El juicio por el caso terrorismo se reanudará a las 15:30 de hoy en el Palacio de Justicia y se espera con expectativa la lectura mediante el tribunal de la carta escrita por el exfiscal Marcelo Soza con el rótulo “al pueblo de Bolivia”, principal responsable de la investigación, pero que hoy permanece refugiado en Brasil.
Después de más de una semana el juicio oral continuará con la declaración del procesado Roberto Justiniano, exgerente técnico de Cotas, que permanece en libertad bajo medidas sustitutivas.
Sin embargo, dentro de las deliberaciones está previsto que se pida la lectura de la carta de Marcelo Soza que fue entregada al tribunal presidido por Sixto Fernández. En la misiva Soza asegura que fue presionado por el Poder Ejecutivo para fabricar pruebas con el fin de involucrar a numerosas personas del mundo empresarial y cívico de Santa Cruz.
El abogado de varios procesados, Gary Prado, manifestó que al final el Gobierno ha puesto trabas para legalizar la carta escrita por Marcelo Soza. Manifestó que la Cancillería hace dos semanas que respondió que la representación o el pedido de legalización hecho por el jurista Otto Ritter no tiene carácter legal. Afirmó que la Cancillería argumentó que fue otra persona la que pidió la legalización y, por lo tanto, Ritter no tiene personería.
Temen curiosa celeridad
Varios abogados de procesados del caso terrorismo, entre ellos Otto Ritter y Gary Prado, expresaron que hay temor de que la Fiscalía y el tribunal desde hoy celebren las audiencias de manera continua ignorando acuerdos por cuestiones de humanidad.
Prado afirmó que se acordó que el juicio se realice una semana sí, otra no, teniendo en cuenta que los acusados deben viajar desde La Paz, pagarse aquí su alimentación y pasajes, además que hay muchas personas con problemas de salud como Ronald Castedo y otros. Hoy en audiencia pedirán respeto al acuerdo
lunes, 30 de junio de 2014
viernes, 27 de junio de 2014
Juez determina que el caso de la red de extorsión debe volver al principio
El juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Emerson Figueroa, determinó la noche del miércoles en una audiencia anular todos los obrados y dejar en foja cero (volver al principio) las investigaciones del caso de la red de extorsión y corrupción, destapada en noviembre de 2012, donde se encuentran presuntamente involucrados ex abogados del Ministerio de Gobierno, exjueces y exfiscales.
Genera molestias
Este hecho fue cuestionado por el ministro de gobierno, Carlos Romero quien anunció iniciar un proceso penal en contra los jueces y fiscales que dilataron las investigaciones y más aún contra quienes hayan determinado que el caso vuelva a inicio, para ello mando un comitiva de abogados del Ministerio para revisar la determinación judicial.
"Estoy mandando un equipo jurídico a Santa Cruz esta noche para verificar los alcances de los extremos de las decisiones del juez Figueroa como hemos dejado en manos de la justicia… Ahora si la justicia no va a tener la capacidad para desmontar esa red de extorsión y corrupción y bueno nosotros vamos a actuar otra vez no vamos a dudar en ningún momento y si alguien está torciendo la ley lo vamos a procesar y lo vamos a denunciar", manifestó el ministro.
La autoridad lamentó que estos "consorcios" de abogados, fiscales y jueces ocasionan una mala imagen de la justicia boliviana generando una desconfianza de la población en general que acude a estas instancias para buscar soluciones a sus conflictos jurídicos.
Presuntos implicados en la red
La red de extorsión y corrupción de funcionarios de Estado, estaba presuntamente conformada por Fernando Ribera, Dennis Rodas Limachi, Boris Villegas que vincularon a exfiscales de Santa Cruz, Isabelino Gómez y Edward Mollinedo, entre otros. Esta presunta red fue desbaratada en noviembre de 2012 luego de que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher los denunciará.
