Se llegó a arrestar a nueve funcionarios en el 2013, pero ninguno fue acusado.
Al menos cinco grupos o redes de corrupción conformados por pasantes, notificadores, secretarios y hasta jueces, fueron identificados por los técnicos de la Unidad de Anticorrupción del Consejo de la Judicatura en La Paz.
De acuerdo con la información proporcionada a La Prensa, estos grupos son liderados en su mayoría por los notificadores, quienes tienen contactos internos y externos en los juzgados de familia y civil, donde existen una masiva afluencia de litigantes.
Debido a esta situación, entre enero y septiembre de 2013, nueve personas fueron arrestadas y puesta a disposición de un juez, aunque ninguna fue acusada formalmente por sus víctimas, algunas de las cuales manifestaron que pagaron diferentes montos por sus trámites.
Ariel Marañón, técnico anticorrupción del Consejo de la Judicatura, explicó que sólo un 90 por ciento de funcionarios denunciados fueron imputados tras ser descubiertos en actos ilícitos.
"En cuestión de corrupción se han identificado a nueve personas, quienes han sido trasladados a la fuerza anticrimen de la policía y ahí quedaron las denuncias, para que las personas afectadas puedan continuar con el proceso, pero muchas las dejaron", señaló la autoridad.
TEMOR. Marañón explicó que es complicado identificar y apuntar a los funcionarios implicados en actos d corrupción, porque la misma gente, después de haberlos denunciado, se retracta por temor a recibir represalias.
Una de las víctimas, que se identificó como Ángela Villalta, dijo que por un trámite de pensiones un pasante le solicitó 500 bolivianos, que incluía notificación, liquidación y comparendo.
"Me dijo que el monto que iba a recibir por pensiones devengadas era mayor a la inversión que estaba haciendo y que el juez también cooperaría para asustarlo y, si es posible, enviarlo a la cárcel preventivamente”.
Juzgados. Un abogado señaló que hay un juzgado en el cual el juez incentiva estos pagos retardando las audiencias de conciliación, donde los funcionarios se vuelven millonarios a costa de los litigantes. El testigo dijo que "se le deben de dar a los pasantes que son los auxiliares, desde 50 bolivianos para que puedan realizar una carta u otro documento para agilizar los trámites. Estos funcionarios son conocidos pero las autoridades, pese a ser señalados, no hacen nada en contra de ellos".
Ariel Marañón, ante la denuncia, dijo que existen 150 pasantes en la institución, donde un 70 por ciento está involucrado en cobros ilegales, pero "como la corrupción no deja factura" es difícil identificarla y más cuando se denuncia que existen nexos externos con conductores de taxi.
"Se están realizando los ajustes necesarios en la unidad anticorrupción, pero para la gente es aún insuficiente”.
COBROS DIARIOS EN LOS JUZGADOS
PAGOS
> Entre 10 y 5.000 bolivianos debe “abonar” el litigante en los juzgados de familia y civil del Tribunal de Justicia.
DOCUMENTOS
> El cobro de dinero se realiza por notificaciones, testimonios, liquidaciones, llenado de depósitos y otros. CONVENIOS
> Los hechos de corrupción también se realizan con conductores de taxis con quienes tienen nexos.
Un Banco de Datos para controlar. La Unidad Técnica Anticorrupción del Consejo de la Judicatura ha implementado un banco de datos de pasantes para evitar que el personal de apoyo que trabaja en los juzgados se eternice en sus puestos y cometa diferentes actos de corrupción.
Con el banco de datos, que está alimentado por estudiantes de derecho, de universidades públicas y privadas, se podrán reforzar los juzgados donde hayan faltas y requieran de mayor apoyo o se identifique al personal involucrado en los hechos de corrupción denunciados.
Cobros indebidos. De acuerdo con las denuncias recibidas por la mensionada Unidad de Transparencia, la mayoría son por cobros por la elaboración de testimonios y otro tipo de documentos o transcripciones, según la Unidad, "continúan cobrando. pese a las prohibiciones".
No hay comentarios:
Publicar un comentario