En su ampliación de declaración ante el Ministerio Público, Jorge Valda, exabogado de Martín Belaunde, afirmó que los sobornos en favor de quien fuera su defendido los entregó a altos funcionarios del Gobierno y no así a los dos vocales que ahora son procesados, según afirmó el abogado del jurista, Alberto Morales. Y anoche la fiscal Fariry Arnez informó de la detención preventiva de Valda en la cárcel de San Pedro.
Morales dijo que la Fiscalía actúa con selectividad al sólo investigar a Ricardo Chumacero y Ramiro López, vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de La Paz, y no así al resto de los implicados.
"El cohecho que asumió Valda no era con relación a los dos vocales, él no les entregó un peso a ellos, era con relación a funcionarios del Órgano Ejecutivo. Los dos vocales no recibieron dinero de Valda, según lo que él declaró, eso se los puedo asegurar”, informó ayer Morales. durante un cuarto intermedio en la audiencia cautelar de su defendido.
El abogado dijo que le sorprende "la selectividad” de la Fiscalía, pues no investiga a los funcionarios que "están vinculados a los órganos de seguridad del Estado”.
"Esa selectividad me aterra, me asusta. Porque sólo se enfatizó la investigación contra aquellos a los que Valda dijo ‘yo no les di a ellos’, y los demás de quienes dijo que sí, a través de otras personas, les dio el dinero, no están perseguidos ni nada”, afirmó.
Declaraciones similares tuvieron otros abogados días atrás, como María Cecilia Rocabado y Erick Sossa, abogados de Ricardo Chumacero, quienes manifestaron que al revisar la declaración de Valda, se mencionaba a otras autoridades además de los dos vocales.
Chumacero y López fueron imputados por cohecho pasivo, tras ser acusados de pedir 100.000 dólares a Valda para favorecer a Belaunde con un amparo constitucional para obtener su refugio político.
Ya antes, cuando los vocales emitieron esa resolución favorable al empresario peruano, el Gobierno se molestó. El entonces ministro Hugo Moldiz anunció que se los investigaría y el Conare les inició un proceso por prevaricato e incumplimiento de deberes.
El juicio abreviado al que solicitó acogerse Valda no se concretó debido a que la Fiscalía no emitió el requerimiento ante el juez. Por esto, la defensa del abogado considera que fueron "utilizados”.
"Han usado a Valda. Él puso en riesgo su secreto profesional y su responsabilidad por violar ese secreto al prestar información a la Fiscalía”, dijo Morales.
Para este fin, Valda se reconoció culpable de cohecho activo, pues declaró recibir dinero y entregarlo a funcionarios para favorecer a su excliente, Belaunde.
Después de que el exabogado del peruano declarara ante el Ministerio Público para ir a procedimiento abreviado, el fiscal departamental de La Paz, Paul Franco, mencionó que se dio al menos 10 nombres de implicados en el caso Belaunde, sólo dos corresponden a los vocales.
El vicepresidente Álvaro García Linera declaró el lunes que una red "poderosa” de corrupción operó en el caso Belaunde, la misma que incluso puede actuar contra el presidente Evo Morales.
Anoche, el abogado Morales, tras finalizar la audiencia, no reveló nombres y pidió a la Fiscalía que investigue los 500.000 dólares que pidieron a nombre de un ex ministro de Gobierno y 50.000 dólares a nombre del Conare para beneficiar a Belaunde.
El abogado denunció que su vida corre peligro
Antes del inicio de la audiencia cautelar, Jorge Valda y su abogado solicitaron al juez que la misma se declare en reserva, debido a que por los datos que se expondrían y los nombres que se darían corría peligro su vida y la de sus familiares.
"Mi persona fue amenazada de muerte el primer día que entré a celdas judiciales. Lo mismo sucedió con otras personas detenidas. En este caso se develó que hay intereses gravemente comprometidos con la información que nosotros hemos brindado, autoridades que han sido mencionadas”, afirmó Valda.
Ante este pedido, la comisión de fiscales manifestó su rechazo, lo mismo que los representantes del Ministerio de Gobierno, Transparencia y de la Policía. Se argumentó que la población tiene el derecho a saber quiénes están involucrados en este caso.
"La opinión pública sólo conoce un 10% de lo que yo he declarado y los datos que tengo. Además que hay mucha tergiversación”, dijo Valda.
Ante esto, el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, aseguró que "se debe resguardar el derecho a la vida”, y la audiencia fue en reserva.
En otras audiencias, Carmen Arista fue sentencia a seis meses de trabajo comunitario en la Alcaldía de Santa Cruz y el chofer de Valda, Martín Cortés, recibió medidas sustitutivas.
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