Una juez, tres funcionarias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y ex abogadas y trabajadoras sociales del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) son investigadas por la Fiscalía de Distrito por viabilizar la adopción internacional de cuatro menores cuyos verdaderos padres, según el proceso, habían demostrado su filiación.
La primera denuncia sobre supuestos procedimientos ilegales de adopción la hizo, en junio de 2006, la asesora legal de un programa radial, quien había recibido esta información de ex funcionarios de las defensorías de la Niñez y Adolescencia.
El fiscal Mirko Borda afirma en su imputación que la denunciante recibió “fotocopias simples (...) que acreditan la otorgación de adopciones sin observar las formalidades” de ley.
El fundamento legal de Borda indica que las sospechosas, aun conociendo que los niños tenían padres, firmaron las actas de Inexistencia de Filiación. Esta figura significa el desconocimiento de la identidad de los progenitores o familiares de un menor, según el Código Niño, Niña y Adolescente.
El expediente en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal señala que en septiembre de 2006 el Ministerio Público solicitó un mandamiento de allanamiento a los hogares Gota de Leche, Virgen de Fátima y Carlos Villegas. Asimismo, pidió una orden judicial para acceder a la información de los juzgados de la Niñez y Adolescencia de La Paz.
El 13 de diciembre se realizó una primera imputación formal contra Soraya Claros, abogada de una de las defensorías, quien fue notificada, según consta en documentos del Juzgado, el 10 de febrero de 2007.
La investigación continuó, y el 13 de abril el fiscal Borda complementó su imputación, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes contra la juez y sólo por el último delito contra dos ex abogadas de las defensorías, tres trabajadoras sociales y dos abogadas del Sedeges, además de la directora del hogar Virgen de Fátima, Guillermina Blanco.
La Prensa consultó con el Sedeges al respecto. Allí informaron que las funcionarias ya no dependen de esa oficina.
La juez de Partido Primero de la Niñez y Adolescencia, Consuelo Taborga, es una de las imputadas. Su abogada María Lucy Rodríguez, en entrevista con este diario, aclaró que su defendida no tiene antecedentes que manchen su larga trayectoria y que colaboró en la investigación al prestar sus declaraciones informativas ante la Fiscalía.
La jurista explicó que existe un vacío legal para los procesos de adopción internacionales que derivaron en un problema de “interpretación” sobre los pasos que se siguieron en los cuatro casos. Estos vacíos, explica, necesitan procedimientos con base en principios de convenios internacionales sobre los derechos del niño y en la “experiencia propia” de la juez.
María, nacida en 2005
Fue dada en adopción mediante una resolución de la juez Consuelo Taborga fechada el 14 de febrero de 2006. Según las investigaciones, un año antes —el 21 de marzo de 2005— la madre biológica se presentó ante esa autoridad con un memorial mediante el que solicitaba el retorno de la pequeña al seno materno. Asimismo, existía un informe social del 25 de abril de 2005, elaborado por la trabajadora social María Luisa Ayala Mendoza, en el que se describía la composición familiar de la pequeña: padres biológicos, hermanos, padrastro y padres de crianza.
Alan, nacido en enero de 2004
El 8 de febrero de 2006 fue declarada su inexistencia de filiación y adopción internacional, con la presencia de las abogadas Adela Ferreira y Sheila Orihuela, además de la trabajadora social Rosario de Marañón, quienes solicitaron declarar la ausencia de padres. El proceso investigativo descubrió que Rosario de Marañón elaboró un informe social, de 15 de agosto de 2005, con los antecedentes de la verdadera madre del niño, a quien se culpaba de irresponsabilidad. La progenitora envió tres memoriales a la juez con el certificado de nacimiento y el carnet de salud infantil.
Daniela, nacida en 2003
La niña fue declarada con inexistencia de filiación y adopción internacional el 18 de febrero de 2005. Sin embargo, en las indagaciones, la Fiscalía conoció una resolución de un mes antes, 21 de enero de 2005, en la que ya la juez Consuelo Taborga Montán dispuso el acogimiento legal provisional de la menor en el Hogar Virgen de Fátima, ubicado en Obrajes, y admitió la demanda de inexistencia de filiación de la niña. Según la imputación, el procedimiento es incorrecto, pero aun así se dictó la resolución de adopción internacional.
Alicia, nacida en 2005
La juez Consuelo Taborga celebró la audiencia de comprobación de parentesco el 20 de enero de 2006. La investigación detectó la existencia de un informe presentado el 29 de noviembre de 2005 por la trabajadora social del Hogar Virgen de Fátima Nery Salas Contreras, en el que explica la estructura familiar de la bebé. Su madre, una joven de pollera, la había dejado en el hogar por temor a sus padres, quienes no sabían del embarazo. Quiso recuperarla arrepentida luego de unos días, pero no pudo pese a que la Defensoría del Distrito 4, San Antonio, solicitó la postergación de la audiencia.
