La resolución fue presentada el 5 de junio ante el Tribunal de Sentencia Cuarto, el documento se encuentra firmada por el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, a requerimiento del fiscal de Materia, Favio Maldonado, que está a cargo de la investigación.
Se retira la acusación en contra de los ocho socios de la firma chilena: Fernando Rojas Herrera, Dolly Teresa Paredes Mancilla, María Mónica Lorena Fernández Salinas, Yuri Ortega Espinoza Salles, María del Carmen Ballivián Ascarrunz, Ernesto Ossio Aramayo, Tatiana Giovanna Terán de Velasco y Allan Henry Isaac Fosck Kaplun, este último de nacionalidad chilena y que fue declarado rebelde. Todas estas personas fueron acusadas por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa.
En base a esta solicitud y otra resolución similar que presentó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, el Tribunal de Sentencia emitió una sentencia absolutoria en beneficio de los acusados que se basa en las medidas provisionales que emitió el Ciadi el pasado 26 de febrero de 2010.
En contraste, la Fiscalía General presentó el pasado lunes un requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra el expresidente Carlos Mesa por este caso, por el que da luz verde para el inicio de juicio de responsabilidades.
LA FUNDAMENTACIÓN
El memorial presentado por el fiscal departamental, en base al requerimiento del fiscal de materia, argumentó que el retiro de la acusación se basa en la resolución de Medidas Provisionales del 26 de febrero de 2010 que emitió el Ciadi, donde establece que la parte demandada, es decir el Estado boliviano, debe suspender el proceso penal que instauró por la falsificación de un acta, proceso en que el accionista de la firma, David Moscoso, de nacionalidad boliviana, que admitió la falsedad del documento, fue sentenciado a dos años de cárcel a través de un juicio abreviado.
“La (parte) demandada (el Estado boliviano), deberá tomar todas las medidas necesarias para suspender el proceso penal identificado como Nº 9394/08. Los tribunales arbitrales consideran a las medidas provisionales como necesarias, urgentes, y requeridas a fin de evitar un daño irreparable (…) en merito por el cual no es previsible continuar el avance del presente proceso”, señala la resolución fiscal.
Otro de los fundamentos que se determina en el escrito es que el Estado boliviano y la empresa Quiborax- Non Metallic Minerals S.A. llegaron a un acuerdo para suscribir un contrato de cumplimiento de laudo arbitral de renuncias expresas y liberación general y reciproca de obligaciones para dar fin a la controversia entre las partes.
DOCUMENTO FALSIFICADO
En esta resolución también señala que en los antecedentes procesales del proceso internacional, se determinó que ese tribunal verificó que la firma chilena no incurrió en fraude y la falsificación de documentos tal como lo estableció la a defensa legal del país. Además estableció que la prueba presentada por los demandantes (accionistas de la empresa Quiborax) es consistente y documentada.
“El tribunal constató que la alegación de la demandada (Bolivia) en el sentido que los demandantes (Quiborax) hubiesen falsificado pruebas a fin de establecer la jurisdicción en este arbitraje carecía de fundamentos. (…) si bien existen algunas discrepancias estas no prueban la existencia de fraude ni resultan suficientes para contrarrestar la evidencia. Por estos motivos el Tribunal está persuadido de que (Quiborax) no (cometió) fraude ni (fabricó) pruebas para acceder al sistema de arbitraje en el Ciadi”, resalta el documento.
Sin embargo, el 2009 el Estado boliviano presentó una denuncia penal contra David Moscoso y el resto de los accionistas de la empresa, por la falsificación del acta de la conformación accionaria. Moscoso se sometió a un proceso abreviado el 14 de agosto de la misma gestión, en el que admite que este documento fue fraguado.
El expresidente Carlos Mesa explicó que el 11 de septiembre del 2001 se estableció un acta de la composición accionaria, donde manifestaba que el 100% de los propietarios eran bolivianos. El escrito no servía para iniciar un proceso arbitral contra el Estado boliviano, por lo que anulada y sustituida por un documento con fecha 13 de septiembre del 2001.
En este nuevo documento determinó la conformación de los socios, en que el 51% de las acciones pertenecían a Allan Fosck, de nacionalidad chilena, documento que fue base para que la empresa presente una demanda en el Ciadi.
“Para poder hacerle un juicio a Bolivia no había otra opción de falsificar el acta, porque una empresa boliviana no puede hacer un juicio internacional a su país. La única posibilidad que tenían era demostrar que la mayoría de las acciones de la empresa era chilena. En consecuencia destruyeron ese acta y falsificaron un acta con fecha 13 de septiembre de 2001 y establecía que el 51% de las acciones pertenecía a Allan Fosck”, manifestó la exautoridad.
DATOS
- El 5 de junio del año en curso, el fiscal de materia Favio Maldonado presentó un informe al fiscal Edwin Blanco donde pide la autorización del retiro de acusación contra los acusados.
Ese mismo día, el fiscal Blanco autorizó el retiro de la acusación y remitió el memorial a la autoridad jurisdiccional.
- El 6 de junio el Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz emitió la resolución de absolución a favor de los acusados.
- El 7 de junio, el Ministro de Minería, el Procurador General del Estado y la defensa legal de la firma llegaron a un acuerdo transaccional para el pago de $us 42.6 millones de, donde se redujo alrededor de $us 14.5 millones.
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