Noticia publicada el El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, reveló que el caso Imbolsur, donde el principal imputado es el exgobernador Mario Cossío Cortez, se encuentra archivado en el Tribunal de Villa Montes y por los diversos mecanismos de defensa de los acusados no se logró instalar el juicio para esclarecer el caso.
Muñoz explicó que se advirtió al Tribunal de Villa Montes, sobre la retardación del caso y hace más de un mes ha interpuesto una apelación, la cual se encuentra pendiente de resolverse por parte de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia.
“Este caso es una patética muestra de cómo el órgano de administra justicia incurre en retardación porque el caso Imbolsur esta cursado hace cinco años y no podemos nosotros acceder a juicio”, afirmó.
Según el Fiscal, los mecanismos interpuestos por la defensa de los imputados hizo que el caso no prospere y haya pasado de Tarija, al juzgado de Entre Ríos, luego a Villa Montes.
“Hay que preguntar a los vocales del Tribunal de Justicia, cuándo van a resolver este caso, nosotros hemos hecho los reclamos correspondientes ante el Consejo de Magistratura, pero hasta el momento pareciera que no existe la más mínima voluntad llegar a juicio”, comentó.
El caso Imbolsur, se refiere al supuesto incumplimiento de la empresa Imbolsur en el abastecimiento de 2.900 toneladas de cemento asfáltico para la construcción del tramo vial Puerta El Chaco- Canaletas, obra vial que no se ejecuta hasta la fecha.
Los imputados en el caso Imbolsur es el exgobernador Mario Cossío Cortez, el exDirector Ejecutivo de la Prefectura de Tarija, Alejandro Rodas Rojas por supuesto incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica al Estado por suma de 1 millón 339 mil 100 bolivianos y Félix Edgar Cardoso, por el supuesto delito de incumplimiento de contrato.
viernes, 4 de diciembre de 2015
Caso Fondo Indígena Aprehenden a dos altos dirigentes afines al MAS y una Senadora
MELVA HURTADO Y FELIPA MERINO.
La presidenta de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), Melva Hurtado; el dirigente campesino Remy Vera y la senadora del Movimiento al Socialismo, Felipa Merino, fueron aprehendidos, ayer, por las irregulares en la administración de los recursos económicos del Fondo Indígena.
La información fue confirmada por el Fiscal adscrito al caso, Ángelo Saravia, quien manifestó que Hurtado, Merino y Vera se encuentran en la ciudad de La Paz, para prestar declaraciones por las irregularidades en el caso del Fondo Indígena.
Tras prestar su declaración, los implicados fueron trasladados a celdas de la Felcc, mientras la comisión de fiscales determinará, hoy, la situación legal de las 3 personas y si son imputables, en tal caso serán enviadas a una audiencia cautelar ante un juez competente.
LAS INVESTIGACIONES
Al finalizar de la tarde la Senadora Merino, prestaba sus declaraciones informativas en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Eduardo León, abogado del diputado Rafael Quispe de Unidad Demócrata (UD), querellante en el caso Fondioc, informó que a las 19.00, comenzó a prestar las declaraciones informativas en el Ministerio Público de La Paz la senadora Merino. Asimismo indicó que se presume que recibió un monto de 350 mil bolivianos, para un proyecto que no se ejecutó, al cual calificó de “Fantasma”.
En cuanto a la situación del dirigente Vera, sindicado por posibles malos manejos en el proyecto de granjas artesanales para la producción de huevos en el municipio de Ayata en el departamento de La Paz, recibió Bs 530.130.Huiscata, provincia Muñecas del departamento de La Paz.
En referencia a la dirigente del Cidob, Melba Hurtado, de acuerdo con los informes de la Contraloría Lariza Fuentes manejó 22 millones de bolivianos, fue aprehendida en la Santa Cruz, y se informó anoche que era traslada vía vuelo chárter a la ciudad de La Paz, para que comparezca ante la comisión de fiscales.
