A ocho años del caso Rózsa, el juicio se dilata

Trece enjuiciados, de los cuales tres están detenidos; seis autoinculpados y sentenciados; tres apartados del caso por enfermedad; y 17 prófugos; es lo que tiene la justicia boliviana a ocho años de la intervención policial en el hotel Las Américas.

Además, para darle un toque de ‘humor negro’ al proceso, la defensa de los acusados, obligada a pagar el pasaje y la estadía de policías citados como testigos, entregó tres boletos en bus para que partan hoy desde La Paz, declaren mañana en el juicio y duerman en las habitaciones 458, 457 y 456, del hotel Las Américas, donde murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.

Con ese panorama, el caso de supuesto terrorismo, que sufrió varios embates que parecían hacerlo tambalear, continúa en dirección a condenar como culpables a todos los acusados.
A eso apuntan la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, y también es lo que creen los acusados, pues aunque defienden su inocencia, desconfían de la imparcialidad de sus juzgadores y creen que siguen una orden política para declararlos terroristas.

Mientras tanto, el caso Terrorismo II en el que hay 14 procesados como presuntos financiadores, está en puertas del inicio del juicio, al igual que el del exfiscal Marcelo Soza quien fugó a Brasil, desde allí dijo que el caso fue un montaje y será juzgado en rebeldía por corrupción.

La Fiscalía esgrime la aceptación de culpa de seis de los acusados en juicios abreviados, como prueba de que sí hubo terrorismo. Por su parte, los tres detenidos, Zvonko Matkovic Ribera, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes dicen no juzgar a quienes se sometieron a lo que ellos denominan “extorsiones abreviadas”, pero que ellos mantienen firme su inocencia.

“No hay manera de que no vayan a sentenciarnos culpables, ¿cómo van a decirnos: disculpen por haberlos tenido 8 y 7 años presos?”, cuestiona Matkovic y agrega: “por un tema de principios, no me voy a echar la culpa de algo que no hice”. Guedes acota que al Gobierno no le sirve políticamente que los absuelvan.

Por su parte, Alberto Melgar, uno de los que se defienden en libertad, cree que aunque lamentablemente habrá condenados, otros tendrían que ser absueltos porque no existen indicios en su contra.
Gary Prado Araúz, abogado de los tres presos, sostiene que los procesados deben ser absueltos pero que, de haber una condena, no tendría que ser en grado de autoría, pues los supuestos autores están muertos y los que sobrevivieron se declararon culpables y quedaron en libertad. En ese caso, en el peor de los escenarios, los que quedan tendrían que ser condenados como cómplices, lo que reduciría las penas a la mitad o una tercera parte.

Mientras tanto, Ernesto Giraldes, abogado de Juan Adalberto Tórrez, señaló que en caso de una condena de culpabilidad, les queda el recurso ordinario de apelación restringida y por último un recurso de casación en el Tribunal Supremo de Justicia. “Por cómo se va llevando el caso, con la justicia politizada, si salimos afectados vamos a llegar a instancias internacionales”, dijo.

Juicio no acabaría este año
El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, explicó que luego de la declaración de los testigos de descargo, seguirán las pruebas documentales y las periciales, para continuar con las inspecciones y finalizar con los alegatos y la sentencia.

Fernández no da plazos, mientras que el fiscal Marco Antonio Rodríguez, aclarando que es una opinión personal, señala que considera probable llegar a la sentencia en un año, si no se presentan eventos imponderables.

El líder cívico Fernando Cuéllar cree que el proceso no terminará este año, sino en 2018 o en 2019, que es año electoral. “Este caso es un ‘caballito de batalla’ del Gobierno para sindicar a los cruceños de terroristas”, afirmó