La obra colapsó el 22 de octubre de 2015 y la Alcaldía presentó denuncias contra cinco personas que fueron imputados: el exalcalde Edwin Castellanos; el diseñador y supervisor, Nelson Vega; el exoficial mayor de Infraestructura, Sergio Rodríguez; el exoficial mayor Financiero, Oswaldo Delgadillo, y la empresa constructora Álvarez. La Fiscalía amplió la investigación e imputó al fiscal de obra, Óscar Cortez.
El proceso de investigación contra los presuntos responsables continúa y los peritajes aún son realizados. “Nosotros hemos seguido con todos los procedimientos legales correspondientes y lamentablemente la justicia no acompaña y no hay nadie rindiendo cuentas”, señaló el secretario general de la Alcaldía de Cercado, Ricardo Pol.
“Nadie dice nada de esta situación, este puente va a quedar como un elefante blanco y eso no se debe permitir (…). Tiene que haber cárcel para los culpables, no es posible que todo esto quede impune”, manifestó Villarroel.
Entretanto, aún se espera el informe de una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado que determine el daño civil para la devolución de 12 millones de bolivianos que se invirtió en el puente.
“No hay un dictamen definitivo por parte de la Contraloría. No se puede tocar nada de esta infraestructura mientras no se defina quiénes son los culpables y en qué medida son culpables. Nosotros como Alcaldía podríamos intervenir la obra pero sería alterar pruebas y cometer delitos”, explicó Pol.
Los vecinos del Distrito 5 anunciaron que esperarán 15 días para que comiencen a visibilizarse las responsabilidades y haya una respuesta de la Contraloría, caso contrario realizarán un “bloqueo total” en toda la zona sur de la ciudad.
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