Hurtado aparece en seis proyectos por los que recibió en diversas cuentas bancarias más de Bs 21 millones. De acuerdo a los documentos 11.7 millones fueron destinados al proyecto de "implementación de centros de ganado bovino en Tierra Comunitaria de Origen Cayubaba y Joaquiniano, en los municipios de San Joaquín y Exaltación; y 8 millones de bolivianos para el "apoyo a la cadena y comercialización de emprendimientos agrícolas, pecuarios, forestales, artesanales en 12 regionales.
CIDOB
Más de 550 mil bolivianos fueron para la implementación de un módulo de ganado bovino lechero en dos comunidades del Consejo de Mujeres del pueblo More. Para el apoyo y fortalecimiento de la gestión de proyectos de la CIDOB se destinaron 600.000 bolivianos.
Las labores de revalorización, rescate, producción y comercialización de artesanías típicas de mujeres de la CIDOB fueron respaldadas por más de 457 mil bolivianos. Aparece otro proyecto a nombre de Hurtado por un monto de 543 mil bolivianos, para la implementación de sistemas agroforestales en las subcentrales More y Joaquiniano, en el municipio de San Joaquín en el departamento de Beni.
Hasta el cierre de edición Merino y el dirigente Vera, estaban prestando sus declaraciones informativas, ante el fiscal asignado al caso.
El escándalo de corrupción en el Fondo Indígena se develó y confirmó después que la Contraloría General del Estado hizo público un informe en el que encuentró un daño económico de 71 millones de bolivianos en 132 proyectos.
Mientras que la exinterventora, Lariza Fuentes, en su informe halló un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos. Ambos informes fueron remitidos en calidad de denuncia ante el Ministerio Público.
Esta semana, se dictó detención preventiva para la exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos y para el disidente del MAS, Damián Condori; mientras que el senador Jorge Choque se benefició con una detención domiciliaria y una fianza de 40.000 bolivianos.
Caso Fondioc Quispe afirma que “paso a paso” se llegará a los otros ministros
El diputado Rafael Quispe, querellante en el caso del ex Fondo Indígena (Fondioc), adelantó ayer que está presentando un memorial al presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, pidiendo la licencia indefinida del diputado Jorge Choque Salomé, para que asuma su defensa en el caso que lo vincula a un supuesto hecho de corrupción, asimismo, sostuvo que luego le tocará el turno a la ministra Achacollo, y posteriormente, a otros ministros.
También amenazó que en caso de no responder el Senado a su demanda, iniciará una huelga de hambre en las puertas del despacho del senador Gonzales.
Quispe aclaró que la causal de su acción penal es daño económico al Estado, para ello recordó las palabras del presidente Morales cuando sentenció “caiga quien caiga”. Finalmente, dijo que no hay igualdad de derechos, porque se ha admitido que hubo 6 millones de bolivianos de daño por parte de Jorge Choque, a quien le dieron detención domiciliaria, sin haber demostrado domicilio, mientras que Damián Condori está preso por 1 millón de bolivianos.
En tanto, el diputado independiente Víctor Gutiérrez se refirió también al caso Fondioc, puntualizando que el Ministerio Publico está trabajando adecuadamente dentro de sus plazos, pues es una buena señal el que haya gente de peso como la exministra Ramos con detención preventiva. Añadió que en su momento la justicia convocará a las otras personas que han sido mencionadas, y que esa tarea hay que dejarla a los órganos jurisdiccionales. Gutiérrez mencionó a Felipa Huanca y Juanita Ancieta, que aún no han sido llamadas a declarar, por lo que cree que el Ministerio Público está tomando sus tiempos. Adelantó que en el devenir de los días, el Ministerio convocará a estas personas, y que se debe dejar a los órganos jurisdiccionales que determinen qué grados de culpabilidad recae en los presuntos involucrados para que decidan soberanamente sin injerencia alguna.
“Creo que la ministra Achacollo, si bien no manejó recursos de manera directa, ella fue la máxima autoridad ejecutiva, tiene que dar alguna información”, mencionó. El legislador aseguró que corresponde al Ministerio ver qué hace después de las declaraciones, sin embargo, halla señales muy importantes de parte del oficialismo, al que muchas veces se le observó, sin embargo, cree que la consigna del Primer Mandatario se está cumpliendo.
