domingo, 23 de marzo de 2014

Encuesta da baja credibilidad a caso Rozsa

La credibilidad que tenía la población en el Gobierno sobre el respeto a la ley en el “caso Rozsa” era baja en diciembre de 2013, según la tercera encuesta del Foro Regional. De quienes decían conocer el caso, 45,87% dio un escaso puntaje al respeto a la ley por parte del Gobierno. El caso dio un giro con la huida del fiscal a cargo, Marcelo Soza.

La encuesta realizada por el Foro Regional, conformado por Ciudadanía, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y Los Tiempos, detectó una baja credibilidad en el “caso Rosza”. Cuando se preguntó a los encuestados en qué medida consideraban que el Gobierno había respetado la ley en el caso, el 36,4 por ciento no pudo expresar una opinión aduciendo que no conocía el caso o que sabía muy poco.

De los que sí conocían del caso, el 45,87 por ciento calificó entre 1 y 3 el respeto a la ley por parte del Gobierno, lo que implicaría una calificación muy baja considerando que la escala de calificación era del 1 al 7. Solamente el 6,41 por ciento dio una calificación de 5 a 7.

Por lo tanto, ya antes de que fugara el fiscal Soza, que tuvo a su cargo el juicio iniciado por el Gobierno luego de la muerte de Eduardo Rosza y dos de sus acompañantes, la credibilidad del Gobierno en este tema era muy reducida.

Cuando se calcula la calificación promedio al manejo legal del “caso Rosza”, en función a los años de educación formal que declararon tener los encuestados, se observa que solamente entre los que tuvieron de 4 a 6 años de educación la credibilidad superó la nota de 3,5, es decir, las personas con educación primaria le daban una mejor calificación al manejo legal del tema.

Coincidieron en calificar negativamente el respeto a la ley en el “caso Rosza” tanto los ciudadanos con formación secundaria, como los que afirmaron tener formación superior.

Finalmente, se puede también observar que la baja calificación otorgada al Gobierno en el manejo del caso Rosza no tenía incidencia en el panorama político.

En la pregunta acerca de la calificación que se daba al trabajo, en general, del presidente Evo Morales, la calificación “muy bueno” pasa de los cuatro puntos en una escala de 1 a 7. La calificación de “pésimo” llega a 2 puntos sobre 7.

Una pregunta indagaba qué haría el ciudadano si las elecciones generales fueran la semana siguiente a la encuesta. La calificación más alta es de 3,5 sobre 7 y corresponde a quienes votarían por Evo Morales. Quienes afirmaban que no votarían por Morales sobrepasaban ligeramente los 2 puntos sobre 7.

La misma pregunta muestra que la abstención llegaba casi a los 3 puntos sobre 7.

El Foro Regional destaca que, en un debate realizado en la presentación de estos datos, el analista Walter Guevara hizo notar que la baja credibilidad del Gobierno en el tema era notable por el esfuerzo desplegado para que se crea la versión oficial de que se actuó de acuerdo a la ley en la lucha contra una célula terrorista y un movimiento separatista.

Desde el 11 de marzo pasado, Soza tiene estatus de refugiado temporal en Brasil, donde solicitó asilo denunciando irregularidades y presiones en el proceso.

Brasil, a través de su Encargado de Negocios, Joao Luiz Pereira, dijo que Soza no puede ser detenido ni extraditado mientas se analice su pedido de asilo para lo que tiene 180 días.



FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN

La encuesta metropolitana del Foro Regional Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Publica, es una encuesta personal de 593 casos levantada en hogares entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre 2013, empleando un cuestionario sobre temas variados. Se realizó empleando el sistema Adgys de levantamiento y gestión de datos de encuesta en plataforma Android.

Se empleó una muestra probabilística y multietápica representativa de la zona metropolitana de Cochabamba que comprende siete municipios (Cercado, Sacaba, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe) y una población total de poco más de un millón de habitantes.

