En lo que va del año, 5 alcaldes fueron sentenciados en Bolivia

De enero a la fecha, cinco alcaldes fueron sentenciados por diversos delitos, como falsedad material, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado a denuncia del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

De los cinco con sentencia en primera instancia, cuatro fueron electos, excepto el de Quillacollo. Dos pertenecen a agrupaciones ciudadanas (AC), uno a Unidad Cívica Solidaridad (UCS), otro a Unidad Nacional (UN) y uno al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 18 de mayo, el Tribunal de Sentencia de la provincia Manco Kápac, La Paz, halló culpable al alcalde de Copacabana Juan Armando Callisaya (AC) de los delitos de falsedad material e incumplimiento de deberes y lo sentenció a cuatro años de reclusión. Esa autoridad autorizó el cobro de una tasa ilegal por el ingreso desde Perú de vehículos y personas a la feria binacional semanal.

La denuncia fue presentada por el ministerio anticorrupción, encabezado por Nardi Suxo. El 23 de junio, el Tribunal 4º de Sentencia de Cochabamba sentenció a seis meses de prisión por incumplimiento de deberes a Hugo César Miguel Candia, para entonces exalcalde del municipio de Quillacollo (MAS), y dos exfuncionarios ediles.

Cargos. Los mencionados fueron denunciados en agosto de 2007 por el proceso de contratación de una empresa para proceder al rellenado de un terreno donde se iba a construir el matadero municipal. La Alcaldía pagó Bs 149.622 al contratista, pero el trabajo fue realizado con personal y maquinaria edil.

El 29 de agosto de 2014, el Tribunal 1º de Sentencia de Potosí falló contra Vidal López Pérez (UCS), para entonces exalcalde de Uyuni, por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes por la firma de una adenda al contrato con la empresa que proveía el desayuno escolar que elevó el costo en 25%.

La autoridad fue condenada a un año y seis meses de reclusión; los exconcejales Freddy Véliz Michaga, Eusebio Jallasa y Eva Zaconeta Gallardo, que avalaron el contrato, a seis meses de prisión por incumplimiento de deberes y la propietaria de la empresa Catering Crespo Service a un año y seis meses por contratos lesivos al Estado. Según la cartera de Transparencia, correspondía firmar un nuevo contrato debido al incremento del monto total, además se halló que para justificar el alza se usaron planillas adulteradas de la entrega de raciones del desayuno escolar.

El 23 de octubre, el Tribunal de Sentencia de Huanuni, Oruro, emitió sentencia condenatoria contra Freddy Callisaya Chinche, exalcalde de Machacamarca (UN), y Luis Elio Juaniquina Ajhuacho, exoficial mayor técnico, por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, condenándolos a tres años de reclusión. Ambos fueron denunciados por Transparencia a la Fiscalía el 18 de marzo de 2010.

El entonces burgomaestre fue sentenciado por autorizar la contratación de la empresa Conspargon para la ejecución del proyecto “Construcción de Cordones y Aceras Zona Villa Victoria” por Bs 98.000, que carecía de diseños y costos finales, y por autorizar el pago a la firma, dando conformidad a la buena ejecución de la obra, cuando ésta se hallaba inconclusa y con defectos. Su oficial mayor también fue sentenciado por suscribir el acta de entrega definitiva sin observar las falencias del trabajo y por omitir el cobro de la boleta de garantía.

El último alcalde sentenciado es Rogelio Cuéllar Borras (AC), del municipio Yaco, en La Paz, al que se le impuso la pena de tres años de cárcel. En los cinco casos incluidos en un informe de gestión de la ministra Suxo, este diario no logró ubicar a ninguno de los involucrados citados en la nota para conocer su posición.

¿En qué consiste cada delito?

Glosario

Comete falsedad material quien forje un documento o altere uno verdadero. Incumplimiento de deberes, cuando el funcionario omite o retarda actos propios de sus funciones. Contratos lesivos al Estado, cuando a sabiendas se suscribe el documento perjudicial. Uso indebido de influencias, cuando autoridad o funcionario influye para obtener ventajas para si o terceros. Conducta antieconómica, quien por mala gestión u otros causa daño al Estado.