Un sistema de corrupción opera desde hace años en oficinas de Tránsito con el fin de beneficiar en lo económico, presuntamente, a tres abogados y a policías que se aprovechan de las personas implicadas en accidentes, para cobrarles altos montos de dinero a cambio de que sus casos no sean derivados a la Fiscalía, como corresponde por ley.
Este es un resumen de la denuncia presentada por siete abogados a la Dirección de Investigación Profesional de la Policía (Didipi) del Comando de la Policía de Cochabamba, el 11 de agosto de este año. Hasta la fecha, los denunciantes no han sido convocados por la Didipi para prestar sus declaraciones.
Este diario conversó con algunos y ellos ratificaron sus denuncias. El sistema de corrupción funciona desde hace cinco años. Y estos mismos abogados presentaron una primera denuncia el 24 de febrero de 2010 describiendo cómo los funcionarios policiales imponían y desviaban a todos los protagonistas y a las víctimas de accidentes, a la oficina de los abogados Omar Daza, Raúl Chávez y Ronald Carvajal, que está situada a 20 metros de Tránsito Cochabamba.
Luego de esa primera denuncia, por un tiempo, la corrupción disminuyó, pero después, el sistema volvió a reorganizarse y los casos de desvío de clientela se han incrementado al punto de que la oficina de estos tres abogados siempre está llena y las de los otros abogados que atienden en ambientes contiguos, vacías. OPINIÓN lo verificó en un seguimiento de siete días.
Pero, ¿por qué la oficina de los abogados Daza, Carvajal y Chávez siempre están llenas? Los denunciantes aseguran que son los policías, clases y oficiales quienes se encargan de recomendar a las partes involucradas en accidentes, que busquen a estos abogados para que sus casos se resuelvan rápidamente y sin dar parte a la Fiscalía.
"Al extremo de que los investigadores policiales coordinan por teléfono con estos abogados a los cuales llaman de día, de noche, en feriados e incluso durante los operativos del Plan Chachapuma, para que se encarguen de gestionar la libertad de los conductores ebrios, sin remitirlos al Ministerio Público", describe la denuncia en la Didipi.
La molestia de los abogados afectados aumentó cuando se dieron cuenta de que los policías investigadores, en lugar de depositar a algunos aprehendidos de accidentes en las celdas de Tránsito, los dejaban en la oficina de estos abogados, para luego trasladarlos a los juzgados y garantizarles, así, "la clientela".
EN VARIAS OFICINAS Según los denunciantes, esto no solo ocurre en las oficinas centrales, sino también en las otras divisiones de Tránsito Accidentes y de Especiales de Quillacollo, Sacaba y de la EPI del Sur. Los abogados aseguran que los policías llaman desde esas oficinas al bufet de defensores ante cualquier accidente. Incluso, contarían con un espacio físico dentro de la EPI del Sur para atender los casos.
Los siete abogados denunciantes afirman que esta preferencia de los policías con el bufet Daza, Carvajal, Chávez, no es gratuita ni "por amistad". "Hemos acumulado una serie de evidencias y pruebas testificales que demuestran que los oficiales de Policía reciben de estos abogados una serie de prebendas, como fiestas, parrilladas con alcohol, rodeados de mujeres y reconocimientos económicos".
MODUS OPERANDI Las personas que han causado un accidente o son víctimas de otros choferes llegan a las oficinas policiales en estado de shock. Como no conocen las leyes ni sus derechos, son fácilmente intimidadas por los policías que atienden sus casos. Ellos les advierten que irán a la cárcel y para evitarlo les sugieren que busquen a los abogados mencionados, antes de que el caso pase a Fiscalía, cuando ya no podrán hacer nada para "ayudarles" con los informes técnicos. Esta "ayuda" tendría un precio económico, dependiendo de la gravedad del siniestro.
"Han llegado a decirles a nuestros clientes que estos abogados son asesores legales de Tránsito y que los demás solo les arruinaremos o les sacaremos dinero, porque no tenemos contactos como estos abogados", relató el abogado Félix Camargo.
Para los abogados denunciantes, los delitos que se están cometiendo en Tránsito son al menos tres, de acuerdo al Código Penal.
El delito de cohecho pasivo propio, previsto en el artículo 145, que lo comete “el funcionario o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directa o por intermedio de otra persona, para sí o un tercero, dádivas o cualquier ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado con presidio de dos a seis años”.