La muestra está definida sobre tres estratos: Cochabamba antigua (distritos municipales de Cercado); Cochabamba nueva (distritos que crecieron más durante los últimos 30 años) y la conurbación. Tiene un margen de error del +-4 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento. Esto quiere decir que si se levantaran 100 muestras similares, en al menos 95 no habría variación de mas de 4 puntos porcentuales.

Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Publica es responsable del diseño de la muestra, del cuestionario y del proceso de levantamiento de información.

ANÁLISIS

Caso Rozsa no afectaba intención de voto al MAS

FERNANDO SALAZAR, SOCIÓLOGO

La falta de información sobre el número de entrevistados en la encuesta del Foro Regional de diciembre de 2013, así como su distribución espacial en el área metropolitana, es una limitante para una interpretación de los tres cuadros estadísticos. Al menos se debía diferenciar resultados por cada uno de los siete municipios, ya que no es lo mismo Cercado a Sipe Sipe o Sacaba.

Con esta limitante, realizando una lectura de los resultados, encontramos en la primera pregunta que 36,4 por ciento no conoce el caso o conoce muy poco para opinar sobre él. Y el resto de la población, 63,6 por ciento manifestó una opinión sobre el respeto de la ley en el accionar del Gobierno.

Por otra parte, se observa que sólo un 45,87 por ciento afirma que el Gobierno no respetó la Ley, dejando a la mayoría de la población con respaldo indirecto y directo a la operación realizada. En otras palabras, la población del área metropolitana de Cochabamba, en una mayoría, de cerca de 55 por ciento, no fue afectada en su opinión y apoyo al Gobierno del MAS por el caso Rosza.

Esta afirmación se comprueba con la respuesta sobre la preferencia electoral, en el que el claro ganador si se votaría por la presidencia, sería el MAS con un 50 por ciento de apoyo en las urnas. En cambio, el voto por los otros candidatos opositores juntos, alcanza un apoyo que no supera el 30 por ciento.

ONU denunció violación de sus derechos en el 2011 Defensa de Tóásó prepara anulación de la acusación

El caso Rózsa se debilita. La defensa de los acusados Elöd Tóásó y Mario Tadic está preparando la anulación de la acusación fiscal ante la fuga de Marcelo Soza al Brasil.

El abogado Gianny Prado, patrocinador de los dos extranjeros, aclaró que si bien ya no se puede pedir la anulación del juicio porque fue rechazado hace un tiempo atrás, no impide hacerlo con la investigación del cuestionado exfiscal.

"Si se verifica que la carta que Soza hizo pública es auténtica, se evidencia que hubo enfrentamiento indebido en el hotel Las Américas en el 2009, se puede tener la posibilidad de anular la acusación", remarcó.

ONU denunció violación de derechos. El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, recordó que en el 2011, el organismo internacional determinó que la detención del húngaro Tóásó, violó sus derechos, por lo que pedía su libertad. Mientras que Prado señaló que la acusación de terrorismo contra sus defendidos, se sustenta solo en correos electrónicos que habrían intercambiado con Eduardo Rózsa Flores.

Devuelven expedientes. Según el abogado Guido Colque, patrocinador de Ignacio Villa Vargas, comentó que el Tribunal Segundo de Sentencia devolvió el expediente al Tribunal Primero por evidenciarse mala foliación. "Es una muestra que son ellos los que quieren la retardación del proceso", cuestionó el jurista.

sábado, 22 de marzo de 2014

Policía espera instrucción judicial para iniciar la búsqueda de Soza

El comandante general de la Policía Boliviana, Walter Villarpando, indicó que espera la instrucción de las autoridades judiciales para iniciar con las estrategias de búsqueda del exfiscal del caso terrorismo Marcelo Soza, que se encuentra en Brasil gozando de un refugio provisional.

