Tres abogados del caso Rózsa aseguran que la conciliación planteada por la defensa de Juan Carlos Valverde y a la que se adhirieron otros tres imputados podría avalar el montaje del Gobierno y las muertes en el hotel Las Américas.
El jurista Gary Prado Araúz dijo que la única conciliación que se podría aceptar, es que se extinga el proceso después de haberse cumplido los plazos procesales.
Sin embargo, recalcó que hay un interés tanto del Ministerio Público como del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que es llegar a un juicio abreviado.
"Es imposible negociar la inocencia de los acusados, por lo tanto el que pida proceso abreviado es un suicida, porque está prácticamente demostrado que este caso es un montaje", afirmó Prado.
Dijo que la conciliación es cuando las partes, tanto acusados como acusadores, llegan a un acuerdo respecto a los agravios de la víctima y los delitos que persiguen los querellantes. En el juicio que patrocina, dijo que la única supuesta víctima es el cardenal Julio Terrazas y el Ministerio de Gobierno se metió por la ventana, pero la entidad gubernamental no recibió ningún agravio y la autoridad eclesiástica decidió no acusar. Por ello, considera que la conciliación es una figura muy difícil de aplicar en el proceso actual.
El pasado 31 de octubre, el abogado Rolando Aróstegui, patrocinante de Juan Carlos Velarde, titular de Cotas, pidió conciliación al Tribunal, propuesta a la que se adhirieron los acusados Hugo Melquiades Vásquez, Carlos Eduardo Pereira e Ignacio Villa Vargas.
Sería una traición a Santa Cruz. Asimismo, Otto Ritter, abogado patrocinante del general Gary Prado Salmón, dijo que aceptar conciliación y juicio abreviado, sería una traición a Santa Cruz por parte de "Los Caballeros del Oriente", en alusión a una de las logias de la capital cruceña.
Aclaró que en una conciliación ambas partes ceden y el interés de los acusadores, es llegar a una declaración de culpabilidad y establecer penas más leves.
Indicó que la consecuencia de aquello, es que si alguien se declara culpable de un hecho ficticio, estaría dando certeza al Tribunal de que fue verdad y con ello, habría sentencia condenatoria para todos los acusados.
Además, explicó Ritter, eliminaría la posibilidad de un juicio internacional por parte de aquellos que se sometan a este proceso en contra del Gobierno boliviano.
También quedaría una mancha histórica contra Santa Cruz, "porque el día de mañana cuando los cruceños quieran reclamar algo, nos tacharían de separatistas o terroristas, porque ya existe sentencia condenatoria".
Suárez descarta la conciliación. Por su parte, Verónica Suárez, abogada del excívico beniano, Alberto Melgar, descartó que su cliente se someta a una conciliación y menos a un juicio abreviado. "Mi condición era que se declare inocente y se lo separe del proceso al ingeniero Melgar, porque es inocente, pero como el Ministerio Público lo rechazó, queremos que el juicio siga su curso de manera normal", afirmó la jurista. Suárez coincidiendo con su colega Gary Prado, enfatizó que aceptar un juicio abreviado sería una especie de suicidio.
Consecuencias
Un sentenciado no puede pedir asilo político
Efecto internacional. El analista en relaciones internacionales Hugo Siles, afirmó que una persona sentenciada por terrorismo o delitos de lesa humanidad, está imposibilitada de pedir asilo o refugio político en otro país.
El experto considera que esa decisión es parte de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, al considerar esta tipificación delictiva como una de las más graves a nivel internacional.
Aclaró que esa disposición de las naciones del mundo, es siempre y cuando la persona acusada tenga una sentencia condenatoria.
El Código Penal boliviano tiene como sentencia mínima 15 años y como máxima 20 años a que hayan cometido terrorismo.
Plantearon la conciliación
Juan Carlos Velarde. Presidente de Cotas. Es el primer acusado a través de su abogado Rolando Aróstegui, que sugirió la figura de la conciliación.
Ignacio Villa Vargas. Su abogado Guido Colque, se adhirió a la propuesta de Aróstegui. Villa conocido como El Viejo, fue el primer 'testigo clave' del Gobierno.
Carlos Eduardo Pereira. Funcionario de Cotas y acusado del caso Rózsa, se adhirió a la propuesta de Aróstegui a través de su abogado David Molina.
Hugo Melquiades Vásquez. Funcionario de Cotas y acusado del caso Rózsa, se adhirió a la propuesta de Aróstegui por su abogado Rossier Molina.
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