También amenazó que en caso de no responder el Senado a su demanda, iniciará una huelga de hambre en las puertas del despacho del senador Gonzales.
Quispe aclaró que la causal de su acción penal es daño económico al Estado, para ello recordó las palabras del presidente Morales cuando sentenció “caiga quien caiga”. Finalmente, dijo que no hay igualdad de derechos, porque se ha admitido que hubo 6 millones de bolivianos de daño por parte de Jorge Choque, a quien le dieron detención domiciliaria, sin haber demostrado domicilio, mientras que Damián Condori está preso por 1 millón de bolivianos.
En tanto, el diputado independiente Víctor Gutiérrez se refirió también al caso Fondioc, puntualizando que el Ministerio Publico está trabajando adecuadamente dentro de sus plazos, pues es una buena señal el que haya gente de peso como la exministra Ramos con detención preventiva. Añadió que en su momento la justicia convocará a las otras personas que han sido mencionadas, y que esa tarea hay que dejarla a los órganos jurisdiccionales. Gutiérrez mencionó a Felipa Huanca y Juanita Ancieta, que aún no han sido llamadas a declarar, por lo que cree que el Ministerio Público está tomando sus tiempos. Adelantó que en el devenir de los días, el Ministerio convocará a estas personas, y que se debe dejar a los órganos jurisdiccionales que determinen qué grados de culpabilidad recae en los presuntos involucrados para que decidan soberanamente sin injerencia alguna.
“Creo que la ministra Achacollo, si bien no manejó recursos de manera directa, ella fue la máxima autoridad ejecutiva, tiene que dar alguna información”, mencionó. El legislador aseguró que corresponde al Ministerio ver qué hace después de las declaraciones, sin embargo, halla señales muy importantes de parte del oficialismo, al que muchas veces se le observó, sin embargo, cree que la consigna del Primer Mandatario se está cumpliendo.
jueves, 3 de diciembre de 2015
Caso Rózsa Declara testigo 27 que presentó la Fiscalía
De acuerdo a la lista de 43 testigos que presentó el Ministerio Público, para citar a declarar dentro de las investigaciones del polémico caso Rózsa, declaró ayer el testigo número 27: Azad Daher.
Antes de que Daher iniciara con su declaración, lo antecedió el testigo Billy Maciel Vaca, quien frente al Tribunal Primero de sentencia a la cabeza del juez Sixto Fernández aseguró no haber tenido mayor relación con Luis Orlando Justiniano, quien lideraba el denominado grupo La Torre, vinculado al grupo de Eduardo Rózsa.
Maciel Vaca recordó en su declaración que le alquiló su movilidad directamente a Justiniano.
Días atrás la anterior testigo, Jeimmy Delboy, señaló haber visto al gobernador Rubén Costas y al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en reuniones de la casa de campaña denominada La Torre. Ninguno de los aludidos ha dado declaraciones referente a la vinculación.
Antes de que Daher iniciara con su declaración, lo antecedió el testigo Billy Maciel Vaca, quien frente al Tribunal Primero de sentencia a la cabeza del juez Sixto Fernández aseguró no haber tenido mayor relación con Luis Orlando Justiniano, quien lideraba el denominado grupo La Torre, vinculado al grupo de Eduardo Rózsa.
Maciel Vaca recordó en su declaración que le alquiló su movilidad directamente a Justiniano.
Días atrás la anterior testigo, Jeimmy Delboy, señaló haber visto al gobernador Rubén Costas y al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en reuniones de la casa de campaña denominada La Torre. Ninguno de los aludidos ha dado declaraciones referente a la vinculación.
DAMIÁN CONDORI FUE ENVIADO A LA CÁRCEL DE SAN ROQUE Citarán a Achacollo por el Fondioc
La exautoridad es señalada como la líder de un grupo, de tres, que se favorecía con proyectos.
El Ministerio Público citará a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por incumplimiento de deberes en el caso de corrupción en el Fondo Indígena, afirmó Marcelo Rollano, fiscal departamental.
El Fiscal afirmó que la exautoridad de Estado está dentro de una nómina inicial de 20 personas, las cuales son investigadas por el daño económico de más de 100 millones de bolivianos que fueron descubiertos por la interventora Larisa Sinfuentes.