“El delito de beneficios en razón del cargo, que se refiere al servidor público que en consideración a su cargo admite regalos u otros beneficios, serán sancionados con 3 a 8 años de cárcel”.
El artículo 174 del Código Penal, sanciona con 5 a 10 años de cárcel a los abogados, policías, jueces o fiscales que concertaren la formación de consorcios con el objeto de procurarse ventajas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia.
Quiénes son.
Los sindicados
Los abogados sindicados de formar un consorcio con los policías son Omar Daza, Ronald Carvajal y Raúl Chávez Plata.
Daza y Chávez
A principios de enero de 2009 este diario publicó una investigación sobre las irregularidades en la pesquisa del linchamiento de tres policías en Epizana. Luego de una denuncia de fuentes de la misma Fiscalía, se supo que 11 personas que participaron del triple crimen pagaron al exfiscal de Distrito César Cartagena por ser liberados de toda culpa, pese a la existencia de pruebas. La Inspectoría indagó la denuncia de OPINIÓN y corroboró que los sobreseimientos fueron irregulares. Recomendó la destitución de César Cartagena y el exfiscal del caso Irving Avendaño. Los abogados de los sobreseídos eran Omar Daza y Raúl Chávez, que trabajaban con Alicia Jaldín, la esposa del exfiscal de Distrito. Ya entonces habían denuncias de consorcio con policías en temas de Tránsito.
Ronald Carvajal
Era el ayudante ad honorem del fiscal destituido Irving Avendaño y se unió al bufet.
Tránsito: ya se investiga el caso
El comandante de Tránsito, coronel Ronald Sánchez, apenas tiene unos días en ese cargo, pero adelantó que la denuncia de los abogados ya es investigada por la Dirección de Investigación Profesional de la Policía (Didipi).
Sánchez, que reemplazó en el cargo al coronel Freddy Almaraz, hace poco, dijo que él personalmente se presentó a todos los abogados que trabajan en inmediaciones de esa unidad y los escuchó a todos.
“Los tres abogados sindicados también tienen su versión, yo debo escuchar a ambas partes y tanto denunciantes como denunciados han presentado memoriales a la Didipi y ahora el caso está en proceso de investigación”, dijo Sánchez.
La autoridad acotó que, ante las denuncias, se reunió con todo el personal de Tránsito para dar instrucciones respecto al trato que debe haber con los abogados.
“Está prohibida cualquier relación con abogados, todos deben abocarse a su trabajo técnico”, sostuvo el coronel Ronald Sánchez.
Los tres abogados niegan denuncias y aseguran que colegas tienen “envidia”
Los tres abogados sindicados de conformar un consorcio con policías y oficiales de Tránsito, Omar Daza, Raúl Chávez y Ronald Carvajal, negaron las acusaciones y coincidieron en afirmar que sus colegas denunciantes “sienten envidia” por la afluencia de clientes que ellos tienen.
Alegaron que ellos tienen una masiva afluencia de gente porque son abogados de diversos sindicatos de transporte público y exhibieron dos certificaciones para comprobarlo. “Tienen accidentes de tránsito y nos buscan, en esta oficina somos varios abogados”, dijeron.
El abogado Omar Daza aseguró que el Comando de la Policía, a través de la Didipi, aún no lo ha notificado con la investigación para que preste sus declaraciones. Se enteró por el excomandante de Tránsito Freddy Almaraz. “Nos han denunciado ya dos veces y nunca han presentado pruebas, no hay testimonios de ciudadanos ni víctimas, estas denuncias son por envidia”.
Daza admitió que él fue uno de los abogados imputados y acusados por conformar un consorcio con el exfiscal de Distrito César Cartagena, quien favoreció con un sobreseimiento irregular a seis presuntos linchadores de tres policías en Epizana, clientes de Daza. El abogado informó que el proceso ya se ha extinguido en el juzgado segundo cautelar, luego de que él presentó un incidente de defensa material.
Raúl Chávez Plata, que también figuraba entre los abogados de los sobreseídos ilegalmente del caso Epizana, dijo que en su contra, la Fiscalía jamás halló indicios y ni siquiera fue imputado. Empero, una investigación de la Inspectoría General que supervisa a la Fiscalía, halló irregularidades en estos sobreseimientos, por lo que recomendó la destitución del exfiscal de Distrito César Cartagena y del exfiscal el caso, Irving Avendaño.