Genera molestias
Este hecho fue cuestionado por el ministro de gobierno, Carlos Romero quien anunció iniciar un proceso penal en contra los jueces y fiscales que dilataron las investigaciones y más aún contra quienes hayan determinado que el caso vuelva a inicio, para ello mando un comitiva de abogados del Ministerio para revisar la determinación judicial.
"Estoy mandando un equipo jurídico a Santa Cruz esta noche para verificar los alcances de los extremos de las decisiones del juez Figueroa como hemos dejado en manos de la justicia… Ahora si la justicia no va a tener la capacidad para desmontar esa red de extorsión y corrupción y bueno nosotros vamos a actuar otra vez no vamos a dudar en ningún momento y si alguien está torciendo la ley lo vamos a procesar y lo vamos a denunciar", manifestó el ministro.
La autoridad lamentó que estos "consorcios" de abogados, fiscales y jueces ocasionan una mala imagen de la justicia boliviana generando una desconfianza de la población en general que acude a estas instancias para buscar soluciones a sus conflictos jurídicos.
Presuntos implicados en la red
La red de extorsión y corrupción de funcionarios de Estado, estaba presuntamente conformada por Fernando Ribera, Dennis Rodas Limachi, Boris Villegas que vincularon a exfiscales de Santa Cruz, Isabelino Gómez y Edward Mollinedo, entre otros. Esta presunta red fue desbaratada en noviembre de 2012 luego de que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher los denunciará.
jueves, 26 de junio de 2014
Fiscalía solicitará la extradición de Jacob Ostreicher
La Fiscalía General anunció que pedirá a Estados Unidos la extradición del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, acusado en Bolivia de legitimación de ganancias ilícitas, después de haber presentado la acusación formal ante un juez en Santa Cruz y lograr la declaratoria de la rebeldía para encaminar este trámite. El imputado huyó del país en diciembre del año pasado, pese a que estaba con detención domiciliaria.
El anuncio fue desestimado por la defensa del ciudadano estadounidense, porque el Ministerio Público no ha iniciado los trámites que establece la ley para solicitar la extradición.
Sin embargo, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó ayer de que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Ostreicher por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y, al estar ausente del proceso, pidió la declaratoria de rebeldía en su contra, notificación que fue remitida a la Policía Internacional (Interpol) para su aprehensión y encaminar el trámite de extradición.
“Se ha pedido la anotación de Jacob Ostreicher en la lista roja de la Interpol; se cumplieron con todas las formalidades del caso, la autoridad jurisdiccional declaró la rebeldía y ahora se está preparando para realizar el trámite de la extradición”, aseguró Guerrero.
Ostreicher se encontraba detenido por más de un año en la cárcel de Palmasola y logró su libertad condicional el 18 de diciembre de 2012 tras la revelación de una red de extorsión de la que formaban parte asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno que ahora están detenidos.
Defensa
El abogado Jerjes Justiniano Atalá explicó que el pedido de extradición se realiza a tráves de la Cancillería, previo trámite que establece el artículo 138 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal que, según él, no ha iniciado la Fiscalía General.
Además, Justiniano duda que proceda un requerimiento de extradición porque en Estados Unidos está en tratamiento el proyecto de ley Jacob, inspirado en Ostreicher porque una comisión de legisladores estadounidenses constató que en Bolivia fueron violados los derechos humanos de su coterráneo, que es acusado de lavado de dinero
El anuncio fue desestimado por la defensa del ciudadano estadounidense, porque el Ministerio Público no ha iniciado los trámites que establece la ley para solicitar la extradición.
Sin embargo, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó ayer de que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Ostreicher por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y, al estar ausente del proceso, pidió la declaratoria de rebeldía en su contra, notificación que fue remitida a la Policía Internacional (Interpol) para su aprehensión y encaminar el trámite de extradición.
“Se ha pedido la anotación de Jacob Ostreicher en la lista roja de la Interpol; se cumplieron con todas las formalidades del caso, la autoridad jurisdiccional declaró la rebeldía y ahora se está preparando para realizar el trámite de la extradición”, aseguró Guerrero.
