Laguna Saavedra recibió en las últimas horas “el documento provisorio de identidad de extranjero”, que fue emitido por el Comité Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil. El documento logrado tiene una vigencia de un año, hasta el 25 de septiembre de 2015.
De acuerdo con el documento, Laguna solicitó el refugio a las autoridades brasileñas de acuerdo con la Ley 9474, de 1997, que determina los mecanismos para la implementación del Estatuto del Refugiado de 1951.
Saavedra fue responsable de la seguridad del ahora exfiscal Soza, quien también se encuentra refugiado en Brasil, desde donde denunció que el caso de presunto terrorismo, que estalló el 16 de abril de 2009, fue manipulado para afectar a líderes de la oposición en Santa Cruz.
Durante la investigación de las denuncias de extorsión contra Soza, autoridades del Ministerio Público acusaron de delitos de concusión, extorsión, cohecho, uso indebido de influencias y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados al jefe de seguridad de Marcelo Soza, el capitán de policía Juan José Laguna Saavedra.
A principios de agosto, Laguna Saavedra dijo a un juez de Santa Cruz que temía por su vida y la de su familia. Admitió también que acompañó a Soza a algunas reuniones en el Ministerio de Gobierno, aunque no precisó los momentos en que se suscitaron esos encuentros, según una nota de El Deber.
El abogado de los acusados del caso terrorismo, Gary Prado, dijo ayer a la prensa que el oficial estaba citado por estos días a una audiencia de medidas cautelares en la que posiblemente se hubiera ordenado su detención.
El pasado 9 de septiembre, el Conare de Brasil determinó ampliar por un año el refugio temporal para Soza, quien se encuentra en el país vecino desde marzo de este año tras considerarse un perseguido político.
Renuncia de jueza haría perder dos años de juicio
Santa Cruz | Anf
Ante la suspensión de la audiencia del caso de presunto terrorismo por la enfermedad de la jueza ciudadana Sonia Mamani el pasado viernes, que podría derivar en su renuncia al cargo y que también llevaría a reinstalar un nuevo tribunal, el abogado Gary Prado Araúz considera que este hecho podría hacer perder dos años de proceso judicial.
Prado, quien defiende en el proceso a su padre, Gary Prado Salmón, lamentó el perjuicio que podría causar la renuncia de la jueza, ya que nuevamente se tendría que iniciar con un nuevo tribunal y sortear nuevos jueces ciudadanos, recabar nuevamente las declaraciones de los más de 18 acusados presentes en el juicio.
“Hay que ver si es una baja temporal o si es una baja que no va a permitir continuar a la señora en el Tribunal y por lo tanto hay que anular el juicio y si ella ha presentado una carta renunciado al tribunal lo que corresponderá es anular el juicio (…) Se pierde dos años de juicio y volvemos a empezar la etapa de juicio oral”, dijo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario