste fue uno de los motivos para su alejamiento.
Las irregularidades
La ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, informó que la auditoría interna a la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanizada fue practicada luego de que una investigación previa encontrara irregularidades en la dotación de las maquinarias con créditos de España y China.
Las maquinarias debían ser adjudicadas a los pueblos campesinos e indígenas afectados por los desastres naturales en la anterior gestión. La nómina con las solicitudes debía ser remitida por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Colonizadores de Bolivia (CCB). Empero, Rivero dijo que este requisito no se cumplió.
Producto de la fiscalización se pudo evidenciar la inexistencia de documentación que respalde la entrega de la maquinaria. Tampoco hay una base de datos que haga referencia a la importación de los tractores.
Informó que pese a que se tiene una lista preliminar de a quiénes se entregaron los tractores, los contratos sobre estos préstamos no fueron registrados en la oficina de Derechos Reales ni cumplen los requisitos establecidos en el Decreto 28785. No se verificó si los beneficiarios estaban en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos.
No se tiene registros contables sobre posibles depósitos de cuotas iniciales, pues ése era un requisito previo para la entrega de la maquinaria.
Además se estableció que hay inconsistencia en la información que entregó el Fondesif respecto de la información que tiene el Ministerio sobre el número de tractores entregados y los pendientes de dotación.
Se evidenció que no se contrató a una entidad financiera para que recupere los créditos. Tampoco hay registros sobre cronogramas de pago de los préstamos ni formularios de reconocimiento de firmas o solicitudes de crédito, ni fotocopia de cédula de identidad del representante legal. “Lo que es más grave
—dijo Rivero— es que la documentación original en el Ministerio ha sido sustraída, solamente se cuenta con fotocopias”.
El delegado nombrado por esta autoridad el 7 de febrero indagó sobre ese hecho y encontró las pautas iniciales para encargar este informe, que le fue entregado el anterior lunes.
Los créditos debían ser canalizados a través del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo Productivo (Fondesif). Este financiamiento fue autorizado por el Decreto Supremo 28785, del 5 de julio de 2006. Otra normativa, la número 28751, del 20 de junio, autorizó la entrega de 99 tractores agrícolas Fiat que estaban en Puerto de Rosario, Argentina.
Los delitos
Artículo 202 del Código Penal. El que suprimiere, ocultare o destruyere, en todo o en parte, un expediente o documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en la privación de libertad de seis meses a dos años. Este cargo es por la desaparición de la documentación original del Programa Crediticio de Mecanización del Agro.
Artículo 144 del Código Penal. El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de libertad de un mes a un año. El cargo se refiere a la entrega de maquinaria agrícola sin la documentación de respaldo.
Artículo 221 del Código Penal. El funcionario público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado será sancionado con la privación de libertad de uno a cinco años. El cargo es por los errores en la firma de contratos de venta de los tractores Fiat.
Los trámites que no se completaron
No existe documentación de la entrega de la maquinaria agrícola.
No hay una base de datos de los beneficiados ni cárdex de los créditos.
Tampoco existen certificados de la internación de la maquinaria al país.
Además, los créditos no se inscribieron en una notaría ni en Derechos Reales.
Falta la información de la Central de Riesgos sobre los beneficiarios.
No se tiene un registro con las primeras cuotas pagadas, uno de los requisitos.
La información que tiene el Ministerio no coincide con la del Fondesif.
Toda la información del caso será remitida a la Fiscalía de Santa Cruz.
Salvatierra podría ser sometido a un juicio de responsabilidades como ex autoridad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario