El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Santos Ramírez, fue beneficiado con la detención domiciliaria dentro el caso de la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), creada como una filial de YPFB; sin embargo, el ex hombre fuerte del MAS continuará detenido en la cárcel de San Pedro ya que tiene sentencia condenatoria de 12 años de reclusión por el caso Catler Uniservice.
El abogado de la exautoridad petrolera, Ramiro Vega, dijo que su cliente por tener problemas de salud (parálisis facial) fue internado en un centro de salud y beneficiado con la detención domiciliaria, esperando que las autoridades judiciales asuman la misma determinación dentro el proceso mayor del caso Catler, en el que ya cumplió, según el jurista, el mínimo de la condena, para que pueda recibir un tratamiento médico por los males que le aquejan.
"El señor Santos Ramírez va a seguir detenido mientras no se defina también su situación en el otro caso del caso Catler y una vez pueda cumplir detención domiciliaria por lo menos la decisión en este caso SIPSA es que cumpla un arraigo", sostuvo el jurista.
La determinación judicial es que Santos Ramírez cumpla la detención domiciliara con custodia policial se apersone al Ministerio Público los días viernes para firmar el libro de actas y pagar una fianza de Bs 30.000.
Santos Ramírez se encuentra recluido en el penal de San Pedro desde febrero de 2009, pero la sentencia de 12 años de reclusión por el caso Cateler recién se dio a principios de 2012.
El caso SIPSA se refiere a la irregular adquisición de YPFB del total de las acciones de Full Industry, para la creación de la empresa YPFB-SIPSA. Además de la irregular compra, el depuesto ex presidente de la petrolera Estatal le adjudicó la recalificación de garrafas por 1,89 millones de dólares y la administración del taladro que la Petrolera Venezolana Pdvsa envió a Bolivia.
En ese marco YPFB-Sipsa firmó contrato con YPFB-Andina SA por 4,33 millones de dólares para la perforación de los pozos 34D y 35H en el campo Víbora. Las indagaciones realizadas por ambas entidades identificaron a nueve implicados: además de Santos Ramírez, a Misael Jemio ex gerente de Planificación y destituido Viceministro de Desarrollo Energético, Esther Carmona asesora general de la Presidencia de YPFB, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, gerente depuesto de la nueva empresa, Rolando Aguado, Nilda Domínguez y Lucy Barbery.
Estas personas fueron denunciadas por la comisión de los presuntos delitos de: Asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de incumplimiento de deberes.
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