Noticia publicada el 15 de Marzo en La PrensaEl presidente Evo Morales, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los movimientos sociales que integran esta organización decidieron, en forma conjunta, expulsar a los masistas que formaron parte de la red de traficantes de avales políticos para la obtención de cargos en la administración pública.
Habían pasado 15 minutos de las 20.00 cuando el presidente Evo Morales apareció en la escalinata del Palacio de Gobierno para anunciar que los militantes, dirigentes, legisladores y asambleístas que participaron en la venta de avales políticos serán separados del partido.
Morales aseguró que a quienes se les demuestre haber participado en la venta de certificados serán expulsados del MAS, tendrán que pedir su desafuero y afrontarán un proceso ante la justicia.
El Mandatario hizo el anuncio luego de un intenso debate sobre más denuncias de hechos de corrupción dentro del MAS que se llevó a cabo durante un ampliado de emergencia convocado por la Dirección Nacional del partido.
Allí, los dirigentes nacionales aprobaron una resolución de seis puntos con la que se intenta poner freno al escándalo de los avales que salió a la luz pública hace un mes tras la publicación de una investigación periodística de La Prensa.
Morales dijo que “no habrá contemplaciones” para los dirigentes y representantes masistas que cobraron y firmaron avales para los militantes.
“Yo estoy preocupado de los nombres de diputados, senadores, el compañero Lino Villca y otros que son procesados; no los conozco personalmente”.
Aseveró que el Tribunal de Ética convocará a los que recibieron avales para que expliquen cómo obtuvieron esos documentos y si pagaron por ellos. “Tienen que decir su palabra en este caso”.
Asimismo, pidió a la población que presente pruebas de estos cobros y, para ello, informó que el Viceministerio de Transparencia, cuya responsable es Nardy Suxo, recibirá las denuncias.
“Necesitamos pruebas, no se va a perdonar a nadie, el ampliado ha entendido perfectamente, por eso ha decidido por unanimidad la expulsión de los dirigentes, vamos a acabar con esta clase de avales”.
Morales dijo que esta tarea será la reivindicación del movimiento sindical que hoy está en función de Gobierno.
“Algunos compañeros nos esforzamos por el país para dignificar al movimiento sindical, a las clases oprimidas, y no podemos permitir que algunos compañeros e infiltrados dañen esa imagen, es una gran decepción, pero vamos a acabar con eso”.
De esta forma, Morales intentó dar por concluido el caso de corrupción que salpica a su gestión desde dentro de sus filas. El Jefe de Estado y su organización política decidieron asumir medidas radicales contra sus propios dirigentes.
Todo para todos
El Primer Mandatario dijo que en el encuentro del MAS que se realizó en la sede social del magisterio rural se percataron de que los movimientos sociales habían emitido avales “para todos y por todo”, por tanto, se decidió la suspensión definitiva de estas recomendaciones a los dirigentes y a estas organizaciones sociales.
Según las fuentes de La Prensa que accedieron al encuentro, se estableció que el 23 de marzo, durante un congreso departamental que se celebrará en La Paz, se designará a las seis personas de la Dirección Nacional encargadas de “buscar los espacios en los distintos ministerios”. Además, se prohibió la contratación con avales de nuevo personal en las reparticiones del Estado.
La reunión, según el Jefe de Estado, también pudo precisar que varios de los legisladores y dirigentes firmaron esos documentos y fueron incluidos en este grupo de implicados.
Sin embargo, Morales dijo que los movimientos sociales no deben permitir que estas denuncias afecten al conjunto del Gobierno e instruyó que cada uno de los ministros y las organizaciones deben concentrarse en la gestión.
Los asistentes dieron el plazo final al Tribunal de Ética hasta el 23 para que presente su informe sobre el escándalo de los avales.
El presidente del Tribunal de Ética del MAS, Roberto Machaca, expresó en el encuentro que existe un “avance significativo” en la tarea de recolección de los datos de los militantes que ingresaron en las gestiones 2006 y 2007 en los ministerios y en las entidades descentralizadas del Estado. Descubrieron, según las declaraciones de Machaca, que varios funcionarios no lograron explicar de dónde habían obtenido el respaldo para ingresar como funcionarios públicos. Esos casos son los que están en “observación” y, por tanto, se solicitará documentación adicional de esos empleados.
El dirigente masista explicó que las personas que denunciaron cobros irregulares “deben apersonarse a la Dirección Nacional (calle Luis Gemio, del barrio de Miraflores) para hacer la denuncia por escrito, porque nosotros no podemos tomar el caso de oficio”.
Los pasos del escándalo
El jueves 22 de febrero, La Prensa publicó las primeras denuncias sobre el tráfico de influencias y la presunta venta de avales masistas, documentos oficiales que tenían un costo de entre 200 y 300 dólares.
Al día siguiente, el 23 de febrero, se realizó un ampliado de emergencia del MAS en La Paz con un único punto: el análisis de este problema.
Allí, el senador Santos Ramírez denunció que su nombre había sido utilizado por dos personas para vender un cargo en el Instituto Nacional de Estadística (INE) por 1.000 dólares.
El encuentro dio un plazo de un mes al Tribunal de Ética para que entregue un informe.
