Mañana la Fiscalía debe emitir la resolución. El procurador General del Estado, Pablo Menacho, sostuvo que están "muy confiados" en que se abrirá un juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, por el caso Quiborax.
"Nosotros hemos presentado una proposición acusatoria sumamente sólida en términos jurídicos con gran cantidad de documentos probatorios, entonces estamos muy confiados en que el Ministerio Público pueda admitir la proposición presentada por la Procuraduría", explicó la autoridad en conferencia de prensa.
Enfatizó que será la instancias competente la que defina si da curso o no al proceso, pero reiteró que existen plenos elementos de convicción que demuestran los errores en los que incurrió la administración del exmandatario en la reversión de las concesiones mineras de la empresa con capitales chilenos.
"Es indudable que él incumplió con las seis auditorías que mandaba el artículo 3 de la Ley 2564, incumplió con iniciar el procedimiento de nulidad ante la superintendencia de empresas e incumplió con el plazo de 60 días para hacer todo eso, además de la emisión del decreto supremo ilegal; entonces, tenemos toda la base jurídica para que este proceso pueda proseguir", aseveró el titular.
Mediante un artículo de opinión, Mesa insiste en las "deficiencias de la defensa boliviana en el caso Quiborax", señalando que esos hechos pretenden "endilgarle" a su Gobierno y pide que la Fiecalía considere los elementos que presentó en varios memoriales para "establecer quiénes son los verdaderos responsables del grave daño al Estado".
"Lo que más se discutió dentro del proceso arbitral fue la falsificación de las actas de 11 y 13 de septiembre del año 2001. No es que porque él lo adivine o porque encontró las ilegalidades, que debió serlo, eso tenía que descubrirse en las seis auditorías que no realizó", agregó Menacho sobre la falsificación del acta de composición accionaria de Non Metallic Minerals perpetrada por David Moscoso, Allan Fosk y otros, documento que a criterio de Mesa era la "piedra angular" de la defensa nacional para evitar la derrota en el arbitraje
Mesa es sindicado por el presunto delito de daño económico al Estado por la forma en la que expulsó en 2004 a Quiborax, consorcio chileno que operaba en el salar de Uyuni. Un laudo arbitral en el que perdió el Estado determinó el pago de 42,6 millones de dólares a la firma chilena.
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