Marcelo Vargas, imputado por supuesta extorsión y asociación criminal, fue beneficiado con detención domiciliaría por el juez cautelar 11º Hugo Huacani, quien también determinó libertad para la segunda implicada, Claudia Gutiérrez.
Ambos en su calidad de facilitadores del Ministerio de Educación ingresaron al Penal de Mujeres de Miraflores, enviados por Marco Cámara, para extorsionar a una víctima de trata y tráfico de personas a la que pidieron que levante su denuncia.
El miércoles 2 de agosto, una mujer de nacionalidad paraguaya, que había denunciado a Cámara por delito de trata, y se encuentra recluida en el penal de Miraflores, por otro delito relacionado al infanticidio de su hija, puso sobre aviso a la guardia del penal, sobre una visita sospechosa que pedía hablar con ella.
Una hora después, la abogada Paola Barriga, informó que una pareja había sido aprehendida en acción directa, denunciados por la reclusa, quien aseguró que Vargas le dijo que disimulara y fingiera conocerla para luego decirle que venía de parte de Marco Cámara y le ofrecía 3.000 dólares a cambio de que retire la denuncia por trata.
En la audiencia cautelar, realizada ayer, en el juzgado sexto cautelar, donde Huacani es suplente, la fiscal asignada, Magali Bustamante, presentó el informe policial, donde se detalla que Vargas trató de borrar mensajes de WhatsApp que tenía con una persona, a quien le indicaba que conocía a Cámara hace 10 años, cuando trabajó en uno de esos centro nocturnos.
Pese a esos indicios y que aún no se ha tomado declaraciones de otros testigos, ni de Cámara, Huancani dispuso la detención domiciliaria con arraigo en un domicilio que no fue especificado, además del arraigo y la presentación de dos garantes solventes que en caso de fuga deberán pagar Bs 5.000 para la recaptura.
Sobre Claudia Gutiérrez, el juez Huacani la benefició con libertad, señalando que el informe policial no la mencionaba y su autoridad no halló indicios en su contra, pero determinó que la misma debe presentarse ante la fiscalía cada 15 días y también presentar garante solvente.
Ante esta determinación, la fiscal Bustamante observó que el juez Huacani no valoró de manera adecuada la relación de hechos expuestos en la audiencia, por lo que presentará la apelación correspondiente.
“A criterio del Ministerio Público, el juez no ha operado con la imparcialidad que debe regir en las actuaciones de una autoridad judicial. Ha hecho una especial incidencia sobre lo vertido por los abogados de la defensa; no obstante, se han limitado bastante los riesgos procesales que se le han presentado”, afirmó Bustamante.
En el caso de la imputada, Bustamante explicó que existían indicios que la señalaban como cómplice, pese a que no se la menciona en el informe policial, ya que ambos portaban credenciales del Ministerio de Justicia y la presencia de esta señorita facilitó que Vargas se acerque a la mujer para hacer la oferta.
En la audiencia, la defensa presentó certificados de trabajo de instituciones no gubernamentales, con las cuales brindaban apoyo a niños que se encuentran internos junto a sus padres, en San Pedro, Obrajes y Miraflores.
Po su lado, la abogada Barriga señaló que el Ministerio de Educación iniciará un proceso paralelo, debido a que se utilizaron credenciales de esta institución, pero este tema no tocará en el caso.
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