Noticia publicada el 14 de mayo de 2007
El gerente general de la empresa Queiroz Galvao en Bolivia, Aloisio Machado Costa Reis, deberá asistir a una audiencia el próximo 23 de mayo, citado por el juez Instructor Cautelar Segundo en lo Penal de Tarija, Heby Ponce de León, quien puede ordenar su detención o fijar medidas sustitutivas a solicitud del Ministerio Público que investiga la mala construcción del túnel falso en la ruta Tarija-Bermejo.
El grupo Queiroz Galvao —uno de los consorcios más grandes en Brasil y una de las 76 empresas brasileñas que operan en el país— fue demandado por ser ejecutor de la obra, acusado por el diputado Fernando Barrientos Íñiguez, de Podemos, de daños económicos al Estado.
El legislador acusa de responsable a la empresa y ex ejecutivos del Servicio Nacional de Caminos por el desplome del túnel falso de Alarache, en la ruta Tarija-Bermejo, obra que costó 2.717.560 dólares, y donde, además, se incluye el costo de la supervisión técnica, que estuvo a cargo de la empresa Connal.
Fernando Barrientos manifestó su temor de que una maniobra política pueda hacer que la Corte Superior de Justicia de Tarija confirme su resolución declinando competencia para que el caso se traslade al departamento de La Paz, con lo que los ex ejecutivos del Servicio de Caminos estarían a salvo de las medidas cautelares que tenía previsto solicitar la Fiscalía del Distrito.
El Ministerio Público instauró proceso penal donde imputa formalmente y requiere medidas cautelares o sustitutivas a la detención preventiva, por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado y peligro de estrago, contra el principal imputado Aloisio Machado. ANF
El gerente general de la empresa Queiroz Galvao en Bolivia, Aloisio Machado Costa Reis, deberá asistir a una audiencia el próximo 23 de mayo, citado por el juez Instructor Cautelar Segundo en lo Penal de Tarija, Heby Ponce de León, quien puede ordenar su detención o fijar medidas sustitutivas a solicitud del Ministerio Público que investiga la mala construcción del túnel falso en la ruta Tarija-Bermejo.
El grupo Queiroz Galvao —uno de los consorcios más grandes en Brasil y una de las 76 empresas brasileñas que operan en el país— fue demandado por ser ejecutor de la obra, acusado por el diputado Fernando Barrientos Íñiguez, de Podemos, de daños económicos al Estado.
El legislador acusa de responsable a la empresa y ex ejecutivos del Servicio Nacional de Caminos por el desplome del túnel falso de Alarache, en la ruta Tarija-Bermejo, obra que costó 2.717.560 dólares, y donde, además, se incluye el costo de la supervisión técnica, que estuvo a cargo de la empresa Connal.
Fernando Barrientos manifestó su temor de que una maniobra política pueda hacer que la Corte Superior de Justicia de Tarija confirme su resolución declinando competencia para que el caso se traslade al departamento de La Paz, con lo que los ex ejecutivos del Servicio de Caminos estarían a salvo de las medidas cautelares que tenía previsto solicitar la Fiscalía del Distrito.
El Ministerio Público instauró proceso penal donde imputa formalmente y requiere medidas cautelares o sustitutivas a la detención preventiva, por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado y peligro de estrago, contra el principal imputado Aloisio Machado. ANF
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