En el Juzgado Quinto de Sentencia se inició otro juicio oral contra Santos Ramírez por la irregular adquisición de un medidor volumétrico para la planta de Bermejo Tarija por un costo de 177.000 bolivianos.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez, tras escuchar a la defensa y las declaraciones de Santos Ramírez, manifestó que la Fiscalía demostrará con evidencias que se produjo un daño al Estado en el proceso iniciado este lunes y que proseguirá el miércoles desde las 08.00.
Ramírez fue sentenciado a 12 años de cárcel en enero pasado por contratar en forma irregular a una empresa para instalar una planta separadora de líquidos en Río Grande. La irregularidad fue develada después del atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach, propietario de la constructora Uniservice, que ganó una licitación y se adjudicó la obra de 86,35 millones de dólares.
Denuncia. Después fue denunciado a la Fiscalía por otro daño económico al Estado que asciende a la suma de 177.000 bolivianos por la adquisición de un medidor que nunca ingresó a los activos de YPFB.
El fiscal Rodríguez, tras conocer el caso, presentó la acusación formal en contra de Ramírez porque, de acuerdo con él, “hay una irregular adquisición de este equipo el 24 de septiembre de 2008”.
El fiscal recordó que, en 2008, el jefe de la unidad de plantas y almacenaje de La Paz, Luis Parra, solicitó el pago de 177.000 bolivianos a la empresa unipersonal COPAI Ingeniería, indicando que se había recibido a conformidad el medidor que nunca llegó a ser parte de los activos de YPFB. Ramírez, en audiencia, sostuvo que la investigación “tiene un móvil político y no jurídico”.
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