"Esto corresponde a las autoridades jurisdiccionales y nosotros somos un mecanismo a través de la Interpol para realizar los actos correspondientes. Internamente todas las unidades y direcciones nacionales están en alerta ante la presencia del señor Soza de acuerdo al mandamiento de aprehensión que ya ha sido emitido", explicó Villarpando.

En cuanto al sello azul que declaró la Policía Internacional (Interpol) para la localización de Soza, el general explicó que esta notificación se limita a encontrar la ubicación del exfiscal, pero que se necesita el sello rojo para lograr su aprehensión en cualquier parte del mundo donde trabaje este organismo policial.

"En lo que se refiere a la notificación con sello azul es para que se ubique a la persona que uno está requiriendo y el sello rojo es para que se realice la aprehensión correspondiente en el país donde se encuentra", señaló Villarpando en entrevista con los medios de comunicación.

Soza enfrenta una serie de procesos en la justicia boliviana, uno de ellos es el caso de extorsión a los imputados del caso Terrorismo, que fue denunciado en marzo del año pasado por la senadora opositora, Carmen Eva González, donde también se encuentra implicado su abogado Moisés Ponce de León.

Además, enfrenta otra denuncia por un audio en la que supuestamente habla de vínculos de autoridades de Gobierno en la manipulación del proceso de separatismo.

Soza no puede ser extraditado mientras tenga refugio

Mientras la Policía confirmaba que el exfiscal Marcelo Soza, procesado por incumplimiento de deberes y por recibir supuestos sobornos en la investigación del caso terrorismo, tiene sello azul de buscado por la Interpol, el encargado de Negocios de Brasil en Bolivia, João Luiz Pereira Pinto, señaló ayer que este no podrá ser detenido ni extraditado mientras dure el análisis de su pedido de refugio.

“Mientras esté en análisis el pedido, no se lo puede detener, no se lo puede extraditar”, apuntó Pereira en declaración a los medios. Dijo que se trata de un tema técnico y no político que será resuelto en 180 días; mientras tanto, las disposiciones que emanen de la Interpol no tendrán efecto.

“El estatus de Marcelo Soza es como el de cualquier extranjero que pida refugio, por 180 días está en el territorio brasileño hasta que el Conare (Comisión Nacional del Refugiado) que es un órgano colegiado que hay en todos los países, analice el pedido de refugio”, indicó.

El exfiscal Marcelo Sosa, autoridad del Ministerio Público por muchos años en el llamado caso terrorismo, abandonó el país el 11 de marzo de 2014 bajo el argumento de que su vida “corre peligro”.

Retrucan a la Fiscalía. El juez Cuarto de Instrucción Penal y Cautelar de Sucre, Hugo Michel Lescano, insinuó responsabilidad del fiscal Enrique Montaño por la fuga del exfiscal Soza, al suspender en dos ocasiones las audiencias de medidas cautelares en el proceso que se le sigue por probable comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abandono del cargo.

En un informe de fecha 20 de marzo de 2014 y dirigido a la ministra de Justicia, Sandra Aliaga, Michel Lescano pone en evidencia la actitud de Montaño de dilatar el proceso.

El documento señala que el 30 de enero se imputó formalmente a Soza y se señaló la audiencia de medidas cautelares para el 17 de febrero; pero llegado el día, el fiscal Montaño solicitó que se suspenda la audiencia. El Fiscal General señaló esta semana a los jueces como responsables de la demora en solicitar la aprehensión del exfiscal Soza.

Responsabilidades. El senador masista René Martínez dijo ayer que deben rodar cabezas por la fuga del exfiscal Marcelo Soza, mientras que la senadora opositora Carmen Eva Gonzales, promotora del juicio contra Soza, dijo que entre ambos se lavan las manos, pero lo cierto es que hubo encubrimiento y por eso debe renunciar el fiscal General, Ramiro Guerrero.

"Se lavan las manos entre el fiscal y el juez por no ordenar la detención del exfiscal Soza. Lo que no dicen es que por orden de altas esferas lo encubrieron".

