La publicación impresa de una edición de 8 páginas titulada "La mentira de los separatistas" difundida en periódicos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, concentró ayer el debate en el reinicio de la audiencia del juicio oral del caso Rózsa. Los procesados rechazaron los términos empleados en la separata y pidieron que el Ministerio de Gobierno, que la firma y paga, se retracte, porque han atentado contra el principio de presunción de inocencia.
El debate se abrió antes que el considerado "testigo clave", Ignacio Villa, continuara con sus declaraciones, luego de la suspensión de la audiencia, hace una semana en la que reveló que el caso Rózsa fue un presunto complot armado por el Gobierno para contrarrestar el movimiento autonómico que se gestaba en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, en el año 2008 y hacía tambalear al recién posesionado Evo Morales, quien ahora lleva 7 años en el poder.
El primero en reclamar por la presunción de inocencia, atentado a la dignidad humana y violación a los derechos fundamentales de las personas fue el abogado Yani Prado, defensor del boliviano croata, Mario Tadic, uno de los dos sobrevivientes, junto con Elöd Tóásó, del asalto al hotel Las Américas donde murió el supuesto cabecilla del grupo, Eduardo Rózsa y dos acompañantes, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer.
Salen los 'trapitos' al sol. José Hoffman, defensor del exdirectivo de Cotas, Ronald Castedo, explicó que si se emplea la lógica de considerar la culpabilidad de los acusados de un delito, sin haber sido sentenciados, entonces se podía señalar que el exfiscal Marcelo Soza, es delincuente porque tiene en su contra seis procesos penales, entre ellos, uno por violación, y lo mismo ocurre con el actual director funcional del caso, Sergio Céspedes, quien tiene cuentas pendientes en la justicia de La Paz.
Posteriormente habló Ignacio Villa Vargas, señalando que en la lógica que un juicio no puede nacer en base a las torturas y coacciones, indicó que el proceso debería cerrarse porque a él lo tuvieron secuestrado y lo obligaron a firmar una declaración amenazando a sus hijos.
Fiscales refutan. Después de la intervención de varios abogados de la defensa que al unísono pedían una retractación, e inclusive una multa que vaya al Poder Judicial, a la construcción de escuelas o compra de un tomógrafo o a centros penitenciarios, en la tarde, los fiscales Sergio Céspedes, Marco Rodríguez e Iván Ortiz, señalaron que el pedido no tenía ningún fundamento y que en su defecto, si se sentían dañados en su dignidad, deberían iniciar un proceso por separado contra el Ministerio de Gobierno.
Al final, el juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal paceño, determinó que así esa era la línea que deberían seguir los procesados en el caso Rózsa, en caso de sentirse agraviados por la publicación oficial.
"He visto que en esa separata han utilizado la fotografía de Alberto Melgar
Eso ha sido sin su consentimiento y daña su dignidad".
Verónica Suárez Abogada
"Manipularon fotografías y colocaron textos que no hacen a la acusación. El Tribunal debe velar por la presunción de inocencia".
Gary Prado
Abogado Defensor
"Cometería prevaricato si el juez del caso accede a los pedidos Si ellos se consideran ofendidos que inicien una acción penal privada ".
Sergio Céspedes.Fiscal
No hay comentarios:
Publicar un comentario