La presunta conversación del fiscal a cargo del caso terrorismo, Marcelo Soza, desvela conexiones de Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, con una red de extorsión que se habría formado a raíz de las investigaciones sobre el grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa.
En la grabación difundida el lunes, Soza en una supuesta charla señala que Luis Clavijo, exfuncionario del Ministerio de Gobierno y quien participó en la intervención al hotel Las Américas, habría sido el nexo con Raúl García Linera.
En un principio explica que como Clavijo manejaba los mandamientos de aprehensión decía a los involucrados que tenía “control” sobre él (Soza) y junto con ‘Subirana’ extorsionaba a la gente.
“(Clavijo) ha empezado a extorsionar a la gente con Subirana”, señala el audio. Añade que en el caso de la red de extorsión que funcionaba en el Ministerio de Gobierno “hay un conflicto de intereses”, donde en el grupo “está la Nardy Suxo, está el vicepresidente, por ende está Raúl García Linera. El Raúl tiene mucha llegada con el Clavijo, los dos operaban en varias cosas con Clavijo, por ende con Subirana. Y Subirana haciendo sus negocios y parece que de ahí le pasaban al vicepresidente no sé qué huevadas o por lo menos al hermano, ¿no?”. En el mismo grupo estaría el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señala después.
Según la conversación, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, está con el presidente Evo Morales y no pertenecería al grupo de García Linera. En el audio se mencionaba que la red habría sido grabada por un funcionario de apellido Montaño, quien estaría vinculado con Jerjes Justiniano, que tendría relación con el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, y por el cual se habría desmantelado esa red de extorsión. En la presunta charla Soza revela que se perdieron pruebas del caso terrorismo y que el exdiputado y exviceministro Gustavo Torrico presionó para involucrar a uno de los que manejaba el negocio de uno de los bingos más fuertes de Santa Cruz, que era (Juan Carlos) Guillén, ya que Torrico era financiado por un consorcio ruso que operaba en ese negocio.
EL DEBER sometió el video a un estudio técnico por parte del ingeniero de sonido Rodrigo Zamorano, que llegó a la conclusión de que el audio no ha sido montado, pero no pudo establecer si corresponde a la voz del fiscal Soza, porque para ello necesita hacer un estudio más amplio. El experto separó el audio en dos canales y redujo el ruido. Con ello identificó que se trata de una charla entre dos personas (no montada) y que el lugar donde se produjo podría ser en el interior de un auto. La voz de quien hace las preguntas está distorsionada con la reducción de la velocidad de reproducción
ANÁLISIS
Va a tener impacto en la imagen del Gobierno
Carlos Cordero / Politólogo
Es absolutamente cierto de que en el momento en que se hace la denuncia, forma parte de esta carrera electoral que ha inaugurado el presidente Evo Morales y que a menos de un año que se produzcan las elecciones de 2014 este tipo de denuncias tienen la intención de desprestigiar al Gobierno, que pretende postular al candidato del partido oficialista para conservar el poder.
Ha sido etiquetado (por el Gobierno) como información inverosímil y parte de una campaña de desprestigio; pero el hecho de calificarlo de esta manera no invalida que el contenido de esta grabación vaya a tener impacto, repercusiones en la imagen del Gobierno y del presidente Morales porque se está erosionando la credibilidad y la confianza en su Gobierno, porque lo que se escucha en ese video tiene visos de verdad para el ciudadano y el ciudadano se va a expresar en las elecciones generales de 2014.
Viene de la oposición, uno de los sectores que más persecución política ha sufrido, entonces hay sectores políticos que han sentido las hostilidades del Gobierno y siendo ellos canales por los cuales se hace conocer estas informaciones, pues están devolviendo estas hostilidades con el ánimo de desacreditarlo
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