Dos funcionarios del Gobierno Municipal de La Paz y un exservidor del Ministerio de Gobierno “ayudaban al centro nocturno Katanas evitando que este sea sometido a controles y, de esa manera, coadyuvaban con el delito de trata y tráfico de seres humanos”, denunció Paola Barriga, la abogada de la hija del dueño del club nocturno.
El centro nocturno fue clausurado definitivamente la semana pasada y su dueño, Marco Cámara (padre de la denunciante), está detenido preventivamente. Barriga explicó a Erbol que en los allanamientos al Katanas se halló libros de registro donde figuraban pagos de 600 a 3.000 dólares a funcionarios. Recalcó que dos trabajadores ediles están plenamente identificados y ellos se encargaban de informar a Marco Cámara sobre cualquier operativo de control. Según la abogada, una vez alertado el centro nocturno cerraba sus puertas y apagaba las luces. Respecto al tercer implicado, la jurista dijo que se trata de un exfuncionario de la Dirección de Migración. “Él ha generado estos elementos para coadyuvar en este tipo de delincuencia”, precisó. El Katanas está investigado por supuestamente albergar a jóvenes extranjeras, quienes eran forzadas a ser damas de compañía.
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