Ronald Carvajal, exasistente de Avendaño, negó las acusaciones. “Somos asesores de varios sindicatos y casi todos los días tienen accidentes, también viajamos a Villa Tunari y a otras provincias porque nuestros clientes nos recomiendan a otras personas. No tenemos ninguna oficina en la EPI Sur, eso es una locura, es una institución pública, que nos demuestren todo lo que están denunciando, están movidos por dos abogados”, dijo.
Víctima dice que debía pagar Bs 1.000 para recuperar auto
Faltaban 15 minutos para la una de la madrugada del 26 de agosto cuando Oliver, un joven de 19 años que había ido a jugar fulbito y compartió refrescos con sus amigos de una iglesia evangélica, volvía a su hogar en la zona sur. Conducía un Toyota Probox con placa 2581-XIE de su tío.
Al llegar a la avenida Los Ángeles y Guayacán, el joven chofer tuvo sueño y pestañeó por el cansancio. “Sentí que la rueda chocaba contra el cordón de la acera y me asusté, perdí el control de vehículo y choqué contra el muro de una casa”, contó a este diario. Una moto policial apareció y lo trasladó a la EPI del Sur, mientras el carro era llevado por una grúa. En la EPI, el teniente Jasmany Apaza encerró en celdas al joven hasta las siete de la mañana, sin permitirle llamar a sus parientes. En la misma celda, habían otras personas que habían protagonizado accidentes en estado de ebriedad. Según el joven, el abogado Ronald Carvajal ya estaba en la EPI del Sur y habló con sus compañeros de celda, que fueron liberados luego de pagar distintas sumas.
“Al ver que los estaban liberando yo le dije que me ayude y Carvajal me dijo tus ojos están rojos, seguro estás ebrio y yo le dije que no, que venía de jugar fulbito”.
Él me dio su número de teléfono que es el 77454984 y le dijo al teniente Apaza: “Teniente, él va a salir con mi garantía y se va a ir nomás, ahorita no tiene plata, que el auto que se quede y me va a llamar”.
Horas más tarde dio con el vehículo de su tío en una posta. Luego de avisarle a su tío lo ocurrido, fueron a buscar al dueño del muro dañado y pagaron su reconstrucción. Firmaron un acuerdo transaccional, con el que el tío fue a la EPI del Sur a buscar al teniente Apaza para pedirle que le devuelva el vehículo porque no habían ya daños materiales y no hubo heridos. “El teniente me dijo que el caso ya era de conocimiento verbal de Fiscalía y que primero debía ir a cancelar los 1.000 bolivianos al abogado Carvajal. Yo le dije de qué voy a cancelar si él no hizo nada, yo hice el acuerdo transaccional, y me dijo que era porque con su garantía había salido mi sobrino. Eso me parece ilegal, yo soy cristiano y no doy sobornos a nadie, pago lo que es correcto nomás”, explicó.
El hombre consultó al abogado Félix Camargo si era correcto pagar por una garantía y, al constatar que no lo es, presentó una denuncia a la Didipi del Comando Policial el mismo 1 de septiembre.
El 2 de septiembre presentó un memorial ante la EPI Sur y logró, al fin, la devolución del vehículo. Sin embargo, el hecho es irregular porque de acuerdo a ley, la única instancia que puede devolver un bien secuestrado es la Fiscalía, jamás un policía. Empero, este caso no fue derivado a la Fiscalía por el teniente Jasmany Apaza.
Este diario logró hablar con Apaza y éste dijo que su único error fue ayudar al joven, a pedido del hijo del dueño de la casa, cuyo muro dañó en el choque. “Él me pidió que lo ayude y lo hice”, respondió, al ser cuestionado sobre por qué no lo sometió a una prueba de alcoholemia y no pasó el caso a Fiscalía, como es su deber.
Sobre los motivos por los que se negó a devolver el vehículo al dueño, habiendo un acuerdo transaccional de por medio, Apaza sostuvo “yo no puedo entregar el vehículo a una persona que no es el conductor y que no se identifica como el dueño”. El teniente negó que le haya pedido a las víctimas que paguen primero al abogado Carvajal, como requisito para la devolución del carro y admitió que un abogado no puede garantizar la salida de nadie.
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