El alcalde municipal de Cotoca, Wilfredo Añez, manifestó que prefiere ir a la cárcel antes que pagar los Bs 1,6 millones a los 24 exfuncionarios que presentaron una demanda laboral exigiendo el pago de salarios por el periodo 2003-2008.
En la actualidad, sobre Añez pesa una orden de apremio ordenada por la jueza del Trabajo Nelly Rosario Sánchez Justiniano, quien falló a favor de los exfuncionarios que fueron retirados en 2003, pero reincorporados en 2008 (según Añez).
A decir del alcalde, se tienen pruebas de que los demandantes no trabajaron durante esos años, por lo tanto no corresponde ningún pago. Agregó que en los próximos días se presentará un recurso con el fin de revertir el fallo de la jueza Sánchez.
“Prefiero ir preso por no pagar, que ser detenido por causar daño económico al Estado. Si es necesario voy a manejar el municipio desde la cárcel, pero no les voy a pagar porque no les corresponde”, acotó el edil.
Demandantes evalúan
Raúl Paniagua, abogado de los demandantes, dijo que sus defendidos son los que decidirán si se ejecuta la orden de apremio contra el alcalde o se toman otras acciones, en este caso, solicitar al Ministerio de Hacienda la retención y remisión de los fondos para hacer el pago de Bs 1,6 millones.
Paniagua manifestó que Añez debe cumplir el fallo judicial, porque este proceso fue en consulta a la Corte Suprema de Justicia y también al Tribunal Constitucional, por lo que solo queda cumplir la ley.
“El alcalde debe pagar y luego iniciar una acción legal contra los alcaldes que lo antecedieron y que no reincorporaron o no cancelaron los sueldos a mis defendidos. Ese presunto o probable daño económico debe ser asumido por las anteriores autoridades a Añez”, indicó Paniagua.
Anuncian protestas
El presidente de Control Social de Cotoca, Carlos Aguilera, informó de que mañana por la tarde bloquearán el Palacio de Justicia en protesta por el fallo de la jueza Sánchez en contra de la Alcaldía. “Si se paga ese dinero, se truncarán obras en las áreas de educación y salud. Iremos unas 300 personas de las OTB de los barrios y comunidades de Cotoca”, finalizó Aguilera.
El proceso judicial se prolongó 14 años
El problema en la Alcaldía de Cotoca se inicia en 2003, cuando el entonces alcalde Lucas Britez es suspendido por algunos concejales mediante una moción constructiva de censura y se elige a Fanny Justiniano en su lugar. La nueva autoridad es quien despide a 35 funcionarios municipales.
Sin embargo, los legisladores que no estuvieron de acuerdo con la posesión de Justiniano presentan una acción legal logrando que su elección se declare nula, al igual que las acciones realizadas durante su mandato; no obstante, los despedidos no fueron reincorporados. Luego asumen como alcaldes Hugo Carrasco, Lucas Saucedo y Estanislao Arauz. En estos 14 años se presentaron varios recursos legales de una y otra parte, hasta que la semana pasada la jueza Nelly Sánchez falló a favor de los despedidos.
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