La primera denuncia sobre supuestos procedimientos ilegales de adopción la hizo, en junio de 2006, la asesora legal de un programa radial, quien había recibido esta información de ex funcionarios de las defensorías de la Niñez y Adolescencia.
El fiscal Mirko Borda afirma en su imputación que la denunciante recibió “fotocopias simples (...) que acreditan la otorgación de adopciones sin observar las formalidades” de ley.
El fundamento legal de Borda indica que las sospechosas, aun conociendo que los niños tenían padres, firmaron las actas de Inexistencia de Filiación. Esta figura significa el desconocimiento de la identidad de los progenitores o familiares de un menor, según el Código Niño, Niña y Adolescente.
El expediente en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal señala que en septiembre de 2006 el Ministerio Público solicitó un mandamiento de allanamiento a los hogares Gota de Leche, Virgen de Fátima y Carlos Villegas. Asimismo, pidió una orden judicial para acceder a la información de los juzgados de la Niñez y Adolescencia de La Paz.
El 13 de diciembre se realizó una primera imputación formal contra Soraya Claros, abogada de una de las defensorías, quien fue notificada, según consta en documentos del Juzgado, el 10 de febrero de 2007.
La investigación continuó, y el 13 de abril el fiscal Borda complementó su imputación, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes contra la juez y sólo por el último delito contra dos ex abogadas de las defensorías, tres trabajadoras sociales y dos abogadas del Sedeges, además de la directora del hogar Virgen de Fátima, Guillermina Blanco.
La Prensa consultó con el Sedeges al respecto. Allí informaron que las funcionarias ya no dependen de esa oficina.
La juez de Partido Primero de la Niñez y Adolescencia, Consuelo Taborga, es una de las imputadas. Su abogada María Lucy Rodríguez, en entrevista con este diario, aclaró que su defendida no tiene antecedentes que manchen su larga trayectoria y que colaboró en la investigación al prestar sus declaraciones informativas ante la Fiscalía.
La jurista explicó que existe un vacío legal para los procesos de adopción internacionales que derivaron en un problema de “interpretación” sobre los pasos que se siguieron en los cuatro casos. Estos vacíos, explica, necesitan procedimientos con base en principios de convenios internacionales sobre los derechos del niño y en la “experiencia propia” de la juez.
María, nacida en 2005
Fue dada en adopción mediante una resolución de la juez Consuelo Taborga fechada el 14 de febrero de 2006. Según las investigaciones, un año antes —el 21 de marzo de 2005— la madre biológica se presentó ante esa autoridad con un memorial mediante el que solicitaba el retorno de la pequeña al seno materno. Asimismo, existía un informe social del 25 de abril de 2005, elaborado por la trabajadora social María Luisa Ayala Mendoza, en el que se describía la composición familiar de la pequeña: padres biológicos, hermanos, padrastro y padres de crianza.
Alan, nacido en enero de 2004
El 8 de febrero de 2006 fue declarada su inexistencia de filiación y adopción internacional, con la presencia de las abogadas Adela Ferreira y Sheila Orihuela, además de la trabajadora social Rosario de Marañón, quienes solicitaron declarar la ausencia de padres. El proceso investigativo descubrió que Rosario de Marañón elaboró un informe social, de 15 de agosto de 2005, con los antecedentes de la verdadera madre del niño, a quien se culpaba de irresponsabilidad. La progenitora envió tres memoriales a la juez con el certificado de nacimiento y el carnet de salud infantil.
Daniela, nacida en 2003
La niña fue declarada con inexistencia de filiación y adopción internacional el 18 de febrero de 2005. Sin embargo, en las indagaciones, la Fiscalía conoció una resolución de un mes antes, 21 de enero de 2005, en la que ya la juez Consuelo Taborga Montán dispuso el acogimiento legal provisional de la menor en el Hogar Virgen de Fátima, ubicado en Obrajes, y admitió la demanda de inexistencia de filiación de la niña. Según la imputación, el procedimiento es incorrecto, pero aun así se dictó la resolución de adopción internacional.
Alicia, nacida en 2005
La juez Consuelo Taborga celebró la audiencia de comprobación de parentesco el 20 de enero de 2006. La investigación detectó la existencia de un informe presentado el 29 de noviembre de 2005 por la trabajadora social del Hogar Virgen de Fátima Nery Salas Contreras, en el que explica la estructura familiar de la bebé. Su madre, una joven de pollera, la había dejado en el hogar por temor a sus padres, quienes no sabían del embarazo. Quiso recuperarla arrepentida luego de unos días, pero no pudo pese a que la Defensoría del Distrito 4, San Antonio, solicitó la postergación de la audiencia.
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