Ostreicher se encontraba detenido por más de un año en la cárcel de Palmasola y logró su libertad condicional el 18 de diciembre de 2012 tras la revelación de una red de extorsión de la que formaban parte asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno que ahora están detenidos.
Defensa
El abogado Jerjes Justiniano Atalá explicó que el pedido de extradición se realiza a tráves de la Cancillería, previo trámite que establece el artículo 138 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal que, según él, no ha iniciado la Fiscalía General.
Además, Justiniano duda que proceda un requerimiento de extradición porque en Estados Unidos está en tratamiento el proyecto de ley Jacob, inspirado en Ostreicher porque una comisión de legisladores estadounidenses constató que en Bolivia fueron violados los derechos humanos de su coterráneo, que es acusado de lavado de dinero
Develan documento contra diputado Ever Moya por actos de corrupción
Un documento con denuncias de presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por el diputado Ever Moya en el tema aduanero, como falsificación y aplicación de marcas y contraseñas, uso de influencias e incumplimiento de deberes fue develado ayer por el presidente de la Brigada Parlamentaria, Ricardo Aillón.
El senador por Oruro, mostró ayer un documento que la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya Vásquez envió el 28 de agosto del año pasado a la presidenta de ese entonces de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, en la que hacía denuncia de todos los actos irregulares que habría cometido el diputado Moya, con mercadería que se comisó en distintos operativos.
"Tengo el agrado de dirigirme a su autoridad, a objeto de poner en su conocimiento la presente denuncia, contra el diputado Ever Moya Zárate, a efectos que sea canalizada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para su procesamiento conforme a procedimiento establecido", señaló en ese entonces Ardaya a Tejada.
La presidente de la Aduana detalló en la nota de cinco páginas una relación de hechos sobre varios casos en los que el diputado Ever Moya intercedió por su hermano y la esposa de éste, en su calidad de diputado nacional, que según la autoridad, señaló que fueron aspectos que motivan a la mencionada denuncia.
SENADOR
El senador y presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Ricardo Aillón mostró el documento ayer a los periodistas y entregó la copia donde se evidencia lo manifestado por Ardaya.
"Tengo otros documentos y va a venir la bomba contra este individuo, ahora quiere hacer protagonismo para irse a otro partido, no les aconsejo que lo acojan en otro partido, porque el traidor es traidor hasta la muerte. El zorro puede cambiar de pelaje, pero no de mañas. Estas son las denuncias marcadas con fechas, de toda su trayectoria y de sus ataques a la Aduana", indicó.
Reiteró que el documento está firmado por la presidente de la Aduana, Marlene Ardaya Vásquez.
"El MAS (Movimiento Al Socialismo) no le ha dado su gusto para que haga su tráfico de influencias y contrabando, por eso ha abandonado al MAS y ahora empieza a hablar en contra del Presidente", aseguró.
Se le consultó el por qué recién hacía público el documento y respondió que las denuncias recién fueron conseguidas.
"Si yo lo hubiera conocido más antes, lo hubiera hecho conocer, ahora voy a requerir más información y en qué están esas denuncias en la Aduana Nacional y tengo otras cuestiones más delicadas, estoy consiguiendo las pruebas de cómo ciertos individuos dicen querer al departamento de Oruro, amar al departamento de Oruro, pero con sus 18.500 bolivianos de sueldo qué ha hecho para Oruro, qué proyecto gestionó, solo ha hecho daño y daño", indicó.
MOYA
LA PATRIA intentó comunicarse ayer con el diputado Ever Moya para conocer su opinión al respecto, sin embargo, no se tuvo fortuna, pues su celular estaba apagado.
El senador por Oruro, mostró ayer un documento que la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya Vásquez envió el 28 de agosto del año pasado a la presidenta de ese entonces de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, en la que hacía denuncia de todos los actos irregulares que habría cometido el diputado Moya, con mercadería que se comisó en distintos operativos.
