Jorge Valda, abogado de Humberto Roca, dijo ayer que demandará la inconstitucionalidad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por considerar que el proceso por enriquecimiento ilícito no vincula a su cliente tomando en cuenta que dicha norma procesa a empleados públicos y no así a privados.
Ayer debía dictarse la sentencia contra el empresario cruceño y principal accionista de la extinta línea aérea Aerosur. Sin embargo por la inasistencia del fiscal asignado a las investigaciones, el de Sentencia dispuso aplazar la decisión hasta el 30 de julio.
“Se ha pedido un aplazamiento por la dilación del Ministerio Público esto se va a retrasar. Sin embargo hemos presentado toda la documentación necesaria para que el Tribunal considere y valore que la prueba obtenida por el Ministerio Público no es idóneo. Es prueba ilegal. Todo el enjuiciamiento contra Humberto Roca es un enjuiciamiento ilegal”, dijo Valda.
También hizo referencia a que para el 30 de julio la defensa de Roca presentará “un último recurso” referida a la “demanda de inconstitucionalidad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz” porque el delito de enriquecimiento ilícito a particulares, como señala la Constitución Política del Estado, únicamente puede ser aplicado a servidores públicos, funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, no a particulares.
“Humberto Roca, nunca ha sido servidor público, sin embargo, va a ser enjuiciado y sentenciado por un delito inconstitucional”, afirmó.
Sin embargo, dijo Valda que tiene la esperanza de que este último recurso a ser presentado permita al Tribunal actuar objetivamente. “Confiamos en que existen ciudadanos que tienen un criterio independiente, que esperemos que su criterio no esté contaminado y tampoco influyan las declaraciones del mayor Fabricio Ormachea, por eso esperamos que obtengamos una determinación ecuánime razonable y adecuada a los datos de un proceso ilegal”, manifestó.
De acuerdo con los antecedentes, el juicio contra Roca se inicia hace cinco años, a partir de la denuncia del Ministerio de Transparencia con una denuncia en sentido de que el empresario cruceño tendría más de 60 vehículos y que al desconocer el origen de esos vehículos es acusado de enriquecimiento ilícito.
Luego el Ministerio Público inicia la investigación a Roca, su familia y Aerosur determinando que todos sus bienes no estarían justificados a pesar de que se demostró en varias oportunidades que era una persona con suficientes recursos, a partir de los negocios que tenía.
Asimismo, se anotaron preventivamente 538 bienes e inmuebles a favor del Estado boliviano.
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