Noticia publicada el 12 de Abril en La Prensa
Cuarenta y un personas presentaron, en octubre de 2006, una denuncia colectiva ante el Ministerio Público contra los hermanos Gustavo y Claudia Veizaga Rosales por el delito de estafa. La familia Veizaga Rosales cobró un total de 15 mil dólares a estas personas bajo la promesa de obtener espacios laborales en cuatro entidades de la administración pública con avales del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Cada uno de los afectados pagó 350 dólares para ser funcionario público. Las cuatro entidades a las que debían acceder eran la Aduana Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Prefectura del departamento; no obstante, esta última entidad no está en manos del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
La denuncia fue presentada por Guillermo Vallejos en representación de 41 personas. Los dirigentes distritales del MAS aseguran que Vallejos pertenece al entorno del senador Lino Villca y está vinculado con la red. Ayer, en conversación con La Prensa, el parlamentario masista negó conocer a la supuesta víctima y a los otros implicados.
El fiscal Antonio Santamaría constató que los hermanos Veizaga están prófugos desde marzo pasado. Claudia Veizaga vivía en la calle Guadalquivir de la zona de Nuevos Horizontes, en la ciudad de El Alto, en tanto que su hermano Gustavo —quien no tiene filiación en Identificación Nacional— supuestamente vivía en la calle Lucas Jaimes, en la zona de Miraflores.
De acuerdo con las declaraciones de los afectados, el principal nexo entre los sindicados y los imputados fue, justamente, Guillermo Vallejos, quien les “informó” que habían puestos en varias instituciones, y “una pareja” estaba buscando personal a cambio de 350 dólares.
La promesa laboral consistía en que ese dinero sería recuperado “rápidamente”, ya que los salarios oscilaban entre los 3.800 y 6.800 bolivianos en cada una de las entidades. Además de los 350 dólares, varios pagaron 50 bolivianos adicionales por una credencial del Movimiento Al Socialismo, la que les garantizaría el puesto una vez que estuvieran “dentro”.
En su declaración ante la Fiscalía, Vallejos afirma que él fue el primer “cliente” que tuvieron los autores de la estafa, quienes le “insinuaron” que necesitaban más personas para que ingresen a las instituciones estatales. Por esa razón procedió a “contactar” a las otras personas.
Gustavo Veizaga utilizó los nombres de dos supuestos asesores presidenciales, José Durán Guillén y Javier Pastén Villamor. Existen recibos firmados con estos dos nombres fechados entre octubre y diciembre de 2006.
En la unidad de Recursos Humanos de Palacio Quemado, negaron que estas personas fueran parte de su personal.
La dirigencia del MAS asegura que Durán Guillén sí fue parte del equipo de asesores de Evo Morales antes de que éste asumiera la Presidencia.
Según la declaración de las víctimas de la red de comerciantes de avales, los supuestos asesores presidenciales se contactaban con ellos a través de tres teléfonos celulares —que están registrados en la Fiscalía—, y les pedían tener paciencia, porque “había problemas en el Palacio”. Luego afirmaron que “los constituyentes querían más espacios”.
Sin embargo, cuando explotó el reclamo por los puestos de trabajo en el Poder Ejecutivo, constataron que los dos asesores eran suplantados por Gustavo Veizaga, y que éste falsificó la firma de ambas personas.
Otros casos
La viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, recibió esta denuncia y explicó que existen otros casos que se investigan en este despacho.
Se trata de tres casos presentados por los diputados Fernando Barrientos (Podemos) y Arturo Murillo (UN), quienes denunciaron un supuesto tráfico de influencias en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La autoridad descartó la demanda por considerar que el denunciado ya no trabaja en esa entidad. Pero existe otro caso que involucra al portero de la Dirección Nacional del MAS, Porfirio Atahichi, quien guardaba en su colchón 16 avales con papel membretado del MAS, los que fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.
Los masistas intentan tomar la Dirección Nacional
Un grupo de militantes y dirigentes masistas que cuestionan la designación de Santos Ramírez como Presidente de la Comisión Nacional del MAS llegó ayer a las puertas de la Dirección Nacional del partido, en la zona de Miraflores, e intentó tomar esas oficinas, que ya tenían resguardo policial.
Los movilizados estaban encabezados por Fabio Pérez, supuestamente electo en la Isla de Suriqui en un Congreso que no es reconocido por la dirigencia máxima.
También acudieron los dirigentes Ubaldo Nina, quien ya fue expulsado del MAS, y Boris Camacho, quien tiene cuestionamientos internos y es acusado de dividir internamente a esta organización política.
Según los protestantes, iniciaron su caminata el martes en la localidad de Sica Sica, en el altiplano paceño, en busca de “justicia”, porque consideran que los ejecutivos del partido en función de Gobierno no están escuchando las demandas internas de los masistas.
Boris Camacho aseguró que ésta es la primera medida que asumen y que si no obtienen una respuesta, iniciarán otras, como una huelga en las puertas de la Dirección Nacional.
Sin embargo, el presidente del Tribunal de Honor del MAS, Roberto Machaca, informó que existe la convocatoria para la realización de los congresos distritales después del 15 de mayo y, por tanto, todos los dirigentes deben acudir a esas instancias.
Pero los protestantes exigen que la directiva posesionada en la Isla Suriqui sea reconocida por los máximos responsables masistas, quienes se encuentran de gira nacional, precisamente llevando a cabo ampliados y congresos de unidad para consolidar al MAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario