Noticia publicada el 28 de Agosto en LA prensa
La defensa de Luis Alberto “Chito” Valle confía en que el juicio de responsabilidades se extinga en mayo de 2008, y con miras a ese objetivo tiene ya una batalla ganada: la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del ex Prefecto de La Paz la eliminación de cuatro delitos que pesaban en su contra.
Según el Ministerio Público, Valle no tiene propiedades a su nombre, por tanto no cuenta con recursos para cubrir los 17.753.013 dólares que, se estima, es el daño económico causado en su gestión 1997-1999.
El abogado Alberto Morales, defensor de “Chito”, indicó ayer que la Corte Suprema ha dictado una resolución, el 14 de noviembre de 2006, por la que declara expresamente prescritos los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, malversación, supresión o destrucción de documento y simulación de delito.
El tiempo está en contra de los acusadores. A la fecha, según Morales, prescribió también el delito de contratos lesivos al Estado, que tiene una pena máxima de cinco años de cárcel, aunque sobre esto aún falta una resolución suprema.
En febrero, el ex Prefecto paceño estuvo en la cárcel de San Pedro, permaneció por algo más de 48 horas en la sanidad del recinto. Ahora espera el juicio de responsabilidades por la venta de vehículos de la Prefectura a precio de chatarra, la compra de muebles de La Cuisine con sobreprecio y la transferencia de muebles e inmuebles del ex Banco Minero que desaparecieron.
“Valle ha presentado —informó Morales— (la solicitud de) extinción del proceso por duración máxima. Está siendo investigado siete años sin ningún resultado y ha denunciado actividad procesal defectuosa”.
Según la Constitución, en un juicio de responsabilidades no acusa el Fiscal General de la República, sino la Sala Penal de la Corte Suprema. Ese paso no se ha dado y los jueces no han evaluado si es viable o no la propuesta acusatoria del Fiscal General.
El fiscal William Alave no pudo ser contactado ayer por este medio pues tenía su teléfono desconectado.
Otros casos
La revista Domingo mostró que la Prefectura de La Paz acumula pruebas para abrir otros casos contra Valle y su parentela. Por ejemplo, está el de una supuesta venta de una casa prefectural a una persona particular, cuyo dinero nunca entró a la caja pública.
El otro hecho habría sucedido cuando la Federación Regional de Cooperativas Auríferas se declaró en quiebra. El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dispuso el traspaso de la infraestructura de las cooperativas a los municipios, éstos lo rechazaron por la alta deuda que significaba, pero la Prefectura de La Paz admitió ese gravamen de 66,4 millones de bolivianos.
Morales se excusó de hacer comentarios sobre esos hechos porque, aclaró, no son investigados oficialmente por el Ministerio Público.
“Querer buscar la verdad, sabiendo que hasta que investiguen hoy, planteen mañana la acusación, luego esto tenga que ir a autorización del Congreso, lo único que hacen es generar un show, no tiene perspectivas de llegar jamás a sentencia (...) Es burlarse de la opinión pública y de la inteligencia de los comprendidos en estos temas, gastar dinero del Estado en investigaciones superfluas y mantener abierto un caso con fines más mediáticos que de justicia”.
El abogado desvirtuó la acusación de la Fiscalía. Por ejemplo, dijo que la venta de chatarra fue por una resolución del prefecto anterior Germán Quiroga y que la transferencia de inmuebles del ex Banco Minero benefició a la Prefectura.
Según abogado, se investigó a las Banzer fuera de la ley
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) colectó las transacciones financieras de las hijas de Hugo Banzer, Ilonka y María Patricia, y halló despósitos de hasta 600 mil dólares. El abogado de “Chito” Valle, Alberto Morales, desacreditó esa averiguación porque no existe una autorización legal para perseguir a las dos mujeres.
Aunque Morales explicó que no es abogado de ellas y por eso mismo aclaró que no puede involucrarse en el tema, sí dijo que a la “familia (de Valle) no la han involucrado en el proceso” de juicio de responsabilidades.
“No entiendo con qué autorización legal la UIF está investigando al entorno (familiar) si no hay requerimiento fiscal, no hay imputación, no hay caso contra ellas. Tampoco el Estado puede arbitrariamente hacer el análisis y evaluación del movimiento de cuentas de una persona y mostrarlos a la opinión pública si no hay un caso judicial. Se están vulnerando los derechos”.
Ilonka Banzer conversó con La Prensa el domingo, se mostró sorprendida por la averiguación de sus cuentas y dijo que no tenía nada de qué opinar. Ella recibió en una cuenta nacional transferencias por 67.750 dólares de la cuenta empresarial La Cuisine y giró cheques a la orden de dicha firma por 101 mil dólares.
Morales dijo ayer que Enrique Vargas Delos, esposo de Ilonka, es uno de los socios de La Cuisine, de la que “Chito” adquirió muebles durante su gestión, según la Fiscalía, previa licitación pero con sobreprecio.
En breve
La pesquisa a “Chito” Valle, yerno de Hugo Banzer, comenzó en mayo de 2000.
Su abogado afirma que son siete años de investigación en contra del ex Prefecto.
El defensor considera que en mayo de 2008 se extinguirá legalmente el proceso.
Valle afronta un juicio de responsabilidades por tres supuestos delitos.
El primero es por la venta de vehículos de la Prefectura paceña a precio de chatarra.
El otro es por la compra de muebles de La Cuisine SRL con sobreprecio.
Hay uno más por la transferencia de muebles e inmuebles del ex Banco Minero.
Además está la compra de un mobiliario de alcoba para la Prefectura.
La defensa de Luis Alberto “Chito” Valle confía en que el juicio de responsabilidades se extinga en mayo de 2008, y con miras a ese objetivo tiene ya una batalla ganada: la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del ex Prefecto de La Paz la eliminación de cuatro delitos que pesaban en su contra.
Según el Ministerio Público, Valle no tiene propiedades a su nombre, por tanto no cuenta con recursos para cubrir los 17.753.013 dólares que, se estima, es el daño económico causado en su gestión 1997-1999.
El abogado Alberto Morales, defensor de “Chito”, indicó ayer que la Corte Suprema ha dictado una resolución, el 14 de noviembre de 2006, por la que declara expresamente prescritos los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, malversación, supresión o destrucción de documento y simulación de delito.
El tiempo está en contra de los acusadores. A la fecha, según Morales, prescribió también el delito de contratos lesivos al Estado, que tiene una pena máxima de cinco años de cárcel, aunque sobre esto aún falta una resolución suprema.
En febrero, el ex Prefecto paceño estuvo en la cárcel de San Pedro, permaneció por algo más de 48 horas en la sanidad del recinto. Ahora espera el juicio de responsabilidades por la venta de vehículos de la Prefectura a precio de chatarra, la compra de muebles de La Cuisine con sobreprecio y la transferencia de muebles e inmuebles del ex Banco Minero que desaparecieron.
“Valle ha presentado —informó Morales— (la solicitud de) extinción del proceso por duración máxima. Está siendo investigado siete años sin ningún resultado y ha denunciado actividad procesal defectuosa”.
Según la Constitución, en un juicio de responsabilidades no acusa el Fiscal General de la República, sino la Sala Penal de la Corte Suprema. Ese paso no se ha dado y los jueces no han evaluado si es viable o no la propuesta acusatoria del Fiscal General.
El fiscal William Alave no pudo ser contactado ayer por este medio pues tenía su teléfono desconectado.
Otros casos
La revista Domingo mostró que la Prefectura de La Paz acumula pruebas para abrir otros casos contra Valle y su parentela. Por ejemplo, está el de una supuesta venta de una casa prefectural a una persona particular, cuyo dinero nunca entró a la caja pública.
El otro hecho habría sucedido cuando la Federación Regional de Cooperativas Auríferas se declaró en quiebra. El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dispuso el traspaso de la infraestructura de las cooperativas a los municipios, éstos lo rechazaron por la alta deuda que significaba, pero la Prefectura de La Paz admitió ese gravamen de 66,4 millones de bolivianos.
Morales se excusó de hacer comentarios sobre esos hechos porque, aclaró, no son investigados oficialmente por el Ministerio Público.
“Querer buscar la verdad, sabiendo que hasta que investiguen hoy, planteen mañana la acusación, luego esto tenga que ir a autorización del Congreso, lo único que hacen es generar un show, no tiene perspectivas de llegar jamás a sentencia (...) Es burlarse de la opinión pública y de la inteligencia de los comprendidos en estos temas, gastar dinero del Estado en investigaciones superfluas y mantener abierto un caso con fines más mediáticos que de justicia”.
El abogado desvirtuó la acusación de la Fiscalía. Por ejemplo, dijo que la venta de chatarra fue por una resolución del prefecto anterior Germán Quiroga y que la transferencia de inmuebles del ex Banco Minero benefició a la Prefectura.
Según abogado, se investigó a las Banzer fuera de la ley
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) colectó las transacciones financieras de las hijas de Hugo Banzer, Ilonka y María Patricia, y halló despósitos de hasta 600 mil dólares. El abogado de “Chito” Valle, Alberto Morales, desacreditó esa averiguación porque no existe una autorización legal para perseguir a las dos mujeres.
Aunque Morales explicó que no es abogado de ellas y por eso mismo aclaró que no puede involucrarse en el tema, sí dijo que a la “familia (de Valle) no la han involucrado en el proceso” de juicio de responsabilidades.
“No entiendo con qué autorización legal la UIF está investigando al entorno (familiar) si no hay requerimiento fiscal, no hay imputación, no hay caso contra ellas. Tampoco el Estado puede arbitrariamente hacer el análisis y evaluación del movimiento de cuentas de una persona y mostrarlos a la opinión pública si no hay un caso judicial. Se están vulnerando los derechos”.
Ilonka Banzer conversó con La Prensa el domingo, se mostró sorprendida por la averiguación de sus cuentas y dijo que no tenía nada de qué opinar. Ella recibió en una cuenta nacional transferencias por 67.750 dólares de la cuenta empresarial La Cuisine y giró cheques a la orden de dicha firma por 101 mil dólares.
Morales dijo ayer que Enrique Vargas Delos, esposo de Ilonka, es uno de los socios de La Cuisine, de la que “Chito” adquirió muebles durante su gestión, según la Fiscalía, previa licitación pero con sobreprecio.
En breve
La pesquisa a “Chito” Valle, yerno de Hugo Banzer, comenzó en mayo de 2000.
Su abogado afirma que son siete años de investigación en contra del ex Prefecto.
El defensor considera que en mayo de 2008 se extinguirá legalmente el proceso.
Valle afronta un juicio de responsabilidades por tres supuestos delitos.
El primero es por la venta de vehículos de la Prefectura paceña a precio de chatarra.
El otro es por la compra de muebles de La Cuisine SRL con sobreprecio.
Hay uno más por la transferencia de muebles e inmuebles del ex Banco Minero.
Además está la compra de un mobiliario de alcoba para la Prefectura.
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