"Tengo el agrado de dirigirme a su autoridad, a objeto de poner en su conocimiento la presente denuncia, contra el diputado Ever Moya Zárate, a efectos que sea canalizada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para su procesamiento conforme a procedimiento establecido", señaló en ese entonces Ardaya a Tejada.
La presidente de la Aduana detalló en la nota de cinco páginas una relación de hechos sobre varios casos en los que el diputado Ever Moya intercedió por su hermano y la esposa de éste, en su calidad de diputado nacional, que según la autoridad, señaló que fueron aspectos que motivan a la mencionada denuncia.
SENADOR
El senador y presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Ricardo Aillón mostró el documento ayer a los periodistas y entregó la copia donde se evidencia lo manifestado por Ardaya.
"Tengo otros documentos y va a venir la bomba contra este individuo, ahora quiere hacer protagonismo para irse a otro partido, no les aconsejo que lo acojan en otro partido, porque el traidor es traidor hasta la muerte. El zorro puede cambiar de pelaje, pero no de mañas. Estas son las denuncias marcadas con fechas, de toda su trayectoria y de sus ataques a la Aduana", indicó.
Reiteró que el documento está firmado por la presidente de la Aduana, Marlene Ardaya Vásquez.
"El MAS (Movimiento Al Socialismo) no le ha dado su gusto para que haga su tráfico de influencias y contrabando, por eso ha abandonado al MAS y ahora empieza a hablar en contra del Presidente", aseguró.
Se le consultó el por qué recién hacía público el documento y respondió que las denuncias recién fueron conseguidas.
"Si yo lo hubiera conocido más antes, lo hubiera hecho conocer, ahora voy a requerir más información y en qué están esas denuncias en la Aduana Nacional y tengo otras cuestiones más delicadas, estoy consiguiendo las pruebas de cómo ciertos individuos dicen querer al departamento de Oruro, amar al departamento de Oruro, pero con sus 18.500 bolivianos de sueldo qué ha hecho para Oruro, qué proyecto gestionó, solo ha hecho daño y daño", indicó.
MOYA
LA PATRIA intentó comunicarse ayer con el diputado Ever Moya para conocer su opinión al respecto, sin embargo, no se tuvo fortuna, pues su celular estaba apagado.
miércoles, 25 de junio de 2014
Exfiscal Soza dice que teme por su vida en Bolivia
El exfiscal Marcelo Soza reiteró que no retornará a Bolivia porque su vida está en riesgo y expresó su temor por la seguridad de su familia, compuesta por su esposa y sus cuatro hijos, que aparentemente continúan viviendo en la ciudad de La Paz.
Aseguró que las presiones no se han detenido con su salida a Brasil y por el contrario continúan, así como para otros exasesores del Ministerio de Gobierno que colaboraron en el caso terrorismo, pero que hoy están detenidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. “Si vuelvo a Bolivia obviamente mi vida está en riesgo, mi seguridad también y lo que quiere hacer el Gobierno es lavarse las manos de todos los errores del caso terrorismo con mi persona, para que ellos políticamente saquen un rédito y les beneficien en las elecciones (…) esa es la finalidad”, dijo Soza.
Familias afectadas
Para el exrepresentante del Ministerio Público, “hay muchas familias afectadas por el poder político del Gobierno”, al que acusó de haber montado todo el operativo en el hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009, donde tres ciudadanos extranjeros murieron a mano de los efectivos de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc).
Manifestó que la intención del Gobierno es ir mucho más allá y utilizar el caso de supuesto terrorismo para sacar un rédito y beneficio político en las próximas elecciones, mostrándose como víctima, ignorando que la violencia provino de los mismos organismos de seguridad del Estado, controlados por el Ministerio de Gobierno.