Marcelo Rollano dijo que se convocará a todos los implicados en el caso, en el que es mencionada Nemesia Achacollo, quien hace tres años fue también involucrada en el caso del INRA II, proceso que quedó en el olvido.
“El número de convocados no es solo 20, son muchos más personas, si hablamos de más de 153 proyectos que se investigan”.
La autoridad declaró que la comisión de fiscales evaluará qué ciudadanos serán citados inicialmente y quienes pueden brindar mayor información para esclarecer el caso. Se hará una individualización de cada uno de ellos”.
GRUPOS DE PODER. Además, se conoció de forma extraoficial, de acuerdo con las investigaciones de la comisión de fiscales, que la exministra Achacollo lideraba uno de tres grupos conformados al interior del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).
Dicho informe involucra también a otra exautoridad de Gobierno, quien también tenía participación en la designación de recursos, en el área rural, a través de empresas ejecutoras fantasma.
De acuerdo con el informe al que accedió La Prensa, la exministra —además de aprobar y firmar los proyectos para su ejecución— determinaba quién o quiénes pueden ejecutar los mismos en coordinación con ejecutivos campesinos y dicdha exautoridad.
Sobre este hecho, el abogado Eduardo León afirmó que existen indicios y evidencias que señalan a Nemesia Achacollo como partícipe de los hechos de corrupción en el Fondioc.
León declaró que estos supuestos grupos dañaron a las instituciones campesinas y ahora son señalados como los principales culpables de la apropiación de dinero del Estado.
DAÑO. Desde 2009 el directorio del Fondo Indígena —integrado por representantes de sectores sociales y de cinco ministerios— aprobó 3.177 proyectos; de éstos, 1.100 recibieron al menos un desembolso para su ejecución.
De los 1.100 proyectos que recibieron financiamiento, según informes de la interventora, se identificaron 30 proyectos fantasma y otros 713 que no fueron concluidos.
Ese reporte señala también que se generó un daño económico de 102.253.728 bolivianos.
Actualmente en la Fiscalía se investiga a 90 personas, entre ellas los dirigentes disidentes del partido de Gobierno, MAS, Damián Condori, Adolfo Chávez, Félix Becerra y otros.
DETENIDO. En tanto, el juez Ricardo Pinto, anticorrupción de El Alto, resolvió la detención preventiva de Damián Condori, dirigente campesino de oposición, por daño económico al Estado que asciende a cerca un millón de bolivianos, dijo el fiscal Angelo Saravia.
Después de seis horas de audiencia, el administrador de justicia señaló que Condori será trasladado a la cárcel de San Roque en Chuquisaca, en tanto se desarrollen las investigaciones en su contra y otros inculpados. Entre ellos Jorge Choque, senador por el MAS, que se benefició con el arresto domiciliario y que ya fue apelado por la Fiscalía y otros denunciantes.
El fiscal Saravia declaró que se hallaron evidencias en contra del dirigente campesino y que ahora están listas las citaciones para otras cinco personas de las 90 que han sido denunciadas por la autoridad de transparencia que también es parte coadyuvante.
Desde Sucre, Rodolfo Paye de la agrupación Chuquisaca somos Todos afirmó que se declararon en estado de emergencia por la resolución del juez Condori.
Por su parte los seguidores de la exministra Julia Ramos afirmaron sentirse decepcionados y frustrados por la detención de la también dirigente campesina que —según las declaraciones— entregó alma y vida al proceso de cambio y que jamás se apropió de los recursos del Fondioc como señalan los integrantes de la comisión de fiscales.
El Ministerio Público citará a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por incumplimiento de deberes en el caso de corrupción en el Fondo Indígena, afirmó Marcelo Rollano, fiscal departamental.
El Fiscal afirmó que la exautoridad de Estado está dentro de una nómina inicial de 20 personas, las cuales son investigadas por el daño económico de más de 100 millones de bolivianos que fueron descubiertos por la interventora Larisa Sinfuentes.
Marcelo Rollano dijo que se convocará a todos los implicados en el caso, en el que es mencionada Nemesia Achacollo, quien hace tres años fue también involucrada en el caso del INRA II, proceso que quedó en el olvido.
