Dentro el caso de la supuesta red de corrupción, al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se dictó ayer la primera sentencia, mediante utilización del proceso abreviado, por el cual Erika Rojas, propietaria de la empresa Colibrí, recibió dos años de prisión. Abogados de otros dos implicados critican la manipulación que el Ministerio Público hace de este tipo alternativas jurídicas.
El Tribunal Especial Anticorrupción de La Paz, presidido por Cithia Delgadillo, emitió la primera sentencia en el presunto caso de corrupción en YPFB, dentro del cual, Erika Rojas, aceptó una supuesta relación de hechos en la que admitió la entrega de 22 mil dólares a la funcionaria estatal, Alba Chirinos, para beneficiarse de contratos publicitarios.
Rojas tendría que cumplir su sentencia al interior del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, sin embargo, su defensa ya presentó el pedido de perdón judicial por el cual, en los próximos días recobraría su libertad.
Según el investigador, el dinero fue depositado a la cuenta de Marco Arguedas, quien efectuó el movimiento de dinero, por medio de intermediarios; para que el pago llegue a manos de Chirinos y en base a esta sentencia, la Fiscalía analiza ampliar las investigaciones a otros funcionarios de YPFB.
El fiscal explicó que, dentro el proceso judicial, se investiga a los representantes de las empresas Omnimedia, Structura, Colibrí Agencia Publicitaria, Bravo y Bell Comunicaciones, que presuntamente formaron parte del clan familiar que se benefició de contratos sin licitación.
La relación de conjeturas manejada por el Ministerio Público señala que un grupo de funcionarios creó cuatro empresas con el propósito de adjudicarse contratos con la estatal petrolera para organizar eventos, en uno de los últimos se firmó un contrato por más de medio millón de dólares.
Rojas, en sus declaraciones del 15 de diciembre, del año pasado, dentro de una audiencia de medidas cautelares, reveló que “siempre” debía pagar coimas para adjudicarse contratos con la estatal petrolera. Relató que la jefe de comunicación de YPFB Transporte, Alba Chirinos, excompañera de colegio, le invitó a trabajar con la estatal petrolera.
“Ella me dijo que trabajemos, que las cosas se hacían así, que tenía que dar un adelanto por el trabajo que me concedan, me dijo que tenía que depositar a una cuenta registrada de Marco Arguedas. Esos pagos me lo pedían por adelantado antes que el trabajo salga y no solamente me lo exigía ella, me lo exigían otras personas más”, sostuvo en esa oportunidad.
Por su lado, los abogados de otros implicados pidieron aún no brindar declaraciones sobre la sentencia. Sin embargo, recordaron que la forma de manejar el concepto de los procesos abreviados, por parte de los fiscales, dejan serias dudas y al momento estarían siendo usados para inculpar a personas inocentes, contra los cuales no se tiene prueba.
No hay comentarios:
Publicar un comentario