Aseguró que las presiones no se han detenido con su salida a Brasil y por el contrario continúan, así como para otros exasesores del Ministerio de Gobierno que colaboraron en el caso terrorismo, pero que hoy están detenidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. “Si vuelvo a Bolivia obviamente mi vida está en riesgo, mi seguridad también y lo que quiere hacer el Gobierno es lavarse las manos de todos los errores del caso terrorismo con mi persona, para que ellos políticamente saquen un rédito y les beneficien en las elecciones (…) esa es la finalidad”, dijo Soza.
Familias afectadas
Para el exrepresentante del Ministerio Público, “hay muchas familias afectadas por el poder político del Gobierno”, al que acusó de haber montado todo el operativo en el hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009, donde tres ciudadanos extranjeros murieron a mano de los efectivos de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc).
Manifestó que la intención del Gobierno es ir mucho más allá y utilizar el caso de supuesto terrorismo para sacar un rédito y beneficio político en las próximas elecciones, mostrándose como víctima, ignorando que la violencia provino de los mismos organismos de seguridad del Estado, controlados por el Ministerio de Gobierno.
viernes, 20 de junio de 2014
La corrupción es la principal preocupación de los bolivianos
La corrupción se ha convertido en la principal preocupación de la gente, al pasar del 26 a poco más del 30%, según la última encuesta de percepción de opinión pública elaborada por la empresa encuestadora Tal Cual Comunicación Estratégica a nivel nacional para el diario Página Siete.
De acuerdo con el sondeo presencial efectuado entre 2.250 personas en 28 capitales departamentales y ciudades intermedias, un 30,3% de los encuestados señaló la corrupción como su principal preocupación, contra el 26% registrado en la encuesta de abril pasado, mes en que ese problema ocupó el segundo lugar, detrás de la inseguridad ciudadana.
La preocupación por este tema ha tenido un incremento sostenido acumulado de ocho puntos porcentuales en el último año, al pasar de 22% en junio de 2013 a 24% en enero de 2014 y 30,3% en el último sondeo.
En la última encuesta, la inseguridad ciudadana ocupa el segundo lugar, con 29,7 %, delante del narcotráfico, con 14,7%; la economía, con 14,1%, y la salud y la educación, con 9,7%.
El sondeo fue realizado en la última semana de mayo entre ciudadanos de ambos sexos, mayores de 18 años y de todos los niveles socioeconómicos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más menos 2,04%.
El índice de preocupación por la corrupción es más alto en Cochabamba, con el 43%; Beni, con 37%, y Chuquisaca, con 36%, mientras que Potosí, Pando y Santa Cruz registran el más bajo, con 17%, 22% y 26%, respectivamente.
La preocupación por la inseguridad ciudadana es mayor en Santa Cruz, con 41%, seguida por Potosí, con 35%, y La Paz, con 34%. Es menor en Pando, Cochabamba y Beni, con 11%, 18% y 22%, respectivamente.
Entre las ciudades intermedias incluidas en la encuesta figuran Achacachi, Caranavi, Viacha, San Julián, Montero, Challapata, Guayaramerín, Riberalta, Tinquipaya, Quilllacollo, Sacaba, Tiquipaya, Villa Tunari, Monteagudo, Villamontes y Bermejo.
La encuesta fue realizada dos meses después del escándalo que involucró a la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera, Silvana del Castillo Tejada, socia de la empresa Air Catering, que tenía un contrato para la prestación de un servicio de refrigerios a los viajeros de la compañía estatal Boliviana de Aviación (BoA) por 26 millones de bolivianos anuales.
García Linera dijo en la ocasión que no conocía esa relación comercial y, pese a considerarla legal, pidió a BoA que rescinda el contrato por razones éticas.
Ficha técnica
Cobertura geográfica Zonas urbanas y ciudades intermedias.
Población Hombres y mujeres, mayores de 18 años y de todos los niveles.
Tamaño de la muestra 2.250 encuestas presenciales.
Trabajo de campo Se desarrolló entre el sábado 17, 18 y 25 de mayo de 2014.
