El juez cuarto de Instrucción Penal y Cautelar de Sucre, Hugo Michel Lescano, atribuyó a acciones del fiscal Enrique Montaño la fuga a Brasil del exfiscal Marcelo Soza.
Según Hugo Michel, el fiscal Enrique Montaño, en dos oportunidades, solicitó suspender las audiencias de medidas cautelares en el proceso que se le seguía en Sucre a Soza por los delitos de incumplimiento de deberes y abandono del cargo.
Michel Lescano envió un informe a la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, en el que explica que el fiscal Montaño presentó –el 28 de enero de este año– la imputación formal contra Soza y solicitó una audiencia de medidas cautelares.
Ante ese pedido –dice el documento–, se señaló mediante resolución de 30 de enero, fecha de audiencia de medidas cautelares para el 17 de febrero, pero llegada la fecha, el fiscal Montaño solicitó que se suspenda la audiencia "porque no tenía conocimiento de que la orden instruida (la notificación) habría sido o no diligenciada”.
El 11 de marzo (día de la fuga de Soza), el fiscal Montaño solicitó nueva fecha de la audiencia de medidas cautelares. En ese marco –dice el juez– mediante resolución de 12 de marzo, se señaló para el 21 de marzo otra audiencia cautelar.
Sin embargo, el 19 de marzo el fiscal Montaño -a pesar de existir fecha de audiencia cautelar- pidió que se notifique a Soza por edictos. Y atendiendo esa solicitud, el juez tuvo que fijar para el 16 de abril una nueva audiencia, "ya que de no presentarse, se lo declararía en rebeldía”.
El fiscal general Ramiro Guerrero responsabilizó el pasado miércoles al juez cautelar de Sucre por la fuga de Soza, porque "hasta el momento” no fijó hora y fecha de la audiencia de medidas cautelares que solicitó el Ministerio Público en enero pasado.
"El juez cautelar segundo de Sucre, pese a existir una imputación de parte del fiscal y la solicitud de una audiencia de medidas cautelares -porque había riesgo de fuga y obstaculización del proceso-, hasta hoy no fijó la audiencia”, dijo Guerrero a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, donde informó sobre las acciones que tomó para evitar la fuga de Soza.
Exfiscal no puede ser extraditado
El encargado de negocios y embajador interino de Brasil en Bolivia, João Luiz Pereira Pinto, afirmó ayer que el exfiscal Marcelo Soza, quien investigó el caso terrorismo I, no podrá ser detenido ni extraditado por la Interpol, porque tiene refugio temporal por 180 días.
"Soza es como cualquier extranjero que pide refugio y por 180 días está, en forma condicional, en suelo brasileño hasta que el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) resuelva su pedido de refugio. Mientras esté en análisis el pedido, no se lo puede detener, no se lo puede extraditar”, explicó el diplomático brasileño en contacto con la prensa.
El diplomático aclaró que se trata de un tema técnico y no político, que será resuelto en 180 días; mientras tanto, las disposiciones que emanen de la Interpol no tendrán efecto.
"Este incidente con el exfiscal es una cosa técnica y no política... Aquí en Bolivia hay prófugos brasileños (que solicitaron refugio) y están en análisis sus pedidos”, explicó Pereira.
Documentos certifican autenticidad de la carta de exfiscal Soza
Página Siete / La Paz
Documentos presuntamente emitidos por la Embajada de Bolivia en Brasil y la Cancillería brasileña certifican la autenticidad de la carta titulada "Al pueblo de Bolivia”, atribuida al exfiscal Marcelo Soza.
El abogado Otto Ritter Méndez, defensor de Gary Prado (padre), acusado en el caso terrorismo I, viajó el pasado domingo a Brasil con la misión de solicitar a las autoridades brasileñas una copia legalizada de la carta de Marcelo Soza Álvarez.
De acuerdo con el abogado Gary Prado (hijo), su colega Ritter solicitó una copia de la carta del exfiscal, al notario de Brasil, donde Soza la registró.
Según normas, para que una carta o documento con procedencia internacional tenga validez legal en Bolivia, debe ser legalizada por una autoridad administrativa de un país equis, luego por la Cancillería de ese país y por último por la Embajada de Bolivia.
Según documentación que hizo conocer Cadena A, la copia de la carta de Soza señala que fue registrada ante un notario de Brasil y está traducida al portugués. Además, la copia cuenta con los sellos de la Cancillería de Brasil y de la Embajada de Bolivia.
Soza, quien huyó del país a Brasil, presentó el 11 de marzo su pedido de refugió a la Policía Federal de Brasil, por considerar que era objeto de una persecución política y que, además, su vida corría peligro.
Para justificar su ingreso a Brasil, Soza habría presentado una carta (la que fue difundida ampliamente en Bolivia) -previamente notariada, en la que denuncia que en Bolivia el Gobierno lo presionó para involucrar a varias personas en el caso terrorismo.
Este pedido de refugio lo realizó de acuerdo con la práctica y tradición diplomática latinoamericana y según establece la Convención sobre Asilo Diplomático, suscrita en Caracas el 28 de marzo de 1954.
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