Destituidos cinco jueces por actos de corrupción

Tras una investigación interna realizada por el Consejo de la Magistratura a los funcionarios del Órgano Judicial, se determinó la destitución de al menos cinco jueces por hechos de corrupción, ya que esa ilegalidad da una mala imagen a esta institución, informó ayer Cristina Mamani, presidenta del Consejo de la Magistratura.

En criterio de la autoridad judicial, una gran parte del sector litigante sería la responsable de los hechos de corrupción cometidos por los funcionarios de esta instancia, ya que, con el fin de agilizar sus procesos, entregaría “recursos económicos” a las autoridades y o funcionarios judiciales.

“Tenemos la destitución de alrededor de cinco funcionarios; estamos hablando de jueces. No quisiera manifestar esta situación de quiénes porque nosotros nos constituimos en sala de apelación en segunda instancia”, declaró Mamani.

Denuncias. La máxima autoridad del Consejo de la Magistratura sostuvo que no puede decir si existe o no corrupción en la administración de justicia del país, ya que ese extremo debe denunciarlo la población, cuando identifique al juez o funcionario que incurre en actos ilegales.

Mamani también llamó a la cordura a las personas, litigantes, abogados y tramitadores para que no utilicen el nombre de jueces, ya que “algunos cobran (como si fuera para el magistrado) y posiblemente al juez no le llegue”.

La presidenta del Consejo de la Magistratura indicó en abril que suspendieron al menos a 50 jueces, de un total aproximado de 850 en los nueve departamentos del país, por incurrir en acciones de retardación de acciones judiciales.

Ostreicher pide la devolución de sus bienes decomisados

El estadounidense Jacob Ostreicher, procesado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, pidió la devolución de los bienes que se le confiscaron hace 34 meses. La Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) espera una orden judicial para la restitución. El abogado del extranjero, Jimmy Montaño, dijo que ya se demostró la legalidad de los bienes de Ostreicher y que, en ese marco, solicita la devolución de éstos.

Según la defensa, las inversiones económicas para la adquisición de los activos fijos y los costos operativos en la producción de arroz almacenados en ingenios llegarían a $us 25 millones. La directora distrital de Dircabi Santa Cruz, Iveth Álvarez, adelantó que no restituirá los activos no corrientes que exige el estadounidense mientras no se le presente una orden judicial que así lo determine.

Montaño explicó que presentó, como una de las principales pruebas, un informe de la Policía de Suecia que certifica que no existía lavado de dinero. Ese documento fue objetado inicialmente por el Ministerio de Gobierno y por la Fiscalía. Esta última investigó el citado documento y llegó a la conclusión de que el patrimonio de Ostreicher se justifica en razón a los vínculos financieros, económicos y comerciales, aseveró.

“A partir de este elemento, el Estado boliviano debe restituir primero la libertad a Ostreicher, a través de una resolución de sobreseimiento al proceso, y luego devolverle los bienes que le fueron confiscados ilegalmente”, manifestó el jurista.

Para Álvarez, los informes de la Fiscalía que constatan la legalidad de los bienes de Ostreicher no obligan a su institución a llevar adelante la devolución. “Lo que corresponde es que la defensa solicite al juzgado pertinente dicha reposición y a partir de ello no- sotros vamos a proceder”, afirmó.

La Directora de Dircabi advirtió que los bienes decomisados no sólo serían de Ostreicher, sino también de la colombiana Claudia Liliana Rodríguez. “Los derechos de propiedad deben arreglarlos ellos en el juzgado, para que luego el juez pueda ordenar a quién se devuelve los recursos”, acotó.

Según Dircabi, entre los activos fijos secuestrados están siete propiedades, 40 máquinas agrícolas, 273 cabezas de ganado y cerca de 13 mil millones de arroz almacenado en ingenios cruceños.

A raíz de este caso, a fines de noviembre de 2012, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que desarticuló una red de corrupción que operaba desde esa cartera de Estado. Indicó que la investigación desplegada posibilitó la detención de José Manuel Antezana, entonces funcionario del Ministerio de la Presidencia, quien habría monetizado parte del arroz confiscado a Ostreicher.

Retardación y corrupción aún afectan a la Judicatura boliviana

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Cristina Mamani, convocó a los jueces, vocales y personal de apoyo a una profunda reflexión sobre sus responsabilidades a la hora de impartir justicia.

