Proyecto anticorrupción aún continúa postergado

Noticia publicada el 23 de Abril de 2007 en El Diario

El próximo jueves 16 de abril cumplirá un año de su postergación en las oficinas del Congreso Nacional.

(ANF).- El proyecto estrella del presidente Evo Morales, la ley anticorrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz” cumplirá el próximo jueves 26 de abril un año de estar postergado en las oficinas de Congreso Nacional.

El presidente Morales entregó, el pasado 26 de abril de 2006, al vicepresidente Álvaro García Linera el proyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, bajo el encargo de que el Congreso apruebe “lo más antes posible”.
En ese entonces, el vicepresidente se comprometió a impulsar la aprobación de esa norma en el Parlamento, al considerar que en 180 años de vida Republicana, la corrupción lucró y reprodujo al poder político en Bolivia.
A pesar del pedido de Morales y el compromiso de García Linera, el proyecto de ley aún es analizado junto a otras dos propuestas, en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados presidida por el masista Antonio Sánchez Carranza.
Sánchez informó que en sesión de comisión, diputados del MAS y Podemos, acordaron anular el principio de retroactividad que solicitó el presidente Evo Morales con el fin de investigar a dirigentes políticos y autoridades de gobierno de gestiones pasadas.
“Nuestro marco jurídico no nos permite ver el nivel de retroactividad en materia de delitos, pero la Asamblea Constituyente deberá ver como recuperar esas fortunas para que vuelvan al Estado”, explicó Sánchez a tiempo de señalar que ese acuerdo agilizará la aprobación del proyecto anticorrupción.

El proyecto “Marcelo Quiroga Santa Cruz” plantea la posibilidad de que el Ministerio Público incaute los bienes de aquellos funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción. Además, tras la emisión de un fallo judicial, dichos bienes podrán ser confiscados definitivamente en favor del Estado.

Asimismo, prevé que los servidores públicos sean sometidos a un registro computarizado de sus bienes a cargo de una Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial (UIFP), con amplias facultades para coordinar con instituciones fiscalizadoras y órganos jurisdiccionales.