Punto de vista
Iván Arias
Analista político
"El problema es el narcotráfico”
Aunque esté en primer lugar la corrupción y en segundo lugar la inseguridad ciudadana, la madre del cordero (problema) es el narcotráfico, aunque esté en tercera opción.
Los bolivianos nos resistimos a creer que el narcotráfico genera corrupción e inseguridad ciudadana.
La encuesta, por departamentos, da cuenta que Cochabamba coloca al narcotráfico entre los dos primeros lugares de preocupación de las personas. Creo que en general la encuesta identifica los tres principales problemas.
¿Será simplemente que tenemos funcionarios corruptos? Una lectura es que los funcionarios públicos roban mucho; otra forma de ver es que los bolivianos tomamos bebidas alcohólicas en exceso y que hay mucha criminalidad, o que el narcotráfico está penetrando en Santa Cruz y se lo demuestra por la cantidad de muertos por este problema. La situación es similar en Pando.
Para revertir este problema se deben fortalecer los mecanismos de fiscalización con una Contraloría independiente, un Órgano Legislativo nacional y departamentales que verdaderamente fiscalicen.
De no existir soluciones y si no abrimos los ojos a tiempo, deberíamos temer a que en Bolivia se replique lo que sucede en México, en las favelas de Brasil y a lo que Colombia sufrió por mucho tiempo.
Los bolivianos debemos dejar de obviar estos temas porque esas experiencias no estamos lejos de tenerlas.
De acuerdo con el sondeo presencial efectuado entre 2.250 personas en 28 capitales departamentales y ciudades intermedias, un 30,3% de los encuestados señaló la corrupción como su principal preocupación, contra el 26% registrado en la encuesta de abril pasado, mes en que ese problema ocupó el segundo lugar, detrás de la inseguridad ciudadana.
La preocupación por este tema ha tenido un incremento sostenido acumulado de ocho puntos porcentuales en el último año, al pasar de 22% en junio de 2013 a 24% en enero de 2014 y 30,3% en el último sondeo.
En la última encuesta, la inseguridad ciudadana ocupa el segundo lugar, con 29,7 %, delante del narcotráfico, con 14,7%; la economía, con 14,1%, y la salud y la educación, con 9,7%.
El sondeo fue realizado en la última semana de mayo entre ciudadanos de ambos sexos, mayores de 18 años y de todos los niveles socioeconómicos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más menos 2,04%.
El índice de preocupación por la corrupción es más alto en Cochabamba, con el 43%; Beni, con 37%, y Chuquisaca, con 36%, mientras que Potosí, Pando y Santa Cruz registran el más bajo, con 17%, 22% y 26%, respectivamente.
La preocupación por la inseguridad ciudadana es mayor en Santa Cruz, con 41%, seguida por Potosí, con 35%, y La Paz, con 34%. Es menor en Pando, Cochabamba y Beni, con 11%, 18% y 22%, respectivamente.
Entre las ciudades intermedias incluidas en la encuesta figuran Achacachi, Caranavi, Viacha, San Julián, Montero, Challapata, Guayaramerín, Riberalta, Tinquipaya, Quilllacollo, Sacaba, Tiquipaya, Villa Tunari, Monteagudo, Villamontes y Bermejo.
La encuesta fue realizada dos meses después del escándalo que involucró a la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera, Silvana del Castillo Tejada, socia de la empresa Air Catering, que tenía un contrato para la prestación de un servicio de refrigerios a los viajeros de la compañía estatal Boliviana de Aviación (BoA) por 26 millones de bolivianos anuales.
García Linera dijo en la ocasión que no conocía esa relación comercial y, pese a considerarla legal, pidió a BoA que rescinda el contrato por razones éticas.
Ficha técnica
Cobertura geográfica Zonas urbanas y ciudades intermedias.
Población Hombres y mujeres, mayores de 18 años y de todos los niveles.
Tamaño de la muestra 2.250 encuestas presenciales.
Trabajo de campo Se desarrolló entre el sábado 17, 18 y 25 de mayo de 2014.