“El número de convocados no es solo 20, son muchos más personas, si hablamos de más de 153 proyectos que se investigan”.
La autoridad declaró que la comisión de fiscales evaluará qué ciudadanos serán citados inicialmente y quienes pueden brindar mayor información para esclarecer el caso. Se hará una individualización de cada uno de ellos”.
GRUPOS DE PODER. Además, se conoció de forma extraoficial, de acuerdo con las investigaciones de la comisión de fiscales, que la exministra Achacollo lideraba uno de tres grupos conformados al interior del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).
Dicho informe involucra también a otra exautoridad de Gobierno, quien también tenía participación en la designación de recursos, en el área rural, a través de empresas ejecutoras fantasma.
De acuerdo con el informe al que accedió La Prensa, la exministra —además de aprobar y firmar los proyectos para su ejecución— determinaba quién o quiénes pueden ejecutar los mismos en coordinación con ejecutivos campesinos y dicdha exautoridad.
Sobre este hecho, el abogado Eduardo León afirmó que existen indicios y evidencias que señalan a Nemesia Achacollo como partícipe de los hechos de corrupción en el Fondioc.
León declaró que estos supuestos grupos dañaron a las instituciones campesinas y ahora son señalados como los principales culpables de la apropiación de dinero del Estado.
DAÑO. Desde 2009 el directorio del Fondo Indígena —integrado por representantes de sectores sociales y de cinco ministerios— aprobó 3.177 proyectos; de éstos, 1.100 recibieron al menos un desembolso para su ejecución.
De los 1.100 proyectos que recibieron financiamiento, según informes de la interventora, se identificaron 30 proyectos fantasma y otros 713 que no fueron concluidos.
Ese reporte señala también que se generó un daño económico de 102.253.728 bolivianos.
Actualmente en la Fiscalía se investiga a 90 personas, entre ellas los dirigentes disidentes del partido de Gobierno, MAS, Damián Condori, Adolfo Chávez, Félix Becerra y otros.
DETENIDO. En tanto, el juez Ricardo Pinto, anticorrupción de El Alto, resolvió la detención preventiva de Damián Condori, dirigente campesino de oposición, por daño económico al Estado que asciende a cerca un millón de bolivianos, dijo el fiscal Angelo Saravia.
Después de seis horas de audiencia, el administrador de justicia señaló que Condori será trasladado a la cárcel de San Roque en Chuquisaca, en tanto se desarrollen las investigaciones en su contra y otros inculpados. Entre ellos Jorge Choque, senador por el MAS, que se benefició con el arresto domiciliario y que ya fue apelado por la Fiscalía y otros denunciantes.
El fiscal Saravia declaró que se hallaron evidencias en contra del dirigente campesino y que ahora están listas las citaciones para otras cinco personas de las 90 que han sido denunciadas por la autoridad de transparencia que también es parte coadyuvante.
Desde Sucre, Rodolfo Paye de la agrupación Chuquisaca somos Todos afirmó que se declararon en estado de emergencia por la resolución del juez Condori.
Por su parte los seguidores de la exministra Julia Ramos afirmaron sentirse decepcionados y frustrados por la detención de la también dirigente campesina que —según las declaraciones— entregó alma y vida al proceso de cambio y que jamás se apropió de los recursos del Fondioc como señalan los integrantes de la comisión de fiscales.
miércoles, 2 de diciembre de 2015
Justicia ordena detención del exdirigente Damián Condori por el caso ex Fondo Indígena
La Justicia determinó hoy enviar a la cárcel al exdirigente campesino y excandidato a la Gobernación de Chuquisaca Damián Condori por delitos vinculados con irregularidades en el manejo de los dineros del ex Fondo Indígena. Es el tercer cautelado en las últimas horas por este caso.
La decisión fue asumida por el juez 1° de Instrucción Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto. El también disidente del oficialismo fue imputado por los delitos de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, además de conducta antieconómica.
Condori, según la acusación, no presentó descargos de los recursos recibidos para la ejecución de dos proyectos. Permanecerá en el penal de San Pedro por una semana y luego será trasladado al recinto penitenciario de San Roque, en Sucre.
