Noticia publicada el 26 de Abril en el Deber
Quevedo: “Yo no hablé de una carta para tapar la impunidad”
El documento Lealtad con Bolivia que fue emitido el 16 de octubre de 2003 por el Consejo Supremo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosdena), no se encuentra archivado ni registrado en esa repartición militar, dijo ayer el ministro de Defensa, Walker San Miguel, que lo hizo buscar en esa dependencia.
La existencia del escrito fue conocida la semana pasada, cuando la ministra de Participación Popular del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mirtha Quevedo, lo reveló en una declaración ampliatoria que prestó en la Fiscalía por el caso ‘octubre negro’. La ratificación llegó de parte del ex secretario permanente de Cosdena José Antonio Gil, que declaró a EL DEBER que el documento fue una alerta que envió las Fuerzas Armadas al entonces jefe de Estado ante la difícil situación política que enfrentaba el país.
“No tenemos evidencia de su existencia. Materialmente no está archivado, pero encontramos notas del general José Antonio Gil a la Unión de Militares del Servicio Pasivo el 23 de octubre de 2003, en las que se menciona el documento, nada más”, resaltó San Miguel.
En Cosdena corroboraron la versión, al ser consultados al respecto.
San Miguel cree que la versión y la carta de Gil no son de las que habla Quevedo, aunque aclaró que le tocará a las instancias correspondientes determinar la situación.
Por su parte, el fiscal Milton Mendoza, que realiza la investigación y que allanó el pasado martes la casa de Sánchez de Lozada en el barrio de Obrajes de La Paz, en busca de un presunto compromiso de lealtad de los partidos aliados a su Gobierno, señaló que al enterarse por la prensa de la versión de Gil, lo convocará oficialmente para que declare ante su autoridad sobre el tenor de la carta a la que hizo referencia públicamente.
No fijo fecha, pero será pronto, aseguró, para luego señalar que también serán citadas las personas que, según Gil, recibieron el documento.
Esto quiere decir que irían a sentarse frente a Mendoza los entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Saavedra Bruno; de Gobierno, Yerko Kukoc; de la Presidencia, José G. Justiniano; de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hacienda, Javier Comboni. También citará a los ex comandantes de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército, como asimismo al ex vicepresidente de la República Carlos Mesa.
Se buscó a los mencionados para conocer su versión, pero sólo se pudo contactar con Sánchez Berzaín, que está en Estados Unidos, el cual dijo no tener información al respecto y que no hará declaraciones políticas.
Saavedra se encuentra en el exterior, mientras que Justiniano, según allegados, ya dejó la actividad política y no quiere hablar al respecto. Kukoc dijo el martes que no sabía del documento, mientras que a Comboni no se lo ubicó y Mesa, según señaló en su oportunidad, no habla de estos temas.
Según el general Gil, hoy en servicio pasivo, Cosdena hizo una evaluación de la crisis que sucedía en el país y buscaron señalar que las fuerzas castrenses y policiales ‘tienen un límite’ que amenazaba con ser rebasado por la convulsión y, por eso, recomendó varias acciones.
Sobre el allanamiento al domicilio de Sánchez de Lozada, de donde el fiscal Mendoza confiscó documentación, fotografías y una computadora, dijo que el resultado fue positivo porque encontró ‘documentos importantes’ para la investigación que está realizando, aunque no entró en especificaciones.
Lealtad con Bolivia
Diagnóstico. Cumpliendo la misión de la Secretaría General del Consejo Supremo de Defensa Nacional, considerando el alto riesgo que corre el país por el desbordamiento del conflicto y de ver interrumpido el proceso democrático, la integración nacional, la institucionalidad y la seguridad integral de la población que cada día se ve más debilitada, con tendencia a agravarse en desmedro de los altos intereses del Estado Boliviano, su población, territorio y Gobierno. Corriendo el riesgo de ser sobrepasado ante el debilitamiento de las instituciones llamadas a mantener el equilibrio de las fuerzas antagónicas, me dirijo a su excelencia para solicitar que convoque a los miembros del Consejo Supremo de Defensa Nacional para buscar soluciones al problema que en estos momentos pueden definir las políticas coyunturales actuales del Estado Boliviano, desde el punto de vista de seguridad integral y la Defensa Nacional. De no ser posible, pido que analice los siguientes aspectos que pueden ayudar a solucionar el conflicto.
Sectores. Los movimientos sociales, no obstante la fuerza que muestran se encuentran desarticulados entre sí, porque hasta el momento no han encontrado un líder que los aglutine. En el momento que eso ocurra, se volverán completamente incontrolables y el Gobierno no tendrá la fuerza para persuadirlos, sólo una fuerza cambia a otra.
Apoyo. Los partidos políticos sólo tienen influencia para mostrar cohesión en el ámbito internacional, no así en el nacional, donde han perdido la credibilidad y poder de convocatoria.
FFAA y Polícia. Tienen un límite para sostener por sí solas la situación de convulsión social, pudiendo ser rebasadas por demasiada dispersión de esfuerzos, desabastecimiento de material logístico, agotamiento físico y psicológico. La institución está en peligro de desaparecer o sufrir un cambio muy violento que destruya sus estructuras, y cuando se pierde la confianza en la clase política.
Consideraciones. Si la solución al problema no es constitucional ni democrática, varias regiones del país desconocerán al nuevo Gobierno, resquebrajándose la unidad nacional y se corre el riesgo de que se produzca una división política regionalizada que puede tener consecuencias graves.
Conflicto. El pueblo y las diferentes organizaciones sólo aceptarán una solución política. En el momento actual no será creíble si es lanzada por miembros del Gobierno. La propuesta deberá ser dada a conocer por una persona u organización con credibilidad.
Recomendaciones. Por lo expuesto, recomienda que se convoque el Congreso Nacional y se les proporcione los medios de transporte para que logren reunirse y asuman decisiones democráticas y legítimas para resolver la crisis.
FFAA. Velarán por los pozos de producción, exploración u otras instalaciones de gas que garanticen la no exportación del recurso hasta que el pueblo decida qué hacer con él y en qué condiciones.
Decisión. Que el Gobierno asuma el compromiso a no emplear las FFAA, salvo situaciones que impliquen el asalto a cuarteles, instalaciones de servicios básicos esenciales o empresas estratégicas.
Alerta. Que el Gobierno pida una tregua social por 72 horas, para que un interlocutor válido se reúna con la oposición, sectores sociales y cívicos para la adopción de una decisión definitiva.
Quevedo: “Yo no hablé de una carta para tapar la impunidad”
El documento Lealtad con Bolivia que fue emitido el 16 de octubre de 2003 por el Consejo Supremo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosdena), no se encuentra archivado ni registrado en esa repartición militar, dijo ayer el ministro de Defensa, Walker San Miguel, que lo hizo buscar en esa dependencia.
La existencia del escrito fue conocida la semana pasada, cuando la ministra de Participación Popular del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mirtha Quevedo, lo reveló en una declaración ampliatoria que prestó en la Fiscalía por el caso ‘octubre negro’. La ratificación llegó de parte del ex secretario permanente de Cosdena José Antonio Gil, que declaró a EL DEBER que el documento fue una alerta que envió las Fuerzas Armadas al entonces jefe de Estado ante la difícil situación política que enfrentaba el país.
“No tenemos evidencia de su existencia. Materialmente no está archivado, pero encontramos notas del general José Antonio Gil a la Unión de Militares del Servicio Pasivo el 23 de octubre de 2003, en las que se menciona el documento, nada más”, resaltó San Miguel.
En Cosdena corroboraron la versión, al ser consultados al respecto.
San Miguel cree que la versión y la carta de Gil no son de las que habla Quevedo, aunque aclaró que le tocará a las instancias correspondientes determinar la situación.
Por su parte, el fiscal Milton Mendoza, que realiza la investigación y que allanó el pasado martes la casa de Sánchez de Lozada en el barrio de Obrajes de La Paz, en busca de un presunto compromiso de lealtad de los partidos aliados a su Gobierno, señaló que al enterarse por la prensa de la versión de Gil, lo convocará oficialmente para que declare ante su autoridad sobre el tenor de la carta a la que hizo referencia públicamente.
No fijo fecha, pero será pronto, aseguró, para luego señalar que también serán citadas las personas que, según Gil, recibieron el documento.
Esto quiere decir que irían a sentarse frente a Mendoza los entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Saavedra Bruno; de Gobierno, Yerko Kukoc; de la Presidencia, José G. Justiniano; de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hacienda, Javier Comboni. También citará a los ex comandantes de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército, como asimismo al ex vicepresidente de la República Carlos Mesa.