Carmen Eva Gonzales
Senadora Opositora

"El exfiscal Marcelo Soza tiene que ser traído a Bolivia para responder por varios delitos cometidos.Y nadie tiene que huirle al bulto, debe haber culpables por su fuga".

Félix Martínez
Senador Masista

Félix Martínez
Senador Masista

Procesados por extorsion. Isabelino Gómez, el exfiscal de Distrito y los tres exabogados del Ministerio de Gobierno y la Presidencia, Boris Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera declararán a partir del lunes en la cárcel de Palmasola.Los cuatro fueron citados ayer por funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción.

Carta de Soza. La senadora opositora Carmen Eva Gonzales está planificando viajar al Brasil para traer una copia autentificada de la carta que escribió Marcelo Soza, en la que admite que fue utilizado políticamente.

Hermetismo. Tras la conformación de la comisión de fiscales para investigar el caso extorsión contra Marcelo Soza y algunos intermediarios, se ha observado que existe hermetismo para dar a conocer los próximos pasos, pues entre los citados existen personas bien vinculadas al Gobierno.

ONU recuerda que denunció abusos contra Elod Toaso

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Dennis Racicot, recordó que en 2011 el organismo internacional determinó que la detención del húngaro Elod Toaso, acusado por terrorismo, viola sus derechos, por lo que pedía su libertad.
En un comunicado enviado al Gobierno, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU destaca que "la privación de la libertad de Elod Toaso ha violado los derechos humanos consagrados en los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 2, 3, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en consecuencia, es arbitraria”.
La queja que se planteó en la ONU señala que "Toaso ha denunciado haber sido torturado tanto en Santa Cruz como en La Paz por exagentes de la Dirección General de Seguridad, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, con el objetivo de que confesara cargos de pertenencia a un grupo armado irregular y de terrorismo, a lo que se ha negado”.
Al respecto, el Gobierno respondió que "si hubo lesiones, ellas se debieron a la fuerza legítima con que actuó la Policía en el momento de su aprehensión”. Por los daños, en el documento del Grupo de Trabajo se "pide al Gobierno de Bolivia que disponga una reparación por el mal causado por los agravios de que da cuenta esta Opinión”.
El órgano de la ONU sugirió a las autoridades judiciales que cese la detención del húngaro. "El Grupo de Trabajo propone que las autoridades pertinentes del Estado adopten las medidas del caso para disponer la adopción de medidas de libertad o alternativas a la prisión preventiva en favor de Toaso, de conformidad con las normas de la Declaración y del Pacto, así como del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de acelerar las diligencias procesales en curso”, indica el texto de la Opinión 063 de 2011. Gerardo Prado, abogado de Toaso y de Mario Tadic, explicó que la acusación que pesa sobre ambos se sustenta en correos electrónicos.

Juez de Sucre culpa a un fiscal de la fuga de Marcelo Soza

El juez cuarto de Instrucción Penal y Cautelar de Sucre, Hugo Michel Lescano, atribuyó a acciones del fiscal Enrique Montaño la fuga a Brasil del exfiscal Marcelo Soza.
Según Hugo Michel, el fiscal Enrique Montaño, en dos oportunidades, solicitó suspender las audiencias de medidas cautelares en el proceso que se le seguía en Sucre a Soza por los delitos de incumplimiento de deberes y abandono del cargo.