El lunes 27, las fuentes de La Prensa entregaron documentos sobre solicitudes de trabajo para masistas con avales en la Alcaldía de La Paz.
Finalmente, el lunes 5 de febrero este medio de comunicación accedió a otro grupo de documentos que versan sobre avales masistas para la contratación de funcionarios en YPFB.
El martes 13 de marzo apareció una de las víctimas de la red de masistas, Norka Morales, quien denunció, en una entrevista con La Prensa, el pago de 300 dólares a Elizabeth Argote por un cargo en el Ministerio de Gobierno. Argote negó haber participado en la venta de avales. La dirigente del MAS fue despedida de la entidad del Estado por su presunta vinculación con la red de traficantes.
El tráfico se extiende a Santa Cruz
La venta de avales políticos en el MAS para acceder a puestos laborales de la administración pública también ocurrió en Santa Cruz. Según dirigentes del partido en función de Gobierno con asiento en esta región, ese tipo de hechos se “institucionalizó” ante la necesidad de trabajo de muchas personas, sean o no afines al MAS, y porque la corrupción está en todo ámbito.
“He tenido noticias de que ha habido venta de avales de dirigentes de barrios por 50 y por 100 bolivianos. Es que la corrupción se campea en todos lados”, comentó el concejal masista Osvaldo Peredo, consultado al respecto.
Peredo aclaró no tener nombres de quienes incurrieron en el ilícito, pero también resaltó que no se debe estigmatizar el padrinazgo político a través de los referidos avales, porque es una práctica normal para gobernar con quienes comulgan con la línea de partido en función de Gobierno. “El problema está en que lo vendan, eso es reprochable”, dijo Peredo.
La resolución
Primero: Expulsión ignominiosa de los militantes y dirigentes que hubiesen cobrado por avales, los mismos que además deben ser remitidos al Ministerio Público.
Segundo: Juicio y sanción a personas ajenas al MAS por haber extorsionado a personas inocentes.
Tercero: a partir de este evento y de estas conclusiones, ningún dirigente del MAS, ningún dirigente de movimientos sociales, departamentales, regionales o nacionales puede firmar los avales.
Cuarto: Cualquier denuncia de carácter regional, departamental y nacional, debe ser presentada al Viceministerio de Transparencia hasta su esclarecimiento.
Quinto: Diputados, senadores y asambleístas que sean denunciados con documentación respaldatoria deben renunciar a su inmunidad hasta probar su inocencia.
Sexto: Determinar la reinscripción de los militantes del MAS a escala nacional, departamental, provincial, municipal y comunal como medida de depuracion de militancia del MAS.
Otras determinaciones
La Dirección Nacional envió el primer caso de cobro de dinero al Ministerio Público con una querella criminal.
Mañana se presentará la segunda demanda. Se trata de dos profesionales de apellidos Rada y Carvajal que denuncian que gente allegada al MAS les hizo pagar mensualmente 390 bolivianos como aporte.
El denunciado en ese caso es Javier Agapito Pinto.
El otro caso es en contra de Alejandro Rodríguez y Jorge Pacheco.
Además está el caso de un dirigente del MAS que se autonombró coordinador. En el MAS existen 18 dirigentes, divididos en cinco comisiones especiales.
Hay cuatro denuncias enviadas al Tribunal de Ética. Félix Bellido Ballesteros, quien
se autodesignó coordinador, será remitido a la justicia ordinaria, dijo el senador Santos Ramírez.
Implicados
Lino Villca
Senador por La Paz, representante de los cocaleros. Su firma aparece en los avales políticos para cargos jerárquicos.
Santos Ramírez
Miembro de la Dirección Nacional, su nombre aparece en un recibo por 1.000 dólares para un cargo en el INE.
Samuel Guarayo
Actual presidente regional del MAS, pero no tiene el reconocimiento de la Dirección Nacional. Dirigente de los colonizadores. Según Lino Villca, era una de las “firmas autorizadas”.
Zacarías Flores
Dirigente colonizador, fue el segundo hombre del MAS en la gestión 2004–2006. Según Lino Villca, los avales debían contar con la firma de Guarayo y de Flores para ser válidos.
Pascual Mansilla
Fue Secretario de Relaciones en la gestión de Lino Villca. Era el principal nexo para la obtención de los avales, actuó en coordinación con el senador paceño. Representa a los militantes de El Alto.
Pablo Quispe
Ex Secretario permanente del MAS en La Paz durante la gestión de Lino Villca. Coordinaba su trabajo con Pascual Mansilla para la firma de los avales.
Zenón Cochi
Integró la Dirección Nacional hasta noviembre de 2006. Es representante de El Alto y el senador Villca afirma que su firma era “determinante” para lograr puestos de trabajo.
Humberto Terán
Es dirigente colonizador, fue parte de la dirección nacional del MAS su nombre fue mencionado por Lino Villca.
Leonilda Zurita
Senadora suplente de Cochabamba, dirigenta de las mujeres campesinas denominadas “bartolinas”.
Elizabeth Argote
Ex funcionaria del Ministerio de Gobierno la denunciaron por cobrar 300 dólares por un puesto.
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