El excandidato a la Gobernación de Chuquisaca fue aprehendido el viernes en el aeropuerto de Sucre a poco de arribar procedente de La Paz. Inmediatamente después fue llevado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), desde donde por tierra fue trasladado a La Paz.
Es el tercer cautelado en las últimas horas por el caso del liquidado Fondo Indígena. La exministra Julia Ramos fue remitida ayer a la cárcel de Mujeres de Obrajes, mientras que el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Choque tiene detención domiciliaria.
Ramos fue enviada con detención preventiva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes y a Choque se le concedió la detención domiciliaria previa acreditación de domicilio y el pago de una fianza de Bs 40 mil. Además se dispuso libre circulación laboral sin horario.
La Constitución Política del Estado anuló la inmunidad de los legisladores, pero estableció que no pueden ser detenidos en la cárcel como resultado de una medida cautelar.
Testigo declara en audiencia sobre caso Rózsa Delboy dice que Reymi y Rubén iban a reuniones de 'La Torre'
La testigo Jeimmy Delboy Callaú declaró que el exrector de la universidad estatal y ahora Ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el gobernador Rubén Costas iban a reuniones del denominado grupo La Torre. La fiscalía vincula a esta organización con el grupo de Eduardo Rózsa.
Otto Ritter, abogado defensor del general Gary Prado Salmón, recordó a la testigo que en su declaración mencionó haber visto a Costas en la casa de campaña, por lo que le preguntó si en ese entonces ya ejercía la función de prefecto. La respuesta de Delboy fue: Sí era, creo en ese momento. Se trató de que se diga más sobre él. Quería que amplíe cosas, que fue siempre. Yo dije sí fue.
Ritter también le preguntó si Ferreira había asistido a la denominada casa de campaña. Delboy respondió de forma afirmativa. "En ese entonces yo estudiaba y él era para mí un líder. Sí, recuerdo que una vez visitó la casa de campaña", fueron sus declaraciones.
También aseguró que asistían medios de comunicación y otras personalidades invitadas. La testigo agrega que su entonces jefe, Luis Orlando Justiniano, le comentaba que ingresaban a reuniones de "análisis políticos".
Delboy forma parte de la lista de 43 testigos que presentó el Ministerio Público, dentro del polémico caso Rózsa. Los fiscales concluyeron su interrogatorio la mañana del martes.
Revelaciones. A la interrogación del abogado Gary Prado Araúz, sobre las presiones que había recibido y las circunstancias en las que se registraron, la testigo Jeymmy Delboy declaró que en los caso Terrorismo I y II fue presionada y obligada a inculpar a otras personas en la investigación del proceso.
Afirmó que cuando le tomaron declaración, el exfiscal Marcelo Soza la habría presionado para que diera nombres para ser involucrados en el caso.
"Fueron tres veces, la primera fue el fiscal Soza, cuando me tomaron la primera declaración... Todo el tiempo repetían palabras técnicas que si no colaboraba tenía que buscar personas que puedan dar fianza. O sea, yo no tenía dinero. Entonces me decían que ellos sabían todo, que yo únicamente tenía que decir personas y personas. Y me nombraban y me decían que esas personas ya habían dicho que estaban ahí y que yo tenía que decir que sí, si no me iba a ir presa", dijo en su declaración
"Soza me dijo que si me había llevado una colchita para quedarme presa", detalló Delboy ante el Tribunal de Sentencia dirigido por Sixto Fernández.
La declarante señaló que dentro de la investigación del caso Terrorismo II, el exfiscal Harry Suaznábar la amenazaba de la misma forma, para que dé nombres a cambio de no ser aprehendida. "La segunda vez que se me llamó a declarar fue con el fiscal, un chiquitito, Harry Suaznábar, que desde el comienzo me decía que me iba a meter presa... Me decían que yo tenía que pedir una ampliatoria. Que ni siquiera tenía que responder porque solo tenía que firmarla (su declaración). Le dije que no podía hacer eso, porque no le iba a fregar la vida a tanta gente, si ya yo había visto lo que estaba pasando", añadió.
