El abogado de la familia Huaycho, Eduardo León, anunció ayer el inicio de un proceso contra el Estado Boliviano por la muerte de la periodista Hanalí Huaycho luego de conocer declaraciones del excustodio del exfiscal Marcelo Soza, teniente Juan Laguna, quien reveló que la periodista llegó a conocer información clasificada sobre la participación de su pareja, el teniente Jorge Clavijo, en el operativo del hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz donde murió el presunto líder del grupo terrorista Eduardo Rózsá Flores y otras dos personas.
“En el caso de Jorge Clavijo, personaje que lamentablemente quedó con la dignidad por los suelos porque le habría quitado la vida a su esposa, le comento que ese ha sido mero trámite de Inteligencia. Cuando existe filtración de información, existen superiores que ordenan se solucione la fuga de información. Entonces el teniente Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y los respaldaba en todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la información filtrada se solucione de alguna manera. Es por eso que se ve obligado a quitar la vida a su esposa por instrucciones del gobierno para evitar que la noticia llegue a todo el pueblo boliviano”, relató Laguna en entrevista con ERBOL.
Ante esta declaración dijo a EL DIARIO que como defensa se sienten “alarmados por esta declaración (del teniente Laguna) ya que determina y refleja que en los hechos existe una forma de trabajo en la Utarc similar a la mafia siciliana, los que señalan que cuando se filtra información o se puede traicionar alguna información se debe asesinar a esa persona que ha recibido dicha información”.
Luego recordó que pusieron como evidencia que cuando Hanalí Huaycho era enterrada “de manera totalmente inexplicable”, extremo que fue denunciado al Fiscal General, bajo órdenes políticas del actual Ministro de Gobierno (Jorge Pérez) “hicieron una segunda incursión en la casa de Hanalí Huaycho ingresando por la ventana de los baños de la señora”.
Del lugar dijo que se llevaron varios documentos, discos compactos, una computadora además de fotografías, e informes de todo tipo que estaban en la habitación que compartía la pareja.
“Esos elementos que fueron secuestrados no aparecen consignados en el acta de allanamiento y menos en la incautación por lo que Jorge Clavijo actuó no solamente bajo un asesinato pasional, sino lo hizo encubriendo actividades del Estado y que esa información al ser revelada a su esposa se le dio la orden de acabar con su vida”, sostuvo el abogado.
En ese sentido afirmó que bajo ese indicio, proporcionado desde Brasil, “debe ser investigado” y que se espera del Estado una respuesta seria porque en medio hay una persona que ha perdido la vida, luego que las respuestas no sean de “descalificación” y “alternativamente se va a presentar una demanda contra el Estado Boliviano para que sean las autoridades que develen la actuación de Jorge Clavijo en este caso, porque para nosotros actuó como un simple sicario al haber recibido órdenes del Estado y esto no puede permitirse”.
"EVO CONTROLABA"
Laguna aseveró que “el Presidente (Evo Morales), con quien varias veces se reunió el exfiscal, tenía control directo de todo lo que se hacía en las investigaciones del caso terrorismo, lo propio el Vicepresidente que utilizaba a su operador, Raúl García Linera, para hacer y deshacer”.
Recordó además que Soza recibía constantes llamadas de ministerios y hasta el Palacio de Gobierno para ser invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana, y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.
Ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, paralela al salario.
Sostuvo también que él vio pruebas de comunicaciones, chats, entre Raúl García con Eduardo Rózsa, la cuales fueron destruidas por órdenes del Vicepresidente.
DERECHOS HUMANOS
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera pidió una investigación a profundidad sobre las afirmaciones del teniente Juan José Laguna, quien fuera la mano derecha del ex fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, que afirmó que Jorge Clavijo asesinó a la periodista Hanalí Huaycho, ya que ella tenía pleno conocimiento del asalto al Hotel Las Américas donde fueron abatidos el húngaro boliviano Eduardo Rózsa-Flores; el húngaro rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer.
“Es una preocupación que la gente tenga que salir del país, estar en seguridad y recién sacar a la luz este tipo de información, lo que nosotros creemos es que tiene que investigarse, esa gente que desde afuera informando este tipo de situación, tiene que tener la suficiente valentía, como para respaldar lo que están planteando y que desde Bolivia y desde las instancias que tienen que ver se haga una investigación, porque sería grave para el avance de los derechos humanos, que el derecho a la vida esté retrocediendo”, añadió.
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