Michel Lescano envió un informe a la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, en el que explica que el fiscal Montaño presentó –el 28 de enero de este año– la imputación formal contra Soza y solicitó una audiencia de medidas cautelares.
Ante ese pedido –dice el documento–, se señaló mediante resolución de 30 de enero, fecha de audiencia de medidas cautelares para el 17 de febrero, pero llegada la fecha, el fiscal Montaño solicitó que se suspenda la audiencia "porque no tenía conocimiento de que la orden instruida (la notificación) habría sido o no diligenciada”.
El 11 de marzo (día de la fuga de Soza), el fiscal Montaño solicitó nueva fecha de la audiencia de medidas cautelares. En ese marco –dice el juez– mediante resolución de 12 de marzo, se señaló para el 21 de marzo otra audiencia cautelar.
Sin embargo, el 19 de marzo el fiscal Montaño -a pesar de existir fecha de audiencia cautelar- pidió que se notifique a Soza por edictos. Y atendiendo esa solicitud, el juez tuvo que fijar para el 16 de abril una nueva audiencia, "ya que de no presentarse, se lo declararía en rebeldía”.
El fiscal general Ramiro Guerrero responsabilizó el pasado miércoles al juez cautelar de Sucre por la fuga de Soza, porque "hasta el momento” no fijó hora y fecha de la audiencia de medidas cautelares que solicitó el Ministerio Público en enero pasado.

"El juez cautelar segundo de Sucre, pese a existir una imputación de parte del fiscal y la solicitud de una audiencia de medidas cautelares -porque había riesgo de fuga y obstaculización del proceso-, hasta hoy no fijó la audiencia”, dijo Guerrero a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, donde informó sobre las acciones que tomó para evitar la fuga de Soza.

Exfiscal no puede ser extraditado
El encargado de negocios y embajador interino de Brasil en Bolivia, João Luiz Pereira Pinto, afirmó ayer que el exfiscal Marcelo Soza, quien investigó el caso terrorismo I, no podrá ser detenido ni extraditado por la Interpol, porque tiene refugio temporal por 180 días.
"Soza es como cualquier extranjero que pide refugio y por 180 días está, en forma condicional, en suelo brasileño hasta que el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) resuelva su pedido de refugio. Mientras esté en análisis el pedido, no se lo puede detener, no se lo puede extraditar”, explicó el diplomático brasileño en contacto con la prensa.
El diplomático aclaró que se trata de un tema técnico y no político, que será resuelto en 180 días; mientras tanto, las disposiciones que emanen de la Interpol no tendrán efecto.
"Este incidente con el exfiscal es una cosa técnica y no política... Aquí en Bolivia hay prófugos brasileños (que solicitaron refugio) y están en análisis sus pedidos”, explicó Pereira.

Documentos certifican autenticidad de la carta de exfiscal Soza

Página Siete / La Paz
Documentos presuntamente emitidos por la Embajada de Bolivia en Brasil y la Cancillería brasileña certifican la autenticidad de la carta titulada "Al pueblo de Bolivia”, atribuida al exfiscal Marcelo Soza.
El abogado Otto Ritter Méndez, defensor de Gary Prado (padre), acusado en el caso terrorismo I, viajó el pasado domingo a Brasil con la misión de solicitar a las autoridades brasileñas una copia legalizada de la carta de Marcelo Soza Álvarez.
De acuerdo con el abogado Gary Prado (hijo), su colega Ritter solicitó una copia de la carta del exfiscal, al notario de Brasil, donde Soza la registró.
Según normas, para que una carta o documento con procedencia internacional tenga validez legal en Bolivia, debe ser legalizada por una autoridad administrativa de un país equis, luego por la Cancillería de ese país y por último por la Embajada de Bolivia.
Según documentación que hizo conocer Cadena A, la copia de la carta de Soza señala que fue registrada ante un notario de Brasil y está traducida al portugués. Además, la copia cuenta con los sellos de la Cancillería de Brasil y de la Embajada de Bolivia.
Soza, quien huyó del país a Brasil, presentó el 11 de marzo su pedido de refugió a la Policía Federal de Brasil, por considerar que era objeto de una persecución política y que, además, su vida corría peligro.
Para justificar su ingreso a Brasil, Soza habría presentado una carta (la que fue difundida ampliamente en Bolivia) -previamente notariada, en la que denuncia que en Bolivia el Gobierno lo presionó para involucrar a varias personas en el caso terrorismo.
Este pedido de refugio lo realizó de acuerdo con la práctica y tradición diplomática latinoamericana y según establece la Convención sobre Asilo Diplomático, suscrita en Caracas el 28 de marzo de 1954.