Incidente. Producto de todas estas preguntas lanzadas por la parte de la defensa de los imputados en el caso, los fiscales sostuvieron fricciones con miembros del Tribunal Primero de Sentencia, principalmente con la juez ciudadana Sonia Mamani.
El fiscal Céspedes objetó todas las preguntas tratando de impedir que se dé vía libre a la respuesta de Delboy, mientras que los jueces dieron lugar al interrogatorio de la defensa de los imputados.
Ante esto, el fiscal Céspedes sindicó a Mamani, de influir en la decisión de la otra jueza ciudadana, Anastasia Calizaya, quien finalmente con voz firme le respondió que jamás ha recibido lecciones de cómo votar.
Otto Ritter, abogado defensor del general Gary Prado Salmón, recordó a la testigo que en su declaración mencionó haber visto a Costas en la casa de campaña, por lo que le preguntó si en ese entonces ya ejercía la función de prefecto. La respuesta de Delboy fue: Sí era, creo en ese momento. Se trató de que se diga más sobre él. Quería que amplíe cosas, que fue siempre. Yo dije sí fue.
Ritter también le preguntó si Ferreira había asistido a la denominada casa de campaña. Delboy respondió de forma afirmativa. "En ese entonces yo estudiaba y él era para mí un líder. Sí, recuerdo que una vez visitó la casa de campaña", fueron sus declaraciones.
También aseguró que asistían medios de comunicación y otras personalidades invitadas. La testigo agrega que su entonces jefe, Luis Orlando Justiniano, le comentaba que ingresaban a reuniones de "análisis políticos".
Delboy forma parte de la lista de 43 testigos que presentó el Ministerio Público, dentro del polémico caso Rózsa. Los fiscales concluyeron su interrogatorio la mañana del martes.
Revelaciones. A la interrogación del abogado Gary Prado Araúz, sobre las presiones que había recibido y las circunstancias en las que se registraron, la testigo Jeymmy Delboy declaró que en los caso Terrorismo I y II fue presionada y obligada a inculpar a otras personas en la investigación del proceso.
Afirmó que cuando le tomaron declaración, el exfiscal Marcelo Soza la habría presionado para que diera nombres para ser involucrados en el caso.
"Fueron tres veces, la primera fue el fiscal Soza, cuando me tomaron la primera declaración... Todo el tiempo repetían palabras técnicas que si no colaboraba tenía que buscar personas que puedan dar fianza. O sea, yo no tenía dinero. Entonces me decían que ellos sabían todo, que yo únicamente tenía que decir personas y personas. Y me nombraban y me decían que esas personas ya habían dicho que estaban ahí y que yo tenía que decir que sí, si no me iba a ir presa", dijo en su declaración
"Soza me dijo que si me había llevado una colchita para quedarme presa", detalló Delboy ante el Tribunal de Sentencia dirigido por Sixto Fernández.
La declarante señaló que dentro de la investigación del caso Terrorismo II, el exfiscal Harry Suaznábar la amenazaba de la misma forma, para que dé nombres a cambio de no ser aprehendida. "La segunda vez que se me llamó a declarar fue con el fiscal, un chiquitito, Harry Suaznábar, que desde el comienzo me decía que me iba a meter presa... Me decían que yo tenía que pedir una ampliatoria. Que ni siquiera tenía que responder porque solo tenía que firmarla (su declaración). Le dije que no podía hacer eso, porque no le iba a fregar la vida a tanta gente, si ya yo había visto lo que estaba pasando", añadió.
Incidente. Producto de todas estas preguntas lanzadas por la parte de la defensa de los imputados en el caso, los fiscales sostuvieron fricciones con miembros del Tribunal Primero de Sentencia, principalmente con la juez ciudadana Sonia Mamani.
El fiscal Céspedes objetó todas las preguntas tratando de impedir que se dé vía libre a la respuesta de Delboy, mientras que los jueces dieron lugar al interrogatorio de la defensa de los imputados.
Ante esto, el fiscal Céspedes sindicó a Mamani, de influir en la decisión de la otra jueza ciudadana, Anastasia Calizaya, quien finalmente con voz firme le respondió que jamás ha recibido lecciones de cómo votar.
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