Explicó que la suma de los bienes que están bajo esta medida precautoria para asegurar la reparación del daño económico es de 500 mil dólares, es decir, 3,5 millones de bolivianos, cuando la infraestructura demandó 11,3 millones.
Además se invirtieron 1,7 millone en trabajos adicionales y 580 mil en la demolición y trabajos de rehabilitación.
Los esfuerzos para recuperar los recursos son parte de las acciones legales que se siguen contra los responsables de la obra y que se han conocido a un año del colapso, ocurrido el 22 de octubre de 2015.
A un año del suceso, aún se espera el informe final de la Contraloría General del Estado, la fecha para la audiencia conclusiva y el juicio oral contra los cinco imputados por parte de la Fiscalía y el Juzgado Anticorrupción. Además de la auditoría técnica que realiza la Alcaldía de Cercado.
El asesor general recordó que el proceso penal comenzó en noviembre de 2015 en contra de Edwin Castellanos; el representante de la Empresa Álvarez, Víctor Hugo Álvarez; el ingeniero que diseñó y supervisó la obra, Nelson Vega; el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo; y el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal, Sergio Rodríguez.
Los cinco fueron imputados en mayo de 2015 y en junio se les impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Cuatro tienen arraigo y uno arresto domiciliario. Recién se amplió la investigación contra el fiscal de obra por parte del municipio, Óscar Cortez.
Según los plazos que dicta la Ley, el Ministerio Público tiene hasta el 6 de noviembre para presentar la acusación formal o dictar sobreseimiento contra los imputados por falta de pruebas. Luego, recién se puede fijar fecha para el juicio.
Pero para presentar la acusación es importante que se lleve a cabo la audiencia de anticipo de prueba. La misma se suspendió en cuatro oportunidades, pese a que existe el documento de los peritos del Instituto de Investigación Forense (IDIF) desde junio.
Según el documento de Auditoría Forense del IDIF Nº 124 – 16 INV. ESP. AUD: 003/16 existen varias observaciones a la licitación y contratación de la empresa para la construcción del puente a desnivel.
La primera observación es la falta de informes de la primera convocatoria para la licitación.
Luego, el aumentó del presupuesto de 10,3 a 11,7 millones de bolivianos y la reducción de ítems para la segunda convocatoria, también declarada desierta y sin un informe.
La segunda observación es la contratación del ingeniero que diseñó la obra como supervisor, lo cual está prohibido según los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 181, porque representa un conflicto de intereses para el profesional.
Desde el momento de la denuncia, el exalcalde Edwin Castellanos, aseveró que el colapso fue por una falla técnica. Por lo tanto, el proceso penal debería ser contra técnicos y no así contra una persona que “con buena intención contrató la empresa constructora”.
La postura del exalcalde es compartida por el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo, que indicó que sólo contrató la empresa según especificaciones normativas
Por su parte, el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal del MAS, Sergio Rodríguez, señaló que sólo estuvo en el cargo en la fase inicial de construcción del puente. Por lo tanto, el proceso debería ser contra los oficiales mayores que estuvieron durante el proceso de ejecución o de recepción de la obra.
La empresa constructora Álvarez aseveró en diversas oportunidades que sólo siguieron las especificaciones que les señalaron para ejecutar la obra. Asimismo, contactaron diversos expertos extranjeros para demostrar que su trabajo se realizó de acuerdo a lo planificado. Finalmente, el ingeniero Nelson Vega aseguró que utilizó el sistema que hasta el momento no había fallado.
ANÁLISIS
FERNANDO SALAZAR, SOCIÓLOGO
“Colapso marcó un antes y un después”
En primer lugar, el colapso mostró una debilidad institucional sobre el tipo de gestión y la forma de licitación de empresas. Esto derivó en que se generara mucha susceptibilidad en la población.
El colapso del puente marcó un antes y un después en los cochabambinos. Antes decíamos “que roben, pero que hagan”. Ahora se cambió de paradigma y tenemos una nueva construcción social, cada vez que se inaugura o comienza una obra decimos: “Ojalá no se caiga”.
Además, ahora asociamos cada obra con corrupción. Pensamos que todo lo que se construye ha sido con fraude o se ha robado algo.
Este hecho también demostró el manoseo político que se hace del desarrollo regional donde no se tiene consideración de las necesidades de la población.
Finalmente, luego de un año del colapso y todo el proceso penal sin resultados deja pensar a la población que existe un encubrimiento de las autoridades judiciales.
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