La gente no cree en el sistema de justicia boliviano, porque éste sigue respondiendo a las personas que tienen recursos económicos, a ella “acceden los que tienen plata”, lamentó ayer la presidenta del Consejo de la judicatura, Cristina Mamani, quien con esas palabras participó de la inauguración de la Primera Cumbre Departamental de Justicia, evento convocado para identificar debilidades y falencias de la administración de justicia en el departamento de La Paz que al igual que el en el resto del país soporta varias denuncias de retardación y corrupción, según los litigantes. Hoy ese cónclave debe presentar las propuestas de solución a la crisis del sistema judicial.

De las autoridades que participaron en la inauguración de esa reunión, Mamani fue la que planteó de forma más cruda y directa la realidad del sistema judicial. “Los llamamos a los jueces, vocales y personal de apoyo a una profunda reflexión, esta crítica es a los impartidores de justicia, deben reflexionar sobre esta noble profesión que hemos estudiado, esto debe dolerles a ustedes”, dijo a Mamani a su auditorio al explicarle que sólo transmitiría las quejas y denuncias que muchos litigantes le expresaron a su autoridad.

Para respaldar esas versiones, Mamani señaló que muchos procesos terminan siendo anulados y ahí cabía preguntar si era por “incapacidad” del Juez o por falta de pruebas, pero el resultado es que el litigante de haber perdido su tiempo y recursos económicos invertidos, “encima le anulan. Le hemos quitado su tiempo y su dinero”, aseveró.

En cuanto al tiempo también señaló que en el sistema judicial boliviano es rutinario que un proceso sencillo dure hasta cinco años y uno complejo llegue a diez. “Eso no es justicia”, dijo casi en tono de reclamo.

La presidenta del Consejo de la Judicatura señaló que esas falencias, además de la corrupción, terminan violando derechos humanos y ratificando que aún existen tratos discriminadores al interior del sistema judicial, al respecto añadió, “entonces quien nos lo va a hacer (justicia) entonces?”, preguntó.

Todo ese cúmulo de actuaciones irregulares exige empezar a trabajar en recuperar la credibilidad del pueblo y añadió que si bien existen recursos que la misma ley ofrece, como las excusas y recusaciones, éstos también son mal utilizados y generan retardación de justicia.

Ostreicher busca salir tras recibir informe del IDIF

Jimmy Montaño, abogado del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, informó ayer de que le llegó un legajo de más de 35 páginas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que en su parte conclusiva manifiesta que los bienes del extranjero, confiscados por la justicia en Santa Cruz, fueron adquiridos lícitamente. Por lo tanto, el jurista basado en dicho informe prevé solicitar al Ministerio Público el sobreseimiento de su cliente.

“Este estudio sobre los bienes del señor Ostreicher fue encomendado al IDIF por el Ministerio Público, debido a que los fiscales no validaron un informe de los bancos suizos que nosotros presentamos sobre el origen lícito del dinero. El peritaje del IDIF no hace más que corroborar el informe de Suiza”, indicó el abogado Montaño.
“Nada es ilegal ni producto del narcotráfico. Por lo tanto, la próxima semana solicitaremos el sobreseimiento del señor Ostreicher a la Fiscalía de Sustancias Controladas, puesto que el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas por el que lo procesan desaparece con este informe”, señaló Montaño.

Ostreicher invirtió $us 27 millones en el sector agrícola y ganadero y adquirió tierras en la provincia Guarayos. Fue detenido en Palmasola en junio de 2011 por presunta legitimación de ganancias ilícitas y nexos con el narcotráfico. Actualmente guarda detención domiciliaria desde diciembre de 2012, luego de pagar una fianza de Bs 100.000.
El actor norteamericano Sean Penn, amigo del presidente Evo Morales, consiguió que la justicia lo liberara. En torno a este caso se destapó un escandaloso hecho de corrupción con la desarticulación de una red de extorsión que tumbó a abogados del Gobierno, jueces y fiscales

Nuevo audio vincula a fiscal Soza con supuesta extorsión desde Beni

La senadora lamenta que hasta la fecha la investigación contra Soza no haya sido abierta pese a los constantes indicios presentados.

La senadora de Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzales, presentó un nuevo audio que presuntamente implica al fiscal Marcelo Soza con casos de extorsión a los procesados en el caso “terrorismo I”. En la conversación difundida, “Soza” menciona a una pariente de Jessica Jordan que presuntamente habría cobrado dineros para el citado fiscal. La senadora pide al fiscal Genaro Quenta la detención del funcionario para evitar su fuga.

El nuevo audio vincula al fiscal Soza en casos de supuesta extorsión en Santa Cruz y Trinidad, donde una mujer habría exigido dinero a los sospechosos del caso para que el Ministerio Público los excluya del caso terrorismo que data de abril de 2009.

