Molesto por el rechazo de la recusación a los jueces del tribunal de sentencia en el caso Rózsa, el abogado Otto Ritter señala que los mencionados juristas responden a órdenes que emanan del Gobierno.
"Los jueces cumplen órdenes desde el Gobierno y por eso rechazan la recusación que hemos presentado", manifestó a los medios de comunicación Ritter.
El pasado miércoles, defensores de 18 imputados presentaron una recusación en contra del presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández y de la jueza ciudadana Sonia Mamani por presunta parcialidad.
Molestia. La juez técnico, Elena Gemio, fue quien se encargó de resolver la recusación presentada, misma que al final fue rechazada y dio vía libre al regreso de Fernández como cabeza del tribunal.
Gemio tomó la determinación luego de que Sonia Mamani se retractó de anteriores declaraciones en las que señalaba a Sixto Fernández por incumplirle promesas y presionarla para que siga en el caso y la que admitía además haber recibido ayuda del Ministerio de Gobierno.
"Yo tengo personalidad, decido por mí misma, nunca he recibido nada, se ha malentendido lo que he dicho", fueron las palabras de Sonia Mamani.
Gemio dio la potestad a Fernández para continuar con el curso del juicio oral, aunque la defensa presentó una apelación para que se resuelva esta recusación rechazada.
Renuncias. Al continuar con el interrogatorio al testigo Boris Villegas, se generó polémica por las permanentes objeciones desde el Ministerio Público a las preguntas de los abogados defensores.
Durante toda la jornada de ayer, solo dos preguntas fueron respondidas por Villegas, debido a que el resto fueron objetadas por los fiscales.
El abogado Gary Prado, defensa de su padre Gary Prado Salmón y de Marco Antonio Monasterio, indignado por las obstaculizaciones continuas de la Fiscalía en el interrogatorio, informó que su defendido Monasterio y otros imputados a quienes también copatrocina, determinaron renunciar al interrogatorio del testigo.
Indicó que tal determinación vale para lo que resta de declaración de Villegas y los próximos testigos Fernando Rivera y Claudia D'arruda.
"No creemos que se esté realizando una correcta administración de justicia. Su autoridad viene vulnerando nuestros derechos constitucionales. Por un lado no hace una correcta administración de justicia y por otra el Ministerio Público no deja preguntar", le dijo Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, al presidente del Tribunal.
El gabinete sabía de anomalías, según Villegas. En la ronda de preguntas de los fiscales, el testigo Boris Villegas aseguró que los ministros y viceministros conocían de las irregularidades del caso, pero que las justificaban.
Indicó que los que tenían pleno conocimiento eran Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Carlos Romero, Nardi Suxo, Héctor Arce, Rubén Saavedra, Walker San Miguel y todos los que componían el denominado "gabinete jurídico", mismos que minimizaban el actuar irregular. "Todo se tenía que hacer por la patria, porque era un caso de seguridad nacional y de seguridad de Estado y (decían) que por encima de la ley estaba la patria. La patria es indivisible y la patria no se negocia", subrayó Villegas al referirse a las respuestas de altas autoridades y exfuncionarios del Gobierno.
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