Se buscó a los mencionados para conocer su versión, pero sólo se pudo contactar con Sánchez Berzaín, que está en Estados Unidos, el cual dijo no tener información al respecto y que no hará declaraciones políticas.
Saavedra se encuentra en el exterior, mientras que Justiniano, según allegados, ya dejó la actividad política y no quiere hablar al respecto. Kukoc dijo el martes que no sabía del documento, mientras que a Comboni no se lo ubicó y Mesa, según señaló en su oportunidad, no habla de estos temas.
Según el general Gil, hoy en servicio pasivo, Cosdena hizo una evaluación de la crisis que sucedía en el país y buscaron señalar que las fuerzas castrenses y policiales ‘tienen un límite’ que amenazaba con ser rebasado por la convulsión y, por eso, recomendó varias acciones.
Sobre el allanamiento al domicilio de Sánchez de Lozada, de donde el fiscal Mendoza confiscó documentación, fotografías y una computadora, dijo que el resultado fue positivo porque encontró ‘documentos importantes’ para la investigación que está realizando, aunque no entró en especificaciones.
Lealtad con Bolivia
Diagnóstico. Cumpliendo la misión de la Secretaría General del Consejo Supremo de Defensa Nacional, considerando el alto riesgo que corre el país por el desbordamiento del conflicto y de ver interrumpido el proceso democrático, la integración nacional, la institucionalidad y la seguridad integral de la población que cada día se ve más debilitada, con tendencia a agravarse en desmedro de los altos intereses del Estado Boliviano, su población, territorio y Gobierno. Corriendo el riesgo de ser sobrepasado ante el debilitamiento de las instituciones llamadas a mantener el equilibrio de las fuerzas antagónicas, me dirijo a su excelencia para solicitar que convoque a los miembros del Consejo Supremo de Defensa Nacional para buscar soluciones al problema que en estos momentos pueden definir las políticas coyunturales actuales del Estado Boliviano, desde el punto de vista de seguridad integral y la Defensa Nacional. De no ser posible, pido que analice los siguientes aspectos que pueden ayudar a solucionar el conflicto.
Sectores. Los movimientos sociales, no obstante la fuerza que muestran se encuentran desarticulados entre sí, porque hasta el momento no han encontrado un líder que los aglutine. En el momento que eso ocurra, se volverán completamente incontrolables y el Gobierno no tendrá la fuerza para persuadirlos, sólo una fuerza cambia a otra.
Apoyo. Los partidos políticos sólo tienen influencia para mostrar cohesión en el ámbito internacional, no así en el nacional, donde han perdido la credibilidad y poder de convocatoria.
FFAA y Polícia. Tienen un límite para sostener por sí solas la situación de convulsión social, pudiendo ser rebasadas por demasiada dispersión de esfuerzos, desabastecimiento de material logístico, agotamiento físico y psicológico. La institución está en peligro de desaparecer o sufrir un cambio muy violento que destruya sus estructuras, y cuando se pierde la confianza en la clase política.
Consideraciones. Si la solución al problema no es constitucional ni democrática, varias regiones del país desconocerán al nuevo Gobierno, resquebrajándose la unidad nacional y se corre el riesgo de que se produzca una división política regionalizada que puede tener consecuencias graves.
Conflicto. El pueblo y las diferentes organizaciones sólo aceptarán una solución política. En el momento actual no será creíble si es lanzada por miembros del Gobierno. La propuesta deberá ser dada a conocer por una persona u organización con credibilidad.
Recomendaciones. Por lo expuesto, recomienda que se convoque el Congreso Nacional y se les proporcione los medios de transporte para que logren reunirse y asuman decisiones democráticas y legítimas para resolver la crisis.
FFAA. Velarán por los pozos de producción, exploración u otras instalaciones de gas que garanticen la no exportación del recurso hasta que el pueblo decida qué hacer con él y en qué condiciones.
Decisión. Que el Gobierno asuma el compromiso a no emplear las FFAA, salvo situaciones que impliquen el asalto a cuarteles, instalaciones de servicios básicos esenciales o empresas estratégicas.
Alerta. Que el Gobierno pida una tregua social por 72 horas, para que un interlocutor válido se reúna con la oposición, sectores sociales y cívicos para la adopción de una decisión definitiva.
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