Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, pretendía salir en libertad presentando un contrato de trabajo, para ocupar el cargo de ejecutiva de ventas en una importadora de autopartes en la Zona de San Pedro, con un sueldo de 3.500 bolivianos.
La información se dio a conocer durante la audiencia que se desarrolló ayer en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, en cuyo lugar la exgerente comercial de la empresa China CAMC, presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva que cumple en la cárcel de mujeres de Miraflores, desde hace 10 meses.
El pedido fue observado por falta de acreditación de la empresa contratante y los horarios de trabajo.
Durante la audiencia, que se instaló a las 9:00 y duro hasta las 12:30, se observó a Zapata en una actitud pasiva, con una clara disminución de masa muscular que al momento de la lectura de la resolución por parte del juez, tuvo que retirarse a un rincón de la sala por una tos intensa.
A su salida, cuando ya el juez había rechazado su pedido custodiada, Zapata un una postura impasible, no contestó ninguna pregunta de los periodistas y fue llevada por sus custodios de retorno a la cárcel.
Zapata presentó un contrato de trabajo “a futuro” en el cual se señalaba que ella pretendía trabajar como ejecutiva de ventas en la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”, ubicada en la zona San Pedro, en un horario de trabajo de 08:00 hasta las 18:00, horas, que “sobre pasan lo que señala la ley general del trabajo”, según detalló Lourdes Alba, asesora jurídica de la Universidad Mayor de San Andrés, que rechazó esta solicitud, y fue confirmada por el juez Iván Perales.
Alba estuvo presente, pues la UMSA sigue un proceso contra Zapata, una acusación particular por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, referido al título de abogada que la exgerente de la CAMC ostentaba y que cuyo código es inexistente en los archivos de esta casa superior de estudios.
La jurista explicó que dicho contrato no cuenta con un documento que acredite que el negocio está inscrito en Fundempresa, tampoco se presentó un Número de Identificación Tributaria (NIT), ni se logró verificar rúbrica alguna, ya que el mismo fue presentado sin firmas.
El contrato que Zapata pretendía firmar debía ser rubricado también por Vicenta Portugal, titular de la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”.
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