viernes, 21 de marzo de 2014

Tres organismos de la ONU siguen de cerca el caso Rózsa

Tres relatorías internacionales dependientes de la Organización de Naciones Unidas siguen de cerca el desarrollo del llamado caso Terrorismo, especialmente por algunas irregularidades denunciadas por los procesados.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Denis Racicot, informó ayer que “hay una atención muy importante de varios mecanismos del Consejo de Derechos Humanos” sobre el caso Terrorismo y que aquella tarea de monitoreo a dicho proceso penal y otros que se llevan a cabo en el país seguirá con “rigurosidad”, según publica el periódico digital Oxígeno.

El caso está relacionado con el asalto al hotel Las Américas de Santa Cruz, el 16 de abril del 2009 donde murió Eduardo Rózsa y dos acompañantes a manos de agentes policiales. Además quedaron dos sobrevivientes a quienes el Gobierno los acusó, junto a 39 por terrorismo y alzamiento armado.

Los organismos y las irregularidades. Según Racicot, otros órganos dentro del mismo Sistema de la ONU realizan una labor de seguimiento a dicho caso, “en particular el Relator Especial Sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias”. Asimismo, la Relatoría Especial Sobre Detenciones Arbitrarias calificó, en 2011, de arbitraria la detención del ciudadano húngaro Elöd Tóásó desde abril de 2009. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada del caso en su 149 período de sesiones.

Además, aseguró que otro seguimiento al caso lo hace el Relator Especial Sobre Independencia de Jueces y Abogados, “cuyo mandato podría permitir conocer los casos que se desarrollan alrededor del caso terrorismo”.

Investigación internacional. Respecto a la petición de Unidad Nacional (UN) de intervenir en el caso Terrorismo, Racicot respondió: “Nosotros vamos a continuar realizando esa labor de monitoreo al caso con la misma rigurosidad, atención y carácter profesional”.

En noviembre del 2013, otro organismo internacional, el Parlamento Europeo (PE) pidió al servicio diplomático del bloque de países que priorice el caso Rózsa en las relaciones con Bolivia.

Más repercusiones. El jefe del UN, Samuel Doria Medina, volvió a pedir ayer la extinción de la causa y la reapertura del nuevo proceso contra los verdaderos culpables mientras que el Fiscal General, Ramiro Guerrero, dijo que el caso debe continuar hasta dictar una sentencia.

"Hay una atención muy importante de varios mecanismos del Consejo de Derechos Humanos sobre el caso Terrorismo. Así seguiremos con la misma rigurosidad" .

Denis Racicot
Representante de DDHH de la ONU

"Se realizó toda una actuación montada sobre el caso Terrorismo. Incluso podrían concursar para ganar un premio Oscar. El caso debe extinguirse".

Samuel Doria Medina
Lider del UN

Judicatura
Anuncian acciones contra el juez que posibilitó salida de Marcelo Soza

Investigación. El Consejo de la Magistratura asumirá las acciones que correspondan contra el juez VI de Instrucción de Sucre, Hugo Michel Lezcano, si existe responsabilidad en la fuga del exfiscal, Marcelo Soza, sobre quien pesan delitos en varios casos, anunció ayer la titular de ese instancia judicial, Cristina Mamani.

'Hemos instruido al juez cautelar remita un informe detallado y adecuado sobre el caso del exfiscal Marcelo Soza y si hubiera grado de responsabilidad se tomarán

las acciones que correspondan para imponer las sanciones, ya sean administrativas o penales", explicó.

Fiscal General. Ramiro Guerrero anunció ayer que la Interpol confirmó en las últimas horas la activación en su página del "sello azul" para la búsqueda y localización. El "sello azul" de la Interpol, precisó el alto funcionario, tiene como fin "la búsqueda y localización de una persona con fines investigativos".