Punto de vista
Iván Arias
Analista político
"El problema es el narcotráfico”
Aunque esté en primer lugar la corrupción y en segundo lugar la inseguridad ciudadana, la madre del cordero (problema) es el narcotráfico, aunque esté en tercera opción.
Los bolivianos nos resistimos a creer que el narcotráfico genera corrupción e inseguridad ciudadana.
La encuesta, por departamentos, da cuenta que Cochabamba coloca al narcotráfico entre los dos primeros lugares de preocupación de las personas. Creo que en general la encuesta identifica los tres principales problemas.
¿Será simplemente que tenemos funcionarios corruptos? Una lectura es que los funcionarios públicos roban mucho; otra forma de ver es que los bolivianos tomamos bebidas alcohólicas en exceso y que hay mucha criminalidad, o que el narcotráfico está penetrando en Santa Cruz y se lo demuestra por la cantidad de muertos por este problema. La situación es similar en Pando.
Para revertir este problema se deben fortalecer los mecanismos de fiscalización con una Contraloría independiente, un Órgano Legislativo nacional y departamentales que verdaderamente fiscalicen.
De no existir soluciones y si no abrimos los ojos a tiempo, deberíamos temer a que en Bolivia se replique lo que sucede en México, en las favelas de Brasil y a lo que Colombia sufrió por mucho tiempo.
Los bolivianos debemos dejar de obviar estos temas porque esas experiencias no estamos lejos de tenerlas.
Caso Candia: Alcaldía pide al TSJ seguir acción penal
La Alcaldía paceña pidió a los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Paz que dispongan la continuidad de la acción penal contra los involucrados en el caso Gaby Candia y dejar sin efecto la solicitud de prescripción de la pena.
El asesor jurídico Fernando Bascopé informó que él y otros dos juristas presentaron ayer la recusación de seis vocales de la instancia judicial, ya que durante este tiempo se constató que en diferentes salas civiles y penales se generaron fallos que atentan contra las actuaciones del municipio, en una conducta que no está ceñida a la ley.
Bascopé lamentó que los vocales rechazaran la recusación interpuesta por la Alcaldía de La Paz. "Nos corresponde -luego del rechazo de la recusación- solicitar al Tribunal Superior de Justicia emitir una resolución en la que se establezca la prosecución (continuidad) de la acción penal en contra de los seis involucrados en el caso Gaby Candia”, agregó.
También se solicitó a los miembros del TSJ de La Paz dejar sin efecto los incidentes y excepciones que fueron solicitados por dos de los involucrados y en los que se pide la extinción de la acción penal y la prescripción penal, agregó.
En 1997, la entonces alcaldesa Gaby Candia aprobó el pago de 1,6 millones de dólares para la expropiación ficticia con propietarios que no tenían sus títulos de propiedad del cerro Santa Bárbara de la ciudad de La Paz.
El asesor jurídico Fernando Bascopé informó que él y otros dos juristas presentaron ayer la recusación de seis vocales de la instancia judicial, ya que durante este tiempo se constató que en diferentes salas civiles y penales se generaron fallos que atentan contra las actuaciones del municipio, en una conducta que no está ceñida a la ley.
Bascopé lamentó que los vocales rechazaran la recusación interpuesta por la Alcaldía de La Paz. "Nos corresponde -luego del rechazo de la recusación- solicitar al Tribunal Superior de Justicia emitir una resolución en la que se establezca la prosecución (continuidad) de la acción penal en contra de los seis involucrados en el caso Gaby Candia”, agregó.
También se solicitó a los miembros del TSJ de La Paz dejar sin efecto los incidentes y excepciones que fueron solicitados por dos de los involucrados y en los que se pide la extinción de la acción penal y la prescripción penal, agregó.
En 1997, la entonces alcaldesa Gaby Candia aprobó el pago de 1,6 millones de dólares para la expropiación ficticia con propietarios que no tenían sus títulos de propiedad del cerro Santa Bárbara de la ciudad de La Paz.
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