El fiscal departamental, Marcelo Rollano, informó ayer que la Comisión de Fiscales que investiga presuntos casos de corrupción, en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), citará a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemecia Achacollo, y exdirectores de la entidad desconcentrada dentro el proceso de investigación sobre posibles malos manejos en el Fondo Indígena.
Según Rollano, la comisión de fiscales a cargo de los proyectos del Fondo Indígena elaboraron estrategias para convocar a personas que puedan proporcionar información, elemento que ayudará a esclarecer los hechos.
Indicó que los fiscales necesitan saber el informe de la interventora del Fondioc, Larisa Fuentes, para verificar si puntualiza nombres en específicos o instituciones, además de analizar si forman parte de un delito.
Asimismo, el fiscal dijo que los casos se están analizando de modo general, para luego ver los indicios específicos, para que este pueda coadyuvar con las investigaciones de presuntos hechos de corrupción.
En La Paz se cuenta con nueve procesos, los cuales adjuntan a varios proyectos. Es importante que la interventora del Fondo Indígena también rinda un informe la comisión de fiscales, lo cual se hará mediante una petición formal, según apuntó Rollano.
Explicó que la comisión de fiscales en cada departamento está investigando los 153 proyectos, además de otras denuncias adicionales.
ANTECEDENTES
Hace dos días, la interventora al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Lariza Fuentes, en el informe que presentó ayer a la Comisión Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Amazónicos e Interculturales de la Cámara de Senadores, afirmó que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras no cumplió con la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco), respecto a su función de ejercer tuición sobre el Fondo Indígena.
Señaló que la falta de gestión administrativa al interior del Fondo Indígena fue la causa de la posible corrupción de los dirigentes del Fondioc. A ello se suma la ausencia de las autoridades en el control de cada uno de los proyectos, siendo que estos estaban en la obligación por ley de brindar asesoramiento técnico a los ejecutivos de la entidad desconcentrada como a los dirigentes que solicitaban financiamiento a su proyecto.
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