Noticia publicada el 10 de Abril en La Prensa
La Fiscalía detuvo la investigación por el tráfico de avales para la obtención de cargos en la administración pública a fin de cumplir una solicitud para enviar toda la documentación al Viceministerio de Transparencia. Ayer, el fiscal Javier Salinas sostuvo una extensa reunión con la encargada de este caso en esa cartera de Estado, Carmiña Llorenti.
La viceministra Nardy Suxo aseguró, desde Cobija, donde asistió a la reunión del gabinete, que existen “importantes avances en la investigación”. Sin embargo, dijo que la encargada de llevar adelante el proceso es precisamente Llorenti, quien requirió el informe al fiscal Salinas.
Este informe paralizó el caso desde hace cinco días. Así lo reveló el investigador David Larrea, quien alertó de que todavía no pudo ser notificado el dirigente campesino Julio Uzquiano, acusado por Rafael Torrico de haber cobrado 1.300 dólares y 5.500 bolivianos por dos cargos en el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR).
El dirigente Julio Uzquiano ya fue localizado, pero es necesario el expediente enviado al Viceministerio, y por lo tanto no se puede efectuar ninguna notificación.
El denunciante del caso fue Víctor Meneses, padre de Rolando Meneses Cusicanqui, quien había entregado 5.500 bolivianos en tres pagos a cambio de un puesto en el PAR, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente.
La familia Meneses ya instauró un proceso contra Torrico Mallea por estafa y prestó su declaración ante las autoridades.
Igualmente, Torrico acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para declarar por el caso de los avales y acusó al dirigente Julio Uzquiano de ser el depositario de los 5.500 bolivianos y 1.300 dólares que había entregado por el cargo de coordinador nacional.
Torrico Mallea fue apresado el martes 3 de abril por orden del viceministro de Desarrollo Rural, Javier Escalante Villegas, cuando fue a indagar por el puesto laboral.
No son dirigentes
En el caso del recibo de mil dólares que implica al senador Santos Ramírez, los dirigentes del MAS Julián Romero, Jorge Callaú y Jaime Vera fueron desconocidos por el legislador, quien también es presidente de la Comisión Política del MAS.
Ramírez afirmó que ninguno de los tres tiene el rango de dirigente puesto que “no existen actas partidarias donde se demuestre que fueron electos en congreso y, por tanto, tendrán que enfrentar la justicia ordinaria”. Alejandro Rodríguez, el principal acusado en este caso, cobró a Jorge Sánchez la suma de 1.000 dólares por un puesto en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En la reunión de Huajchilla, el fin de semana, el MAS decidió que este tema sea tratado en el ámbito político y acusó a la oposición de ser responsable de estas denuncias por el tráfico de avales.
El discurso masista es que “no hay militantes comprometidos” pero sí “infiltrados” de otros partidos que deben ser trasladados a los tribunales.
La Fiscalía detuvo la investigación por el tráfico de avales para la obtención de cargos en la administración pública a fin de cumplir una solicitud para enviar toda la documentación al Viceministerio de Transparencia. Ayer, el fiscal Javier Salinas sostuvo una extensa reunión con la encargada de este caso en esa cartera de Estado, Carmiña Llorenti.
La viceministra Nardy Suxo aseguró, desde Cobija, donde asistió a la reunión del gabinete, que existen “importantes avances en la investigación”. Sin embargo, dijo que la encargada de llevar adelante el proceso es precisamente Llorenti, quien requirió el informe al fiscal Salinas.
Este informe paralizó el caso desde hace cinco días. Así lo reveló el investigador David Larrea, quien alertó de que todavía no pudo ser notificado el dirigente campesino Julio Uzquiano, acusado por Rafael Torrico de haber cobrado 1.300 dólares y 5.500 bolivianos por dos cargos en el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR).
El dirigente Julio Uzquiano ya fue localizado, pero es necesario el expediente enviado al Viceministerio, y por lo tanto no se puede efectuar ninguna notificación.
El denunciante del caso fue Víctor Meneses, padre de Rolando Meneses Cusicanqui, quien había entregado 5.500 bolivianos en tres pagos a cambio de un puesto en el PAR, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente.
La familia Meneses ya instauró un proceso contra Torrico Mallea por estafa y prestó su declaración ante las autoridades.
Igualmente, Torrico acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para declarar por el caso de los avales y acusó al dirigente Julio Uzquiano de ser el depositario de los 5.500 bolivianos y 1.300 dólares que había entregado por el cargo de coordinador nacional.
Torrico Mallea fue apresado el martes 3 de abril por orden del viceministro de Desarrollo Rural, Javier Escalante Villegas, cuando fue a indagar por el puesto laboral.
No son dirigentes
En el caso del recibo de mil dólares que implica al senador Santos Ramírez, los dirigentes del MAS Julián Romero, Jorge Callaú y Jaime Vera fueron desconocidos por el legislador, quien también es presidente de la Comisión Política del MAS.
Ramírez afirmó que ninguno de los tres tiene el rango de dirigente puesto que “no existen actas partidarias donde se demuestre que fueron electos en congreso y, por tanto, tendrán que enfrentar la justicia ordinaria”. Alejandro Rodríguez, el principal acusado en este caso, cobró a Jorge Sánchez la suma de 1.000 dólares por un puesto en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En la reunión de Huajchilla, el fin de semana, el MAS decidió que este tema sea tratado en el ámbito político y acusó a la oposición de ser responsable de estas denuncias por el tráfico de avales.
El discurso masista es que “no hay militantes comprometidos” pero sí “infiltrados” de otros partidos que deben ser trasladados a los tribunales.
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