“Resulta que esta Ana Claudia Arruga supuestamente era la tía de Jessica Jordan y resulta pues que viene del Beni y (dice) queremos que investiguen. Sabemos que han habidos cobros. Sí le digo, había habido algunos cobros, tenemos que ir, pero no sabemos cuándo vamos a ir por el tema de pasajes, otras cosas más y chequear nuestra agenda también para ir a trabajar”, dice el presunto Soza a un interlocutor anónimo.

Agrega que fueron al encuentro con la mencionada, sin embargo, habrían decidido ir a cenar a un hotel, momento en que la mujer los interceptó para invitarlos a una cena en la casa de Jordan, quien les habría dicho: “…ahorita no podemos encontrarnos porque está Juan Ramón, más tarde. Y como qué fuimos más tarde y Juan Ramón ya se había ido”.

En la grabación el supuesto fiscal asegura que luego se enteró que fueron invitados al Beni para que Arruga amedrente y cobre a la gente. “En Santa Cruz, lo propio, le había sacado plata al Zvonko y no sé a quienes más. Entonces, yo le digo eso al Juan Ramón, inclusive al presidente yo le he dicho: Mirá, esto es lo que está pasando…”, cita en alusión al ministro de la Presidencia.

Tras la presentación del audio como una prueba más de vinculación al caso de extorsión, la senadora Gonzales pidió al fiscal Genaro Quenta emitir una orden de aprehensión contra Marcelo Soza por existir riesgo de fuga; además solicitó convocar para presentar declaración al periodista y analista Carlos Valverde, al abogado y empresario Carlos Subirana, al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, así como al exfuncionario del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo, y otros que habrían conocido de una transacción de 4 millones de dólares en Argentina a favor de Soza, dinero que fue entregado por los familiares de los procesados.

Gonzales lamentó que hasta la fecha no haya sido abierto el proceso, pese a los reiterados indicios presentados contra el fiscal que asumió una vacación de 60 días y luego difundió otro video, a través de su abogado Moisés Ponce de León, contra la senadora tratando de vincularla con hechos de extorsión dentro del Legislativo.

Precisamente existe una causa interpuesta en su contra en la Comisión de Ética del Senado, donde deberá comparecer tras la audiencia que programe la directiva a cargo de la senadora del oficialismo Sandra Soriano.

El jefe de bancada de la oposición, Marcelo Antezana, asumió ayer la decisión de reemplazar a Gonzales en la Comisión de Ética mientras dure el proceso en su contra, pero advirtió que primero se debe esperar al fallo que dictamine el Ministerio Público por el mismo caso.

“Hay que esperar que termine el proceso judicial instaurado en el Ministerio Público, y si ese proceso termina con una sentencia ejecutoriada, si está dentro de las causales para retirarla a la senadora, peor si sale absuelta de su proceso no va pasar nada”, dijo.

CASO terrorismo Presos ven que el complot se desvela; hablan de otro video

Los procesados en el caso de presunto terrorismo que están con detención preventiva en el penal paceño de San Pedro creen que con las últimas revelaciones hechas por Carlos Subirana, Claudia Arrudas, Carlos Valverde, Luis Clavijo y Rubén Costas se desvela con mayor claridad que este proceso fue armado y que todo fue un complot en contra de los líderes cruceños de la oposición.

Juan Carlos Guedes, uno de los sindicados en este caso, afirmó que ayer por la mañana los detenidos que están en el penal de San Pedro (La Paz) conversaron sobre lo que estaba sucediendo y creen que todo lo que se dijo sobre lo del presunto complot gubernamental se está comprobando con las versiones de otras personas.

De acuerdo con Otto Ritter, abogado del acusado Gary Prado Salmón, los detalles que se han venido conociendo en los últimos días muestran que el caso fue armado y que todavía hay emisarios gubernamentales que insisten en solicitar a los presos que se declaren culpables para hacer que el proceso termine.

El abogado de Ignacio Villa Vargas, Guido Colque, cree que debe haber un careo entre Carlos Subirana, Rubén Costas y Luis Clavijo para que la población conozca la verdad de las extorsiones que se hicieron. “La Fiscalía debería iniciar una investigación por una segunda red de extorsión”, agregó.


Tres intentos de acuerdo

Guedes detalló que en tres oportunidades gente enviada por el Gobierno se acercó a él y a los otros procesados para proponerles que se declaren culpables de los delitos que el Ministerio Público les sindica. “La propuesta fue que nos declaremos culpables y que aceptemos dos años más de cárcel. A cambio nos daban dinero y facilidades para salir de prisión”, afirmó Guedes y detalló que una persona de apellido Zapata se presentó en la cárcel paceña para volverles a plantear esta ‘salida’, hace tres o cuatro semanas.

De acuerdo con las declaraciones telefónicas del exunionista, la primera oferta fue hecha por un militar a finales de 2012, la segunda ocurrió en enero de este año y la última a principios de abril.

“De la reunión con ese militar, que me visitó en una anterior oportunidad cuando estuve con detención preventiva en mi casa y me ofreció dinero para que incriminara a Branko Marinkovic en este caso, tengo fotos y filmaciones”, apuntó Guedes y agregó que el nombre y la imagen del efectivo serán parte de las revelaciones que hará en su segundo libro, titulado Complot.

Hablan de un nuevo video

En medio de las conjeturas y el análisis que hacen de las revelaciones lanzadas en estas últimas semanas, se conoció que en el reinicio del juicio, previsto para el 6 de mayo, se hará público un nuevo video.

Extraoficialmente se sabe que en este material se mencionan datos sobre el exfuncionario de Gobierno Clavijo

LA FISCALÍA TIENE QUE DEFINIR SI SOZA SIGUE

El fiscal Sergio Céspedes, una de las autoridades judiciales que forma parte de la comisión que sostiene la acusación por terrorismo y alzamiento armado en contra de 39 personas, afirmó que la situación de su colega Marcelo Soza debe ser definida por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con Céspedes, Soza sigue de vacaciones y agregó que por el principio de unidad del Ministerio Público, el juicio seguirá adelante con Soza o sin él.

La autoridad también se refirió al careo que se puede generar entre el gobernador cruceño, Rubén Costas, y el exfuncionario del Ministerio de Gobierno Luis Clavijo, respecto al envío de emisarios para ‘entregar’ a líderes de la oposición.

Sin embargo, aclaró que esta situación solo se podría aseverar si es que alguna de las partes del caso presentara la solicitud de este interrogatorio, “de otra manera no puede ser aceptada”, apuntó Céspedes.

Bajo el mismo criterio, el fiscal aseguró que si alguno de los que reveló hechos de presión y de cobros irregulares tras el operativo en el hotel Las Américas debe pedir una investigación. /MAM
Otros detalles

Otro proceso
De acuerdo con la explicación del fiscal Sergio Céspedes, el posible caso de extorsión o de encubrimiento a presuntos hechos irregulares donde se vinculan a empresarios y a autoridades cruceñas se debe iniciar una nueva investigación fuera del caso de presunto terrorismo.

Decisión constitucional
En el reinicio del juicio por el supuesto terrorismo, previsto para el lunes 6 de mayo, los jueces que llevan adelante el proceso tienen que pronunciarse sobre un segundo fallo constitucional que favorece al imputado Ronald Castedo, que pidió por razones de salud que el caso sea radicado en nuestra capital.

Valverde acusa al fiscal Soza de extorsión

El periodista cruceño Carlos Valverde denunció que el fiscal del caso Terrorismo Marcelo Soza habría recibido más de $us 4 millones en Buenos Aires, Argentina, por parte de familiares de los acusados en el juicio, para favorecerlos.

Según Valverde, el dinero recibido por Soza tenía la finalidad de bajar las penas a los sindicados dentro el proceso, a través de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público. Además, en estos hechos de extorsión estarían implicados los abogados Carlos Subirana y Luis Clavijo (exdirector de Régimen Interior).

“Yo sé de muy buena fuente que en Buenos Aires corrieron cuatro millones y medio de dólares, pagando digamos en paquetes (… ) Lo que pasa es que mucha gente se está olvidando del audio, el audio es verdadero. Ahora lo que habrá que definir es si Soza va solo por su lado”, aseveró Valverde en una entrevista con la red Gigavisión.

Pagos. El periodista, quien escribió un libro sobre este proceso, sostuvo que Zvonko Matkovic, acusado en el caso Terrorismo, dio en mayo de 2010 $us 150 mil a Soza en la casa de Ana Claudia R., donde además se pagó cerca de $us 400 mil por parte de otros implicados.

En respuesta, Subirana señaló que el periodista tenía relación con Clavijo. “Valverde era delator, agente de la gente de Clavijo y dije que se reunieron 12 veces. Valverde fue metido a la cárcel por la Ley 1008 por el caso Narcoestatuilla. Él miente y yo digo la verdad”, acotó.